Pese a la convocatoria al diálogo realizada por el Gobierno para abordar la disposición séptima de la ley del Presupuesto General del Estado (PGE), los gremiales se mantienen firmes en su postura de exigir la eliminación de la medida.

Edgar Álvarez, líder de los gremialistas en Santa Cruz, expresó su desconfianza en las intenciones del Gobierno, afirmando que la posición del presidente Luis Arce sobre el decomiso de mercaderías quedó clara en su discurso por el Día del Estado Plurinacional.

Durante su mensaje, el mandatario aseguró que la normativa no busca sancionar a los «buenos empresarios, industriales, productores y comerciantes», sino que su objetivo es combatir la especulación y el agio en el mercado. Sin embargo, Álvarez cuestionó esta declaración y criticó la falta de consulta previa antes de promulgar la norma.

«El diálogo debió haberse realizado antes de lanzar leyes confiscatorias. Además, el presidente habla de los ‘buenos gremialistas’, pero no sabemos a qué se refiere con eso, quizá solo aquellos que tienen su cartón azul», expresó el dirigente, en referencia a los colores de Movimiento Al Socialismo (MAS).

Puede leer: YPFB distribuyó más de un millón de litros de biodiésel al sector productivo en un mes

Gremiales

El dirigente gremial también anunció que el 30 de enero se llevará a cabo un ampliado multisectorial, el cual definirá las acciones a seguir. Reiteró que, si el Gobierno no atiende sus demandas, el 10 de febrero iniciarán movilizaciones a nivel nacional.

Desde El Alto, Toño Siñani, representante de los gremiales en esa ciudad, calificó de «mentiroso» al presidente Arce, asegurando que su sector envió hace semanas una solicitud de diálogo sin obtener respuesta.

«Nos quieren quitar nuestra mercadería con esta disposición”, denunció. Además, anunció que su sector no esperará hasta febrero y que las protestas comenzarán de manera escalonada desde esta semana.

De acuerdo con Siñani, desde este jueves iniciarán las movilizaciones en algunos departamentos del país.

Desde diciembre de 2024 hasta enero de este año, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) distribuyó más de 1 millón de litros de biodiésel al sector productivo del país, informó el presidente de la estatal petrolera, Armin Dorgathen. 

“La planta de biodiésel fue clave durante diciembre, un mes crucial para la siembra. Pudimos distribuir nuestro nuevo producto, el ULS (ultra bajo en sulfuro), superando el millón de litros solo en enero, gracias a nuestra planta en Santa Cruz”, explicó Dorgathen. 

Puede leer: YPFB garantiza provisión de combustible con llegada de buques hasta abril

Biodiésel

Esta planta de biodiésel, inaugurada en marzo de 2024 en predios de la Refinería Guillermo Elder Bell en Santa Cruz de la Sierra, ha producido más de 5,9 millones de litros de biodiésel hasta septiembre del mismo año.

Según datos de YPFB Refinación S.A., en este periodo se procesaron aproximadamente 270.000 litros de aceite de soya, lo que equivale a unas 250 toneladas diarias de materia prima. 

Dorgathen aclaró que el biodiésel no reemplaza completamente al diésel fósil, sino que funciona como un aditivo en una proporción de 10% biodiésel y 90% diésel convencional, lo que permite reducir las importaciones y la dependencia de combustibles del exterior. 

El biodiésel producido por YPFB contribuye a disminuir la subvención estatal al diésel y fortalece la seguridad energética del país, garantizando el suministro para el sector productivo. 

Por otro lado, la segunda planta de biodiésel, ubicada en El Alto y con una inversión de Bs 278,4 millones, está en plena construcción y se prevé que entre en operación en los primeros meses de 2025. 

“La nueva planta en El Alto comenzará a producir en marzo, pero la primera ya nos permitió ofrecer al sector productivo un combustible más amigable con el medio ambiente”, resaltó Dorgathen. 

Además, se encuentra en proceso la licitación para la construcción de la Planta de Diésel Renovable (HVO) en Santa Cruz, la cual se estima que comenzará a operar en 2026. 

Con estas medidas, YPFB apunta a reducir la cantidad de diésel importado que se utiliza en el mercado interno.

El Gobierno reafirmó su predisposición para entablar un diálogo con los sectores que cuestionan la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) relacionada con los decomisos de productos. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, aseguró que se mantiene abierta la convocatoria para explicar los objetivos de la normativa. 

“Una vez más estamos con la predisposición al diálogo, los convocamos para poder explicar cuál es el objetivo, pero tomen en cuenta que se necesita una etapa de reglamentación”, afirmó Alcón. 

Puede leer: Cuestionan discurso de Arce por no abordar soluciones económicas

Disposición

Sin embargo, la autoridad no precisó una fecha concreta para la instalación de la mesa de diálogo, aunque mencionó que ya se están desarrollando reuniones con diferentes sectores, como el gremial. 

Alcón evitó referirse a una posible anulación de la disposición, tal como lo exigen empresarios y productores, quienes advirtieron con movilizaciones a partir del 10 de febrero si no se retira la normativa. 

El martes, el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, afirmó que, por el momento, se descarta derogar la norma.

En ese sentido, la viceministra defendió la disposición séptima del PGE, asegurando que su objetivo no es afectar a los comerciantes ni empresarios, sino prevenir la especulación, el agio y el ocultamiento de productos en el mercado. 

