De acuerdo con el registro de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), en el país existen a la fecha 221 aeródromos privados que están habilitados para realizar operaciones aéreas; la mayoría están en los departamentos del oriente boliviano.
El director ejecutivo de la DGAC, Iván García, explicó a La Razón que, el que existan más aeródromos privados en el oriente del país, principalmente en los departamentos de Beni y Santa Cruz, es porque hay una deficiencia en la infraestructura carretera, más aún en época de lluvias, que evita puedan trasladarse vía terrestre por lo que solicitan la autorización para habilitar pistas aéreas.
“Estos aeródromos están distribuidos principalmente entre los departamentos de Beni y Santa Cruz, son los que más demandan por la actividad agrícola que están enmarcados en estos departamentos, un 60% corresponde a Beni y un 40% a Santa Cruz”, manifestó el director de la DGAC.
Aeródromos
Solicitantes. Quienes solicitan la habilitación de los aeródromos son principalmente dueños de haciendas, municipios o comunidades que requieren trasladar insumos, medicamentos, mercaderías, e incluso realizar fumigaciones de sus cultivos, entre otros. Además, ese traslado se lo realiza en menor tiempo a través de vía aérea que por río o tierra.
Los solicitantes de la habilitación de una pista aérea deben cumplir varios requisitos, entre ellos el demostrar el título propietario del lugar donde se emplazará la pista, quién es el responsable de las operaciones ya sea persona jurídica o natural, como señala la Ley 2902 de Aeronáutica Civil de Bolivia, del 29 de octubre de 2004.
En la parte técnica tienen que presentar documentación sobre la orientación del aeródromo, altura, coordenadas geográficas, elevación, niveles de vuelos, vientos, ancho y largo de la pista. “Son requisitos técnicos que tienen que adjuntar” los solicitantes.
Privados
Una vez presentada la documentación de la solicitud, la entidad aeronáutica revisa y corrobora la información y en un plazo mínimo de 40 días, emite el informe de aceptación o rechazo. En caso de ser una respuesta negativa, los solicitantes deben actualizar y modificar las observaciones.
Si es aceptada, el aeródromo puede operar por el lapso de cinco años. Culminado ese periodo, quienes solicitaron la habilitación del aeródromo quieren mantener las operaciones aéreas, deben presentar nuevamente los requisitos ante la autoridad aeronáutica.
El costo que deben erogar los solicitantes para la habilitación de los aeródromos es de Bs 2.000 cada vez que hagan la solicitud.
“Hay municipios que lo ven muy oneroso este esfuerzo, entonces hemos tratado de mantener ese costo (Bs 2.000) para no perjudicarles. Es una necesidad que nos han planteado en la región de Beni, porque es otra realidad que se muestra”, explicó García.
La solicitud para la habilitación de los aeródromos privados no solo se da en el oriente, sino en otros departamentos como en Tarija, Potosí, La Paz entre otros.
DGAC y aeródromos
Como ejemplo —dijo García— la empresa Minera San Cristóbal, en la provincia Nor Lípez, en el departamento de Potosí, tiene su propio aeropuerto. También, la empresa petrolera española, Repsol, tiene un aeródromo en sus predios ubicados en Caraparí, Gran Chaco, Tarija. En ambos casos para el transporte de personal.
La DGAC, a la fecha, tiene 235 solicitudes para el registro de aeródromos privados, principalmente en los departamentos de Beni, Santa Cruz, La Paz, Tarija y Cochabamba, los que están en proceso de revisión. “Prácticamente por el tema de ganadería de los lugares; por lluvias, han presentado varias solicitudes porque no hay forma de llegar más que a través de una avioneta”, dijo García.
La entidad aeronáutica recibió durante el año pasado más de 200 solicitudes de las que 100 fueron aprobadas y habilitadas. Mientras que en 2022 sólo se dio curso a la habilitación de 29. Solo este año, a la fecha, ya se tienen 43 peticiones que son analizadas por las instancias de la DGAC.
Ilegalidad.
No obstante, la autoridad aeronáutica aclaró que, una vez otorga las habilitaciones, no se hace seguimiento a las operaciones. Por lo que en algunos casos estos aeródromos son utilizados para actividades ilícitas.
“No le damos la prudencia para que esa licencia la usen en cosas ilícitas, porque puede ser que uno declare una operación y se desvíe en el camino; eso ya es un acto doloso que el titular de la licencia está incurriendo en un acto que no es lícito para empezar”, sostuvo García.
Según el informe, la DGAC solo tiene el registro de revocatoria del permiso del aeródromo “La Cruceña”; está ubicado en el departamento de Santa Cruz, porque no tenía las condiciones técnicas para realizar operaciones.