En medio de la vigilia de la Central Obrera Boliviana (COB) en la Asamblea, con el cuórum reglamentario, la Cámara de Diputados instaló este martes la sesión para analizar dos proyectos de préstamos por $us 140 millones.

La sesión fue instalada a pesar de la presión de la dirigencia de la COB, que exige la aprobación de créditos y “leyes sociales” pendientes de aprobación.

El orden del día de la sesión de Diputados consigna siete puntos, en dos de los cuales se trata de proyectos de ley para autorizar el desembolso de créditos externos.

El punto 4 de la convocatoria indica que se analizará el “proyecto de Ley 449/2023-2024 que aprueba el contrato de préstamo 5865/OC-BO para el programa de administración de tierras para el desarrollo rural sustentable”. Fue suscrito el 23 de mayo de 2024 entre el Estado y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $us 40 millones.

El punto 5 se trata del “Proyecto de Ley 450/2023-2024 que aprueba el contrato de préstamo Bol38/2024 para el Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo, fase II”. El contrato fue suscrito con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) por $us 100 millones.

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Respecto de la seguridad física en la Asamblea Legislativa, el coronel Jesús Silva informó que, por disposición general y del Comando Departamental de la Policía de La Paz, se dispuso de “una cantidad” de efectivos policiales necesarios para resguardar el edificio y a los legisladores.

Luego de la marcha de la COB del martes, la dirigencia determinó instalar una vigilia permanente en las puertas de ingreso de las instalaciones de la Asamblea Legislativa, tanto del nuevo como del antiguo edificio.

El miércoles, un ampliado de emergencia de la COB determinó la “vigilia permanente” de sus afiliados y “medidas escalonadas” hasta que la Asamblea apruebe los proyectos de ley de financiamiento externo.

“De manera escalonada, vamos a sumir las nuevas medidas. Serán (de) 24, 48, 72 horas, y llegar hasta la última instancia si no hay respuestas positivas al pedido de la COB, los trabajadores y el pueblo boliviano”, dijo el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi.

Los ríos Paraguay y Paraná, que conforman la hidrovía, bajaron el nivel de sus aguas a mínimos históricos lo que afecta el comercio exterior boliviano por ese sector.

El río Paraguay alcanzó esta semana un mínimo histórico en Asunción, con los niveles de agua reducidos por una severa sequía; que ha dificultado la navegación a lo largo de las vías fluviales del Amazonas.

El río Paraná en Argentina también se encuentra cerca de sus mínimos anuales en la zona del centro cerealero Rosario. Tanto el río Paraguay como el Paraná se unen y desembocan en el mar cerca de Buenos Aires. Son rutas importantes para el comercio de soya, maíz y otros productos.

El gerente de la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex), Martín Salces, confirmó que la temporada de estiaje (nivel mínimo del agua) en la hidrovía Paraguay-Paraná se adelantó y afecta la exportación de soya y girasol.

“En este momento tenemos una temporada adelantada de estiaje, lo que sucedía en el mes de septiembre-octubre, se nos adelantó desde agosto. Seguramente, deben ser efectos del cambio climático que tenemos en toda la región; y estamos con algunas dificultades para el tema de exportaciones”, dijo en Unitel.

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Hidrovía

Salces pidió a las autoridades hacer un esfuerzo para mantener las vías navegables con batimetrías y el dragado respectivo.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), Jorge Amantegui, dijo que el bajo nivel de agua hace innavegable la vía; lo que obliga a los exportadores a buscar otras opciones y eso encarece la logística.

“Es una salida de exportación que no estamos usando. Eso nos obliga a buscar otras alternativas como los puertos por el Pacífico; pero esto encarece la logística y afecta a nuestras empresas asociadas que tienen puertos en la zona de la hidrovía, no pueden sacar sus productos por ahí”, señaló.

El subdirector de la Dirección de Meteorología e Hidrología de Paraguay, Jorge Sánchez, dijo que las perspectivas sobre los niveles de los ríos en los próximos meses no son alentadoras.

Se esperan menos lluvias de lo normal en la segunda mitad del año debido al fenómeno meteorológico de La Niña.

El gobernador del departamento de La Paz, Santos Quispe, anunció este miércoles que respaldará los reclamos de las autoridades municipales de la sede de gobierno y de El Alto por los resultados poblacionales del Censo 2024.

“Si ellos (alcaldes de La Paz y El Alto) piden que se revisen los resultados, se tienen que revisar, no vamos a estar contra ellos, los vamos a apoyar”, dijo Quispe.

La autoridad informó que aún no recibió la invitación formal de parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) para acudir a la mesa técnica nacional que se instalará el 16 de septiembre para analizar los resultados del Censo; sin embargo, confirmará su asistencia.

