El Centro de la Revolución Cultural presentará el documental “Jichi, en busca de guardián de las aguas”, dirigido por Paola Quispe y Andrés Zegada. La producción audiovisual visibiliza la situación de escasez de agua en la comunidad Sañomana.

El estreno de la producción será este sábado 21 de septiembre, a las 18.30, en la comunidad de Sañonama, San Ignacio de Velasco, del departamento de Santa Cruz.

El largometraje difunde las acciones cotidianas del abastecimiento, distribución, consumo del recurso hídrico, además entrelazada a las creencias y cosmovisiones sobre el guardián Guapomó, que es el “Jichi”, en las comunidades indígenas.

El documental muestra las entrevistas con los comunarios del lugar. Las personas más longevas narran las historias del Jichi, el guardián de las aguas, que —según cuenta la leyenda— si se va, se lleva el preciado líquido elemento.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, la directora del producto audiovisual, Paola Quispe, dijo que la idea proviene de la leyenda del Jichi. “Es un ser místico, una serpiente gigante que se manifiesta, depende de la comunidad, en un hombre o una mujer”. En el caso de Sañomana, se transforma en mujer.

“Jichi es el cuidador del agua y de las represas de San Ignacio de Velasco”, detalló.

Esta narración oral, tiene un trasfondo del cuidado del medio ambiente, en este caso la represa del Guapomó, que poco a poco se va olvidando por la modernidad, sin embargo, resurge la importancia de retomar el balance entre el ser humano y la naturaleza a medida que se agrava la emergencia climática en Bolivia.

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La construcción de la ciclovía de San Miguel, en la zona Sur de La Paz, ha causado distintas reacciones entre los vecinos del sector. Desde hace varias semanas, la Alcaldía instala la infraestructura de la vía entre la avenida Costanera y la avenida Ballivián, en plena Juan José Zalles (calle 21).

La concejala Roxana Pérez del Castillo y la analista Susana Bejarano expusieron sus puntos de vista en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón. Ambas coincidieron en que le proyecto carece de planificación, criterios técnicos y una visión integral.

En criterio de Bejarano, cualquier proyecto fracasará si no cuenta con estudios previos de factibilidad y un plan de implementación integral. “No hay una concepción que nos permita ver que la ciclovía va a ayudar en el tráfico y bienestar de los ciudadanos”.

“No es un proyecto público ni con estados de factibilidad”, lamentó.

En concordancia, Pérez del Castillo coincidió con su colega y afirmó que la ciclovía, al ser financiada con recursos públicos, debió ser ejecutada con planificación urbana, criterios técnicos y consulta ciudadana.

“Debe ser parte de una planificación para incidir en la ciudadanía de manera transversal”, añadió.

Reclamó que el tramo de la 21 de Calacoto es una ciclovía confinada, sin conexiones y con varios obstáculos, como las paradas de los buses PumaKatari y el desorden vehicular de esa vía.

Bejarano recordó que, por ejemplo, en Tarija, el otrora alcalde Rodrigo Paz construyó una ciclovía en el centro de la ciudad que, posteriormente, tuvo que ser retirada por la falta de uso. “Él ha tenido que trasparentar el no uso de la ciclovía y trasladarlas a otro lugar”.

A su vez, Del Castillo lamentó que la ciclovía tampoco cuenta con los parámetros correspondientes, ya que tiene 1,5 metros de ancho, cuando debió tener 2. “Si uno se accidenta, la cabeza termina en la vía de tránsito. Es extremadamente peligroso”.

La concejala del Movimiento Al Socialismo (MAS) sugirió a la Alcaldía trabajar en el reordenamiento vehicular y el tráfico.

En su criterio, el alcalde Iván Arias debe resolver la falta de parqueos en la zona Sur. “La falta de parqueos debe ser resulta para evitar el tráfico y la contaminación acústica”.

Según la página de la Secretaría de Movilidad y Seguridad Ciudadana, la ciclovía se implementará en los barrios de Calacoto, Irpavi y San Miguel con el objetivo de reordenar el espacio público, ofrecer nueva infraestructura y mejorar la seguridad vial de las personas, entre otros.

El mapa de la futura red de ciclovía comprende varias calles, entre ellas: la calle 21 y avenidas Montenegro, Inofuentes y Julio Patiño, y calles Bustamante, 12 y 13 de Calacoto.

