El viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales, informó que el Decreto Supremo 5244, que reduce a cero el gravamen para las importaciones de productos de aseo, deberá entrar en aplicación a partir de este fin de semana.

“La Aduana está haciendo los cambios respectivos en el sistema aduanero para que el arancel ya sea conectado de 0%”, afirmó.

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El miércoles, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, presentó el decreto. Tiene el objetivo de reducir los costos de productos como el shampoo, desodorantes, pañuelos, acondicionadores, dentífricos, entre otros. Esta medida se aplicará hasta el 31 de diciembre.

Según Morales, muchos comerciantes se trasladan a las fronteras, principalmente con Perú, para poder comprar estos productos de aseo y limpieza y luego los venden en el mercado del país.

Por ello, algunos intermediarios aprovechan para obtener un “ingreso extra” y elevan los precios, lo que se refleja en los elevados costos de estos productos. Sin embargo, con la reducción a cero de los aranceles, éstos podrán importarse sin ningún tipo de impuesto, lo que permitirá que los precios se regularicen.

Justamente, los productos de aseo son los que más aumentaron de precio en el último periodo de este año.

El viceministro explicó que el decreto se encuentra en la revisión del aspecto operativo, pero esta etapa no debería extenderse demasiado.

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) rechazó una posible condonación, mediante la cual los prestatarios quedarían libres de sus deudas, y la calificó como ‘anticonstitucional’ debido a que afectaría a la reposición que esperan los depositantes.

“El tema de la condonación es anticonstitucional y por eso se ha planteado el tema de la reprogramación (de pagos), porque la condonación significa que a alguien no le voy a devolver; no podemos ir en contra de los depositantes”, explicó Ivette Espinoza, gerente ejecutiva de la Asfi.

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La funcionaria respondió así a las marchas y movilizaciones por parte de los prestatarios, quienes denuncian que las entidades financieras realizan cobros abusivos en una situación complicada. Debido a la crisis económica, muchos de ellos se ven imposibilitados de realizar sus pagos.

Por ello, la Asfi reiteró que se estableció la posibilidad de que los pagos sean reprogramados y los prestatarios analicen su situación particular con sus entidades financieras. Además, recordó que se incrementó el plazo para iniciar acciones legales contra los deudores a 240 días, por lo que no debe existir miedo.

Espinoza explicó que en una reunión con los prestatarios estos afirmaron que no quieren la condenación, simplemente necesitan que el cobro se “adecue a las nuevas situaciones”. Entonces, insistió en la reprogramación de pagos y pidió que se socialice esta medida con los movilizados para evitar susceptibilidades.

Asimismo, pidió a los prestatarios denunciar si las entidades financieras no quieren establecer nuevos cronogramas para los pagos.

Este jueves, Bolivia conmemora 42 años de la recuperación de la democracia, luego de que el 10 de octubre de 1982 se cerrara el periodo de dictaduras, estados de sitio, golpes de Estado y otros hechos que violaron los derechos civiles y políticos de los ciudadanos.

Sin embargo, más de cuatro décadas después, los actores políticos contemporáneos todavía evidencian debilidades en este sistema de gobierno, por lo que reafirmaron su compromiso para defender la democracia.

“Hoy conmemoramos 42 años de la recuperación de la democracia con el gran reto de defender, contra todo interés golpista, esa lucha incansable del pueblo boliviano por la libertad, la dignidad y soberanía popular. ¡Los golpistas no pasarán!”, escribió el presidente Luis Arce.

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Democracia

El 10 de octubre de 1982, Bolivia recuperó la democracia tras casi 18 años de dictaduras militares. Ese día, Hernán Siles Zuazo asumió la presidencia. Recibió el poder de manos del general Guido Vildoso.

Líder de Unidad Democrática Popular (UDP), aquel había ganado las elecciones generales de 1980, pero no había podido ser ungido presidente debido al golpe de Estado del 17 de julio de ese año perpetrado por Luis García Meza. A semanas de su asunción, su antecesora, Lidia Gueiler, había sufrido la asonada militar.

No había ocurrido una ruptura constitucional sino en 2019, en la crisis poselectoral de entonces que terminó con el gobierno de Evo Morales.

Este jueves, el presidente Arce consideró que en los últimos años la democracia se vio amenazada; primero con la “sucesión” de Jeanine Añez, en 2019, y la otra, el pasado 26 de junio, en la intentona golpista del ahora exgeneral Juan José Zúñiga.

Opositores

Al contrario, el expresidente Carlos Mesa, líder de la principal fuerza de oposición Comunidad Ciudadana (CC), considera que es el Movimiento Al Socialismo (MAS) el que deterioró la democracia.

