En el marco de la presentación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, el manejo de la deuda pública y la emisión de bonos soberanos con una posible tasa de interés del 30%, que pone en duda su sostenibilidad, ha generado intensos debates entre economistas y políticos.

El economista Alberto Bonadona cuestionó la viabilidad de esta medida, calificándola de “descontrol fiscal” y destacando los riesgos asociados con un endeudamiento agresivo en el marco de una economía en crisis.

Durante una participación en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Bonadona aseguró que, aunque la deuda como herramienta no es negativa, el problema radica en la falta de planificación clara y en los elevados costos que podría implicar.

“Una tasa de interés del 30% es un precio demasiado alto para un país con las actuales condiciones de riesgo país. Esto encarece cualquier emisión de bonos soberanos y pone en duda su sostenibilidad”, explicó.

En la transmisión, Bonadona y Omar Velasco discutieron la posibilidad de que Bolivia deba emitir bonos soberanos con tasas de interés elevadas, potencialmente alrededor del 30%. Este porcentaje resulta de sumar la tasa libre de riesgo de los bonos del Tesoro de Estados Unidos (aproximadamente 5%) y el riesgo país de Bolivia, que se traduce en un 19%, más una prima adicional que los inversionistas exigirían, estimada en un 6%.

Esta combinación llevaría la tasa total al 30%, reflejando la percepción de alto riesgo asociado a la economía boliviana en los mercados internacionales.

Velasco argumentó que, aunque la tasa resultante de esta suma sería del 24% sin tomar en cuenta la prima; no obstante, es probable que los inversionistas demanden una prima adicional.

Por otro lado, Velasco y Daniel Flores coincidieron en que endeudarse puede ser necesario, pero debe hacerse de forma estratégica. Velasco sugirió explorar alternativas financieras como bonos colateralizados o temáticos para reducir los costos de interés, mientras que Flores señaló la necesidad de un plan económico integral.

“El endeudamiento debe alinearse con objetivos claros que estabilicen la economía. Sin estas medidas, la factura recaerá en la próxima administración y en la población”, afirmó Flores.

Bonadona advirtió además sobre el impacto de la inflación en la deuda interna, señalando que esta estrategia podría “licuar la deuda”, es decir, reducir su valor real a través de la depreciación del poder adquisitivo, y afectar, principalmente, a jubilados y ahorristas.

Una de las críticas más fuertes giró alrededor del uso de los activos nacionales, como las 22 toneladas de oro en reservas del Banco Central de Bolivia (BCB), que podrían ser empeñadas como garantía para obtener financiamiento.

“Este tipo de medidas compromete los pocos activos que quedan en el país y limita las opciones de recuperación económica a futuro”, advirtió Flores.

Con una economía marcada por un alto déficit fiscal, baja confianza internacional y crecientes riesgos de endeudamiento, la discusión sobre cómo manejar la deuda pública será clave para el futuro económico del país.

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La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, confirmó que el presidente Luis Arce viajará este jueves a Uruguay para sostener una reunión en el marco del Mercado del Sur (Mercosur), donde también sostendrá reuniones bilaterales con los presidentes de algunos de los países miembros.

“El presidente está todavía ejerciendo, está en algunos eventos que se tenía previsto, pero ya en horas de la tarde se va a trasladar a Uruguay para poder participar el día de mañana (viernes)”, confirmó en conferencia de prensa. Además, señaló que Arce retornará al país al concluir la reunión el mismo día.

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Mercosur

Alcón destacó que es la primera vez que Arce participará en la Cumbre de Presidentes del Mercosur con Bolivia como socio pleno del bloque. El país logró su adhesión el pasado mes de julio, luego de un proceso de más de 10 años.

La agenda que se tratará, de acuerdo con la viceministra, estará relacionado con temas comerciales entre los países miembros. Aparte de Bolivia, el Mercosur está compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, que está suspendido del bloque.

Asimismo, Alcón informó que, durante su estadía en Uruguay, Arce sostendrá una “reunión bilateral” con el presidente electo de Uruguay, el izquierdista Yamandú Orsi, quien recientemente ganó los comicios en el país vecino.

Además, nuevamente, el mandatario boliviano se reunirá con su par de Brasil, Luíz Inácio ‘Lula’ Da Silva, para evaluar los resultados de la agenda bilateral entre ambos países. Principalmente en el tema energético, la integración bioceánica y nuevos acuerdos comerciales. 