“El propósito no es castigar ni confiscar, sino garantizar la seguridad alimentaria y cuidar a las familias bolivianas”, remarcó Alcón, quien insistió en que las medidas de presión podrían generar perjuicios innecesarios. 

Pese a la convocatoria al diálogo, el sector productor, gremial, empresarial, industrial y transportista definió el 10 de febrero como el inicio de movilizaciones y medidas de presión si la disposición no se elimina.

Por su parte, la autoridad reiteró el llamado a los sectores involucrados para participar del diálogo y aclarar cualquier inquietud respecto a la medida, en un marco de apertura y transparencia.

Luego de que el presidente Luis Arce emitiera su discurso en conmemoración por los 16 años del Estado Plurinacional, algunos analistas y opositores cuestionaron la brevedad del mensaje presidencial, donde también se omitió el tema económico y las soluciones y respuestas que se esperaba del mandatario.

“Se sigue buscando responsabilizar al crédito externo, que no ha sido aprobado, más de 1.600 millones de dólares. En ese contexto, creo que representa apenas el 3% del Producto Interno Bruto (PIB), no es una cifra que nos va a sacar de la crisis”, señaló el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero.

Puede leer: Arce reitera que la disposición confiscatoria no afecta a productores ni gremiales

Discurso

De acuerdo con el economista, del total del discurso de Arce, “solo el 5%” se concentró en aspectos económicos.

Sin contar los saludos y agradecimientos, el mensaje presidencial tuvo una duración de aproximadamente 17 minutos, que se concentraron en un pedido de unidad al Movimiento Al Socialismo (MAS) para “blindar” el proceso de cambio en un año electoral, en el que “los peligros están al acecho”.

Por su parte, la expresidenta de la Cámara de Senadores, la evista Adriana Salvatierra, afirmó que el mensaje fue breve porque, en su criterio, el Gobierno no tiene muchos logros que mostrar.

Soluciones

“Es un discurso breve porque no hay muchos logros que informar. Hoy nos encontramos con que los indicadores macroeconómicos y sociales no acompañan la gestión presidencial”, criticó en entrevista con Red Uno.

La exsenadora cuestionó que el Presidente no habló sobre cuál será el rol del Gobierno para “contener el avance inflacionario” que tanto preocupa al país; sino que deriva a la Asamblea la aprobación de créditos como solución.

“Necesitamos escuchar una planificación estratégica para contener, en el último año de gestión, la crisis que se viene y amenaza a las familias bolivianas”, añadió.

El líder de Creemos y detenido en Chonchocoro, Luis Fernando Camacho, también cuestionó el discurso.

“El presidente Arce sigue negando la realidad crítica que vive el país. Su discurso es una muestra clara de que no tiene ni la voluntad ni la capacidad de sacar a Bolivia de la crisis económica, social y política en la que se encuentra”, fustigó en sus redes sociales.

En tanto, los ministros de Estado destacaron el mensaje presidencial, pues consideran que se enfocó en temas como fortalecer la democracia y buscar un pacto social para celebrar el Bicentenario en paz y unidad.

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, garantizó el suministro de combustible en todo el país, informando que hasta abril se tiene programado el arribo de buques a través del puerto de Arica, Chile, además del ingreso de cisternas desde Paraguay, Argentina y Perú. 

“Garantizamos el combustible”, aseguró Dorgathen en una conferencia de prensa, en respuesta a las filas registradas en Santa Cruz debido a la alta demanda de diésel y al bloqueo de caminos en San Julián. 

Puede leer: Viceministro Silva compara al sector productor con el ‘ala radical’ del MAS

Combustible

Según la autoridad, el programa de importación contempla la llegada continua de diésel, gasolina y crudo desde Arica hasta marzo y abril, mientras que la provisión desde los países vecinos se mantiene de forma regular. 

YPFB destacó que, tras dos años de gestiones, la Capitanía del Puerto de Sica Sica en Chile amplió la capacidad operativa de descarga, incrementando el límite de oleaje permitido de 1 a 1,5 metros. Esto permitirá aumentar el tiempo de operaciones de tres a cuatro días al mes a un rango de 10 a 12 días, optimizando la logística de abastecimiento. 

Además, Dorgathen informó que la capacidad de despacho en la terminal de Arica pasó de 70 cisternas por día a un promedio de 125, cubriendo actualmente el 40% de la demanda de diésel y el 50% de gasolina. Se proyecta llegar a 150 cisternas diarias para abastecer el 50% de ambos combustibles. 

Respecto a las protestas en San Julián, el titular de YPFB aclaró que en los últimos 21 días se enviaron más de 1,5 millones de litros de diésel, cantidad cercana al total suministrado en enero de 2024 a San Julián y Cuatro Cañadas, que fue de 1,7 millones de litros. 

“Garantizamos el abastecimiento, pero lamentablemente hay personas inescrupulosas que trafican y realizan contrabando interno del combustible”, lamentó Dorgathen, pidiendo a la población no dejarse llevar por rumores de desabastecimiento difundidos en redes sociales. 

Por ello, el presidente de YPFB afirmó que se reforzará la fiscalización en coordinación con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para evitar irregularidades en la distribución del combustible.