“Los bolivianos están frente al desafío mayor de recuperar la institucionalidad democrática, cuyos principios sustantivos de transparencia, libertad de expresión, acceso a la justicia, rendición de cuentas, independencia de poderes, elecciones libres, respeto a los derechos humanos y otros, han sido destruidos por quienes manejaron el país en los últimos 18 años”, protestó en sus redes sociales.

De manera similar, Añez también se expresó sobre esta fecha y afirmó que la democracia se encuentra “sostenida por el alfiler de un mero acto eleccionario de dudosos resultados”. Por ello, su mensaje estuvo más orientado en pedir la reflexión y la unidad de la oposición para vencer al MAS.

‘Momento de reflexión’

Por su parte, el presidente de la Cámara de Senadores, el evista Andrónico Rodríguez, afirmó que este día, “más que una celebración, es un momento de reflexión”.

En su criterio, preservar la democracia es “es honrar la lucha de aquellos que se enfrentaron a los gobiernos de facto y golpes de Estado, proteger lo que hemos alcanzado y garantizar que las futuras generaciones vivan en un país donde la voz de cada boliviano cuente”.

A menos de un año de las próximas elecciones presidenciales, en medio de un contexto de incertidumbre económica, conflictos internos entre alianzas políticas, opositores y oficialistas coinciden en que lo único seguro es que la democracia está en vilo.

El ministro de Educación, Omar Veliz, informó que el inicio de la entrega del Bono Juancito Pinto, que se realizará a partir del lunes, contará con la presencia del presidente Luis Arce en un acto especial organizado en una unidad educativa en El Alto.

“El pago del bono inicia el 14 de octubre en los distintos departamentos de nuestro país y el presidente Arce inaugurará el pago en El Alto”, confirmó Veliz.

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Sin embargo, no señaló en qué colegio se efectuará, aunque afirmó que se hará conocer “de manera oportuna”.

En paralelo, las otras unidades educativas fiscales de todo el país también comenzarán con el pago del beneficio en actos más sencillos.

El bono, que busca fomentar la permanencia escolar en niveles primario, secundario y especial, beneficiará este año a 2.340.000 estudiantes de todo el país.

La inversión será de Bs 477.550.000, aportados por 25 empresas estatales.

Veliz explicó que todo ya está preparado para iniciar con el pago a partir del próximo lunes.

El incentivo, de Bs 200 por alumno, está destinado a reducir la deserción escolar, y promover la matrícula y permanencia de los estudiantes hasta finalizar el año escolar.

El ministro explicó que el Bono Juancito Pinto es “una política de Estado”, que tiene como fin garantizar la Educación de la cual, en su criterio, parte el desarrollo de un país.

Pese a que el país se encuentra desastre nacional por los incendios forestales en el oriente boliviano, la Cámara de Diputados rechazó la modificación del orden del día para incluir la abrogación de las denominadas ‘leyes incendiarias’.

No obstante, la eliminación de una de ellas, Ley 741, de Autorización de Desmonte de hasta 20 Hectáreas, figura en la agenda de este jueves, pero como último punto. Su tratamiento deberá esperar que se aprueben o rechacen otros 13 proyectos, por lo que los legisladores de oposición denunciaron que la abrogación de la norma quedará suspendida hasta una próxima sesión.

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Los diputados de Creemos Erwin Bazán y María René Álvarez denunciaron que los asambleístas de las dos facciones del Movimiento Al Socialismo (MAS) rechazaron el cambio en el orden del día.

Sin embargo, Álvarez también apuntó a una “doble moral” de los opositores de la alianza Comunidad Ciudadana (CC). En su criterio, existe una negociación entre esa fuerza opositora con el Gobierno para priorizar la aprobación de un crédito para atender desastres climáticos. Acusó al jefe de bancada, Enrique Urquidi, de “transar” con el oficialismo.

No obstante, algunos asambleístas consideran que el préstamo que figura en ese proyecto no de destinará para sofocar los incendios, sino que el Gobierno lo desviará a otros rubros.

Leyes

La Cámara Baja modificó el orden del día la anterior semana y aprobó un crédito por $us 75 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para la atención de desastres climáticos y salud pública.

En la sesión de este jueves, está en agenda otro proyecto que prevé un préstamo de hasta $us 250 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para atender los incendios y otras adversidades naturales.

La abrogación de las ‘leyes incendiarias’ fue aprobada a mediados de septiembre en la Cámara de Senadores, pero, casi un mes después, no se trató en Diputados.