El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, respaldó la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), argumentando que su propósito principal es proteger al sector productivo nacional, luchar contra el contrabando, que afecta gravemente a la economía del país, y la especulación que perjudica a la economía de la población.

“La medida busca brindar seguridad jurídica a los productores bolivianos y asegurar que la población acceda a productos nacionales a precios justos. También apunta a frenar a organizaciones criminales que almacenan grandes cantidades de productos para luego sacarlos del país de manera ilegal”, explicó Silva en entrevista con Unitel.

Puede leer: Producción de urea en Bolivia rompe récord y crece un 51% en 2024

Disposición

La disposición, cuestionada por sectores como los gremialistas, productores, industriales y transportistas autoriza a las entidades competentes a ejecutar acciones de control, fiscalización, confiscación y decomiso de productos a comerciantes que almacenen, retengan productos con el objetivo de incrementar su costo.

Por ello, Silva aclaró que la norma no está dirigida a los comerciantes que realizan actividades legales, sino exclusivamente a quienes acaparan productos con fines de contrabando y especulación.

“Esta disposición no afecta a los comerciantes minoristas ni a quienes mantienen stock para abastecer el mercado interno. Está orientada a quienes almacenan productos para elevar precios o sacarlos ilegalmente del país”, enfatizó.

Gobierno

El viceministro reveló que durante operativos se detectaron viviendas en zonas fronterizas repletas de productos destinados al contrabando.

“Necesitamos un respaldo legal para realizar controles y ejecutar comisos contra estas organizaciones criminales que afectan el mercado interno”, sostuvo.

Los sectores que muestran su rechazo a la disposición consideran que la norma vulnera sus derechos y temen posibles abusos en los controles. Sin embargo, Silva insistió en que la norma busca proteger la economía nacional y el acceso de la población a productos esenciales.

Al no existir una normativa vigente para frenar la especulación, el Gobierno considera que la medida permitirá garantizar el abastecimiento de ciertos productos de primera necesidad a un precio justo.

Este martes, tras una reunión entre viceministros de Estado y representantes de la Asociación de Ingenios Arroceros del Norte (Ingenor), el Gobierno se comprometió a no realizar más intervenciones al sector, siempre y cuando éstos mantengan la producción a precios justos y no especulen con el arroz.

“Ya no va a haber más intervenciones, siempre y cuando ellos se comprometan a hacer su trabajo de manera normal y regular y que se atienda la necesidad que es el arroz para nuestra población”, afirmó el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo.

Puede leer: Gremiales de El Alto bajan a La Paz y demandan al Gobierno solucionar la crisis económica

Arroceros

Al concluir la reunión, el viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, destacó que se demostró que puede existir un trabajo coordinado entre el sector público y el sector privado.

Por su parte, Jimmy Prado, presidente de Ingenor, señaló que la principal demanda del sector era la seguridad jurídica, luego de que a fines del año pasado el Gobierno interviniera en algunos ingenios para decomisar arroz.

Desde entonces, los arroceros manifestaron su malestar, debido a que consideraban que las autoridades estatales controlaban en exceso su producto.

“La seguridad jurídica en el país está garantizada”, reiteró Siles y tranquilizó al sector.

Otro de los acuerdos de la reunión fue la realización de las ferias “del campo a la olla”, donde los productores podrán vender directamente su producto en las ciudades capitales, sin atravesar por los intermediarios que tienden a incrementar los precios.

Asimismo, el viceministro Siles señaló que el diálogo con los arroceros será constante y se prevé que la próxima semana se realice otra reunión para evaluar el tema de la producción de arroz prevista para 2025 y sus respectivos costos.  

Además, la autoridad reiteró que a partir de marzo de este año se implementarán las guías de movimiento, que, en su criterio, permitirán un mejor control sobre el arroz y evitar que se desvíe por medio del contrabando.

La ciudad de La Paz ha sido duramente golpeada por siete días consecutivos de intensas lluvias, lo que obligó a las autoridades municipales a atender un total de 523 emergencias relacionadas con inundaciones, problemas de drenaje pluvial y desagües en diversas zonas de la ciudad, según la Alcaldía.

El secretario municipal de Infraestructura Pública, Guilherme Tortato, informó que la mayoría de las denuncias fueron canalizadas a través de la línea de emergencia 114, principalmente por filtraciones en viviendas y fallas en los sistemas de desagüe de techos y patios.

“Las propiedades afectadas han recibido asistencia inmediata por parte del personal del municipio, lo que permitió a los propietarios comenzar con los trabajos de reparación”, indicó.

Puede leer: Sedes reporta incremento de casos de fasciolosis en áreas rurales de La Paz

Lluvias

Entre los incidentes más complejos, se registraron tres sifonamientos en la avenida Costanera. Sin embargo, la rápida acción de los equipos municipales permitió habilitar los carriles afectados, restableciendo la circulación vehicular.

El balance de emergencias atendidas detalla que la Secretaría Municipal de Gestión de Riesgos y Vulnerabilidad respondió a 157 casos, mientras que la Secretaría Municipal de Infraestructura Pública gestionó 325 reportes. Los 41 casos restantes fueron diversos incidentes en distintas áreas.

