En el marco de la investigación de la asonada militar del pasado 26 de junio, el fiscal Omar Mejillones señaló este jueves que el exgeneral Juan José Zúñiga en “ningún momento ha señalado que haya sido un autogolpe en su declaración ampliatoria”.

El 25 de julio, Zúñiga realizó su declaración ampliatoria en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Cochabamba sobre la toma militar de la plaza Murillo, a la cual el Gobierno calificó como un “golpe de Estado fallido’.

Entonces, Zúñiga fue trasladado desde la cárcel de El Abra, donde guarda su detención preventiva, hasta el IDIF. Su declaración ampliatoria duró más de ocho horas.

“Vamos a analizar el contenido de toda su declaración, una vez que nos transcriban el medio magnético donde nos ha remitido su declaración”, indicó Mejillones. 

En audiencia de apertura para que los 45 celulares incautados sean sometidos a estudios por la toma militar de la plaza Murillo, Zúñiga también informó que entregó un iPhone y un iPad a la Fiscalía.

Lea más: Juez fija para este jueves la revisión de 45 celulares en el caso de la asonada de Zúñiga

“Estoy entregando con acta un celular iPhone y un iPad en Cochabamba. No me han mencionado eso, a los fiscales que me han tomado las declaraciones, por favor consideren ese dato señor juez”, dijo el exgeneral en audiencia del juzgado Quinto de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres. 

El pasado 26 de junio, un grupo de militares a la cabeza del exgeneral Zúñiga tomó la plaza Murillo, con vehículos blindados, tanquetas y armas. La incertidumbre y el temor dominaron por tres horas a la sede de gobierno y al país.

Por este hecho, hay 22 personas con detención preventiva y otras cuatro cuentan con medidas sustitutivas a la detención, además hay más de 100 implicados que emitieron su declaración ante la Fiscalía.

El 2 de agosto, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó que el Tribunal Superior del Personal de las Fuerzas Armadas decidió dar de baja a cinco altos jefes militares, quienes son acusados de participar en los hechos irregulares del pasado 26 de junio.

Entre ellos están el exgeneral Zúñiga, que estaba al mando el Ejército; el exvicealmirante Juan Arnez, de la Armada Boliviana, y el exgeneral Marcelo Zegarra, de la Fuerza Aérea.

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó este viernes que no se descarta citar al presidente Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca y ministros, en calidad de víctimas, dentro las investigaciones por el asalto militar a la plaza Murillo del miércoles 26 junio. 

“Todas las personas que están directa o indirectamente involucradas van a ser convocadas en su momento. El Presidente también puede ser convocado, pero el Presidente, el Vicepresidente y ministros tienen un privilegio que les da el procedimiento penal. La primera autoridad de nuestro país es el Presidente, entonces podría estar en calidad de víctima”, dijo Alave.

Un grupo de militares a la cabeza del general Juan José Zúñiga tomó la plaza Murillo, con vehículos blindados y tanquetas y armas, el 26 de junio. La incertidumbre y el temor dominaron por tres horas a la sede de gobierno, al país.

Por este hecho, hay 22 personas con detención preventiva y otras cuatro cuentan con medidas sustitutivas a la detención.

Lea más: Toma militar: Analistas plantean reforma de las FFAA y cuestionan poder que se le dio a Zúñiga

“Todavía continuamos con algunos actos de investigación. Ayer se han realizado unos hitos, tanto en la ciudad de El Alto como acá en La Paz, en la Armada como en la Fuerza Aérea, donde se está colectando algún tipo de elemento probatorio que nos pueda servir en la investigación”, añadió Alave.

Dijo que ya son 34 investigados, pero aún no se cuenta con todas las órdenes de aprehensión y según los avances de las pesquisas, la comisión de fiscales podrá actuar en esos casos.  

“En estos momentos nos hemos abocado un poco a la obtención de prueba documental, donde lo tienen en los distintos recintos militares y estamos realizando esa colección de prueba documental que en su momento nos va a servir para sustentar más este hecho”.

Ante la narrativa de un supuesto “autogolpe”, Alave señaló que el Ministerio Público sustentó la imputación sobre dos delitos: terrorismo y alzamiento armado. “Tenemos seis meses para evaluar todos los actos de investigación y generar actos conclusivos”.

La Justicia determinó que el excomandante de la Armada, vicealmirante Juan Arnez, sea trasladado de la cárcel de Chonchocoro hacia el penal de San Pedro de La Paz. El exjefe militar es catalogado como el segundo al mando en la toma militar de la plaza Murillo del pasado 26 de junio.

“Se ha recibido la orden (judicial), corrigiendo de los tres privados de libertad que teníamos en el penal de Chonchocoro (Juan José Zúñiga, Arnez y Edison Irahola) que en principio la Justicia ha determinado. Se ha rectificado y determinó que uno se quede en Chonchocoro, de uno ya hemos tomado la decisión y que la Justicia también ya ha ratificado, del excomandante Zúñiga que está en (el penal) de El Abra y ahora el privado de libertad Juan Arnez que lo acabamos de ingresar al centro penal de San Pedro”, informó Juan Carlos Limpias, director de Régimen Penitenciario.

El sábado la Justicia determinó que el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga y los otros dos excomandantes sean trasladados al penal de Chonchocoro, por el asalto militar del 26 de junio a la plaza Murillo y que el Gobierno lo calificó de “intento fallido de golpe de Estado”.