El encuentro inició este jueves con la reunión de ministros de relaciones exteriores de los países miembros. La canciller Celinda Sosa se hizo presente para debatir con sus pares las relaciones económicas entre los países del bloque con el resto del mundo.

Un acuerdo con la Unión Europea (UE) genera mucho debate en el viejo continente, debido a que abre las puertas a una cooperación productiva que beneficia a los países sudamericanos en desmedro de los sectores agropecuarios europeos.

Este jueves, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó que, debido a la especulación y el agio que generan encarecimiento en los precios de los productos básicos, la población en todo el país pide al Gobierno y a las autoridades municipales un mayor control sobre los productos.

“¿Qué es lo que la población pide? Firmeza y que se controlen los precios”, afirmó en conferencia de prensa.

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Precios

De acuerdo con la autoridad, se verificó que en los mercados de algunos departamentos el precio del aceite está incrementando de manera desmedida. Sin embargo, el Gobierno corroboró que la producción es regular, por lo que no debería existir ningún motivo para el alza.

En su criterio, esto se debe a que algunas personas se dedican a ocultar y especular con el producto.

Por ello, uno de los artículos del Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 autoriza la confiscación y comiso de productos que sean almacenados con el fin de realizar agio y especulación.

Alcón reiteró este punto, pues algunos “políticos intentan desinformar”. La disposición adicional séptima es bastante criticada por diversos sectores, debido a que denuncian que el Gobierno controlará la producción de alimentos. 

Sin embargo, la viceministra explicó que solo se aplicará el control en los casos en los que la acumulación tenga el objetivo de incrementar los precios de los productos. Mientras no se tenga esa intención, entonces los productores no deben preocuparse, insistió.

Asimismo, afirmó que el objetivo de ese artículo del PGE es que la población pueda acceder a los productos a “precios justos”, lo que se privó muchos momentos del año, debido a que el contrabando y la especulación generaron costos irregulares de tomate, arroz, papá, pollo y ahora aceite.

Alcón exhortó a los asambleístas a trabajar en la aprobación del proyecto, ya que, en su criterio, se trata de una tarea conjunta entre el Órgano Ejecutivo y el Legislativo.

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, advirtió este jueves sobre una recesión industrial y económica en 2024, lo cual preocupa al sector, debido al impacto que podría tener en sus actividades en los próximos meses.

«Los indicadores que respaldan esta recesión industrial es una disminución en las importaciones en el orden del 16,4%», afirmó en conferencia de prensa.

Camacho enumeró los problemas que atraviesa el país, ocasionados principalmente, en su criterio, por la falta de dólares y la escasez de combustibles, particularmente de diésel.

En desarrollo…

En el marco del Presupuesto General del Estado (PGE) para la gestión 2025, el Gobierno asignó Bs 6.194 millones para los programas sociales Renta Dignidad, Bono Juancito Pinto y Bono Juana Azurduy, como parte de su política de redistribución del ingreso.

Según el Ministerio de Economía, el Bono Juana Azurduy contará con Bs 187 millones para beneficiar a 241.000 personas, mientras que el Bono Juancito Pinto recibirá Bs 478 millones, impactando a 2,3 millones de estudiantes. Además, Bs 5.529 millones se destinarán a la Renta Dignidad.

“De acuerdo con esa cartera de Estado, el proyecto del PGE prioriza la equidad social con programas de transferencias como el Bono Juancito Pinto, Juana Azurduy y Renta Dignidad, junto a subsidios en sectores clave para reducir la pobreza y la desigualdad”, señala la Agencia Boliviana de Información (ABI).

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PGE

Estas medidas están alineadas con el Modelo Económico Social Comunitario Productivo del Movimiento Al Socialismo (MAS), diseñado para combatir la pobreza y reducir desigualdades.

Sin embargo, una modificación es que a partir del próximo año los jubilados que todavía perciban ingresos ya no recibirán la Renta Dignidad. No obstante, de acuerdo con el Gobierno, menos del 1% de los beneficiarios serán afectados con esta medida.

El PGE también prevé un crecimiento del 3,51%, una inflación del 7,5% y un déficit fiscal del 9,2% del Producto Interno Bruto (PIB).

El presupuesto total agregado será de Bs 369.341 millones, marcando un aumento del 8,5% respecto a 2024, impulsado por mayores ingresos tributarios y una fuerte inversión pública que refuerzan la demanda interna.

Ahora, el PGE se encuentra en la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, para ser tratado y aprobado por la Asamblea Legislativa antes del 31 de diciembre.