El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, garantizó el suministro de combustible en todo el país, informando que hasta abril se tiene programado el arribo de buques a través del puerto de Arica, Chile, además del ingreso de cisternas desde Paraguay, Argentina y Perú. 

“Garantizamos el combustible”, aseguró Dorgathen en una conferencia de prensa, en respuesta a las filas registradas en Santa Cruz debido a la alta demanda de diésel y al bloqueo de caminos en San Julián. 

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Combustible

Según la autoridad, el programa de importación contempla la llegada continua de diésel, gasolina y crudo desde Arica hasta marzo y abril, mientras que la provisión desde los países vecinos se mantiene de forma regular. 

YPFB destacó que, tras dos años de gestiones, la Capitanía del Puerto de Sica Sica en Chile amplió la capacidad operativa de descarga, incrementando el límite de oleaje permitido de 1 a 1,5 metros. Esto permitirá aumentar el tiempo de operaciones de tres a cuatro días al mes a un rango de 10 a 12 días, optimizando la logística de abastecimiento. 

Además, Dorgathen informó que la capacidad de despacho en la terminal de Arica pasó de 70 cisternas por día a un promedio de 125, cubriendo actualmente el 40% de la demanda de diésel y el 50% de gasolina. Se proyecta llegar a 150 cisternas diarias para abastecer el 50% de ambos combustibles. 

Respecto a las protestas en San Julián, el titular de YPFB aclaró que en los últimos 21 días se enviaron más de 1,5 millones de litros de diésel, cantidad cercana al total suministrado en enero de 2024 a San Julián y Cuatro Cañadas, que fue de 1,7 millones de litros. 

“Garantizamos el abastecimiento, pero lamentablemente hay personas inescrupulosas que trafican y realizan contrabando interno del combustible”, lamentó Dorgathen, pidiendo a la población no dejarse llevar por rumores de desabastecimiento difundidos en redes sociales. 

Por ello, el presidente de YPFB afirmó que se reforzará la fiscalización en coordinación con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para evitar irregularidades en la distribución del combustible.

Este miércoles, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, comparó el accionar de los empresarios, productores, industriales y gremiales con el ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), debido a sus advertencias de realizar movilizaciones en rechazo a la disposición confiscatoria.

“Se están alineando al ala radical del MAS, es la misma agenda que ha planteado el evismo. Gremialistas, productores, industriales responden al ala radical del MAS por la coincidencia de los puntos que están planteando en la agenda. Entonces, no le mientan al país, están actuando en forma totalmente política”, señaló en conferencia de prensa.

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Sectores

En el segundo ampliado multisectorial del martes, del que participaron la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Cámara del Transporte del Oriente, Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex). Cámara Nacional de Exportadores (Caneb), Confederación Sindical de Trabajadores y otros, se determinó realizar movilizaciones a partir de febrero si el Gobierno no deroga la disposición adicional séptima del Presupuesto General de Estado (PGE).

La norma autoriza el control y decomiso de productos y mercancías que se acopien con el fin de incrementar su precio. Los sectores rechazan la medida, pues consideran que permitirá un mayor intervencionismo y viola derechos como la propiedad privada.

Silva, por su parte, reiteró que en estos momentos “prima un factor político”, debido a la proximidad de las elecciones generales, en las cuales, en su criterio, varios de los dirigentes de estos sectores aspirarán a un cargo político.

Silva

Sin embargo, el Gobierno continuará con las invitaciones para entablar un diálogo en el que se pueda reglamentar la disposición.

“De todas maneras, estamos convocando a todos los sectores (…), vamos a cursar las notas correspondientes y ojalá que participen (…), de lo contrario, estarían ratificando y corroborando que simplemente es un movimiento político que está buscando desestabilizar al Gobierno”, afirmó el viceministro.

En tanto la reglamentación no se elabore en coordinación de todos los sectores, la disposición se mantiene en pausa.

Este miércoles, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, negó que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) haya incrementado el precio de la arroba de arroz. Lo que sucedió es que entró otro grano al mercado, de mayor calidad, que se vende a un costo superior.

“Lo que ha hecho Emapa es catalogar de acuerdo a la calidad del arroz. Hay una cierta calidad importante de arroz que evidentemente en el mercado cuesta un poco más y eso es lo que se está vendiendo a un precio que ya ha comunicado Emapa oficialmente. Pero el arroz que se vendía normalmente es el arroz ‘kaja’ y se mantiene a 50,50 bolivianos”, explicó la autoridad al ser cuestionado por los periodistas.

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Arroz

La aclaración surge tras las declaraciones del exgerente regional de Emapa en Cochabamba Manuel Mamani, quien informó el incremento de la arroba de arroz a Bs 70 en las sucursales de la estatal.

