Este viernes, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) reiteró su rechazo a la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que permite el decomiso de productos y mercancías, y pidió al Gobierno realizar una modificación consensuada a la norma.

“Demandamos que el gobierno responda al pronunciamiento planteado por el presidente de la CNC la pasada semana con una inmediata modificación consensuada en coordinación con todos los representantes de los sectores afectados, ya que es sobre las empresas comerciales que pesan las amenazas y a las que comprende con mayor sensibilidad el alcance”, indicaron en un comunicado.

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Disposición

La CNC manifestó su “asombro” por la “indiferencia” del Gobierno hacia las demandas y pronunciamientos de diferentes sectores que mostraron su rechazo a la disposición confiscatoria.

Productores, exportadores, comerciantes, industriales, gremiales, transportistas y otros sectores pidieron la derogación de la normativa que, consideran, afectará sus actividades productivas.

“Reiteramos que las empresas que se dedican al comercio formal no podemos ser sindicadas o calificadas como sospechosas por ilícitos relacionados con el agio y la especulación dolosa”, protesta en su comunicado la CNC.

La disposición, según el Gobierno, tiene el objetivo de poner fin a las actividades ilícitas como el contrabando, la especulación y el agio, confiscando los productos que se almacenen con el objetivo de ser encarecidos más adelante.

Arbitraria

Sin embargo, la Cámara advirtió que se puede utilizar la norma de “manera arbitraria” para “secuestra mercadería” que se considere que se venderá a “precios mayores de los que ellos consideran justos”.

Por ello, considera que el sector productivo y comercial es el más afectado, ya que la disposición “violenta los derechos constitucionales a la libertad de empresa y a la propiedad privada y no puede, ni debe sostenerse en un Estado de Derecho”.

Asimismo, reclaman que la medida no se consensuó previamente con el sector, por lo que no debería entrar en aplicación.

El Gobierno, por su parte, señaló que mientras no se realice una reglamentación en conjunto a todos los sectores que se consideren afectados la disposición se mantendrá “en pausa”.

El Club de Ginebra, organización suiza integrada por profesionales bolivianos, expresó su preocupación por los recientes contratos firmados para la industrialización del litio mediante una carta enviada a los presidentes de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, y de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez.

En el documento, advierten que el contrato enviado por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea Legislativa para la construcción de una planta de producción de carbonato de litio con tecnología extracción directa de litio (EDL) beneficiaría únicamente a la empresa rusa Uranium One Group.

Según la denuncia, de aprobarse este contrato, se abriría la puerta para firmar de manera automática otros tres acuerdos adicionales: operación y mantenimiento, comercialización y conciliación, sin la necesidad de revisión por parte de la Asamblea. Estos contratos entrarían en vigencia hasta doce meses antes de que concluya el acuerdo principal.

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Litio

Uno de los puntos críticos que observa el club es el contrato de comercialización, que otorgaría a la empresa rusa el derecho preferente de compra del carbonato de litio producido, a precios del mercado internacional, pero con ajustes sujetos a costos y gastos no claramente definidos. 

Además, denuncian que el contrato de conciliación obliga a Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) a reembolsar a Uranium todos los costos y gastos de producción de la planta, clasificados como «costos recuperables».

De esta manera, según el documento, el país asumiría una deuda de al menos $us 976 millones, que deberá ser saldada según los ingresos netos generados por la venta de litio a la empresa rusa.

El Club de Ginebra también alertó que Uranium One tendría control exclusivo por 20 años, ampliables, sobre el yacimiento de litio, la planta de producción y el carbonato de litio a un precio fijado por la propia compañía.

YLB

Al finalizar este período, YLB solo recibiría una planta posiblemente obsoleta y con activos amortizados, sin capacidad técnica para operar o modernizar las instalaciones.

Esta situación genera preocupación sobre la pérdida de soberanía en el manejo de los recursos estratégicos del país y la posibilidad de que Bolivia quede marginada en el desarrollo tecnológico de la industria del litio, un recurso clave para la transición energética global. 

Sin embargo, YLB aseguró en reiteradas ocasiones que el contrato le permite quedarse con el 51% de las operaciones y mantener la soberanía del litio boliviano.

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) aprehendió al sujeto que agredió a su pareja en presencia de su hija de cuatro años, en la zona de La Portada de la ciudad de La Paz. Sin embargo, también se capturó a la madre, por exponer a la menor a un escenario de violencia.

“Tras arduas labores investigativas y operativas, nuestros servidores policiales lograron identificar a Julián R. Condori C. y a Noemi S. Alanoca A., padres de la pequeñita que fue expuesta a un hecho de violencia poniendo su integridad física y psicológica en riesgo y vulnerabilidad”, informó la Policía Boliviana en sus redes sociales.

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Pareja

El hecho, que quedó registrado en video y fue difundido en redes sociales, muestra cómo la menor, entre llantos, intenta frenar la discusión y pelea entre sus padres hasta que los vecinos acuden a la escena. 

