Plataformas rechazan el uso de biotecnología en Bolivia
La Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático alerta que es una amenaza para la soberanía alimentaria del país.
Imagen: Archivo
La Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático (PBFCC), que reúne a más de 50 entidades ambientalistas, rechazó este martes el uso de biotecnología, biocombustibles y mercado de carbono en Bolivia, alertando que está en riesgo la biodiversidad y la soberanía alimentaria del país.
El pronunciamiento surge cuando el Gobierno y los agropecuarios están analizando la posibilidad de autorizar el uso de biotecnología para incrementar la producción de granos y para la fabricación de biocombustibles.
“Bolivia se encuentra en un momento crítico en el que las decisiones políticas y económicas en discusión podrían redefinir profundamente su futuro ambiental, social y económico”, alerta mediante un comunicado.
Explica que el país es rico en biodiversidad y un legado cultural basado en prácticas ancestrales de agricultura familiar y agroecología que se pondrían en riesgo con el uso de transgénicos.
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Biotecnología
El documento rechaza el uso de biocombustibles porque promueven la siembra de especies foráneas que afectan los ciclos climáticos del suelo boliviano e incrementan la deforestación.
Asimismo, se opone a “la aprobación y uso de eventos, como el HB4, en soya y trigo, porque son una amenaza a la soberanía alimentaria creando dependencia de semillas y tecnologías de empresas multinacionales, en desmedro de los agricultores y productores locales”.
Además, indica que pone en riesgo la salud de los futuros consumidores y los propios productores.
Recuerda que la agroecología es “una alternativa de producción de alimentos saludables y en armonía con nuestro medioambiente, además de ser una alternativa frente a los monocultivos generados por los biocombustibles”.
El pronunciamiento protesta, además, contra la anulación de la prohibición sobre los mercados de carbono, “una violación a la Constitución Política del Estado, en su artículo 357, sobre los derechos de la Madre Tierra y da vía libre a la privatización de las funciones ambientales.
Demanda al Gobierno medidas reales y efectivas que respeten los derechos de la naturaleza y de las comunidades.