La Defensoría del Pueblo gestiona reuniones con las intendencias municipales de las ciudades capital y El Alto para coordinar acciones y controlar el alza de precios de varios alimentos de la canasta familiar.

Según la institución, esta labor es parte de sus atribuciones para precautelar el derecho a la alimentación de la familia boliviana.

Además, el objetivo de los encuentros es aunar esfuerzos para que la población pueda acceder a los alimentos a precios accesibles y se intensifiquen los controles interinstitucionales para evitar el agio y la especulación.

Una nota institucional indica que las acciones surgen luego del sondeo que realizó la Defensoría sobre el precio de artículos de primera necesidad de la canasta familiar. Ese estudio evidenció el incremento de precios en la cebolla, zanahoria y carne molida de res, entre otros productos, en los principales centros de abasto de diez ciudades capital del país.

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Precios

El documento evidencia que, entre agosto de 2024 y enero de 2025, el precio de la cuartilla de cebolla subió de Bs 8,94 a Bs 17,46 en la ciudad de La Paz; en Cochabamba este producto incrementó de Bs 8,85 a Bs 11,14 y en Santa Cruz, hubo un incremento de Bs 8,90 a Bs 13,86.

Asimismo, en el caso de la zanahoria, en ese periodo de tiempo, la cuartilla de este producto se incrementó de Bs 8,80 a Bs 12, 93 en La Paz; en Cochabamba de Bs 9,63 a Bs 15,83; y en Santa Cruz de Bs 8 a Bs 14,38.

Respecto al precio del kilo de carne molida de res, en La Paz el precio se elevó de Bs 30 a Bs 40,16; en Cochabamba de Bs 29,15 a Bs 41,32 y en Santa Cruz de Bs 30 a Bs 39, 32.

Similar relación de precios se reporta en Beni, Pando, Tarija, Potosí, Oruro, y El Alto, donde se realizó el sondeo de precios de 21 productos, entre alimentos secos, verduras y frutas.

Otros productos que también incrementaron sus precios en los centros de abasto de nueve de las 10 ciudades capital son el arroz de primera, fideo corto, carne de res pulpa especial, carne de pollo entero, leche pasteurizada y aceite comestible a granel.

Durante la temporada alta, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) emitió 30 procesos sancionatorios contra Boliviana de Aviación (BoA) por diferentes incumplimientos, principalmente por dar información falsa o incompleta a los pasajeros, informó este lunes el director de la entidad, Néstor Ríos.

La autoridad aseguró que BoA es un operador más en el mercado y la ATT se encarga de verificar el cumplimiento de las normas de todas las empresas, sean privadas o estatales.

“A la fecha tenemos acciones sanciones, procesos primordialmente por brindar información falsa o incompleta al usuario. Están habiendo diferentes hechos en los que tiene que ver la seguridad aeronáutica u otros factores y lamentablemente el operador aéreo no informa”, dijo Ríos a DTV.

Asimismo, informó que las sanciones son también por no contar con personal disponible al público; y no aplicar los procedimientos de reclamos cuando existen quejas, “a veces se niegan a registrar los reclamos”.

Además, detalló que existen cinco procesos por no facilitar información sobre las condiciones del transporte aéreo; otro por efectuar cobros por encima de las tarifas, 10 por no cumplir los estándares de puntualidad y cancelación.

“Son procesos que todavía están en curso. La ATT multa y emite sanciones pertinentes correspondientes, no es que omite el cumplimiento de su rol de fiscalizar que se cumplan con los derechos del usuario”, complementó.

Aclaró, además, que la emisión de un proceso es un acto administrativo que involucra un “efecto devolutivo”; y es de cumplimiento inmediato.

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BoA

Los 30 procesos son las infracciones sancionadas durante el periodo de temporada alta (fin de año) donde se intensificaron los controles de la ATT para verificar que la venta de pasajes y atención al usuario cumpla con la normativa vigente.

Las quejas contra la empresa estatal se intensificaron desde finales del año pasado; debido a las demoras y cancelaciones de sus vuelos e incidentes con sus aeronaves.

Uno de los últimos hechos que encendió las alarmas ocurrió el 27 de enero, cuando un avión de BoA tuvo que abortar el despegue debido al incendio en uno de sus motores. Los pasajeros fueron evacuados por toboganes de emergencia.

La semana pasada, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, posesionó a Mario Borda como nuevo gerente de la estatal; en reemplazo de Ronald Casso, quien renunció.

Según informes de la ATT, BoA cerró el 2024 con multas que superan los Bs 1,4 millones; debido a los constantes retrasos, cancelaciones de vuelos y la mala gestión de reclamos de los pasajeros.

La Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados aprobó el viernes pasado el proyecto de ley del contrato entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa Hong Kong CBC Investement Limited, para la producción de carbonato de litio en el Salar de Uyuni.

“Los bolivianos luchamos por los recursos naturales y aquí lo que encontramos es que hay una forma de entreguismo más grande del siglo XXI”, dijo en entrevista en Piedra, Papel y Tinta el consultor financiero Jaime Dunn.

A su vez, explicó que en Australia y Chile, la exportación del litio es una actividad minera y de Bolivia es un proceso químico que lleva a adquirir tecnologías que han fracasado, además aclaró que se gastó más de $us 1000 millones en los últimos 3 años en piscinas de evaporación, y que no se sacó más de $us 40 millones de dólares en carbonato de litio.

