Con el objetivo de que los prestatarios en el sistema puedan cumplir sus obligaciones con las entidades financieras, en medio de un contexto coyuntural complicado, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) determinó ampliar los plazos antes de que se inicien acciones legales por incumplimiento de pago y que se realicen reprogramaciones.

“Estamos ampliando el inicio de acciones judiciales para que el prestatario pueda tener más tiempo para buscar una solución (…), adicionalmente esto se podría aumentar en 90 días. Con la nueva normativa, esta segunda opción se está aumentando a 120 días adicionales. Por lo cual, en total, antes de un proceso judicial, las personas cuentan con 240 días para solucionar”, explicó Ivette Mendoza, directora de la Asfi.

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‘Abusos’

Las medidas que toma la autoridad financiera se deben a un descontento de los gremiales y la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), que inclusive advirtieron con medidas de presión por “abusos” del sistema financiero.

En ese sentido, Mendoza explicó que las medidas se tomaron porque, justamente, esos sectores “han sido afectados por situaciones ajenas a ellos”. Hizo referencia a los bloqueos, la crisis ambiental, la crisis cambiara, la especulación, etc.

Por ello, la Asfi considera que no son responsables de incumplir sus obligaciones financieras, por lo que socializaron las medidas este martes.

Reprogramaciones

Mendoza también explicó que se realizarán reprogramaciones en los pagos de créditos que los prestatarios debían cumplir en un determinado momento.

“En las reprogramaciones se pueden incluir periodos de gracia y también pueden incorporar otros mecanismos que mejoren las condiciones de acceso a soluciones ajustadas a las características del crédito y a la situación particular de cada prestatario”, afirmó la directora.

En los casos, según explicó, la reprogramación se realizará de acuerdo a los ingresos de los sujetos y según la situación particular. Por ejemplo, se puede solicitar pagar menos intereses y más capital.

Además, Mendoza recalcó que solicitar la reprogramación no modificará las condiciones iniciales del prestatario. Es decir, se mantiene la calificación inicial.

Antes, por el contrario, solicitar una reprogramación del pago provocaba que la persona baje rangos en su clasificación, siendo visto como alguien de «riesgo» para adquirir un préstamo, lo que le dificultaba acceder a créditos en un futuro.

De acuerdo con la directora de la Asfi, estas medias son “efectivas” y darán respuesta a esos sectores en un “corto plazo”.

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo saludó la promulgación de la Ley 035, que modifica el sistema de pensiones en beneficio de los jubilados. La entidad financiera aseguró que el incremento de las jubilaciones está garantizado.

“La ley tiene la virtud de que, no solo está viendo la modificación de los límites solidarios, sino que también prevé las fuentes de financiamiento, concretamente, el incremento de los aportes solidarios”, explicó el presidente de la Gestora, Jaime Durán.

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Tal como informó el presidente Luis Arce durante la promulgación de la ley, Durán reiteró que se incrementará el fondo de financiamiento.

En ese sentido, el aporte patronal solidario incrementa a un 3,5%; el aporte solidario minero del empleador sube a 2,3%; y afirmó que también incrementará el aporte nacional de los trabajadores que ganan más de Bs 13.000.

“Lo que tenemos no es solo un incremento en términos de los beneficios a los jubilados, sino también un incremento de las recaudaciones, lo que garantiza la sostenibilidad de las pensiones a futuros”, afirmó.

En criterio del presidente de la Gestora, el sistema de pensiones es “sólido”. Informó que, a la fecha, cuentan con “activos por más de 27 mil millones de dólares”.

Por ello, considera que el incremento, que varía entre Bs 80 hasta Bs 1000, en las pensiones no representará un problema para la entidad financiera.

Según los “cálculos iniciales”, Durán afirmó que 152.000 jubilados serán beneficiados.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las exportaciones de electricidad al país vecino de Argentina, tomando en cuenta el periodo de enero a agosto, se incrementaron en 222,5%. Asimismo, este incremento permitió que Bolivia recaude un total de $us 16,5 millones.

En comparación, en el mismo periodo de 2023, el país había obtenido poco más de $us 5 millones.

La expansión de la capacidad exportadora es posible gracias a la línea de interconexión eléctrica «Juana Azurduy», que conecta Yagacua, en Bolivia, con Tartagal, en Argentina.

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Esta infraestructura tiene una capacidad de transporte de 120 megavatios (MW) y una extensión de aproximadamente 120 kilómetros, lo que permitió a Bolivia consolidarse como un proveedor clave de energía para el norte argentino.

Capacidad

Bolivia comenzó a exportar 60 MW de energía a Argentina en marzo de 2023. Estas exportaciones abastecen a diversas localidades de la provincia de Salta, incluyendo Tartagal, Orán, Piquirenda, Tabacal, Pichanal, Senda Hachada y Dragones, todas dependientes de este suministro eléctrico.

