La Gobernación de Chuquisaca declaró emergencia departamental debido al periodo prolongado de sequía que atraviesan alrededor de 15 municipios. Se espera que con la medida se pueda apoyar a las personas y familias afectadas por la situación climática.

“El gobernador ha emitido un decreto departamental declarando emergencia departamental por sequía, entendiendo que ya son 15 los municipios que han declarado desastre natural”, informó Jairo Gutiérrez, secretario departamental de Medio Ambiente.

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Los 15 municipios declarados en desastre por sequía son: Villa Vaca Guzmán, Huacareta, Macharetí, Huacaya, San Lucas, Camargo, Las Carreras, Villa Abecia, El Villar, Poroma, Yamparáez, Tarabuco, Azurduy, Sopachuy y Tarvita.

Según Gutiérrez, con la declaratoria, se preparará las gestiones correspondientes con el Gobierno nacional para atender a los afectados. Reconoció que Chuquisaca no cuenta con los recursos necesarios para atender a los municipios.

En cuanto al tema de incendios, el secretario informó que en el departamento solo se registran tres focos de calor.

Sin embargo, por las sequías, en total, la Gobernación considera que hay al menos 25.942 familias afectadas. Respecto a la producción, se perdieron cerca de 11.500 hectáreas de cultivos.

El Gobierno, por su parte, informó el martes que destinarán Bs 125 millones para combatir las sequías; a través de la compra de insumos, construcción de pozos y otras medidas.

Asimismo, el nivel central explicó que la aprobación de los créditos en la Asamblea Legislativa también ayudará a las familias afectadas por las sequías, ya que su misión es atender cualquier desastre natural y no se contemplan solo los incendios

En ese sentido, las autoridades del Órgano Ejecutivo exhortaron a los legisladores priorizar el tratamiento de los proyectos.

La Fiscalía General del Estado informó que, al 2 de octubre de 2024, se registraron 37.449 casos de violencia de género, en los que las víctimas de agresiones son mujeres.

“Según datos obtenidos del Ecosistema Justicia Libre, del 1 de enero al 2 de octubre de 2024 ingresaron 37.649 casos, lo que significa que en comparación con la gestión 2023 en el mismo rango de fechas se observa una disminución del índice de violencia”, explicó la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, Alejandra Rocha.

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De acuerdo con la funcionaria, se registró un decremento del 1,13% en comparación a la gestión anterior.

“Cochabamba es el departamento que presenta menor índice de violencia en comparación con la gestión 2023, alcanzando un 3,6% de disminución de casos”, añade una nota de la Fiscalía.

Casos

El departamento donde se registra una mayor incidencia de casos es Santa Cruz, con 13.073 denuncias por violencia de género. Mientras que, el departamento con menos casos es Pando, con solo 400. La Paz, por su parte, registra 9.342 denuncias de este tipo.

Según el reporte de la Fiscalía, el delito con mayor incidencia es la violencia familiar o doméstica con 28.262 casos, seguido de abuso sexual, con 2.753 casos.

Otros delitos son violación, con un total de 4.314 casos, tomando en cuenta las denuncias de violaciones a menores de edad y adolescentes. 

Asimismo, la Fiscalía señala que, a octubre de 2024, se reportaron 92 casos de tentativa de feminicidio, lo que también representa una reducción en comparación a 2023.

El reporte se socializó en el día Internacional de la No Violencia, por lo que el Ministerio Público reafirmó su compromiso para prevenir y reducir todos los hechos violentos.

Con el objetivo de que los prestatarios en el sistema puedan cumplir sus obligaciones con las entidades financieras, en medio de un contexto coyuntural complicado, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) determinó ampliar los plazos antes de que se inicien acciones legales por incumplimiento de pago y que se realicen reprogramaciones.

“Estamos ampliando el inicio de acciones judiciales para que el prestatario pueda tener más tiempo para buscar una solución (…), adicionalmente esto se podría aumentar en 90 días. Con la nueva normativa, esta segunda opción se está aumentando a 120 días adicionales. Por lo cual, en total, antes de un proceso judicial, las personas cuentan con 240 días para solucionar”, explicó Ivette Espinoza, directora de la Asfi.

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‘Abusos’

Las medidas que toma la autoridad financiera se deben a un descontento de los gremiales y la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), que inclusive advirtieron con medidas de presión por “abusos” del sistema financiero.

