El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, informó que se llevará a cabo un bloqueo de carreteras en los cuatro puntos cardinales del departamento de Santa Cruz a partir del viernes 18 de octubre.

La medida de presión busca exigir al Gobierno un aumento en el presupuesto asignado a la casa de estudios, ya que, según el rector, el presupuesto actual es insuficiente para cubrir las necesidades de la institución.

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Cuéllar explicó que, de no recibir los fondos solicitados, el semestre académico corre el riesgo de suspenderse, lo que también afectaría la admisión de nuevos bachilleres en 2025.

«La universidad tiene aproximadamente 120.000 estudiantes y el próximo año tenemos que recibir nuevos bachilleres, pero todo esto está en riesgo», advirtió el rector.

El bloqueo se realizará en zonas clave del departamento, como Yapacaní, Montero, Camiri, San Julián y la vía hacia los valles. Inicialmente, la medida será de 24 horas, pero Cuéllar no descartó que el bloqueo se vuelva indefinido si el Gobierno no responde a las demandas presupuestarias.

La UAGRM sostiene que la falta de financiamiento pone en peligro la continuidad de sus actividades académicas y exige al Gobierno cumplir con su «obligación constitucional» de garantizar los recursos necesarios.

Con el objetivo de garantizar el abastecimiento de la carne de res y regular los precios en los mercados, el Gobierno decidió destinar la carne que originalmente se exportaba al consumo interno.

“Estamos realizando un envío de carne de res por parte de los frigoríficos exportadores al mercado local de Santa Cruz, a un precio preferencial. Estamos enviando carne a un precio de 23,50 bolivianos para no presionar más la estructura de costos”, explicó Grover Lacoa, viceministro de Comercio Interno.

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Según explicó la autoridad, debido a la crisis ambiental que atraviesa el país, con los incendios y las sequías, la oferta de carne de res se ha visto disminuida. Por este motivo, incrementó su costo en los mercados locales, llegando a adquirirse por más de Bs 25 el kilo gancho.

“Vamos a atender con este envío de 100 reses que son más o menos 25.600 kilogramos que se están despachando”, afirmó Lacoa.

El viceministro añadió que éste será un primer envío a Santa Cruz, pero también se realizarán otros a nivel nacional. Reiteró que el costo será de Bs 23,5 y, en su criterio, esto permitirá que el precio “se regule a la baja” y los consumidores accedan al producto en su precio justo.

En total, 15 mercados del departamento de Santa Cruz se beneficiarán de este envío y ofertarán la carne de res a partir de este miércoles.

Debido al caso de las piscinas de evaporación de litio de la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), la Fiscalía amplió los delitos por los cuales se investiga a todos los implicados en el hecho.

“Se presentó la ampliación de imputación en contra de varias personas que ya están imputadas. Lo que ha hecho el Ministerio Público es ampliarles los delitos por los que se está investigando. Algunos de ellos ya están detenidos preventivamente”, explicó el juez encargado del caso, Iván Córdoba, este martes.

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Caso

El caso se remonta a una auditoria del 18 de abril dentro de la empresa estatal, en la que se evidenció que la construcción de 18 piscinas de evaporación de litio presentaba bastantes irregularidades. Las piscinas estaban inoperables, a causa de los materiales usados y un mal manejo.

Además, el complejo industrial del Salar de Uyuni fue encontrado “en cimientos”, lo que incumplía los contratos, la producción y los avances que estaban previstos.

A raíz del hecho, se iniciaron los procesos en contra de 11 personas: 10 exdirectivos de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE) y una de la empresa contratista, Gerimex SRL.

Asimismo, en esa oportunidad, YLB denunció que la afectación que se generó al Estado es de más de Bs 425 millones.

Nuevo imputado

De igual manera, Córdoba informó que se está investigando al representante de Gerimex, el ciudadano M.G.B, en grado de complicidad.

“Él sería el nuevo imputado. Por considerar que sería cómplice en el delito de contratos lesivos al Estado”, afirmó.

El pasado 9 de agosto, uno de los funcionarios implicados recibió la primera condena dentro del caso: tres años de reclusión en el penal de San Pedro de La Paz.