Este salto en las exportaciones de electricidad es el resultado de la creciente capacidad de generación en Bolivia.

En los últimos años, el país triplicó su capacidad, pasando de 1.000 MW a 3.500 MW, de los cuales aproximadamente 1.600 MW cubren la demanda interna, mientras que el excedente se destina al mercado externo.

Bolivia tiene la mirada puesta en el futuro, con el objetivo de aumentar la capacidad de generación a 2.000 MW para exportación en 2025, coincidiendo con el Bicentenario del país.

Asimismo, se prevé que al menos el 70% de esta energía provenga de fuentes limpias y sostenibles, lo que posicionaría a Bolivia como un referente en la producción de energía amigable con el medio ambiente.

A través de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), se logró la adjudicación a la Asociación Accidental Unch para el proyecto de construcción de la carretera Unduavi – Chulumani, tramos 2A y 2B, en La Paz, con una inversión de Bs 241 millones que provienen de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

“Hemos adjudicado la construcción de la carretera Unduavi-Chulumani, por un monto de 241 millones de bolivianos. Nuestro financiador es la CAF, la empresa a cargo de la construcción es la Asociación Accidental Unch”, informó este martes el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño.

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La licitación se había lanzado hace tres meses, durante la primera semana de julio. El tramo carretero tendrá una longitud de casi 17 kilómetros.

Además, el tramo 2A tendrá concreto asfáltico, mientras que el tramo 2B estará hecho de pavimento rígido. Según un reporte de la ABC, la carretera tendrá 17 viaductos, “muros mecánicamente estabilizados, estabilización de taludes mediante mallas de acero, y obras complementarias como muro de gaviones”.

Asimismo, se prevé que la carretera cuente con dos carriles, cada uno con un ancho de calzada de siete metros.

Montaño explicó que la región es inestable y presenta fallas geológicas, por lo que se realizó un nuevo estudio para que finalmente se inicie la construcción de la obra.

Según el ministro, la conclusión de la carretera deberá realizarse en un plazo de 22 meses, que serán computados a partir de la emisión de la orden de proceder.

El secretario general de la Confederación Nacional de Jubilados del Sistema Integral de Pensiones, Rodolfo Ayala, afirmó este martes que la ley que modifica los límites de la Pensión Solidaria de Vejez beneficiará al 70% de ese sector en el país.

“El 70% se va a beneficiar con esto de la fracción solidaria, un 30% estamos en el pliego de peticiones y lo tenemos que solucionar hasta la próxima semana con el viceministro de Pensiones, y vamos a analizar estos temas”, dijo Ayala en Bolivia Tv.

En abril pasado, el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Apaza, explicó que el restante 30% no necesita del Fondo Solidario porque ya el cálculo de su pensión de jubilación ha sido elevado.

Ayala explicó que urge avanzar con la reglamentación de la norma promulgada este martes por el presidente Luis Arce, para que la escala de incrementos en los límites solidarios comience a aplicarse lo antes posible.

En la misma línea, Roberto Chávez, ejecutivo de la Confederación de Jubilados, saludó la promulgación de la norma y ratificó que el 70% de los 230.000 jubilados del país recibirán rentas más altas.

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Jubilados

El dirigente aseguró que, pese a que la reglamentación de la ley aún está pendiente, existe un acuerdo previo con el Ministerio de Economía y la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) para que se agilice el trámite y la actualización de los límites solidarios pueda aplicarse a partir de noviembre.

De “los jubilados que estamos en el sistema integral de pensiones, el 70% es que se beneficia; por eso ha sido importante el trabajo de este proyecto que hoy se ha promulgado. El presidente (Luis Arce) ha puesto un límite máximo de tres meses para la reglamentación, pero hay un acuerdo para trabajarla lo antes posible”, complementó.

Este martes, el presidente Arce promulgó la ley que modifica los límites de la Pensión Solidaria de Vejez entre Bs 80 y Bs 1.000 para los jubilados que aportaron entre 10 y 35 años.

La norma tiene como objetivo principal incrementar los límites solidarios, mínimos y máximos, de la escala de la Pensión Solidaria de Vejez, con incremento desde Bs 640 a Bs 720 para 10 años de aporte (Bs 80) y hasta Bs 4.200 a Bs 5.200 (Bs 1.000) para 35 años de aporte.

Asimismo, busca fortalecer el Fondo Solidario con un ajuste del Aporte Patronal Solidario, a cargo de los empleadores públicos y privados, y un incremento gradual en el Aporte Nacional Solidario para los asegurados que perciben una remuneración por encima de Bs 13.000, Bs 25.000 y Bs 35.000. Para el sector minero metalúrgico se incrementará de Bs 5.000 a Bs 6.000.