El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas instruyó este viernes una auditoria a la incautación, custodia y disposición de mercancías decomisadas por la Aduana Nacional en las últimas cuatro gestiones.

La medida se asume tras la denuncia e investigación de la sustracción de 260 gramos de oro del Recinto Aduanero de La Paz que involucra a personal de esa entidad.

Según un comunicado de esa cartera, la instrucción se da en el “marco de la transparencia; y ejerciendo la facultad de control externo posterior sobre la Aduana Nacional y la Empresa Pública Nacional Estratégica Depósitos Aduaneros Bolivianos”.

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Este viernes, mediante un comunicado, la Aduana informó que se constituyó en parte denunciante contra los presuntos autores de la sustracción de oro del recinto aduanero de La Paz.

Según la nota, la entidad está colaborando con el Ministerio Público, proporcionando toda la información requerida.

Según la investigación que realiza el Ministerio Público, el robo del oro sucedió el viernes 6 de septiembre en un almacén en El Alto; y están involucradas autoridades aduaneras regionales y funcionarios.

Según un informe de la fiscal de Materia especializada en Delitos de Tributos Aduanero, Pamela Espejo; una gerenta “aparentemente” sufrió el viernes pasado una descompensación al interior del recinto y otros funcionarios la ayudaron a salir; evitando el cacheo de rutina para, supuestamente, sacar el metal precioso.

El caso está en proceso de investigación.

El Ministerio de Hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) entregaron este viernes 18 toneladas de vituallas y medicamentos; para las familias damnificadas y los bomberos que luchan contra los incendios forestales en el oriente.

El material se entregó a la Octava División del Ejército.

“Sabemos que los incendios representan un reto enorme; pero también estamos convencidos de que el trabajo coordinado de todos los sectores, podemos hacer frente a esta crisis de manera efectiva”; afirmó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo.

Las donaciones incluyen 13 toneladas de alimentos, equipos de protección, 10 toneladas de agua potable; medicinas y además del préstamo de 5 cisternas, 13 buses, 13 camionetas y una ambulancia.

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Las donaciones, que en valor suman Bs 808.610, serán enviadas desde la ciudad de Santa Cruz hacia las zonas afectadas por incendios; donde bomberos y voluntarios combaten el fuego que afecta a la biodiversidad y a las comunidades de la región.

El vicepresidente de Administración, Contratos y Fiscalización de YPFB, Wilman Yabeta; informó que la campaña de recolección realizada fue consecuencia del trabajo en conjunto.

La entrega es producto de una campaña solidaria desarrollada; por el personal y ejecutivos de las instituciones estatales.

“Las necesidades son muchas, el fuego no da tregua”, puntualizó el coronel Carmelo Ardaya de la Octava División de Ejército; tras recibir simbólicamente el donativo.

El departamento de Santa Cruz enfrenta al menos 74 incendios forestales activos; que afectan a 19 municipios y más de 700 familias. A nivel nacional se registran más de 3.000 fuegos activos.

La presidente de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, anunció este viernes que todos los “envíos de socorro” que lleguen al país para ayudar a combatir los incendios no pagarán tributos y se despacharán en el día.

La autoridad anunció que se destinó personal en las 17 fronteras terrestres del país, en el puerto fluvial Jennefer (Santa Cruz), en los trenes de oriente y occidente; y los tres aeropuertos internacionales para atender los envíos en cualquier horario, las 24 horas del día y los siete días de la semana.

“La Aduana ha recibido la instrucción para que recibamos los envíos de socorro de manera inmediata, es decir en el día. Todo envío de socorro desde cualquier país del mundo está exento de todo tributo, de todo arancel; es decir no se paga absolutamente nada”, dijo Serrudo en conferencia de prensa.

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Envíos de socorro

Aclaró que los envíos pueden ser realizados por personas o instituciones públicas y privadas. “Pueden ingresar a nuestra página y llenar un formulario y el ingreso de cualquier mercancía (desde carros bomberos hasta herramientas y ropa) para mitigar los incendios se atenderá en ese momento”, complementó.

Los “envíos de socorro” incluyen productos destinados a la distribución gratuita para los damnificados de catástrofes, siniestros y epidemias.

“A la fecha ya han ingresado envíos de socorro, consistentes en insumos médicos, agua, herramientas y vestimenta, desde los países de Bélgica, Perú, Venezuela y Chile” por las fronteras de Tambo Quemado (Oruro); el aeropuerto de Viru Viru (Santa Cruz) y la frontera Abaroa (Potosí).

Asimismo, Serrudo explicó que no es necesario presentar una Declaración de Mercancías, la entidad pública o institución privada solo debe registrarse en la Aduana en cualquier punto del país.