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El senador de Comunidad Ciudadana (CC) Santiago Ticona, a su vez miembro de la Comisión Mixta de Justicia Plural, admitió que la postulación de “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Órgano Judicial serán el escollo en la designación del Fiscal General del Estado.

El miércoles, la Comisión Mixta de Justicia Plural cerró el registro de postulantes para el cargo del Fiscal General del Estado con la inscripción de 16 mujeres y 60 varones. Sin embargo, aún existe incertidumbre sobre los consensos entre las fuerzas políticas implosionadas. 

En entrevista con La Razón Radio, Ticona admitió que habrá “torpedeo” y acciones populares que pretenderán paralizar el proceso. “No es casual que se esté empujando a que algunos autoprorrogados estén presentado sus documentos, tiene su trasfondo”.

“Si los inhabilitamos, sacarán sus amparos (constitucionales). Es parte de su estrategia del señor (Iván) Lima”, denunció.

En su criterio, el ministro de Justicia, Iván Lima, es quien promueve las irregularidades en el proceso de designación. “Lima es la mano negra que no quiere que Bolivia tenga una justicia independiente”.

Admitió que dichas postulaciones pueden generar conflictos y evitar consensos en la Asamblea Legislativa para la elección del próximo fiscal.

De ese modo, manifestó su preocupación por la postulación de aquellos magistrados prorrogados. “Preocupa que personajes por los que la justicia está por los suelos tengan la osadía de presentar su documentación”.

Ticona lamentó que actual presidente del TCP, Paul Franco, se presentó como postulante. En la lista también figuran los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Olvis Egüez y José Antonio Revilla.

También, reclamó sobre las postulaciones de William Alave, actual fiscal departamental de La Paz, y Roger Mariaca, fiscal departamental de Santa Cruz.

De acuerdo con la lista oficial, entre los que alistan su postulación están: Julia Susana Ríos Laguna, viceministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, y los actuales fiscales de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.

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El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, pidió a la Asamblea Legislativa trabajar en el proyecto de ley “antibloqueos” que presentó la organización debido a las pérdidas económicas que generan los constantes bloqueos en el país.

Distintos sectores impulsan protestas, marchas y bloqueos para que sus demandas sean atendidas por el Gobierno de turno. Dichas medidas causan pérdidas del sector productivo, ya que no permiten el paso de la mercadería o productos y evitan que llegue a su destino final.

Además, según recordó Camacho, la situación de conflictos evita la inversión extranjera y causa una mala imagen internacional del país.

Por esa razón, en enero, el empresariado privado presentó un proyecto de ley “antibloqueos” que prevé sanciones para los manifestantes que afecten los derechos de las demás personas.

Según el documento, las sanciones serían leves graves y muy graves y van desde multas con el 10% hasta el 100% de un salario mínimo nacional; además de la suspensión de personerías jurídicas y decomiso de recursos y bienes de las instituciones promotoras de las medidas.

El proyecto se había quedado paralizado en la Asamblea; no obstante, ante la “Marcha para salvar Bolivia”, liderada por el expresidente Evo Morales, y el bloqueo de caminos de los campesinos, propiciada por David Mamani, los industriales y empresarios pretender impulsar la ley nuevamente.

En entrevista con La Razón Radio, Camacho instó a la Asamblea a aprobar leyes que hagan viables los negocios e inversiones del país. “La ley antibloqueo le dará viabilidad al desarrollo económico. Necesitamos una ley que haga atractiva las inversiones”. 

Al ser insultado sobre el avance del documento en el primer órgano del Estado, lamentó que “apenas” hubo una charla de rechazo por parte de los parlamentarios, pese a que el documento había recibido aceptación.

“Hemos mandado el documento a todos (parlamentarios y ministros), yo he firmado todas las cartas. Pero, la Asamblea ha perdido el norte y no está trabajando”, reclamó.

Indicó que su sector planteó reformas en el ámbito del contrabando, pese a ello, sus pedidos no fueron escuchados.

Camacho ratificó que la posición del sector industrial es contra los bloqueos sin importar la posición política o inclinación ideológica. “La posición siempre es institucional: permanente rechazo a bloquear la actividad económica del país”. 

“Los bloqueos hoy dañan la imagen internacional. Causan un daño irreversible y se pierde mercadería”, insistió.