Los implicados están acusados por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, incumplimiento de contrato y contratos lesivos al Estado.

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), realizó una inspección en la cuenca del río San Juan del Oro, que abarca los departamentos de Chuquisaca, Tarija y Potosí, e identificó un punto de explotación ilegal de minerales en la población de Porco, en el municipio de Tupiza.

El punto observado se encuentra en la cuenca de Estarca; un área restringida y declarada zona prohibida por el Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza, en el departamento de Potosí. De inmediato, la autoridad emitió una notificación para el cese de explotación ilegal de recursos minerales.

Asimismo, la AJAM a través de la Dirección Regional Tupiza presentará una denuncia penal ante el Ministerio Público en cumplimiento de la Ley 535 de Minería y Metalurgia.

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Minerales

Luego de recibir denuncias por explotación ilegal, la AJAM realizó en las últimas semanas una inspección en la cuenca del río San Juan del Oro.

La inspección inició el 8 de septiembre y durante tres días recorrió las riberas del río San Juan del Oro y sus zonas aledañas. El primer grupo partió del municipio de Culpina; y recorrió los municipios de Villa Abecia y Las Carreras en Chuquisaca para luego ingresar a los municipios de El Puente y Yunchara en Tarija; y Tupiza y Villazón en Potosí.

Este equipo transitó por 19 comunidades a lo largo del río San Juan del Oro, tomando registro fotográfico y puntos de ubicación con el fin de identificar indicios de explotación ilegal de recursos minerales.

De manera paralela, la segunda comisión partió de los municipios de Tupiza y Villazón y concluyó su recorrido en el municipio de Mojinete. Cubrió un total de 23 comunidades en el área de la cuenca del río. Se identificó solo un punto de explotación ilegal.

En agosto pasado, la AJAM ya había ejecutado una intervención en proximidades del río San Juan del Oro junto a representantes del Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado, el Gobierno Autónomo Municipal de El Puente y el apoyo efectivo de la Policía. La comitiva identificó y logró paralizar actividades mineras ilegales en la zona.

Este martes, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, informó que el bloqueo del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) generó una pérdida de más de Bs 719.000, solo en peajes, según Vías Bolivia.

“Estos dos días han provocado la interrupción y la circulación del transporte liviano y pesado. En ese entendido, Vías Bolivia nos ha hecho conocer que, a la fecha, se ha perdido más de 719.000 bolivianos”, afirmó en conferencia de prensa.

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Desde el lunes, la facción evista del MAS realiza bloqueos, principalmente en Cochabamba, debido a que, denuncian, el Gobierno no atendió las demandas del pliego petitorio que entregaron en septiembre. Asimismo, la movilización es en defensa del expresidente Evo Morales, contra quien se iniciaron una serie de procesos legales

Bloqueo

Sin embargo, el ministro Montaño le restó importancia a las medidas de presión y afirmó que el bloqueo “no ha sido contundente”.

En el primer día, solo se registraron cuatro puntos, de los cuales uno fue desbloqueado por la Policía Boliviana, en la localidad de Parotani, en Cochabamba.

Este martes, el Gobierno reportó cinco puntos de bloqueo y se suspendieron las salidas del transporte terrestre de La Paz hacia Cochabamba y Santa Cruz.

En criterio de Montaño, el ala evista “obliga” a los pobladores a movilizarse a los puntos de bloqueo; bajo presuntas amenazas de multa y de afectación a sus producciones.

De igual manera, la autoridad afirmó que el Gobierno no negociará con los sectores evistas ningún tipo de condicionamiento.

Los bloqueadores afines a Morales afirman que levantarán las medidas una vez que se anulen los procesos contra el exmandatario, se lo reconozca como candidato a la Presidencia y se reconozca el congreso evista de Lauca Ñ, de 2023.

Para el ministro de Obras Públicas, ninguna de estas decisiones está en manos del Gobierno, sino en los otros órganos del Estado. Por ello, afirmó que el bloqueo se trata de una excusa; pero el verdadero objetivo es la desestabilización y el retorno de Morales a la silla presidencial.