Bolivia acumuló, a septiembre de este año, una inflación de 5,53%, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). De acuerdo con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, una parte de esta inflación es ‘importada’ debido, en su criterio, al incremento de los productos que ingresan al país.

“Lo que ocurre afuera, en el resto del mundo, impactó en los precios de aquí adentro. Independientemente del dólar, si los precios de los bienes importados aumentan, aquí también tienen que aumentar”, explicó en conferencia de prensa.

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La inflación de 5,53% que se registró en septiembre es la más alta de los últimos años. En ese sentido, Montenegro afirmó que el Gobierno “la mira con mucha atención” y explicó los motivos del encarecimiento de algunos productos.

En su criterio, el cambio climático, los conflictos bélicos y la crisis económica internacional provocan el alza de precios.

“Hay estos elementos de los componentes importados que están generando un incremento en los precios, principalmente en productos como la pasta dental, shampoo, acondicionares, detergentes, productos de aseo”, afirmó.

Asimismo, hay otros productos, como las gaseosas y bebidas, que se encarecieron en el mercado internacional y el precio no se regula.

Sustituir importaciones

En ese sentido, apuntó como solución a la industria nacional, la cual, en un mediano plazo, debe dar una respuesta y sustituir las importaciones. De esta manera, en su criterio, el incremento de precios en el mercado externo no afectará significativamente al mercado interno.

Sin embargo, Montenegro destacó que durante años Bolivia mantuvo una economía estable y mantiene uno de los niveles de inflación más bajos, no solo de la región, sino de todo el mundo.

En ese sentido, hizo referencia a que el costo de vida en el país es bastante bajo, pero eso causa otro problema: el contrabando a la inversa.

Pese a todas las complicaciones que puedan surgir, el ministro aseguró que el Gobierno “luchará” contra todas las situaciones para proteger la «economía popular».

En medio de un control de precios en el mercado de la Garita de Lima, en la ciudad de La Paz, el viceministro de Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, informó que el precio del kilo de pollo casi alcanza los Bs 16.

“El kilo de pollo está en 15,80 (bolivianos), cuando debería estar en 15 o en 14,50. Las propias comerciantes nos dicen que el pollo se está llevando al Perú y por eso el precio está más caro”, protestó este lunes en conferencia de prensa.

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De acuerdo con Silva, el incremento del costo de los productos se debe al denominado “contrabando a la inversa”, cuando los productores y vendedores llevan sus productos a otros países donde los precios son más elevados.

Según explicó, estas medidas afectan al mercado interno, ya que producen variaciones y alza de precios.

Aunque en el reporte que realizó el Viceministerio de Derechos del Usuario y del Consumidor se centró en el incremento del precio de carne de pollo y de res, Silva informó que otros productos también sufrieron incremento de precios. Es el caso del arroz, del aceite y del huevo.

Por ello, la autoridad adelantó que el Comité de Seguridad Alimentaria pedirá formalmente al Gobierno la militarización de las zonas fronterizas, especialmente con Perú, donde terminan los productos contrabandeados.

De igual manera, el viceministro informó que se prepara un decreto supremo para incrementar las sanciones por los delitos de contrabando, agio y especulación.

El Ministerio de Salud informó este lunes que, a la fecha, se registraron más de 12.000 casos positivos de dengue en siete departamentos de país, aunque en las últimas semanas hubo un descenso en la cantidad de contagios.

“Durante la presente gestión hemos tenido 12.531 casos positivos (…), el pico más alto lo hemos tenido la semana 16, con predominio de La Paz, Cochabamba y Beni”, informó Roxana Salamanca, jefa de la unidad de Prevención del Ministerio de Salud.

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Los únicos departamentos en los que no se registraban casos son Oruro y Potosí debido a sus características climáticas.

Sin embargo, según explicó Salamanca, a causa de factores como el cambio climático, los mosquitos transmisores de dengue lograron adaptarse a temperaturas atípicas para ellos y a la altura.

Toro Toro

Por ello, hubo un cambio en el área endémica y ahora se registran casos donde antes no se presentaban. Es el caso del municipio de Toro Toro, en Potosí. “Éste es el primer año que se han registrado casos”, informó Salamanca.

