Tras la denuncia de supuestos cobros e intimidación a funcionarios en la urbe alteña, la Alcaldía de El Alto descartó estas denuncias y anunció acciones legales contra el exsubalcalde Joassi Calamani para que compruebe qué personeros ediles realizan campaña a favor del emergente partido Morena.

“Nosotros vamos a presentar las denuncias formales de acuerdo a lo que corresponde penalmente y él (Calamani) tiene que comprobar y también lo vamos a hacer citar de testigo para que nos diga quiénes son esos funcionarios utilizando chalecos de la institución y todavía nuevitos y si fueran funcionarios yo creo que deberían mostrar su cara”, explicó el secretario municipal de Gestión Institucional, Rury Balladares.

En las últimas horas, circularon en redes sociales videos donde funcionarios ediles con el rostro cubierto denunciaron amedrentamiento desde el Ejecutivo municipal si no cumplen con el pedido de traer 10 personas para que se inscriban al partido Morena.

Lea más: Funcionarios de El Alto denuncian aporte obligatorio y reclutamiento de gente para el partido Morena

Además, denunciaron que se los obliga a aportar Bs 100 y se implementó el descuento del 10% de sus salarios.

“Lo que a mí me preocupa es por qué van tapados, lo que deberían hacer si es que es verdad, es mostrar su cara y presentar su denuncia formalmente”, aseveró Balladares.

El funcionario se cuestionó de “¿cuál es el miedo que tienen, (para) que nazca un partido político (Morena) que integrará a toda Bolivia”.

Adhesión

La autoridad ratificó que invitaron a los funcionarios municipales a adherirse voluntariamente al nuevo proyecto político. “Hay muchos que sí quieren ser parte y otros no. Aquí se respeta la democracia, se respeta si son de un partido político, nosotros no tenemos ningún interés de obligar a la gente”, puntualizó.

También confirmó que a la fecha unas 40.000 personas se sumaron al nuevo proyecto político solo en la ciudad El Alto.

La concejal de E Alto, Wilma Alanoca, formalizó este martes su denuncia en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) contra los candidatos de los tribunales Constitucional y Supremo, Israel Campero y Félix Rojas, respectivamente, por incumplir con la normativa de campaña electoral.

La concejal denunció que ambos postulantes realizaron una campaña orientada a solicitar el voto en la ciudad de El Alto, incumpliendo la normativa y reglamento vigentes de este proceso electoral judicial.

“He presentado la denuncia en el Tribunal Supremo Electoral, fundamentado con los afiches, con toda la propaganda abierta que han hecho en los predios municipales de la alcaldía alteña, como también en el espacio público”, dijo Alanoca.

El domingo 15, más de 7,3 millones habilitados acudirán a las urnas para elegirán a los magistrados y consejeros del Tribunal Agroambiental (TA), del Consejo de la Magistratura (CM) y Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz.

También se elegirán a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí.

Según el Reglamento de Difusión de Méritos del TSE, en su artículo 19, establece que los candidatos no podrán “efectuar directa o indirectamente cualquier forma de campaña o propaganda orientada a solicitar el voto, en medios de comunicación radiales, televisivos, escritos, digitales o espacios públicos”.

La concejal lamentó que dos candidatos que conocen la normativa y quieran ocupar un alto cargo “empiecen tan mal” y transgredan la norma.

Lea más: El miércoles concluye la solicitad para circulación vehicular en el día de las judiciales

Asimismo, cuestionó el trabajo del TSE que no difundió el reglamento de propaganda electoral. “Hoy la gente no conoce los candidatos y no sabe a qué va a ir el 15 de diciembre a votar. Peor aún desconoce este reglamento de qué es infracción y qué deben hacer o no los candidatos”.    

Añadió que los candidatos se aprovecharon de la falta de información y transgredieron la normativa. “Desde mi punto de vista esta es una falta gravísima y espero que el Tribunal Supremo actúe como corresponde e inhabilite a Israel Campero y Félix Rojas”.

La autoridad municipal acusó también de un pacto político con la Alcaldía de El Alto, debido a que se “encontró” su propaganda en subalcaldías de El Alto.

“Eso es un segundo delito, uso indebido de bienes y servicios. Serán investigados servidores públicos y nos digan, quién ha dado la orden para que ellos en horario laboral vayan a ferias a entregar la propaganda”.

El sábado se conoció la inhabilitación de cuatro candidatos al TSJ por los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y Oruro, debido a que seguían ejerciendo funciones como jueces de materia y no renunciaron a su cargo, tal como establece la normativa.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para las elecciones judiciales del 15 de diciembre en Bolivia inició este lunes su trabajo en el país de cara a los comicios del domingo 15 de diciembre.

La misión está compuesta por 17 especialistas y observadores de 10 países. Analizará temas relacionados con organización y tecnología electoral; justicia electoral; judicatura, y participación política de las mujeres.

Durante su trabajo, la misión se reunirá con representantes de gobierno, autoridades electorales nacionales y departamentales, candidaturas a los cuatro órganos judiciales, miembros de la academia y de la sociedad civil, así como líderes políticos, para conocer sobre el proceso electoral en el país.

