Boliviana de Aviación (BoA) anunció la implementación de un nuevo programa de incentivos y comisiones para las agencias de viaje con las que tiene contrato de prestación de servicio. La medida, que entró en vigor el 2 de diciembre, busca ofrecer mayores oportunidades de generación de beneficios para las agencias asociadas, según informó la aerolínea a través de un comunicado oficial.

“A partir del 2 de diciembre se ha implementado un nuevo programa de incentivos y comisiones para agencias de viajes asociadas, a fin de que puedan contar con mayores oportunidades de generación de beneficios”, señala el comunicado de BOA, que también precisa que esta política se aplica exclusivamente a las agencias con contrato de servicio y no a otros agentes que realicen trabajo subsidiario de estas empresas.

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BoA

El anuncio se produce luego de que, el lunes, varias agencias de viaje y la Asociación de Guías de Turismo de La Paz denunciaran que BOA había reducido la comisión por la venta de pasajes del 6% al 1%, afectando a los negocios que comercializan los boletos de la aerolínea estatal.

Según la aerolínea, el nuevo esquema de comisiones e incentivos fue previamente informado y socializado con todas las agencias de viajes, tanto las acreditadas por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) como aquellas que no pertenecen a esta organización.

Para los boletos en rutas nacionales, BoA asegura que la comisión otorgada a las agencias de viajes se mantiene sin variaciones. Adicionalmente, se ofrecerán sobrecomisiones como incentivo, que podrán permitir a las agencias alcanzar hasta un 8% de comisión.

En cuanto a los boletos para rutas internacionales, se aplica una comisión base y también se otorgan sobrecomisiones por ventas, con la posibilidad de alcanzar un máximo del 5,5% de comisión. Además, se permite la aplicación de un fee de emisión de servicios para las agencias de viajes, lo que significa que podrán facturar por el servicio y el asesoramiento que ofrezcan a los pasajeros.

BOA también informó que permite la emisión de boletos en bolivianos para las rutas internacionales que se originen en Bolivia. Para los boletos que se originan en otros países, se aplicará la moneda del país de compra o dólares estadounidenses, según corresponda.

Respecto a las acusaciones de monopolio, la empresa estatal señaló que la responsabilidad de permitir el ingreso de otros operadores aéreos al país o la asignación de rutas recae en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), una entidad que tiene la potestad de regular este tipo de actividades.

Tras varias horas de reunión entre autoridades del Gobierno y representantes y propietarios de las industrias oleaginosas, se acordó provisionar de aceite al mercado interno a un precio regulado de Bs 11 la botella de 900 mililitros y Bs 10 el litro de aceite a granel.

“Hemos acordado mediante la firma de un acuerdo, la provisión de aceite al mercado interno. La industria oleaginosa se compromete a continuar y garantizar el abastecimiento de aceite al mercado interno en cantidades suficientes para regularizar el abastecimiento”, leyó el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca.

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Acuerdo

Además, las industrias, según el ministro, se comprometieron a brindar “información adicional de sus compradores”, para identificar a los posibles mayoristas y comerciantes que se estén dedicando al contrabando y a la especulación, encareciendo el costo del aceite.

Otro punto que se acordó es que los viceministerios de Políticas de Industrialización, de Comercio Logística Interna y Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor visitarán las industrias refinadoras para hacer seguimiento del despacho de aceite y verificar si el producto llega a los consumidores en los mercados nacionales.

Uno de los problemas, de acuerdo con el Gobierno, es que el aceite refinado se destina a la exportación o al contrabando, por lo que escasea en algunas ciudades, lo que provoca que su costo se dispare a Bs 20.

De igual manera, los aceiteros y las autoridades anunciaron la conformación de una mesa técnica para realizar seguimiento constante de los subproductos de soya.

Huanca destacó la “voluntad inmediata” de los representantes de las industrias oleaginosas para garantizar el abastecimiento.

Exportaciones

Por su parte, Jorge Amantegui, presidente de la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), señaló que asistieron a la convocatoria porque no tienen “nada que ocultar”, como se había especulado.

Apuntó contra los bloqueos del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) como responsables de un fallo en la logística de distribución y aseguró que en lo próximos días se regularizará el abastecimiento.

El jueves se realizará una nueva reunión para evaluar la regularización del aceite y determinar si corresponde retomar las exportaciones. 

Con el objetivo de controlar el precio en el mercado interno, el Gobierno determinó suspender temporalmente las ventas externas. En caso de que el costo se regule “inmediatamente se levantarán las restricciones que hemos tomado”, indicó el ministro Huanca.

Amantegui añadió que como sector priorizarán el abastecimiento, pues requieren exportar para ingresar divisas que favorecen, en su criterio, a todo el país.