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Aseguró que el método de extracción directa del litio (EDL), es altamente experimental, lo que significa grandes riesgos de obtención, ya sea por carbonato o hidróxido.

El miércoles 5 de febrero el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5327, que, según el Órgano Ejecutivo, tiene el fin de mejorar el sistema tributario nacional para empresas constructoras, aerolíneas y empresas unipersonales. Para los expertos Mauricio Viscarra y Jaime Dunn, este decreto busca compensar la falta de liquidez del Gobierno con los impuestos de la empresa privada.

En entrevista con Piedra, Papel y Tinta de La Razón, Viscarra explicó que el nuevo decreto modifica la forma en que las empresas pueden compensar el Impuesto a las Transacciones (IT) con el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), lo que incrementará la presión fiscal sobre el sector formal.

Decreto

Explicó que, antes de su promulgación, al finalizar un año fiscal, las empresas tenían hasta 120 días para pagar los impuestos. Si una empresa ya pagó impuestos, como el IUE, puede usar ese dinero para compensar otros impuestos, como el IT, en los meses siguientes.

“Lo que hayas pagado efectivamente el IUE te va a servir para compensar con el IT. Es decir, como para una especie de débito”, explicó.

Sin embargo, si no tienen suficiente dinero para pagar todo de una vez, podían pedir un plan de pagos en cuotas, pero con intereses. Así, lo que pagaron inicialmente puede ayudar a cubrir impuestos futuros.

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El cambio que introduce la norma es que ahora solo se podrá usar el IUE pagado hasta abril para compensar el IT de los meses siguientes. Esto significa que, si una empresa paga el IUE en cuotas después de abril, esas cuotas no podrán usarse para compensar el IT.

“Significa una complicación bastante severa en el flujo de caja. Muchas empresas optan por someterse a facilidades de pago porque, en abril, puede que o no les alcance lo que tienen en bancos para pagar el impuesto, o si les alcanza, los deja financieramente muy complicados”, señaló.

Pese a que el Gobierno anunció que este decreto busca incentivar el pago puntual de impuestos, para Viscarra, lo que hace es quitar un beneficio a las empresas: ya no podrán usar el IUE pagado después de abril para compensar el IT.

“Yo creo a criterio personal que puede que impulse un poco la recaudación en abril, pero creo que en el largo plazo no es una medida apropiada”, añadió.

Por su parte, Jaime Dunn, consultor financiero, advirtió que esta medida podría agravar la situación de muchas empresas. Especialmente en un contexto de crisis económica debido a que, el flujo de caja es importante para las empresas, porque sin liquidez no pueden operar, pagar sueldos o invertir.

“En vez de que tú hagas la compensación IUE como lo hacías antes, ahora quiero que lo hagas de una manera que sea más seguida para que yo pueda recibir más flujo. Entonces el flujo que recibe el Gobierno es flujo que se le va a restar al sector privado”, explicó Dunn.

Según el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, antes, si una empresa debía pagar Bs 3.500 de IUE, pero solo abonaba una parte (por ejemplo, Bs 500 en un plan de pagos), podía usar el monto total de Bs 3.500 como crédito para compensar el IT, aunque en realidad no había pagado todo aún.

Montenegro explicó que, con el nuevo decreto, solo se podrá usar como crédito el monto efectivamente pagado. Es decir, si la empresa paga Bs 500 de IUE, solo esos Bs 500 podrán compensar el IT, y no los Bs 3.500 completos.

Aseguró que la medida corrige una distorsión en la recaudación de impuestos, evitando que las empresas declaren como pagado un monto que en realidad aún deben.

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Amílcar Velásquez, informó este lunes que se identificó al autor intelectual del ataque a dos militares en Patacamaya, el sábado 8 de febrero.

Sin revelar su identidad, el viceministro dijo que existen testigos, fotografías; y las placas del vehículo usado por los delincuentes para arrollar a uno de los oficiales.

Todas las pruebas, incluyendo la fotografía del autor intelectual, se entregaron a las instancias judiciales competentes; y la investigación continúa para establecer responsables y sancionarlos.

Asimismo, Velásquez relató lo ocurrido el sábado cerca de la frontera entre Chile y Bolivia; donde dos militares de la lucha contra el contrabando fueron atacados y golpeados por presuntos contrabandistas.

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Militares

Los uniformados escoltaban un vehículo indocumentado que habían incautado; cuando los atacaron y además, les sustrajeron su armamento y pertenencias personales.

De no ser por la intervención de los vecinos, los militares no hubieran sido liberados y auxiliados; para recibir atención médica.

“Los vecinos indicaron que los delincuentes no eran del lugar, dicen que eran contratados por el dueño de un vehículo decomisado el día anterior; este señor organizó esta emboscada con los delincuentes; quienes por venganza querían victimar al personal militar. Este señor le reclamaba al mayor que le devuelva su vehículo”, explicó el viceministro en conferencia de prensa.

Velásquez recordó que, desde la creación del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando; en 2018, fallecieron 16 efectivos por el accionar de los contrabandistas. Además, se reportaron 176 heridos y ocho incapacitados.

Señaló que, pese a los riesgos que corren los efectivos durante los operativos; en los que inclusive pueden perder la vida, los operativos continuarán y se incrementarán; pues el contrabando, en su criterio, afecta la economía nacional. Los operativos contra este ilícito se realizan en todas las fronteras del país.