Lea más: Judiciales: Cochabamba intensifica distribución del material y capacitación de jurados

La misión está encabezada por el exrelator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, Edison Lanza.

El abogado uruguayo ha participado en varias misiones de observación, tanto como relator especial para la Libertad de Expresión y más recientemente como parte de la Misión Independiente de Observación de procesos de selección de altas autoridades de Justicia en Honduras y Perú.

Al término de su observación, la misión presentará un informe preliminar con sus observaciones y recomendaciones de cara al fortalecimiento de los procesos electorales en Bolivia.

Esta es la tercera elección de Autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional observada por la OEA, y la vigésima segunda elección que la Organización observa en Bolivia.

El miércoles concluye las solicitudes de autorización de circulación vehicular para la jornada de votación del domingo 15 de las elecciones judiciales. La Policía, los bomberos, las ambulancias y los vehículos de la prensa, entre otros, no necesitarán de ningún permiso.

El trámite puede realizarse en la plataforma virtual del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), disponible en: https://plataformaciudadanos.oep.org.bo o en los Tribunales Electorales Departamentales.

De acuerdo con el Reglamento del Tribunal Supremo Electoral, las solicitudes deben cumplir los siguientes requisitos: nota de justificación de la solicitud, debidamente firmada y en formato digital; fotocopias de RUAT del vehículo, en formato digital; fotocopia de licencia de conducir vigente del conductor en formato digital.

Los permisos que cumplan con los requisitos serán entregados en oficinas del Tribunal Supremo Electoral del ámbito nacional y Tribunales Electorales Departamentales, a partir del jueves 12 al sábado 14 de diciembre, en horarios de oficina.

El TSE entregará, exclusivamente los permisos de circulación vehicular a los órganos Legislativa, Ejecutivo, Judicial, Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), organizaciones políticas con personalidad jurídica, instituciones públicas de carácter nacional, embajadas, organismos internacionales y misiones de observación electoral nacional e internacionales.

En el caso de Santa Cruz, el Tribunal Electoral Departamental de aquella región entregará los permisos en la Fexpocruz, en los pabellones 8 y 9 (Av. Roca y Coronado 3er. Anillo externo), entre el jueves 12 y el sábado 14 de diciembre, de 08:30 a 16:30 horas.

En ente electoral regional entregará los permisos de circulación vehicular a las siguientes entidades a las instituciones públicas de carácter departamental y municipal.

Lea más: Judiciales: Cochabamba intensifica distribución del material y capacitación de jurados

Además de las organizaciones políticas con personalidad jurídica vigente de alcance departamental y municipal, excepto en procesos de elección de autoridades judiciales y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Empresas privadas de seguridad, telecomunicaciones, turismo, hotelería, transporte de pasajeros, funerarias, servicios y otras.

El domingo 15, más de 7,3 millones habilitados acudirán a las urnas para elegirán a los magistrados y consejeros del Tribunal Agroambiental (TA), del Consejo de la Magistratura (CM) y Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz.

También se elegirán a los magistrados del TCP en los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí.

A través de una sentencia constitucional, el TCP determinó la realización de las elecciones judiciales de manera parcial.

Marcelo Galván, abogado del expresidente Evo Morales, señaló este lunes que hasta el momento no fueron notificados con el proceso de terrorismo contra el líder cocalero por los 24 días del bloqueo de caminos.

“Continuamos como estábamos, un proceso donde no hay víctimas y el Ministerio de Gobierno está persiguiendo a la víctima para que se presente, lo cual no va a pasar porque no hay víctima y todo sigue en statu quo”, indicó el jurista.

La semana pasada, el fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez, informó del proceso de terrorismo contra el expresidente, mismo que fue remitido por la Fiscalía de Cochabamba.

“Nos ha llegado un proceso por remisión, exclusivamente de Cochabamba (…), se está investigando un presunto hecho de terrorismo”, informó Torrez, entonces.

Sustento jurídico

En criterio de la defensa de Morales, “supuestamente” se mandó un proceso por el caso terrorismo a La Paz, pero este no tiene un “sustento jurídico”; debido a que no se puede hacer una persecución a derechos sindicales.

Lea más: Derivan proceso por terrorismo contra Morales y otros a La Paz

“No tenemos una notificación oficial, pero si es un tema de los bloqueos, es una persecución y hacemos la denuncia ante los organismos internacionales. Es una persecución a los derechos sindicales de los movimientos indígenas”, indicó Galván.

Bloqueo

Entre finales de octubre e inicios de noviembre, la localidad de Parotani; Cochabamba, se convirtió en el epicentro de enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los seguidores de Morales tras el bloqueo persistente de 24 días.

Entonces, sectores afines a Morales cortaron la normal circulación del paso vehicular hacia el occidente del país, que provocó millonarias pérdidas.

Debido este hecho, el Gobierno detuvo a los dirigentes Humberto Claros y Ramiro Cucho, por liderar los bloques. Ambos tienen detención preventiva y son acusados por los delitos de terrorismo y otros.

Además de Claros y Cucho, el dirigente campesino Ponciano Santos, de la evista Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), y el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana están siendo buscados y son requeridos por la Justicia.