Las Fuerzas Armadas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informaron que este año, desde la instauración del Plan Soberanía en mayo, se logró la incautación de 451.608 litros de combustible de contrabando en todo el país.

El director ejecutivo de la ANH, German Jiménez, explicó que del total incautado la mayor cantidad corresponde al diésel y una menor proporción a la gasolina. Informó que el 90% del diésel decomisado tenía como principal destino el norte de La Paz, donde se realizan actividades mineras ilegales.

En Bolivia, el precio del combustible está subvencionado, por lo que el costo del litro de diésel es de Bs 3,72 y de la gasolina Bs 3,74. Por este motivo, muchas personas intentan sacar los carburantes hacia países vecinos, donde el precio es más elevado.

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Combustible

Además, desde octubre, cuando se realizaron los bloqueos del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), en algunas zonas alejadas el combustible no pudo distribuirse con regularidad, por lo que los contrabandistas llevan el carburante en tanques para venderlo en costos irregulares.

Hasta noviembre, un total de 323 personas fueron aprehendidas por realizar acopio de combustible, cargas irregulares y contrabando. De igual manera, 273 vehículos fueron decomisados.

De acuerdo con Jiménez, “lo más fuerte de este año” fue la incautación de 25 camiones cisternas que trasladaban diésel al norte de La Paz.

Desde entonces, cada camión cisterna que sale de las plantas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es custodiado por efectivos militares hasta que llegue a la estación de servicio.

En total, más de 200 surtidores en el territorio nacional se encuentran bajo supervisión militar para evitar cargas irregulares y desvíos hacia otras actividades.

En cuanto a las garrafas de gas licuado de petróleo (GLP), hasta noviembre de este año se decomisaron 692 también en actividades relacionadas con el contrabando.

La empresa pública Quipus presentó su nueva línea de computadoras ‘gamer’ con especificaciones de última generación, orientadas a ofrecer una experiencia de juego inmersiva y de alto rendimiento.

“Estas poderosas máquinas están equipadas con procesadores Intel Core i5 e i7, tarjetas gráficas de 4 GB y discos duros de 1 terabyte o superiores, garantizando velocidad, capacidad y potencia para los juegos más exigentes”, afirmó Marco Fernández, gerente general de Quipus.

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Computadoras

Además, los nuevos equipos incluyen sistemas de refrigeración líquida para evitar el sobrecalentamiento y cases con diseño moderno, pensados para combinar estilo y funcionalidad.

Para completar la experiencia de los gamers, Quipus también ofrece monitores ‘ultrawide’ de 27, 32 y 40 pulgadas con resoluciones desde Full HD hasta 4K, lo que permite gráficos de alta calidad y nitidez.

“Con esta nueva línea, Quipus reafirma su compromiso de ofrecer tecnología de vanguardia, adaptada a las necesidades de los gamers más apasionados”, destacó Fernández.

Las computadoras ya están disponibles en el punto de venta de Quipus, ubicado en la aveniada Camacho y calle Bueno, edificio Ex Refo, en la ciudad de La Paz, al lado del supermercado de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), donde los usuarios podrán acceder a esta nueva propuesta tecnológica nacional.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, explicó este martes, ante el reciente incremento del precio del pan en Santa Cruz, que la harina no está subvencionada en el departamento cruceño, por lo que el Gobierno no puede regular el precio directamente.

“En Santa Cruz no tenemos la harina subvencionada, por lo tanto, el precio del pan no está regulado (…), es un precio que lo determinan los productores”, aclaró. Otros departamentos donde tampoco se subvenciona la harina es en Beni y en Pando.

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Harina

El lunes, de manera sorpresiva, los panificadores de Santa Cruz comenzaron a cobrar Bs 0,80 por la unidad de pan, cucando el costo regular es de Bs 0,50. El sector argumentó que la falta de harina los obligaba a asumir esa medida, además del encarecimiento del costo de vida.

En otros departamentos, como en La Paz, debido a que la harina es subvencionada por la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), el Gobierno realizó acciones inmediatas contra el alza de precios del pan.

Se cerraron varios hornos y se dejó de subvencionar el producto a aquellos panificadores que incrementaron el costo del pan de batalla. De esta manera, se logró regularizar el precio del pan a Bs 0,50.

Sin embargo, en Santa Cruz no se puede proceder de la misma manera. Por ello, el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor se limitará a realizar controles de calidad en los mercados.

Existen denuncias de que el pan en el departamento cruceño se está elaborando con bromato de potasio, el cual permite un menor uso de harina, pero también resulta dañino y perjudicial para la salud del consumidor.