Entonces, el Juzgado Quinto Anticorrupción definió que Zúñiga; Arnez e Irahola sean remitidos a la cárcel de Viacha por seis meses, mientras duran las investigaciones. Son acusados por los delitos de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado.

Limpias señaló que los tres privados de libertad ya están con las órdenes judiciales corregidas por la autoridad competente y a los tres se los separó.

Lea más: Zúñiga y otros dos excomandantes ya son trasladados a la cárcel de Chonchocoro

“Solo uno se ha quedado en Chonchocoro y los tres ya están separados. Desconocemos la situación jurídica, solo estamos dando cumplimiento a esta corrección que ha hecho la autoridad competente”, dijo el titular de Régimen Penitenciario.

Indicó que los tres se encuentran sin problemas de salud, pero, además se realiza un monitoreo a su salud, como las valoraciones constantes. “Ninguno de los privados tiene problemas de salud, es decir que obviamente se tiene la responsabilidad de precautelar su salud, la vida de cada uno de ellos”.

Limpias manifestó que aún no se determinó en que sección de las cárceles de Chonchocoro y de San Pedro serán puestos Irahola y Arnez. Sobre el caso del general Zúñiga señaló que está en el bloque C de El Albra que es de máxima seguridad.

“Faltan unos días más (del aislamiento), unos cuatro a cinco días va a tener todavía tiempo la parte de seguridad para ver en qué espacio del centro penitenciario de Chonchocoro (se le colocará), no tiene dificultad de pasar la detención preventiva en cualquier espacio. Acá en el penal de San Pedro lo mismo, hoy ha ingresado el privado de libertad, va a estar algunos días en aislamiento e igual el director del centro penitenciario con todo su equipo de seguridad tiene que ver en qué espacio va a estar el privado de libertad”.

Tras el inicio del juicio oral por el caso Gases lacrimógenos de Ecuador, el Tribunal Segundo de Sentencia de La Paz declaró la rebeldía de los exministros de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, Arturo Murillo, Luis Fernando López y Roxana Lizárraga y otros dos acusados. Además, determinó que se les asigne abogados de oficio para asistir a las audiencias.

“Se ha instalado y lógicamente se ha suspendido para el 28 de mayo, en vista de que no se han hecho presentes cinco coimputados, entre ellos, el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, el de Defensa, Fernando López, y de Comunicaciones, (Roxana Lizárraga). Son cinco que han nombrado rebeldes. Ha ordenado la admisión de la orden de aprehensión y les han nombrado abogados de oficio”, dijo Oswaldo Rojas, defensa de uno de los acusados.

El jurista señaló que el juicio oral continúa y éste debe tener su procedimiento, en razón que en el inicio del juicio oral se presentará “algunas” excepciones, incidentes o una mención de las acusaciones.

La Fiscalía Departamental de La Paz informó sobre el inicio del juicio oral e indicó que el Ministerio Público presentará todas las pruebas colectadas en etapa de investigación. Señaló que se pedirá la pena máxima de 30 años de cárcel para las tres exautoridades y otras siete personas por los delitos de tráfico ilícito de armas e incumplimiento de deberes.

Según los antecedentes de la investigación, el caso Gases Lacrimógenos de Ecuador se refiere al 15 de noviembre de 2019, periodo en el que se llevó adelante una reunión entre los exministros de Gobierno, Defensa y Comunicación con el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el excomandante General de la Policía Boliviana y otras autoridades que determinaron solicitar los préstamos de materiales antidisturbios para enfrentar la crisis social en el país.

Lea más: Comienza el juicio oral por el caso Gases lacrimógenos de Ecuador

Inmediatamente, partió de Bolivia un avión a Ecuador para recoger el armamento solicitado en calidad de préstamo.

Tres días más tarde, el 19 de noviembre de 2019, las Fuerzas Armadas y la Policía reprimieron una manifestación. Ese hecho desencadenó en la masacre de Senkata, en la ciudad de El Alto. El saldo fue de 10 civiles muertos y al menos 78 heridos.

De acuerdo con las declaraciones testificales, la solicitud la hicieron el exministro de Defensa y de Gobierno a iniciativa de la exministra de Comunicación, quien habría coordinado el préstamo de agentes antidisturbios con la República del Ecuador.

El fiscal Bladimir Bolívar informó que durante la investigación se colectaron pruebas como el acta de préstamo de los agentes químicos de Ecuador, los planes de vuelo, de aterrizaje y despegue del avión Hércules C-130, donde viajaron a Ecuador policías y militares de Bolivia.

Además, dijo que está la solicitud de devolución de los agentes químicos de la República del Ecuador, lo que hace presumir la participación de los acusados en la internación ilícita de agentes químicos al país (granadas, gases y proyectiles de largo y corto alcance), como préstamo de la República del Ecuador, durante la crisis social de 2019.

“Los exministros de Gobierno y Defensa coordinaron con los comandantes del Ejército y de la Policía para designar personal de ambas instituciones, que habrían sido trasladados desde Palacio de Gobierno en helicóptero hasta el Hangar de los Diablos Negros de la ciudad de El Alto, para viajar a la República de Ecuador, recoger los agentes químicos y traerlos a Bolivia, para luego repartirlos entre militares y policías”, señala una nota de prensa de la Fiscalía General del Estado.