La Cámara de Industria y Comercio (Cainco) de Santa Cruz, señala que el proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, es “una carta blanca para la emisión, endeudamiento y desinstitucionalización”.

Mediante un comunicado, indican que la actual situación económica del país demanda ajustes que respondan de manera efectiva a las necesidades urgentes del país.

“El Proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo a la ALP (Asamblea Legislativa Plurinacional) refleja, una vez más, la decisión irresponsable de continuar con un modelo agotado; y que, además, atenta de manera contundente contra la institucionalidad del país”.

La entidad cruceña considera que el Legislativo debería rechazar el proyecto y le plantea cinco argumentos:

El primero es que se trata de un atentado directo a la estabilidad macroeconómica, pues contempla un déficit fiscal de Bs 35.000 millones; lo que equivale al 9,2% del Producto Interno Bruto (PIB), que “solo puede financiarse por dos alternativas, ambas altamente nocivas”.

La primera-explica-es el financiamiento interno provisto por el Banco Central de Bolivia (BCB) y la Gestora Pública de Pensiones (GPP), «según el presupuesto, por Bs 60.000 millones bajo la línea de endeudamiento interno”.

“Esto implicaría tomar Bs 10.000 millones de los aportes de los trabajadores a las pensiones y otros Bs 50.000 millones como crédito del BCB. En términos sencillos, esto constituye emisión inorgánica, cuya consecuencia directa es mayor inflación”.

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Argumentos

El segundo argumento es la insostenibilidad. La Cainco explica que la segunda forma de financiar el déficit fiscal es mediante endeudamiento externo. “Según el proyecto del PGE, este será de Bs 14.000millones; equivalente a $us 2.000 millones, solo mediante títulos de deuda con el sector privado”.

La entidad reconoce que temporalmente y dentro de límites prudenciales, se puede usar el endeudamiento externo, principalmente para la importación de combustibles, dice que la estrategia del Estado no puede concentrarse “únicamente en el endeudamiento como única fuente de divisas”.

El tercer argumento es la transgresión a la institucionalidad y explica que en “los últimos años, el Ejecutivo ha seguido prácticas nocivas, incorporando artículos específicos en la Ley Financial para dejar sin efecto otras leyes. Un ejemplo de ello ha sido la constante vulneración de la Ley del Banco Central para obtener financiamiento más allá de los límites prudentes”.

El argumento cuarto es la represión y distorsión del mercado. El documento dice que los controles de precios son medidas represivas, distorsionan el mercado e incentivan la creación de mercados negros. Además, dice “son vehículo para la imposición de multas y medidas arbitrarias a las empresas formales”.

Crisis

Según la Cainco si se quiere controlar la inflación las herramientas son las políticas monetaria, fiscal y cambiaria. Además, justifica, el PGE excede sus atribuciones.

El quinto argumento es la desconexión de la realidad nacional y de la crisis y explica que el documento desconoce “la profunda crisis que enfrenta el país desde 2023. En esencia, es una paráfrasis del proyecto de 2024, casi una copia en términos de estructura y fundamentos”.

En los últimos días, varios sectores y actores políticos critican el PGE 2025, tildándolo de centralista y reclaman el gasto público, el déficit fiscal y una disposición sobre el decomiso de productos, la que califican como atentatoria contra las actividades comerciales y la economía.

El proyecto fue entregado a fines de octubre y está en tratamiento en la comisión de Economía de la Cámara de Diputados. En caso de no ser analizado en 90 días por el Legislativo, será aprobado por decreto.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) invierte aproximadamente $us 78,3 millones en la perforación del pozo Iñau-X3D (IÑA-X3D), en Chuquisaca, proyecto en el que se estima un potencial de 1,05 trillones de pies cúbicos (TCF, por sus siglas en inglés) de gas natural.

El monto total de inversión está asociado a la construcción del camino, planchada y la perforación del pozo exploratorio; según un comunicado institucional. El tiempo estimado de las operaciones de perforación es de 330 días.

