A través de sus redes sociales, el expresidente Evo Morales criticó un presunto incremento en los gastos presidenciales en el Presupuesto General del Estado (PGE) para la gestión 2025 y pidió una “política de austeridad”.

“Hoy es inadmisible que se recorte la Renta Dignidad mientras aumentan los gastos presidenciales. En tiempos de crisis económica, es importante acompañar en todos los sentidos los problemas de las familias bolivianas”, afirmó este martes.

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PGE

De acuerdo con la publicación que compartió Morales, los gastos presidenciales incrementarán en más de Bs 300.000 para la gestión 2025.

El exmandatario cuestionó en reiteradas oportunidades al PGE 2025, especialmente cuando se conoció que se dejará de pagar la Renta Dignidad a los jubilados activos que todavía perciben un salario.

El Gobierno, por su parte, reiteró en varias oportunidades que el Presupuesto para el próximo año es “austero” y beneficiará a toda la población. El PGE fue remitido a la Asamblea Legislativa para su tratamiento correspondiente.

Según Morales, el país atraviesa un momento económico complicado por lo que se debería priorizar una política de austeridad, para reducir el gasto público.

“Es importante, así como a inicios de nuestro gobierno, plantear una política inmediata de austeridad. En nuestra gestión iniciamos con la reducción de salarios a Autoridades Electas y eliminación de gastos reservados”, escribió el expresidente. 

Sin embargo, según el Gobierno, desde la llegada de Luis Arce a la Presidencia en el año 2020, se priorizó la reducción del gasto público.

El ministro de Planificación de Desarrollo, Sergio Cusicanqui, afirmó la anterior semana que gracias a la política de austeridad que instaló el jefe de Estado, el gasto corriente se redujo “cerca al 30%” en cuatro años de gestión.

En una reunión en Santa Cruz entre los ministros del área económica del Gobierno y representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), las autoridades justificaron la importancia de un artículo del Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 que establece la posibilidad de “control, fiscalización y decomiso” de los productos almacenados o retenidos.

“Tenemos que explicar que la función de ese artículo no es estigmatizar a los productores y a los buenos intermediarios, más bien es hacer un control contra aquellos que se dedican a la especulación y a generar zozobra”, explicó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

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Artículo

La disposición en cuestión señala: “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

Sin embargo, esto despertó malestar y rechazo en el sector agropecuario, industrial y gremial, debido a que consideran que permitía al Gobierno intervenciones indiscriminadas en la cadena productiva. Pidieron que la disposición se elimine del PGE y que no entre en ejercicio.

La CAO inclusive calificó a la medida como una “política restrictiva” que tendría como consecuencia la importación de alimentos.

Montenegro, por su parte, reiteró que el artículo únicamente se aplica en casos de agio y especulación, en donde la retención de los productos tenga el objetivo de sacarlos más adelante al mercado con un costo más elevado.

Además, el titular de Economía aclaró que en “ninguna parte” de la disposición se habla de “control social”.

Reglamentación

Respecto a la posibilidad de eliminar el artículo, Montenegro afirmó que esa decisión no depende del Gobierno, debido a que el proyecto ya fue remitido a la Asamblea Legislativa.

“Nosotros no podemos decir que lo vamos a sacar o vamos a mantenerlo (el artículo), lo que estamos diciendo es que hemos venido a explicar; porque ahora ya está en la instancia legislativa”, señaló.

Con las aclaraciones, pidió al sector agropecuario evitar susceptibilidades respecto a la nueva norma que pretende entrar en vigencia el próximo año. Asimismo, invitó a los interesados en participar de la reglamentación, con el fin de generar mayor confianza y transparencia.

La Dirección General de Régimen Penitenciario presentó los panetones artesanales elaborados por internos de los centros Qalauma y Chonchocoro, un producto estrella que estará disponible para las fiestas de fin de año.

“Estamos lanzando nuevamente al mercado nuestro panetón, ayudando de esta manera a los privados de libertad”, indicó este martes Juan Carlos Limpias, director de Régimen Penitenciario.

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Panetones

Limpias explicó que los internos de Qalauma elaboran los panetones bajo estrictas normas higiénicas, mientras que los reos de Chonchocoro confeccionan los envases ecológicos personalizados.

El producto, perfeccionado con una receta italiana exclusiva, logró ganar popularidad no solo por solidaridad, sino por su sabor único y calidad.