Solo se requiere que la mercancía esté debidamente identificada como “envío de socorro”; y consignar a la institución estatal responsable de su distribución o a cualquier institución privada de beneficencia acreditada.

El Gobierno aseguró este viernes que el 46% de la tierra quemada está en propiedad “empresarial mediana” y el 34% en tierra fiscal.

Ese dato descarta el informe de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), que el jueves señaló que solo el 20% de los focos de calor se produce en predios agropecuarios.

El ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, aclaró que los focos de calor no miden superficie, son solo una variable térmica; en cambio se utiliza la “cicatriz de quema” para calcular la superficie afectada por el fuego.

Descartó los análisis que hizo la CAO usando como base de cálculo los focos de calor, pues éstos solo muestran variaciones térmicas en la superficie.

“Haciendo una medida de la cicatriz de quema vemos que en propiedades empresarial y mediana tenemos el 46%, en tierra fiscal 34%, en los territorios comunitarios de origen (TCO), y territorio indígena originario campesinos (TIOC) el 12%, en comunitaria 4%, en pequeña propiedad 2%, y en ríos y caminos 1%”, detalló en conferencia de prensa.

Propiedad

Según esos datos, el total de superficie quemada asciende a 3.872.498 hectáreas (ha), de las cuales 1.531.992 ha están en bosques y representan el 40% y 2.340.506 ha en pastizales, alcanzando el 60%.

“Viendo la superficie afectada podemos establecer que la clasificación de propiedad el mayor porcentaje de porcentaje se encuentra en propiedad empresarial mediana”, remarcó.

El jueves, la CAO informó que solo el 20% de los focos de calor generados desde el mes de julio hasta el 10 de septiembre se producen en predios agropecuarios y el resto, el 78%, corresponde a las tierras fiscales y otras áreas.

La CAO señaló que, en ese mismo periodo, las tierras fiscales produjeron el 46,3% de los focos de calor; los TCO el 21,77%; las comunarias, 6,91%; y los TIOC, el 3,72%.

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Responsables

Asimismo, el director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Luis Flores, recordó que hasta la fecha fueron activados 82 procesos penales por incendios, “de los cuales tenemos identificados a más de 42 personas que son propietarios de predios privados”.

Cuatro personas están con detención preventiva y se sometieron a un proceso abreviado. Lamentó que otras personas, halladas en flagrancia, hayan sido liberadas por jueces.

Flores demandó a la CAO y otras instancias a sumarse a los procesos para que los responsables sean sancionados.

La Cámara de Senadores, en respuesta a la crisis ambiental que atraviesa el país, abrogó el jueves las leyes 1171 y 337, consideradas causantes de los incendios en el oriente boliviano.

Sin embargo, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) cuestionó esta decisión legislativa. En su criterio, la Ley 741 es la verdadera causante de los incendios forestales y Senadores abrogó “las leyes equivocadas”.

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Leyes

“El Senado rechazó ayer (jueves) el tratamiento de la Ley 741, que sigue siendo la principal causante de incendios forestales en Bolivia. Esta ley, vigente desde hace años, permite realizar chaqueos y quemas de hasta 20 hectáreas por año sin necesidad de permisos ni controles”, protestó la organización a través de un comunicado este viernes.

Según la CAO, la abrogación de las leyes en el Senado no tendrá ningún efecto real, esto debido a que la Ley 377 “venció hace varios años y no afecta a la generación de incendios”.

Mientras que la Ley 1171, según la entidad agropecuaria, no llegó a entrar nunca en vigencia.

Por ello, la CAO insiste en que la abrogada debe ser la Ley 741, que facilita “la proliferación de incendios que devastan nuestros bosques sin control”.

Sin embargo, el Decreto Supremo 5225, promulgado el miércoles, establece una “pausa ambiental”, por lo que todas las autorizaciones para realizar quemas se suspendieron de forma indefinida.

Aún así, la CAO exige una “legislación” que sea equitativa y sancione a los generadores de incendios.

Focos de calor

Además, los agropecuarios insisten en que solo el 20% de los focos de calor se encuentran en las propiedades grandes, medianas y pequeñas. Mientras que el 80% se concentra en “tierras fiscales, comunidades y otras áreas no productivas”.

De esta manera, la CAO rechaza las acusaciones de que los incendios se originan en las propiedades productoras de Santa Cruz.

La Cámara de Senadores aprobó la abrogación de las leyes 1171, del 25 de abril de 2019, y Ley 337, del 11 de enero de 2013.

Ambas normas fueron promulgadas por el entonces presidente Evo Morales, como la Ley 741, del 29 de septiembre de 2015.