Debido al rechazo que genera la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que autoriza el decomiso de mercancías y productos, el Comité de Seguridad Alimentaria se reunió para evaluar qué hacer con la normativa para brindar seguridad y tranquilidad al sector productor.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, consideró que la medida está siendo malinterpretada por los sectores que se consideran afectados.

“Las preocupaciones que tiene el sector industrial empresarial productivo, si bien son legítimas, están muy alejadas de la realidad del objetivo de la disposición que tiene otra connotación, otro alcance, otra finalidad”, sostuvo.

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Disposición

La autoridad reiteró que el objetivo es luchar contra el agio y la especulación, por lo que aquellos que operen dentro del marco legal no deberían preocuparse por que se aplique la disposición.

“Estamos hablando de luchar de forma conjunta, productores, empresarios, industriales, que realizan una actividad importante, porque generan empleos, invierten, pagan impuestos, y por lo tanto hay que proteger a nuestra nacional y hay que luchar contra aquellas personas, organizaciones criminales, que se apropian de su producción”, señaló Silva.

Además, el viceministro afirmó que el Gobierno brindará solución a la preocupación de estos sectores antes de que el tema “se politice”.

En los últimos días, diversas marchas multisectoriales se realizaron a nivel nacional, dándole plazos al Gobierno para derogar la disposición séptima y no aplicarla.

En criterio de Silva, este es un ejemplo de que se intenta confundir a algunos sectores para utilizarlos con fines políticos, en un año electoral.

Por ello, el Gobierno buscará brindar seguridad a los sectores y evaluará qué es lo que se debe hacer con la disposición.

La semana pasada, Silva propuso que en la reglamentación se aclare explícitamente que la norma no alcanza a los comerciantes minoristas. Asimismo, aclaró que mientras no se tenga un diálogo con todos los sectores involucrados, la disposición no entrará en vigencia.

Ante las protestas de los trabajadores de La Paz Limpia por supuestos retrasos salariales de tres meses, la Alcaldía de La Paz aclaró que no mantiene ninguna deuda con la empresa y que cumple rigurosamente con el cronograma de pagos. 

El secretario municipal de Gestión Ambiental, Juan Pablo Saavedra, informó que desde la firma del contrato en 2016, la Alcaldía ha respetado los términos de pago acordados.

“El Gobierno Municipal de La Paz no tiene ninguna deuda pendiente con la empresa La Paz Limpia. Por ello, hemos solicitado a los trabajadores que trasladen sus reclamos directamente a la empresa y no afecten a la ciudadanía”, afirmó Saavedra. 

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Alcadía

La autoridad explicó que se presentó documentación a los obreros para demostrar que los pagos se realizan conforme al contrato, el cual establece un plazo de hasta 60 días para el cumplimiento de las obligaciones financieras.

Saavedra detalló que el municipio se encuentra dentro de los plazos estipulados, con un primer pago del 60% correspondiente a noviembre de 2024 ya ejecutado. Los pagos restantes están programados entre el 20 y 22, y el 28 y 30 de cada mes, según el acuerdo entre la Alcaldía y la empresa. 

Sin embargo, los movilizados, que obstaculizaron el paso en la calle Mercado con camiones recoge basura, negaron esta versión y afirmaron que no existe ningún documento que acredite el pago.

Por su parte, Saavedra instó a los trabajadores a canalizar sus demandas a través de los mecanismos internos de La Paz Limpia, evitando afectar a la ciudadanía con medidas de presión. 

Durante la jornada de este miércoles se obsevaron amagues de enfrentamientos entre los movilizados y miembros de la Guardia Municipal.

La Paz Limpia advirtió con suspender el servicio de limpieza urbana a partir del jueves si es que no se realiza el pago de los salarios pendientes.

Con el objetivo de fomentar la importación de combustibles, el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, informó que se promulgó un decreto supremo para realizar modificaciones al Decreto Supremo 5271, que autoriza la comercialización de carburantes importados, para que su duración se amplíe hasta tres años.

“La vigencia de esta normativa era de un año, entonces, ahora con la modificación que se ha hecho se amplía este plazo a tres años con el fin de que ellos (los empresarios) puedan tener el flujo necesario para realizar los diferentes contratos ya sea de almacenamiento con sus proveedores y puedan tener indicadores positivos”, detalló en conferencia de prensa.

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Combustibles

Aparte de esta medida, Gallardo informó de otras acciones para optimizar la importación. Por ejemplo, se ampliaron las instancias que pueden emitir un certificado de autorización para los tanques de almacenamiento de los combustibles importados.

De igual manera, las autorizaciones de compra local antes tenían una vigencia de solo un mes ahora durarán 120 días.

Además, se darán otras facilidades en Sustancias Controladas para que el proceso demore menos de 10 días.

Pese a que la venta de combustibles importados está vigente desde noviembre del año pasado, a la fecha, ninguna empresa o persona recurrió a esta posibilidad.