Huanca, por su parte, reiteró que se trata de un “grano especial” que acopió Emapa en los pasados meses y que ahora se pone al mercado, junto con el arroz que cuesta Bs 50,50.

“Hay que tomar consciencia, no simplemente confundir a la población diciendo que Emapa ha subido los precios”, protestó el ministro por la desinformación que se generó respecto al tema, debido a que el grano es un producto de primera necesidad.

Sin embargo, reconoció que en algunas sucursales de la empresa estatal de alimentos solo se comercializa la arroba del producto a Bs 70, debido a la ausencia del arroz ‘kaja’.

“El problema es que hay poca cantidad, pero se está vendiendo. Con la cosecha del mes que viene entendemos que va a haber mayor producción y con eso vamos a seguir abasteciendo”, afirmó.

A partir de febrero se espera que Emapa acopie 80.000 toneladas de la última cosecha de arroz, lo que le permitirá abastecer la demanda interna. Además, el Gobierno realiza la importación de 1.500 toneladas del grano de manera diaria.

El objetivo es regular los precios y permitir que la población acceda al producto a un costo económico.

La Cámara de Diputados convocó a sesión este jueves para tratar dos proyectos de créditos de financiamiento externo por un monto que alcanza los $us 400 millones. De acuerdo con el presidente esa instancia legislativa, Omar Yujra, se trata de un proyecto para atender fenómenos climáticos y otro para un programa de riego.

El presidente de la Cámara Baja explicó que uno de los créditos permite el préstamo de hasta $us 250 millones provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a financiar el proyecto Contingente para Emergencias por Desastres Naturales y de Salud Pública.

“Es para el tema de los efectos del cambio climático, como las lluvias, las riadas. Estamos viendo cómo la crisis climática ha afectado a Quime, Luribay, aquí en el departamento de La Paz, también en la zona Sur y en varias partes del territorio boliviano. Así que creo que este crédito es muy importante”, señaló Yujra.

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Créditos

Además, el crédito también servirá para cubrir otros desastres climáticos, como sequías, incendios e inclusive un posible terremoto que podría presentarse.

El otro proyecto que se tratará el jueves es sobre un préstamo de $us 150 millones de parte del Banco Mundial (BM) para apoyar la “Gestión Resiliente del Agua para Riego Familiar y Comunitario”.

De acuerdo con el Gobierno, este crédito beneficiará a 30.000 familias rurales con proyectos de recursos hídricos y de riego en 15 cuencas y 256 municipios de Bolivia. El objetivo es enfrentar los impactos del cambio climático y potenciar su productividad mediante un mejor uso del agua para riego.

Ambos créditos están pendientes de aprobación desde la gestión pasada y Yujra espera que sus colegas comprendan su importancia.

“Esperemos que los asambleístas comprendan la necesidad y a partir de eso aprobemos estas dos leyes”, señaló el titular de Diputados.

La sesión de este jueves iniciará a las 09.00 con solo los dos proyectos de créditos más la correspondencia en agenda.

Este miércoles, el presidente Luis Arce reconoció que existe una “presión inflacionaria” en los productos de consumo masivo. En su criterio, esto se debe al agio y a la especulación que realizan personas inescrupulosas. Para frenar esa actividad, el Gobierno elaboró “normas legales” que no afectan al sector productivo.

“No buscan castigar al buen empresario, al buen industrial, al productor, al comerciante, no busca confiscar la mercadería de los hermanos gremiales, sino utilizar esta norma contra aquellos que cometan el delito del agio y la especulación y afecten al bolsillo de los bolivianos”, explicó durante su discurso por el Día del Estado Plurinacional.

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Disposición

De esta manera, el Presidente se refirió a la criticada disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), la cual es ampliamente criticada por múltiples sectores.

La norma autoriza el control y decomiso de mercadería, productos y alimentos por parte de las autoridades estatales, lo que genera zozobra, principalmente en el sector productivo y gremial.

Sin embargo, Arce considera que el incremento de precios en los productos de primera necesidad se debe a que durante la pasada gestión algunos sectores aprovecharon la coyuntura para especular con los costos.

“Se ha evidenciado agio, ocultamiento y especulación que daña la economía nacional”, indicó el mandatario.

Por ello, pese a la postura de los industriales, productores, gremiales, empresarios, transportistas y otros sectores, el Presidente considera que se trata de un disposición que protege la economía de la población.

Arce también pidió a estos sectores buscar el diálogo y no “medidas que dañan la economía nacional”, en referencia a las movilizaciones con las que advirtieron si el Gobierno no deroga la norma en los próximos días.

El Gobierno, por su parte, invita a los interesados a participar en la reglamentación de la disposición antes de su entrada en vigencia.