La distribución de las emergencias evidencia que la zona Sur fue la más afectada, con 218 incidentes. Le siguen Cotahuma con 110 casos, la zona periférica con 56, San Antonio con 42, el centro con 32, Max Paredes con 46, Hanpaturi con 7 y Mallasa con 10 emergencias reportadas.

Las autoridades municipales continúan implementando medidas de prevención y respuesta rápida para mitigar los efectos de las lluvias. Además, destacaron la importancia de la colaboración ciudadana para reportar de forma oportuna cualquier problema relacionado con el sistema de drenaje y desagüe.

“La atención inmediata y la denuncia oportuna son claves para prevenir mayores daños en la infraestructura y las viviendas”, señaló Tortato.

Se prevé que la temporada de lluvias continúe hasta el mes de marzo, aunque el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó que esta semana los cielos estarán despejados en La Paz.

Este martes, un sector de gremiales y comerciantes de la ciudad de El Alto llegaron a La Paz para expresar su rechazo a la disposición ‘confiscatoria’ del Presupuesto General del Estado (PGE) y para exigir soluciones del Gobierno a la crisis económica que atraviesa el país.

“El Gobierno nacional debe atender con prontitud las peticiones del pueblo boliviano respecto al alza de la canasta familiar y otros productos, como material de construcción, material escolar, gasolina, diésel y escasez del dólar”, leyó el secretario de la Federación Única de Comerciantes del Sur de El Alto, Pedro Paco.

Puede leer: Gobierno califica al paro de panificadores como un ‘castigo’ a la población

Gobierno

Otros de los pedidos son la destitución del viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, y que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) “congele las deudas de la familia gremial”.

Por parte del Gobierno, el ministro de Trabajo, Erland Rodríguez, fue el encargado de recibir el pliego petitorio del sector.

“El hermano Paco está esperando que el pliego se responda en 24 horas, vamos a presentar al presidente Luis Arce para darnos el tiempo correspondiente porque hay algunos puntos que tal vez necesiten un poco más de tiempo”, afirmó la autoridad.

El ministro destacó que se debe buscar el diálogo y tratar de construir un mejor país, por lo que aseguró que las respuestas al sector se darán en su debido momento.

Gremiales

Los gremiales también exigieron al Gobierno aplicar una política de austeridad en este periodo de crisis económica, para reducir los sueldos de los funcionarios públicos y los gastos ministeriales.

En apenas dos días esta fue la segunda medida de presión del sector gremial, el cual también se movilizó el lunes en rechazo a la disposición ‘confiscatoria del PGE’.

Sin embargo, el Gobierno no retrocede en la medida y sostiene que les permitirá controlar mejor el contrabando y la especulación.

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) del departamento de La Paz reportó un incremento de casos de fasciolosis, una enfermedad parasitaria que afecta principalmente a algunos municipios del área rural.

“Durante la gestión 2024 hemos realizado investigaciones y los reportes nos mandan que hemos encontrado fasciolosis en otras comunidades en las que no se había reportado hace más de 10 años”, informó Javier Mamani, jefe de la Unidad Epidemiología e Investigación.

Puede leer: Transportistas de La Paz aceptan plazo de la Alcaldía para estudio de costos

Fasciolosis

Mamani explicó que en 2024 no se realizó la campaña de desparasitación en todo el departamento de La Paz, lo que significó un retroceso en enfermedades parasitarias.

Por ello, se registraron 58 casos en 2024, un número que no se presentaba hace casi 20 años. Además, los pacientes se encontraron en zonas atípicas del parásito.  

“Hemos encontrado como nuevos municipios endémicos que van a ingresar en esta gestión van a ser Humanata, que nunca hemos pensado que puede existir fasciolosis humana, el municipio de Corocoro, que es una zona camélida. Asimismo, hemos encontrado casos en el municipio de Santiago de Huata”, Erasmo Cordero, responsable departamental del Programa de Zoonosis.

Hasta entonces, los municipios donde se presentaba la fasciola humana eran Batallas, Pucarani y Tiwanaku, pero ahora la enfermedad se propagó.

Cordero detalló que el parásito se presenta principalmente en niños, pero también se observó a personas mayores infectadas.

“Los síntomas son fiebre, náuseas, dolor abdominal, dolor de barriga intenso, piel amarillenta, decaimiento en los niños, incluso pueden presentar una hemorragia digestiva”, detalló y añadió que el parásito se sitúa en el hígado, por lo que puede ser una enfermedad mortal si no se trata en el debido momento.

Sedes

Asimismo, el trabajador del Sedes señaló que el consumo de alimentos sin lavar o sin hervir es lo que puede causar que una persona se infecte.

“Es una enfermedad parasitaria que hoy en día la gente se está contagiando de esta enfermedad por el consumo de este parásito a través de lechugas mal lavadas”, afirmó.

Por ello, pidió a la población lavar bien sus alimentos antes de consumirlos.

Además, adelantó que para marzo se tiene prevista una campaña de desparasitación para controlar nuevamente la enfermedad a través de tabletas gratuitas.