“Las operaciones de perforación del pozo se iniciaron este martes, lo que permitirá explorar el potencial hidrocarburífero existente en los reservorios de las formaciones Huamampampa; Icla y Santa Rosa. Este proyecto se encuentra en la Cuenca del Subandino Sur y tiene un gran potencial gasífero”; indicó Fernando Arteaga Pinto, gerente nacional de Exploración y Explotación de YPFB.

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La perforación del pozo tiene como meta alcanzar una profundidad de 5.750 metros y el objetivo de investigar el potencial hidrocarburífero de las areniscas devónicas en las formaciones mencionadas.

El pozo Iñau-X3D está ubicado en la provincia Luis Calvo, en el área Iñau, desplegada en la zona tradicional petrolera del país. El prospecto exploratorio está ubicado en el departamento de Chuquisaca; y forma parte del Plan de Reactivación del Upstream (PRU), estrategia de la estatal petrolera que apunta a reponer e incrementar reservas hidrocarburíferas.

El prospecto exploratorio es operado por la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación de YPFB; pero YPFB Andina S.A., empresa subsidiaria de la estatal petrolera, realiza la perforación mediante un servicio integrado.

La devaluación del boliviano frente al dólar atrae a comerciantes, turistas y cuentapropistas de Argentina, que a diario cruzan a la localidad de Bermejo, en Tarija, para realizar compras y llevarse de todo.

Una publicación del diario El Tribuno de Salta da cuenta que solo por Aguas Blancas, ciudad argentina ubicada frente a Bermejo, al menos 2.000 ciudadanos argentinos cruzan a diario la frontera. Los fines de semana, el número sube a 3.000 visitantes.

El tipo de cambio hace que para los argentinos sea atractivo cruzar a Bermejo y Yacuiba para comprar desde comestibles hasta electrodomésticos, según la publicación. Comparando los precios, en Bolivia le sale entre un 40% a 50% más barato.

“La devaluación del peso boliviano en el mercado paralelo, respecto del dólar, incrementó el flujo de comerciantes, cuentapropistas y turistas hacia Bolivia, atraídos por precios favorables para la compra de mercadería”, dice la publicación.

Habla de un mercado del “dólar blue boliviano” que se cotiza en promedio en Bs 11, por lo que los argentinos traen sus dólares a Bolivia y los venden para luego comprar productos.

“Si un argentino paga 1.100 pesos (moneda argentina) para comprar un dólar y luego se cruza a Bolivia y lo vende obtiene 11 bolivianos. Con esa plata puede comprar un menú (almuerzo) con una bebida en cualquier bodegón bermejeño. En Argentina no puede comprar ni un súper pancho con los 1.100 pesos, pero en Bolivia se come un abundante almuerzo”, dice la publicación.

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Argentinos

Los medios de prensa de ese país recuerdan que hasta hace unos años la situación era a la inversa. Los bolivianos cruzaban la frontera en busca de productos de ese país para ingresarlos de contrabando. La situación cambió y está obligando a que la venta en muchos comercios del norte argentino esté cayendo.

Asimismo, se reporta que Bermejo tiene montada una línea de mayoristas que comercializa todo tipo de alimentos no perecederos. Desde aceitas, arroz, fideos y enlatados.

También tiene un gran sector dedicado a la venta de textiles, indumentarias y calzados. El otro fuerte es la venta de repuestos de vehículos y de cubiertas para todos vehículos.

Completan el panorama una gran oferta gastronómica y hotelera por lo que muchos prefieren quedarse unos días en Bermejo.

Entre Aguas Blancas y Bermejo, para transitar de un lado a otro, se emplean chalanas y gomones. Estas últimas son embarcaciones construidas a partir de cámaras de camión unidas entre sí.

Al respecto, la Cámara de Comercio de la localidad de Orán (norte de Argentina) reclamó por la inundación de electrodomésticos que llegan desde Bermejo, señalan que se ven perjudicados.

“Es imposible competir con Bolivia”, afirmó Ariel Zablouk, titular de la Cámara, quien indicó que sus ventas bajaron considerablemente.

“En Bolivia ofrecen productos a mitad de precio y, ahora, hasta lo hacen en cuotas sin interés”, añadió según Fides Bermejo.