En ese municipio, a la fecha, se registraron 12 contagios positivos, que se suman a un total de 38 casos en el norte de Potosí.

Por este motivo, el Ministerio de Salud desplegará brigadas a esta región para brindar talleres de capacitación y educación ambiental, para que la población sepa cómo lidiar y prevenir los casos de dengue.

Asimismo, se realizará la identificación de los huevos y las zonas en las que los mosquitos se reproducen para eliminarlos.

El objetivo es evitar el brote de nuevos contagios, ya que por el cambio de temperatura y las posibles lluvias que están pronosticadas, la cantidad de casos podría incrementar significativamente.

Debido al constante incremento de precios que, según el Gobierno se debe a un ‘contrabando a la inversa’ de los productos hacia países vecinos, el viceministro de Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, informó que se solicitará la militarización las zonas fronterizas.

“Vamos a solicitar formalmente como Comité de Seguridad Alimentaria que se militarice las zonas fronterizas, especialmente con el Perú”, informó este lunes en conferencia de prensa.

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De acuerdo con Silva, se contrabandea carne de res, de pollo, de cerdo, aceite, arroz, huevos, etc., debido a que estos productos se venden a precios más elevados en el país vecino.

El viceministro explicó que, a raíz de este hecho, los costos de estos productos presentan variaciones a nivel interno y se los encuentra en un precio más alto.

Con el control de militares en las fronteras se prevé reducir ese ilícito y “proteger la economía de los bolivianos”.

Decreto supremo

Pero, además de ello, Silva explicó que el Comité de Seguridad Alimentaria trabaja en un decreto supremo que será presentado al presidente Luis Arce, para que sea promulgado una vez se concluya el proceso de socialización. Esta medida busca incrementar las sanciones jurídicas a los delitos de contrabando, agio y especulación.

“Esperamos que eso lo podamos culminar entre hoy (lunes) y mañana y presentar el informe al presidente para que se proceda a la promulgación”, afirmó.

Además, Silva dijo que el Comité de Seguridad Alimentaria realizará el control de precios en los mercados locales para garantizar que los consumidores accedan a los productos a un “precio justo”.

La Defensoría del Pueblo denunció que existe una “debilidad institucional” en todos los niveles del Estado, al momento de proteger a los niños, niñas y adolescentes (NNA) de delitos de violencia y agresión sexual, por lo que exigió que asuma su rol de protector y garante de sus derechos.

“La alta incidencia de delitos sexuales contra NNA revela una debilidad institucional del Estado a nivel nacional, departamental y municipal en la prevención de este tipo de delitos y aplicación de la Ley 548, que obliga la implementación de un Programa Integral de Lucha contra la Violencia Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes”, sostuvo esa oficina a través de un comunicado este lunes.

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El pronunciamiento de la Defensoría coincide con un contexto de una elevada tasa de violación de los derechos de los infantes. Asimismo, en torno al reciente caso polémico del presunto delito de trata y tráfico de personas y estupro en el que se involucró al expresidente Evo Morales.

Denuncias

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre enero y agosto de 2024, la Fiscalía General del Estado “reportó 1.027 casos de denuncias por Estupro; en el mismo periodo se reporta 1.546 denuncias por Violación de infante, niña, niño y adolescente, (INNA)”.

En criterio de la institución, estas cifras son “alarmantes”, ya que vulneran “no solo el derecho a la dignidad humana de las NNA, sino su derecho a la integridad física, psicológica y sexual”.

Además, la Defensoría del Pueblo consideró que el sistema judicial boliviano no es eficiente con las denuncias de agresión sexual contra NNA y que la Justicia no se aplica en la mayoría de los casos, dando como resultado “procesos estancados”.

Por ello, consideró que “no es posible tolerar que la comisión de delitos sexuales” contra infantes continúe en aumento.

En ese sentido, exige un mayor compromiso y esfuerzo del Estado, “en su rol de garante de los derechos humanos” y cumpla con acciones “de prevención, atención y protección de la niñez y adolescencia”.