El expresidente Evo Morales se sumó a los cuestionamientos al Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) para la gestión 2025, cuya disposición adicional séptima autoriza el comiso y confiscación de los productos alimenticios almacenados por los productores.

“Este es un desincentivo más que, sumado a la libre importación, destruirá nuestro aparato productivo nacional, empobrecerá a las familias y profundizará la crisis. Pedimos a nuestros asambleístas patriotas que debatan la ley y rechacen este tipo de disposiciones”, protestó en sus redes sociales.

Puede leer: Gobierno remite oficialmente a la Asamblea el segundo contrato para la industrialización del litio

Disposición

De esta manera, Morales se suma a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara Nacional de Industrias (CNI), el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), entre otros que criticaron al artículo del Presupuesto.

El expresidente se definió a sí mismo como “productor” y detalló las dificultades que atraviesa el sector.

“Soy productor y testigo de las dificultades que enfrentamos: encarecimiento de insumos, escasez de combustible, sequías. ¿Cómo después de todo lo que resistimos para garantizar la producción, pueden amenazar con confiscar nuestro trabajo? Con esta medida, ¿quién se va a animar a producir?”, cuestionó el productor de tambaquí.

La disposición criticada por el exmandatario señala: “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

Explicación

El Gobierno explicó que el artículo no es contrario a los productores o comerciantes, sino que pretende combatir el agio y la especulación. En ese sentido, pidió que ayuden en la reglamentación para evitar susceptibilidades.

Morales, por su parte, insistió en que la disposición es “inaceptable e inaplicable” y reiteró los efectos negativos que podría tener para el sector productivo.

De igual manera, pese a la explicación del Gobierno, la CAO y otros sectores continúan rechazando el artículo y piden que se lo elimine del PGE.

Debido a los recientes desastres naturales causados por las lluvias en distintas regiones del país, el presidente Luis Arce anunció el envío inmediato de 3,4 toneladas de ayuda humanitaria al municipio de Villa Tunari, en Cochabamba, que sufrió un deslizamiento el pasado domingo, que dejó como saldo cuatro fallecidos y dos viviendas destruidas.

“Estamos en alerta permanente ante las inundaciones y deslizamientos en el país. Hemos instruido a nuestro Viceministerio de Defensa Civil el envío inmediato de vituallas, alimentos, carpas y kits de equipamiento, además de horas de maquinaria pesada para atender a la población afectada por la mazamorra en el municipio de Villa Tunari”, señaló Arce en sus redes sociales.

Le puede interesar leer: Choferes toman sede por ‘inacción de dirigentes’ y son gasificados por la Policía

Deslizamiento

La ayuda incluye equipos básicos para las familias afectadas, mientras que las maquinarias se utilizan para la limpieza y recuperación de las zonas impactadas.

Debido al deslizamiento, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que la carretera quedó intransitable mientras se realizan las acciones correspondientes.

Según el mandatario, el Gobierno “seguirá extremando esfuerzos para atender a las regiones afectadas por los fenómenos climáticos”.

Cochabamba es una de las áreas más afectadas por las intensas precipitaciones, con deslizamientos e inundaciones que han generado daños significativos en diversas comunidades.

Aparte de Villa Tunari, el municipio de Colcapirhua también sufrió inundaciones, luego de que un río se desbordara el lunes.

De acuerdo con Arce, el envío de ayuda humanitaria forma parte de las acciones inmediatas para garantizar el bienestar de los damnificados.

Defensa Civil permanece movilizada en otras regiones del país que también enfrentan las consecuencias de los eventos climáticos adversos, como inundaciones y pérdidas materiales, en el marco del inicio de la época de lluvias por la cual muchos municipios activaron la alerta naranja.

Finalmente, el Gobierno remitió este miércoles a la Asamblea Legislativa el anteproyecto de ley para aprobar un contrato entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa china Hong Kong CBC, destinado a la construcción de dos plantas de producción de carbonato de litio.

“El día de hoy (miércoles) se ha probado la remisión del anteproyecto de ley mediante el cual la Asamblea va a tratar la suscripción del convenio de contrato entre la empresa YLB con el consorcio Hong Kong CBC respecto a dos plantas de producción de litio”, informó el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, en conferencia de prensa.

Le puede interesar leer: Arce destaca avances en industrialización y diversificación económica

Contrato

El proyecto contempla una inversión de $us 1.030 millones asumidos por el consorcio “bajo riesgo propio”. Una planta tendrá una capacidad de producción de 10.000 toneladas anuales de carbonato de litio, mientras que la segunda alcanzará las 25.000 toneladas.