Zablouk pide a las autoridades argentinas que refuercen el control para frenar el contrabando y así mismo exigen nuevas medidas impositivas para evitar que los productos argentinos paguen altos impuestos.

Este miércoles, la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados debía iniciar el tratamiento del Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Sin embargo, la sesión entró en un cuarto intermedio hasta el viernes, debido a la ausencia del ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

“Dio inicio la primera sesión ordinaria para tratar el Proyecto de Ley N°003/2024-2025, del PGE 2025. La sesión entró en cuarto intermedio hasta el viernes a las 8.00 a.m.”, señala un comunicado de la Cámara de Diputados.

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PGE

El diputado Miguel Roca, de Comunidad Ciudadana (CC), informó en sus redes sociales que los legisladores de oposición reclamaron la ausencia de Montenegro, por lo que se suspendió la sesión hasta el viernes.

En ese sentido, el asambleísta advirtió el tema de los plazos, pues la Asamblea Legislativa tiene hasta el 31 de diciembre para tratar el PGE.

El proyecto debe ser aprobado en Diputados para remitirse a la Cámara de Senadores, que deberá ratificar el visto bueno para que se promulgue por el Órgano Ejecutivo.

Sin embargo, algunos legisladores de la Cámara Alta que el tiempo no les permitirá analizar a profundidad el PGE, por lo que anunciaron que podrían rechazarlo.

“Eso nos rebaja de siete a cinco días hábiles el plazo disponible para la Asamblea. ¿Decretazo a la vista?”, cuestionó Roca.

La Constitución Política del Estado señala en su artículo 158 que la Asamblea tiene la potestad de aprobar el PGE, pero de no hacerlo indica que “cumpliéndose los plazos establecidos” de 60 días, el Presupuesto “se dará por aprobado”.

En ese caso, podría repetirse la misma figura legal del PGE de la presente gestión, pues en 2023, debido a la falta de consenso entre diputados y senadores, el PGE 2024 se dio por aprobado y comenzó a regir desde el 1 de enero de este año.

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) expresó su preocupación por el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, destacando que mantiene una política de expansión del gasto público con un incremento del 11,7% respecto al año anterior.

La entidad empresarial exhortó al Gobierno a adoptar medidas de austeridad ante la difícil coyuntura económica que enfrenta el país.

Según la CNC, el déficit proyectado en el PGE del 9,2% del Producto Interno Bruto (PIB) marcará el octavo año consecutivo con déficits fiscales superiores al 7%, lo que, en su criterio, agrava problemas como la escasez de divisas, combustibles y el encarecimiento de productos básicos.

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CNC

También alertaron sobre el impacto del creciente endeudamiento público, incluido el uso de garantías estatales como las reservas de oro del Banco Central de Bolivia (BCB).

El PGE establece que el BCB puede poner las Reservas Internacionales Netas (RIN) como garantía para acceder a bonos soberanos por hasta $us 3.000 millones.

Asimismo, al igual que la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y otros sectores, la CNC rechaza la disposición adicional séptima del PGE.

“La disposición adicional séptima es atentatoria contra las actividades comerciales y la economía del pueblo boliviano. Los precios deben regirse por el mercado y no establecerse a criterio de algún funcionario público”, afirmó la CNC, en referencia a las medidas de control, fiscalización y decomiso de productos para evitar alzas de precios en alimentos.

Control

La institución enfatizó que los controles de precios históricamente han fracasado, generando desabastecimiento y pérdidas para productores y comercializadores.

Asimismo, rechazaron la obligación de declarar información sobre producción y comercialización de alimentos, calificándola como una intromisión en las actividades privadas.

No obstante, destacaron aspectos positivos del PGE 2025, como incentivos a la inversión privada, exenciones impositivas para bienes de capital y facilidades de pago en deudas tributarias.

“Estas medidas fomentan la actividad económica y privada, pero deben ser acompañadas de un enfoque fiscal responsable”, añadió la CNC.

El PGE 2025 ya se encuentra siendo revisado por la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados. La Asamblea Legislativa tiene hasta el 31 de diciembre para tratar el proyecto.