El director nacional de la FELCV, Rubén Caetano, informó este viernes que el agresor fue trasladado a dependencias policiales.

“El hombre fue aprehendido por el delito de violencia familiar, física y psicológica. La menor quedó bajo la protección de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia”, señaló. 

Por su parte, el director de la Defensoría, Bryan Tintaya, indicó que la niña fue entregada temporalmente a sus abuelos maternos tras conocer que los padres consumían bebidas alcohólicas de forma recurrente, lo que derivaba en comportamientos violentos.

“La menor está bajo resguardo y será sometida a una evaluación psicosocial para determinar los efectos de la violencia que presenció”, precisó. 

El caso ha sido remitido al Ministerio Público, donde se formalizó la denuncia por violencia familiar y psicológica.

Las autoridades reiteraron su compromiso de proteger a los menores de edad y sancionar con firmeza cualquier forma de violencia dentro del núcleo familiar. 

Luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) llegara a un acuerdo con el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para garantizar la realización de las elecciones generales este año, el expresidente Evo Morales cuestionó a los vocales por pactar con los ‘destructores de la Constitución’, en referencia a los magistrados del TCP.

“El TSE nunca debió haber acatado fallos del TCP de los autoprorrogados y jamás debió haber recibido en la Casa de la Democracia al aniquilador de la institucionalidad y la voluntad popular”, escribió este viernes en sus redes sociales.

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Acuerdo

El acuerdo se consolidó tras una reunión del presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, y el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado. Este último es ampliamente criticado, debido a que debió cesar sus funciones a finales de 2023; sin embargo, se mantiene en el cargo, ratificado por el resto de magistrados prorrogados.

“Con la complicidad del gobierno de Arce (Luis) y Choquehuanca (David), los autoprorrogados fabrican leyes, emiten fallos inconstitucionales; proscriben a bolivianos que luchan contra el nuevo orden neocolonial; y ponen debajo de sus pies a los vocales electorales”, protestó el dirigente cocalero.

De acuerdo con el evimos y la oposición tradicional, el Gobierno requiere del TCP prorrogado para poder lograr sus intereses. Por ejemplo, fue gracias a un fallo del TCP que el TSE reconoció a la nueva directiva del Movimiento Al Socialismo (MAS) arcista, dejando de lado a Morales luego de más de 20 años.

Por ello, el exmandatario considera que el pacto alcanzado el jueves podría perjudicar el normal desarrollo de los comicios generales.

Morales comparó la situación con “la vergonzosa Banda de los Cuatro”, en referencia a los vocales que conformaban la anterior Corte Electoral Nacional en 1989 y presuntamente manipularon los resultados de las elecciones de ese año, pues estaban “al servicio de los gobiernos neoliberales”.

Sin embargo, desde el TSE aseguran que el TCP no intervendrá ni interferirá en el normal desarrollo de las elecciones de este año.

Ante las persistentes lluvias que afectan a varias regiones del país, la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) Corporación ejecuta inspecciones y mantenimientos preventivos en sus redes eléctricas con el objetivo de evitar contingencias y asegurar la continuidad del servicio eléctrico.

Estas tareas se intensifican en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Pando y Beni, donde las empresas filiales de la estatal eléctrica trabajan de manera permanente. 

En La Paz, la empresa Delapaz, encargada de la distribución de energía eléctrica y la administración de redes de subtransmisión de 69 y 115 kilovoltio (kV), realiza revisiones constantes a las bases de las estructuras de alta tensión.

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Lluvias

Estas inspecciones se enfocan en zonas vulnerables a hundimientos y erosiones, combinando observaciones de campo con el uso de drones para obtener imágenes detalladas de las infraestructuras. 

En Oruro, se prioriza la supervisión de las estructuras de la red de subtransmisión de 69 kV, así como de las redes de distribución en media y baja tensión, con el propósito de prevenir interrupciones ante las intensas lluvias que persisten en la región. 

Por su parte, en Cochabamba, tras reportes de vecinos de la mancomunidad Tacoloma, al sur de la ciudad, se realizó una inspección técnica a la Línea de Transmisión Santivañez – Valle Hermoso. Los resultados confirmaron la estabilidad de las estructuras, garantizando la seguridad del suministro eléctrico a pesar de las condiciones climáticas adversas. 

En los departamentos de Pando y Beni, se activaron cuadrillas de emergencia que permanecen alertas las 24 horas del día para atender incidentes, especialmente aquellos provocados por la caída de árboles sobre la infraestructura eléctrica. 

Con estas acciones preventivas, ENDE Corporación reafirma su compromiso de brindar un servicio eléctrico seguro y continuo, demostrando responsabilidad y eficiencia en la protección de las comunidades frente a eventos climáticos extremos en todo el territorio nacional.