Gallardo calificó la iniciativa como “un proyecto muy importante, de mucho impacto en lo que es la industrialización de litio”.

Éste es el segundo contrato que el Órgano Ejecutivo envía al Legislativo. El primero, con la empresa rusa Uranium One Group, implica una inversión de $us 975 millones para una planta industrial con capacidad de 4.000 toneladas anuales de carbonato de litio.

Es decir, más de $us 2.000 millones deberán tratarse y aprobarse en la Asamblea, donde los legisladores de oposición y del Movimiento Al Socialismo (MAS) anunciaron que no darán el visto bueno a los contratos.

Por ello, Gallardo instó a los asambleístas “reflexionar” y tratar ambos contratos con urgencia, destacando que estas inversiones son esenciales para potenciar la industrialización del litio y generar recursos significativos para Potosí y el país.

Este miércoles, los transportistas que marchan en El Alto en protesta por el encarecimiento del costo de vida y la falta de combustibles tomaron algunas sedes de la Federación Andina de Choferes, debido a que acusan a los dirigentes de haberse vendido al Gobierno y no defender los derechos del sector por sus intereses políticos.

Los conductores rompieron ventanas, quemaron muebles y documentos, dejando la sede parcialmente destrozada. Asimismo, se reporta que robaron algunos objetos de las instalaciones.

Le puede interesar: El alcalde de Santa Cruz conmina a los micreros a reanudar el servicio

Choferes

Por ello, la Policía Boliviana intervino en el lugar con agentes químicos para dispersar a los manifestantes y custodiar las instalaciones de la federación.

Los conductores de base anunciaron una protesta para este miércoles con el pedido de un incremento en la tarifa nocturna, de Bs 1,50 a Bs 2 en El Alto. Argumentan que el alza de precios de productos de la canasta familiar genera que el costo del pasaje sea insostenible.

Además, el sector atraviesa otras dificultades, como una irregularidad en la distribución de diésel, lo que les impiden operar con normalidad.

Durante la jornada también se registraron enfrentamientos entre los conductores de la federación y otros vehículos particulares que intentaron circular por las rutas de la ciudad. Inclusive, de acuerdo con la Policía, algunos choferes pincharon llantas y agredieron a algunas personas.

Por el momento, dos personas fueron arrestadas por la toma “violenta” de la sede sindical, según el reporte policial.

Pese a la medida de presión, la Alcaldía de El Alto y la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) calificaron como “inviable” el pedido del sector de incrementar la tarifa del sector.

Los choferes, por su parte, advirtieron con radicalizar las medidas de presión en los próximos días.

El presidente Luis Arce reafirmó el compromiso de su Gobierno con la estrategia de industrialización con sustitución de importaciones, destacándola como clave para construir una economía más amplia y diversificada que reduzca la dependencia de productos específicos.

“Desde el primer día de nuestro Gobierno impulsamos esta estrategia integral, que fortalece al sector productivo y fomenta una estructura económica diversificada”, afirmó Arce este miércoles en sus redes sociales.

Le puede interesar leer: Decreto autoriza la construcción del ‘Centro Internacional de Cultura’ en El Alto

Industrialización

Explicó que la iniciativa abarca desde la producción agropecuaria hasta la transformación tecnológica avanzada, incluyendo la industrialización de recursos como hierro, zinc y litio.

El mandatario resaltó que esta estrategia no solo genera valor agregado, sino que también fortalece sectores como la industria química, farmacéutica, y agroindustrial, con enfoque tecnológico.

Además, destacó la ejecución de más de 170 plantas industriales en todo el país, que abarcan desde alimentos balanceados hasta biofertilizantes y biodiésel.

Arce destacó los esfuerzos en programas productivos y la ampliación de cobertura de riego como ejes fundamentales para aumentar la productividad agropecuaria.

“El camino que tomamos es el más difícil, pero es el correcto para garantizar un mejor futuro a nuestras futuras generaciones”, apuntó.

El martes, durante la firma de convenios con empresas internacionales para iniciar trabajos para implementar tecnología y desarrollar la industria del litio, Arce afirmó que su gobierno busca soluciones estructurales y no cortoplacistas, sino que resuelvan de raíz los problemas que atraviesa el país.

Según el jefe de Estado, este enfoque integral busca sentar las bases de una economía sostenible que potencie el valor agregado nacional y asegure oportunidades a largo plazo para Bolivia.