Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) garantizó que las operaciones y vuelos comerciales nacionales e internacionales en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, se realizarán con “total normalidad”; pese al paro cívico convocado por el Asamblea la Cruceñidad para este viernes.

Cívicos y organizaciones sociales anunciaron la protesta en rechazo a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda que presentó el 29 de agosto el Instituto Nacional de Estadística (INE).

“Naabol comunica a la población en general que, ante el anuncio de un paro cívico en el Departamento de Santa Cruz para el día de mañana, viernes 6 de septiembre; se aclara que las operaciones y los vuelos comerciales nacionales e internacionales en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru de Santa Cruz, se desarrollarán con total normalidad. Esto incluye los aeropuertos bajo administración de Naabol; en todo el país”, se lee en el comunicado emitido por la estatal.

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Sectores como el transporte anunciaron que acatarán la medida y se prevé el cierre de mercado y supermercados.

El Comité Cívico llamó a salir a las rotondas y advirtió que solo permitirá la circulación de vehículos de emergencia; cisternas y de servicios básicos.

El jueves 29 de agosto, el INE presentó los resultados del Censo de Población y Vivienda; el cual reveló que Bolivia tiene 11.312.620 habitantes, de los cuales 3.115.386 se encuentran en Santa Cruz, siendo éste el departamento más poblado del país.

Sin embargo, en base a una encuesta del Instituto Cruceño de Estadística (ICE), actores cruceños insisten en que superan los 4.000.143 de habitantes.

El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, informó este jueves que la importación directa de combustibles que realizan nueve empresas en el país libera para el Estado 13.500 metros cúbicos (m3) de carburantes, equivalente, más o menos, a un mes de consumo del departamento de Oruro.

La autoridad, junto a representantes de los empresarios privados, de industriales y mineros, presentó este jueves el Decreto Supremo 5218; que agiliza la autorización de importación directa de hidrocarburos y sus productos refinados.

“Actualmente, tenemos nueve empresas que están importando directamente combustibles, entre agropecuarias, mineras y construcción, y eso nos está liberando a la fecha 13.500 m3; que más o menos equivale más o menos a un mes de consumo del departamento de Oruro”, dijo Gallardo en conferencia de prensa.

Explicó que el decreto promulgado el miércoles reduce los requisitos técnicos y legales para las personas, empresas; cooperativas y asociaciones que quieran importar de manera directa su combustible. Lo que antes demorada hasta un año, ahora se reduce a entre cinco y 10 días.

“Por ejemplo, el certificado de calidad, antes tenía que ser original ahora puede ser una copia legalizada y con firma digital y eso reduce a dos días ese trámite. También la declaración jurada ante jueces, que tomaba hasta 45 días; ahora la declaración jurada será ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos de manera inmediata. Con esta política vamos a poder liberar lo que es combustibles; y se dará mejor servicio a las empresas productivas del país y garantizar la distribución de combustibles”, complementó.

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Combustibles

Asimismo, Gallardo informó que desde el 18 de agosto hay más de 40 solicitudes de empresas privadas interesadas en importar su combustible.

Acotó que la mayoría de las empresas que ya importan directamente son del sector minero; seguido de las agropecuarias y de construcción. Casi todas compran diésel.

Al respecto, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Rolando Kempff, agradeció al Gobierno la agilización de los trámites para la importación de carburantes, lo que “fortalece al sector productivo e industrial”.

“Es una prueba de que hay voluntad, hay diálogo para solucionar y encontrar salidas dinámicas como ésta; aplaudimos esta medida que fortalece al sector productivo. Los empresarios podrán importar al precio internacional, no hay un gasto para el Estado y, de esta manera, el erario nacional ahorrará”.

La vigencia del decreto es uno más de los 17 acuerdos del Diálogo Nacional por la Economía y la Producción entre el presidente Arce y la dirigencia de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia del 16 de agosto.

Compuesto por dos artículos, dos disposiciones adicionales y una disposición abrogatoria y derogatoria, el decreto tiene la “finalidad de agilizar la emisión de autorizaciones de importación de hidrocarburos y sus productos refinados”.

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a través del Mecanismo para Bosques y Fincas (FFF, por su sigla en inglés), firmaron siete “Acuerdos de Apoyo a la Inversión”, por un monto de Bs 4.377.000, con organizaciones de productores agrícolas y forestales que ganaron una convocatoria de ‘fondos concursables’.

“Son siete organizaciones, se benefician con más de 4 millones de bolivianos. Por lo tanto, es un recurso importante que recibimos de la FAO. Tenemos el compromiso de trabajar para la producción primaria en todos los cultivos para las industrias”, explicó Yamil Flores, ministro de Desarrollo Rural.

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El concurso fue lanzado en 2023 y siete organizaciones se beneficiarán de los fondos de la FAO. Presentaron iniciativas productivas sustentables que mejorarán los medios de vida de familias campesinas e indígenas. Éstas están ubicadas en los departamentos de La Paz, Pando, Beni y Santa Cruz.

En criterio de Flores, este apoyo ayudará a mejorar la calidad y cantidad de producción de estas organizaciones. Espera que, en un corto periodo de tiempo, logren exportar sus productos y sustituir las importaciones.

