El Gobierno reafirmó su predisposición para entablar un diálogo con los sectores que cuestionan la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) relacionada con los decomisos de productos. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, aseguró que se mantiene abierta la convocatoria para explicar los objetivos de la normativa. 

“Una vez más estamos con la predisposición al diálogo, los convocamos para poder explicar cuál es el objetivo, pero tomen en cuenta que se necesita una etapa de reglamentación”, afirmó Alcón. 

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Disposición

Sin embargo, la autoridad no precisó una fecha concreta para la instalación de la mesa de diálogo, aunque mencionó que ya se están desarrollando reuniones con diferentes sectores, como el gremial. 

Alcón evitó referirse a una posible anulación de la disposición, tal como lo exigen empresarios y productores, quienes advirtieron con movilizaciones a partir del 10 de febrero si no se retira la normativa. 

El martes, el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, afirmó que, por el momento, se descarta derogar la norma.

En ese sentido, la viceministra defendió la disposición séptima del PGE, asegurando que su objetivo no es afectar a los comerciantes ni empresarios, sino prevenir la especulación, el agio y el ocultamiento de productos en el mercado. 

“El propósito no es castigar ni confiscar, sino garantizar la seguridad alimentaria y cuidar a las familias bolivianas”, remarcó Alcón, quien insistió en que las medidas de presión podrían generar perjuicios innecesarios. 

Pese a la convocatoria al diálogo, el sector productor, gremial, empresarial, industrial y transportista definió el 10 de febrero como el inicio de movilizaciones y medidas de presión si la disposición no se elimina.

Por su parte, la autoridad reiteró el llamado a los sectores involucrados para participar del diálogo y aclarar cualquier inquietud respecto a la medida, en un marco de apertura y transparencia.

Luego de que el presidente Luis Arce emitiera su discurso en conmemoración por los 16 años del Estado Plurinacional, algunos analistas y opositores cuestionaron la brevedad del mensaje presidencial, donde también se omitió el tema económico y las soluciones y respuestas que se esperaba del mandatario.

“Se sigue buscando responsabilizar al crédito externo, que no ha sido aprobado, más de 1.600 millones de dólares. En ese contexto, creo que representa apenas el 3% del Producto Interno Bruto (PIB), no es una cifra que nos va a sacar de la crisis”, señaló el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero.

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Discurso

De acuerdo con el economista, del total del discurso de Arce, “solo el 5%” se concentró en aspectos económicos.

Sin contar los saludos y agradecimientos, el mensaje presidencial tuvo una duración de aproximadamente 17 minutos, que se concentraron en un pedido de unidad al Movimiento Al Socialismo (MAS) para “blindar” el proceso de cambio en un año electoral, en el que “los peligros están al acecho”.

Por su parte, la expresidenta de la Cámara de Senadores, la evista Adriana Salvatierra, afirmó que el mensaje fue breve porque, en su criterio, el Gobierno no tiene muchos logros que mostrar.

Soluciones

“Es un discurso breve porque no hay muchos logros que informar. Hoy nos encontramos con que los indicadores macroeconómicos y sociales no acompañan la gestión presidencial”, criticó en entrevista con Red Uno.

La exsenadora cuestionó que el Presidente no habló sobre cuál será el rol del Gobierno para “contener el avance inflacionario” que tanto preocupa al país; sino que deriva a la Asamblea la aprobación de créditos como solución.

“Necesitamos escuchar una planificación estratégica para contener, en el último año de gestión, la crisis que se viene y amenaza a las familias bolivianas”, añadió.

El líder de Creemos y detenido en Chonchocoro, Luis Fernando Camacho, también cuestionó el discurso.

“El presidente Arce sigue negando la realidad crítica que vive el país. Su discurso es una muestra clara de que no tiene ni la voluntad ni la capacidad de sacar a Bolivia de la crisis económica, social y política en la que se encuentra”, fustigó en sus redes sociales.

En tanto, los ministros de Estado destacaron el mensaje presidencial, pues consideran que se enfocó en temas como fortalecer la democracia y buscar un pacto social para celebrar el Bicentenario en paz y unidad.

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, garantizó el suministro de combustible en todo el país, informando que hasta abril se tiene programado el arribo de buques a través del puerto de Arica, Chile, además del ingreso de cisternas desde Paraguay, Argentina y Perú. 

“Garantizamos el combustible”, aseguró Dorgathen en una conferencia de prensa, en respuesta a las filas registradas en Santa Cruz debido a la alta demanda de diésel y al bloqueo de caminos en San Julián. 

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Combustible

Según la autoridad, el programa de importación contempla la llegada continua de diésel, gasolina y crudo desde Arica hasta marzo y abril, mientras que la provisión desde los países vecinos se mantiene de forma regular. 

YPFB destacó que, tras dos años de gestiones, la Capitanía del Puerto de Sica Sica en Chile amplió la capacidad operativa de descarga, incrementando el límite de oleaje permitido de 1 a 1,5 metros. Esto permitirá aumentar el tiempo de operaciones de tres a cuatro días al mes a un rango de 10 a 12 días, optimizando la logística de abastecimiento. 