En ese sentido, Espinoza explicó que las medidas se tomaron porque, justamente, esos sectores “han sido afectados por situaciones ajenas a ellos”. Hizo referencia a los bloqueos, la crisis ambiental, la crisis cambiara, la especulación, etc.

Por ello, la Asfi considera que no son responsables de incumplir sus obligaciones financieras, por lo que socializaron las medidas este martes.

Reprogramaciones

Espinoza también explicó que se realizarán reprogramaciones en los pagos de créditos que los prestatarios debían cumplir en un determinado momento.

“En las reprogramaciones se pueden incluir periodos de gracia y también pueden incorporar otros mecanismos que mejoren las condiciones de acceso a soluciones ajustadas a las características del crédito y a la situación particular de cada prestatario”, afirmó la directora.

En los casos, según explicó, la reprogramación se realizará de acuerdo a los ingresos de los sujetos y según la situación particular. Por ejemplo, se puede solicitar pagar menos intereses y más capital.

Además, Espinoza recalcó que solicitar la reprogramación no modificará las condiciones iniciales del prestatario. Es decir, se mantiene la calificación inicial.

Antes, por el contrario, solicitar una reprogramación del pago provocaba que la persona baje rangos en su clasificación, siendo visto como alguien de «riesgo» para adquirir un préstamo, lo que le dificultaba acceder a créditos en un futuro.

De acuerdo con la directora de la Asfi, estas medias son “efectivas” y darán respuesta a esos sectores en un “corto plazo”.

La Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) informó este martes que se realizarán las evaluaciones correspondientes para determinar cuántos hogares fueron arrasados por los incendios forestales en el oriente boliviano para que el Gobierno realice la reposición de estas viviendas.

“Estamos haciendo una evaluación con el Ministerio de Defensa para poder ver cuántas viviendas estarían afectadas y, como nos ha instruido el presidente Luis Arce, vamos a reponer esas viviendas”, afirmó José Espejo, director general de la estatal.

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Según explicó Espejo, el Gobierno activó un programa especial de atención de emergencias para atender a los principales dañificados.

Debido a los incendios forestales, Bolivia declaró desastre nacional, debido a que el fuego no cesa, afectando a Pando, Beni y, principalmente, a Santa Cruz.

Espejo afirmó que el presupuesto para la reconstrucción para los hogares está garantizado; las tareas se iniciarán una vez que se haya controlado los incendios.

Debido a que la mayoría de incendios se encuentran en regiones apartadas y en bosques, la afectación a las viviendas podría ser mínima.

Sin embargo, cuando “baje la intensidad de la humareda”, el personal de la Agencia Estatal de Vivienda y del Ministerio de Defensa realizarán la inspección de cuántas casas están en malas condiciones o destruidas.

Por el momento, no hay un número aproximado de viviendas consumidas por las llamas, según el funcionario.

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo saludó la promulgación de la Ley 035, que modifica el sistema de pensiones en beneficio de los jubilados. La entidad financiera aseguró que el incremento de las jubilaciones está garantizado.

“La ley tiene la virtud de que, no solo está viendo la modificación de los límites solidarios, sino que también prevé las fuentes de financiamiento, concretamente, el incremento de los aportes solidarios”, explicó el presidente de la Gestora, Jaime Durán.

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Tal como informó el presidente Luis Arce durante la promulgación de la ley, Durán reiteró que se incrementará el fondo de financiamiento.

En ese sentido, el aporte patronal solidario incrementa a un 3,5%; el aporte solidario minero del empleador sube a 2,3%; y afirmó que también incrementará el aporte nacional de los trabajadores que ganan más de Bs 13.000.

“Lo que tenemos no es solo un incremento en términos de los beneficios a los jubilados, sino también un incremento de las recaudaciones, lo que garantiza la sostenibilidad de las pensiones a futuros”, afirmó.

En criterio del presidente de la Gestora, el sistema de pensiones es “sólido”. Informó que, a la fecha, cuentan con “activos por más de 27 mil millones de dólares”.

Por ello, considera que el incremento, que varía entre Bs 80 hasta Bs 1000, en las pensiones no representará un problema para la entidad financiera.

Según los “cálculos iniciales”, Durán afirmó que 152.000 jubilados serán beneficiados.