Al ser consultado sobre si no basta la Resolución Constitucional 040/2024, del 16 de febrero de 2024, que impide a Morales bloquear vías y genera cortes a la circulación vehicular, Camacho afirmó que la norma solo apunta a una sola persona. Dijo que se necesita una ley que abarque a todo el país.

Dos medidas de presión se desarrollan simultáneamente en el país. Una en demanda de la renuncia del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca, y la otra busca soluciones a la escasez de dólares y carburantes, además de garantías para la candidatura de Morales y la no proscripción del Movimiento Al Socialismo (MAS).

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En medio de la “Marcha para salvar Bolivia”, el arcismo y la oposición tradicional coincidieron en que la medida tiene un solo propósito: impulsar la eventual candidatura del expresidente Evo Morales en las elecciones generales de 2025.

Sin embargo, el evismo retrucó la posición de ambos bloques con el argumento de que la movilización busca soluciones inmediatas a la escasez de dólares y carburantes en el país.

En la segunda jornada de protesta, Morales, líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), anunció, de manera sorpresiva, su retiro de la marcha. Consideró que el Gobierno “sataniza” esa protesta que, según dijo, “es del pueblo”.

Minutos antes de la decisión del exmandatario, el ministro de Justicia, Iván Lima, en un mensaje frontal y desafiante a Morales, le advirtió que su tiempo “se ha acabado”. La marcha ha causado distintas repercusiones y reacciones en el ámbito político.

Los diputados Enrique Urquidi (Comunidad Ciudadana) y Jerges Mercado (MAS arcista), y el senador Luis Flores (MAS evista) asistieron a Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, para exponer sus puntos de vista sobre la marcha iniciada el martes en Caracollo, Oruro.

La movilización, rumbo a la ciudad de La Paz, demanda soluciones inmediatas a la escasez de dólares y carburantes, además de la no inhabilitación de Morales como candidato y la no proscripción del MAS.

La primera jornada dejó por lo menos 26 personas heridas por enfrentamientos entre evistas y arcistas en la localidad de Vila Vila, a 57 kilómetros de la ciudad de Oruro. La movilización comenzó el martes desde la población de Caracollo y pasó la noche en Panduro, a 86 kilómetros de aquella capital.

En criterio de Urquidi, se trata de una “estrategia muy bien planificada” que consiste en “forzar” la candidatura de Morales en 2025. “Aquí que no nos vengan con cuentos de salvar Bolivia. Esta marcha tiene un objetivo político claro: quieren a Evo en la papeleta”.

En la misma línea, Mercado afirmó que la marcha tiene un objetivo verdadero que consiste en que Morales vaya a la Presidencia nuevamente a través de la interrupción del mandato del presidente Luis Arce.

Recordó que Morales dijo, en la inauguración de la marcha, que si el primer y segundo hombre del Estado, Luis Arce y David Choquehuanca, respectivamente, abandonan el pueblo, está el tercer hombre del Estado, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez.

“Eso devela objetivó de la marcha. Viene a interrumpir el mandato del Presidente”, añadió.

Por otro lado, Flores rechazó la posición de ambos parlamentarios y aseguró que las demandas principales del MAS evista son soluciones inmediatas a la crisis económica. Aclaró que cuando Morales hizo alusión al tercer hombre del Estado, se refería a su participación en la marcha.

“Fue en el inicio de la marcha, él dijo: ‘Deberían estar aquí el Presidente y Vicepresidente. A falta de ellos, está aquí el tercer hombre del país’”, detalló.

Lamentó que la información y las declaraciones se hayan “tergiversado” intencionalmente para aparentar que Morales busca la renuncia de Arce y Choquehuanca. 

Mercado pidió al evismo sentarse en una mesa de diálogo con el presidente Arce para evitar enfrentamientos entre ciudadanos. “Seamos portadores de diálogo y paz, que se establezcan mesas de diálogo en el marco de las leyes”, propuso.

El vicepresidente del MAS, Gerardo García, afirmó, en La Razón Radio, que, si el Gobierno llama al diálogo al sector evista, la marcha podría levantarse inmediatamente. “Desde luego que se suspende la marcha si se convoca al diálogo. ¿Qué le cuesta convocar al diálogo y atender las demandas?”.

Antes de anunciar la marcha, el evismo presentó un pliego petitorio de 16 demandas, entre ellas, el abastecimiento de combustibles y dólares.

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