Además, Dorgathen informó que la capacidad de despacho en la terminal de Arica pasó de 70 cisternas por día a un promedio de 125, cubriendo actualmente el 40% de la demanda de diésel y el 50% de gasolina. Se proyecta llegar a 150 cisternas diarias para abastecer el 50% de ambos combustibles. 

Respecto a las protestas en San Julián, el titular de YPFB aclaró que en los últimos 21 días se enviaron más de 1,5 millones de litros de diésel, cantidad cercana al total suministrado en enero de 2024 a San Julián y Cuatro Cañadas, que fue de 1,7 millones de litros. 

“Garantizamos el abastecimiento, pero lamentablemente hay personas inescrupulosas que trafican y realizan contrabando interno del combustible”, lamentó Dorgathen, pidiendo a la población no dejarse llevar por rumores de desabastecimiento difundidos en redes sociales. 

Por ello, el presidente de YPFB afirmó que se reforzará la fiscalización en coordinación con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para evitar irregularidades en la distribución del combustible.

Este miércoles, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, comparó el accionar de los empresarios, productores, industriales y gremiales con el ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), debido a sus advertencias de realizar movilizaciones en rechazo a la disposición confiscatoria.

“Se están alineando al ala radical del MAS, es la misma agenda que ha planteado el evismo. Gremialistas, productores, industriales responden al ala radical del MAS por la coincidencia de los puntos que están planteando en la agenda. Entonces, no le mientan al país, están actuando en forma totalmente política”, señaló en conferencia de prensa.

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Sectores

En el segundo ampliado multisectorial del martes, del que participaron la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Cámara del Transporte del Oriente, Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex). Cámara Nacional de Exportadores (Caneb), Confederación Sindical de Trabajadores y otros, se determinó realizar movilizaciones a partir de febrero si el Gobierno no deroga la disposición adicional séptima del Presupuesto General de Estado (PGE).

La norma autoriza el control y decomiso de productos y mercancías que se acopien con el fin de incrementar su precio. Los sectores rechazan la medida, pues consideran que permitirá un mayor intervencionismo y viola derechos como la propiedad privada.

Silva, por su parte, reiteró que en estos momentos “prima un factor político”, debido a la proximidad de las elecciones generales, en las cuales, en su criterio, varios de los dirigentes de estos sectores aspirarán a un cargo político.

Silva

Sin embargo, el Gobierno continuará con las invitaciones para entablar un diálogo en el que se pueda reglamentar la disposición.

“De todas maneras, estamos convocando a todos los sectores (…), vamos a cursar las notas correspondientes y ojalá que participen (…), de lo contrario, estarían ratificando y corroborando que simplemente es un movimiento político que está buscando desestabilizar al Gobierno”, afirmó el viceministro.

En tanto la reglamentación no se elabore en coordinación de todos los sectores, la disposición se mantiene en pausa.

Este miércoles, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, negó que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) haya incrementado el precio de la arroba de arroz. Lo que sucedió es que entró otro grano al mercado, de mayor calidad, que se vende a un costo superior.

“Lo que ha hecho Emapa es catalogar de acuerdo a la calidad del arroz. Hay una cierta calidad importante de arroz que evidentemente en el mercado cuesta un poco más y eso es lo que se está vendiendo a un precio que ya ha comunicado Emapa oficialmente. Pero el arroz que se vendía normalmente es el arroz ‘kaja’ y se mantiene a 50,50 bolivianos”, explicó la autoridad al ser cuestionado por los periodistas.

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Arroz

La aclaración surge tras las declaraciones del exgerente regional de Emapa en Cochabamba Manuel Mamani, quien informó el incremento de la arroba de arroz a Bs 70 en las sucursales de la estatal.

Huanca, por su parte, reiteró que se trata de un “grano especial” que acopió Emapa en los pasados meses y que ahora se pone al mercado, junto con el arroz que cuesta Bs 50,50.

“Hay que tomar consciencia, no simplemente confundir a la población diciendo que Emapa ha subido los precios”, protestó el ministro por la desinformación que se generó respecto al tema, debido a que el grano es un producto de primera necesidad.

Sin embargo, reconoció que en algunas sucursales de la empresa estatal de alimentos solo se comercializa la arroba del producto a Bs 70, debido a la ausencia del arroz ‘kaja’.

“El problema es que hay poca cantidad, pero se está vendiendo. Con la cosecha del mes que viene entendemos que va a haber mayor producción y con eso vamos a seguir abasteciendo”, afirmó.

A partir de febrero se espera que Emapa acopie 80.000 toneladas de la última cosecha de arroz, lo que le permitirá abastecer la demanda interna. Además, el Gobierno realiza la importación de 1.500 toneladas del grano de manera diaria.

El objetivo es regular los precios y permitir que la población acceda al producto a un costo económico.