“En el centro penitenciario Qalauma, junto a voluntarios italianos, perfeccionaron la receta de este panetón. Antes, este panetón lo compraban por solidaridad, pero ahora es requerido por su calidad y sabor inigualable”, explicó Limpias.

Su precio es de Bs 30 y puede adquirirse en las tiendas de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) o mediante pedidos directos al 76539738 o 73744372, con descuentos para compras al por mayor, según Limpias.

Esta iniciativa forma parte del programa de “cárceles productivas”, que busca la reinserción social efectiva a través del trabajo digno.

El Director de Régimen Penitenciario destacó que este proyecto fomenta la autosostenibilidad de los internos y muestra el potencial transformador de estas actividades.

Los panetones de Qalauma y Chonchocoro no solo ofrecen un sabor excepcional, sino también la oportunidad de contribuir al cambio positivo en la vida de las personas privadas de libertad.

Tras haber realizado la verificación en las plantas de aceite, el Gobierno confirmó que el producto se elabora con regularidad y se distribuye a los mayoristas para que se venda en los mercados nacionales. Por ello, el abastecimiento debería ser normal, por lo que se advirtió con acciones legales contra los “especuladores”.

“Hemos podido corroborar que su producción es normal, que los canales de distribución no se han suspendido (…), entonces alguien le está robando a la población boliviana (…), no les vamos a dejar, esta información la vamos a procesar para iniciar las acciones penales correspondientes”, advirtió el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva.

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Aceite

La autoridad se trasladó a Santa Cruz para verificar que el litro de aceite envasado se comercialice en Bs 11 y Bs 10 el aceite de granel.

Sin embargo, en departamentos como La Paz el costo del producto supera los Bs 17, cuando su costo, en el “peor de los casos” debería ser de Bs 13.

Por ello, el viceministro señaló que hay “una mano negra” que especula con la economía de los bolivianos y especula con el producto. Inclusive, Silva señaló que se oculta el producto para venderlo en precios más elevados.

No obstante, Silva reconoció que los productores de aceite y las industrias oleaginosas tuvieron dificultades por la falta de diésel, pero que su situación se regularizó y el incremento de precios del aceite es injustificable.

Una de las hipótesis del viceministro es que los mayoristas llevan el producto de contrabando a los países vecinos, principalmente a Perú y Brasil, para venderlo a mayores precios.

Explicó que el Gobierno tiene la “lista de los mayoristas”, contra quienes iniciará un proceso de investigación y fiscalización para evitar que continúen beneficiándose a costa de la economía de la población.

Este martes, el Gobierno sostendrá una reunión con el sector para evaluar la situación y garantizar el abastecimiento del aceite hasta final de año.

Durante una firma de convenio con tres empresas extranjeras para iniciar estudios para el aprovechamiento del litio, el presidente Luis Arce afirmó que se trata de uno de los primeros pasos para que el país diversifique su economía y se resuelvan los problemas estructurales que atraviesa.

“Nosotros no queremos hacer tareas de corto plazo que no resuelvan estructuralmente los problemas del país; nosotros apuntamos a resolver los problemas estructuralmente que tiene el país y es esta monoproducción y dependencia de un solo producto”, señaló en el evento.

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Problemas

El mandatario hizo referencia al gas, el cual por muchos años sirvió como la principal fuente de ingresos del país. Sin embargo, en los últimos años su producción disminuyó, lo que se reflejó en una menor ganancia para Bolivia.

Arce reiteró que esto se debió a una nula planificación en la exploración de nuevos pozos, pero también considera que refleja los peligros de depender de un solo recurso. Explicó que el país se vuelve vulnerable de los precios internacionales y de los cambios en el mercado internacional.

Por ello, indicó que el Gobierno pretende diversificar la economía, para que los recursos provengan de distintos recursos estratégicos.

“Cuando hablamos de una Bolivia de base ancha, estamos diciendo que no queremos solo depender del gas”, afirmó.

Con ese fin, Arce mencionó que la industrialización de recursos como el litio, el zinc y el hierro diversificarán los ingresos que percibe el país y se beneficiará a todos los bolivianos.

No obstante, el mandatario considera que estos cambios estructurales son los más complejos y más tiempo requieren; sin embargo, son los que permitirán salidas y soluciones reales a la situación del país.

“Es la tarea que nos va a llevar más tiempo, pero sin duda alguna es el camino correcto”, afirmó.

En un plazo de entre 90 a 120 días se sabrá si el país suscribe un nuevo contrato con otra empresa extranjera para la producción y explotación de litio.