De acuerdo con analistas y opositores, esto se debe a que los costos de la gasolina y diésel son mayores en el mercado internacional, lo que representaría pérdidas económicas, pues el decreto señala que aquellos que comercialicen combustibles importados no podrán vender carburantes subvencionados.

Otro problema que señalan es el acceso a moneda internacional que dificultaría la compra en el mercado.

Divisas

Al respecto, Gallardo señaló que los interesados en la importación, que son del sector agropecuario y minero principalmente, tienen dólares que provienen de exportaciones.

“Muchos de estos sectores generalmente realizan exportaciones, entonces ellos cuentan con las suficientes divisas para poder ver como una oportunidad de negocios la importación y comercialización de comestibles líquidos”, explicó.

En ese sentido, el ministro reiteró que existe una empresa autorizada para importar 20 millones de litros de carburantes y otras tres se encuentran realizando el proceso de autorización.

La medida que implementó el Gobierno busca generar una mayor oferta de combustibles en el mercado interno como medida de previsión ante posibles periodos de desabastecimiento.

Este miércoles, el Gobierno remitió un nuevo proyecto de crédito a la Asamblea Legislativa para la aprobación de un préstamo de hasta $us 329 millones para la construcción de la planta refinadora de zinc, en Oruro.

“El objeto principal es contribuir al proceso de industrialización y de esta manera ratificamos y demostramos con hechos concretos que estamos cumpliendo con lo que se había anunciado. Son temas muy complejos de negociación”, informó el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui.

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Planta

El montó provendrá de Eximbank de China y el ejecutor será la Empresa Metalúrgica de Vinto. Se prevé que la planta producirá 65.000 toneladas métricas finas de zinc metálico y subproductos.

Desde el punto de vista del impacto sociolaboral, la factoría generará empleos 800 empleos directos durante su construcción y 500 empleos directos permanentes una vez que se haya concluido la obra.

A partir de la aprobación del proyecto en la Asamblea Legislativa, las empresas chinas encargadas de la construcción contarán con un plazo de 34 meses para concluir la planta.

Créditos

De acuerdo con la autoridad, son un total de 16 proyectos que están a la espera de aprobación en la Asamblea Legislativa, por un monto superior a $us 1.600 millones.

“Lamentablemente ha habido tres proyectos de ley que han sido rechazados, principalmente por el evismo (…); y ahora estamos remitiendo nuevamente a la Asamblea para que puedan ser considerados, discutidos con amplitud”, señaló Cusicanqui.

Los proyectos que fueron rechazados y en los que se insistirá son la ampliación de la línea café de Mi Teleférico en La Paz, un programa de administración de tierras para el desarrollo rural sustentable y un proyecto de resiliencia climática. Los tres por una cantidad superior a $us 210.000.

Por ello, Cusicanqui considera que son proyectos que beneficiarán a todo el país, por lo que pidió a la Asamblea aprobar los créditos pendientes y no perjudicar a la población.

El Gobierno aprobó este miércoles un decreto supremo que autoriza la subvención a la producción y comercialización de productos agropecuarios y sus derivados, con el propósito de fortalecer la cadena productiva de alimentos y estabilizar sus precios en el mercado interno. 

«Es el esfuerzo que hacemos como gobierno nacional, subvencionando alimentos con el objeto de mantener los precios justos y no afectar la economía de las familias más necesitadas. Vamos a continuar este año destinando esos recursos eficientemente para que las familias puedan acceder a los alimentos», informó el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, en conferencia de prensa.

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Subvención

La iniciativa será implementada a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), que de forma excepcional subsidiará este año la comercialización de insumos clave como harina, manteca, levadura y azúcar para el sector panificador.

Esta medida se tomó por el acuerdo con los panificadores el martes, quienes se comprometieron a mantener el precio de la unidad de pan a Bs 0,50 durante 2025.

Huanca reiteró que este año los panificadores recibirán 2,5 millones de quintales de harina, 126.000 quintales de azúcar, 144.000 cajas de manteca de 16 kilos y 48.000 cajas de levadura, todo a precio subvencionado.

Además, se subvencionará el arroz para garantizar el abastecimiento interno, el maíz amarillo duro destinado a los productores avícolas y trigo y harina de trigo.

Por ello, también se espera que Emapa pueda acopiar mayores cantidades de estos productos para ofertarlos en sus sucursales a precios más económicos y abastecer al mercado interno. 

«El Gobierno va velar siempre por la economía y el bolsillo de las familias más necestidas en esta coyuntura especial», añadió Huanca, defendiendo la política de subvención que implementa el Órgano Ejecutivo.

Con esta medida, el Gobierno busca garantizar la seguridad con soberanía alimentaria, protegiendo el bienestar de la población boliviana y apoyando a los sectores productivos estratégicos del país.

Además, también se apunta a mitigar el impacto de factores externos en los precios de los alimentos y asegurar el acceso a productos esenciales a costos accesibles.