FAO

“Estamos invirtiendo 4.377.000 bolivianos, que serán transferidos a las organizaciones de productores para que implementen sus proyectos y se constituyan en agentes principales del cambio”, precisó el representante de la FAO en Bolivia, Rodrigo Roubach.

En su criterio, con los acuerdos se logrará beneficiar a 44 organizaciones productivas, llegando a más de 10.000 familias de productores. Además, se implementarán acciones de producción integral y sostenible, en más de 80.000 hectáreas distribuidas en cinco departamentos de todo el país.

Estos proyectos de resiliencia climática estuvieron en gestión de aprobación por seis años. Por ello, destacó la importancia del convenio que se alcanzó este miércoles.

“Esperamos que el financiamiento contribuya a la apertura de mercados, así como a la gestión integral de su territorio, la gestión integral y sustentable del bosque, el establecimiento de sistemas productivos más eficientes, resilientes, inclusivos y sustentables, para una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor, sin dejar a nadie atrás”, insistió.

Los proyectos plantean acciones para la restauración del paisaje boscoso, aprovechamiento de productos forestales no maderables, implementación de sistemas agroforestales, gestión de riesgos, beneficiado y exportación de café, cacao y otros productos.

En su 62° aniversario, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) advirtió un periodo económico crítico que atraviesa el país, frente al cual, es necesario el respeto, la armonía y la complementariedad con el Estado para encontrar una solución conjunta a la “crisis”.

“Creemos en la complementariedad y en la articulación de objetivos entre el Estado y el sector privado, bajo el principio de que ambos actores son necesarios para la estabilidad y el crecimiento de la economía”, dijo su presidente, Giovanni Ortuño, a través de un video pregrabado.

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Señaló que el sector privado y el Gobierno tienen responsabilidades específicas. Sin embargo, persiguen los mismos fines.

A 62 años de su fundación en 1962, el presidente de la CEPB recordó que esta institución siempre veló por los intereses de las grandes, medianas y pequeñas empresas que “aportan al desarrollo del país”.

Recalcó que siempre operaron en el marco de la Constitución y de las leyes.

Asimismo, Ortuño afirmó que son respetuosos con las autoridades públicas. “Basamos nuestra actuación en el diálogo y la coordinación y privilegiamos la propuesta y la concertación, antes de la protesta y radicalidad”, dijo.

Sin embargo, aclaró que ello no debe confundirse con “complacencia” y que, cuando sus derechos se vean amenazados, adoptarán las medidas correspondientes.

“Sin disminuir las competencias del Gobierno en la implementación de soluciones ante la crisis, entendemos que en este momento nuestro país necesita el respaldo de todos. El sector empresarial, en cada uno de sus niveles, ha sido el primero en sumar su concurso para buscar medidas que enfrenten el problema”, afirmó.

‘Tiempos difíciles’

En criterio de Ortuño, en este “tiempo de dificultades e incertidumbres”, le corresponde a la CEPB adoptar iniciativas y propuestas.

“Pero debe quedar claro que las decisiones en el ámbito económico corresponden al Estado”, aclaró.

Además, añadió que el sector privado rechaza las amenazas y los condicionamientos. Pero, al mismo tiempo, espera que los acuerdos suscritos con el Gobierno se cumplan por parte de las autoridades del Ejecutivo.

“Sabemos que la situación es compleja, pero si nos mantenemos en la inacción, la crisis que amenaza a todos los bolivianos será insostenible”, advirtió Ortuño.

El gerente de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, Jaime Durán, denunció que existe una campaña de desprestigio contra esta institución en redes sociales, acusando casos de nepotismo e influencias dentro de esa entidad.

“La Gestora es una entidad que se caracteriza fundamentalmente por su transparencia. En ese sentido, hemos visto conveniente aclarar todos estos elementos, para que la gente no se deje confundir por este tipo de mentiras que están en circulación”, aclaró Durán.

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Mentiras

El gerente denunció que son cuatro mentiras las que pretenden poner en duda los principios de la Gestora Pública.

La primera, acusa a Durán de ser pariente de Lourdes Durán, esposa del presidente Luis Arce y que ocupa un puesto dentro de la Gestora.

De manera similar, la segunda mentira acusa a Durán de tener amantes que trabajan para la institución, a las cuales favorece, presuntamente, con algunos cargos. Particularmente, la denuncia apunta a Pamela Tarifa, con quien inclusive Durán tendría un hijo.

A través de documentación, el gerente demostró que el parentesco con la señora Lourdes Durán es nulo. Asimismo, el padre del hijo de la señora Tarifa es Fernando Q., no Jaime Durán.

De esta manera, desvirtuó las acusaciones de que existe “un clan familiar” dentro de la Gestora.

La tercera mentira que denunció está relacionada con Tarifa, quien ocupa un cargo importante, pese a tener “varias denuncias por acoso laboral”. Durán aclaró que solo existe una denuncia, que el Ministerio de Trabajo rechazó este miércoles.

La cuarta mentira se relaciona con un extrabajador, quien habría sido despedido injustificadamente, pero en realidad renunció.

“Ha presentado su carta de renuncia a través de internet; este es un procedimiento normal”, aclaró Durán.

Asimismo, el gerente afirmó que se evaluó llevar el caso ante la Justicia, por el delito de difamación. Sin embargo, debido a que las denuncias se realizaron de forma anónima, esto impide que puedan tomar acciones legales.