Quispe dijo que a nivel departamental, La Paz no tiene muchas observaciones y solo los municipios de La Paz y El Alto son los que hicieron conocer sus reclamos.

“La expectativa que teníamos (como departamento) era llegar a los 3,5 millones de habitantes, pero tenemos un poco menos de población. Solo los municipios de La Paz y El Alto son los que menos población tienen, en el resto ha crecido”, complementó.

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Censo

El 29 de agosto, el director del INE, Humberto Arandia, informó que, al 23 de marzo de este año; cuando se realizó el Censo de Población y Vivienda, Bolivia cuenta con 11.312.620 habitantes. En el caso del departamento de La Paz, la cifra de habitantes llegó a 3.022.566.

Según la información presentada por el INE, El Alto se mantiene como la segunda ciudad más poblada del país. Los datos a marzo de 2024 reportan en ese municipio 885.035 habitantes; sin embargo, la alcaldesa de esa urbe apuntaba a llegar al millón de personas.

Las cifras, el municipio de La Paz indican que tiene 755.732 habitantes, 10.736 menos que en 2012, y según el alcalde Iván Arias esa cifra genera más dudas que certezas.

La ejecución de 167 proyectos de electrificación rural incrementará la cobertura eléctrica en el departamento de La Paz hasta el 95%, beneficiando a 54 municipios y a más de 22.000 hogares, informó este miércoles el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo.

El ministro junto al presidente de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Manuel Valle, y el gobernador de La Paz, Santos Quispe, firmaron un convenio intergubernativo; para la implementación del programa de Electrificación Rural con financiamiento externo.

Se trata del Proyecto de Electrificación Rural – PER III que es financiado por un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además de La Paz, el proyecto beneficia a los departamentos de Cochabamba, Oruro y Chuquisaca.

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“Estamos aquí con un convenio de 70 millones de dólares, para todas las comunidades del área rural. Con este convenio vamos a llegar a 22.500 hogares del área rural del departamento de La Paz; a más de 113.000 usuarios, o sea, realmente es un proyecto de mucho impacto”, destacó Gallardo.

La obra consiste en extensión de redes, sistemas fotovoltaicos y mini redes (sistemas híbridos).

La ejecución de los proyectos para el departamento de La Paz estará a cargo de ENDE Corporación con una inversión de $us 70,8 millone; beneficiando a 22.566 familias que contarán con energía eléctrica las 24 horas del día.

Gallardo destacó que ese tipo de convenios promueven el acceso universal de la población al servicio de electricidad, facilitando su integración a servicios públicos y sociales, favoreciendo a la salud, educación y diversos sectores productivos.

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) manifestó su “profunda preocupación” por los devastadores incendios forestales y descartó que los productores estén vinculados con las quemas para habilitar tierras agrícolas.

El presidente de la entidad, Fernando Romero, aseguró que el sector productivo realiza prácticas conservacionistas como la siembra directa, la rotación de cultivos y el uso de rastrojos, para preservar el suelo y garantizar la sostenibilidad.

La entidad cuantificó en más de 3 millones de hectáreas en Santa Cruz la cantidad de tierras afectadas por los incendios. Exige una acción inmediata y sanciones ejemplares para quienes incurran en la quema descontrolada.

“Anapo enfatiza que sus productores no utilizan la quema como método para habilitar tierras agrícolas. En cambio, el sector ha adoptado prácticas conservacionistas”, explicó Romero.

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Productores

Según la entidad, los incendios han tenido mayor incidencia, en áreas como San Matías (28%), San Ignacio de Velasco (21%), Concepción (13%), San Rafael (10%) y Urubichá (8%), las cuales no cuentan con vocación de uso de suelo agrícola; “lo que demuestra que no están relacionadas para una expansión de la frontera agrícola; como algunos activistas ambientales de forma malintencionada pretenden involucrar al sector soyero”.

Asimismo, indicó que los incendios se concentran principalmente en tierras fiscales (46%), Tierras Comunitarias de Origen-TCO (22%) y tierras comunarias (7%2%); que representan casi el 75% del territorio donde se generan y extienden los focos de calor.

«Es esencial que se refuercen las políticas de control sobre las tierras fiscales y comunitarias; donde se concentra la mayor parte de los focos de calor. Debemos priorizar la protección de estas áreas y castigar a quienes causan estos incendios”.

El presidente de Anapo reafirmó el compromiso del sector oleaginoso con la sostenibilidad y la preservación del medioambiente. «Rechazamos categóricamente cualquier intento de vincular al sector soyero con los incendios forestales. Nuestros agricultores están comprometidos con el manejo sostenible del suelo y han adoptado tecnologías que protegen la fertilidad de la tierra, contribuyendo a una producción responsable y de largo plazo”.

El martes, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) también descartó que los productores estén relaciones con las quemas tras denuncias de ambientalistas.