El senador de Comunidad Ciudadana (CC), Santiago Ticona, afirmó que construir la unidad de la oposición rumbo a las elecciones presidenciales no será sencillo, pero es un proceso necesario para convertirse en una propuesta alternativa frente al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Consultado en La Razón Radio sobre cómo ve a las oposiciones rumbo a las elecciones generales, Ticona respondió:

“Es un proceso, no va a ser fácil construir la unidad de la noche a la mañana (…).  Lo que hay que hacer es empujar esta unidad, pero debe pasar de ser solamente de liderazgos a una propuesta alternativa, muy diferente al manejo que ha tenido el MAS. El país debe empezar a construirse desde las regiones, y nuestra democracia, con sus errores, es lo que más se debe cuidar, junto con la institucionalidad y el Estado de derecho”, dijo.

En diciembre de 2024, los expresidentes Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga, el gobernador electo de Santa Cruz Luis Fernando Camacho (a través de un representante) y Samuel Doria Medina presentaron la “Unidad de la Oposición Democrática”, rumbo a las elecciones presidenciales de agosto de 2025. A este, posteriormente se sumaron la expresidenta de la Aduana, Amparo Ballivián y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar.

Además del bloque opositor, hay otros aspirantes a la silla presidencial: el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa y el exministro de Economía de Jeanine Áñez, Branko Marinkovic.

Ticona destacó que el bloque opositor debe centrarse en diferentes aspectos como la descentralización, el desarrollo regional, el medio ambiente, y la participación de sectores populares y jóvenes, quienes representan un porcentaje significativo de la población. Según el legislador, integrar estos elementos permitirá consolidar una oposición “sólida” que pueda competir democráticamente.

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MAS

En cuanto a las tensiones internas del oficialismo, el senador desestimó la supuesta división del MAS, calificándola como una estrategia mediática. “El masismo hace ver que están peleados, pero no es así (…). Cuando las cosas les ponen en riesgo, se unen. Esto es un show mediático que confunde a la población. Me apena que algunas fuerzas políticas ingenuamente crean que el MAS está dividido”, afirmó.

Ticona recordó que para la elección de Roger Mariaca como nuevo Fiscal General del Estado, el MAS sumó 96 votos a favor. “Un claro ejemplo donde ellos han tenido una posición monolítica y ellos tienen mayoría”.

El secretario municipal de Gestión Ambiental de la Alcaldía de La Paz, Juan Pablo Saavedra, afirmó que el Gobierno Municipal dedicó casi un año de trabajo continuo para prevenir riesgos durante la época de lluvias.

“Estamos trabajando en todas las cuencas y subcuencas del municipio, limpiando los ríos y camellonando. Llevamos casi un año sin descanso en esta tarea, todos a la cabeza de nuestro alcalde y del Secretario Municipal de Riesgos, el ingeniero Juan Pablo Palma”, declaró Saavedra en La Razón Radio.

La declaración surge en respuesta a la alerta emitida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

En una anterior emisión, Lucía Walper, jefa de la Unidad de Pronóstico Hidrológico del Senamhi, informó que la emergencia por lluvias continuará hasta marzo, afectando diversas regiones del país. En el caso de La Paz, Walper alertó sobre la posibilidad de una crecida del río La Paz a partir del 17 de enero.

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“Nuestra cuenca siempre responde rápidamente, por lo que no debemos pensar que las lluvias han terminado”, explicó, señalando que, aunque se prevé una pausa momentánea en las precipitaciones, los riesgos siguen latentes.

Según información de la Alcaldía, durante siete días consecutivos de lluvias las autoridades municipales atendieron un total de 523 emergencias. Estas estaban relacionadas con inundaciones, problemas de drenaje pluvial y desagües. La zona sur de La Paz fue la más afectada.

El diputado disidente de Comunidad Ciudadana (CC), Miguel Roca, quien acusó a su colega Gustavo Aliaga de agredirlo físicamente durante una discusión en la Comisión de Planificación aseguró que el incidente ocurrió luego de que cuestionara a Aliaga por, supuestamente, actuar de forma “servil” hacia el oficialismo.

“Cuando le reclamé su servilismo hacia el Gobierno, me saltó por la espalda como una gata callejera (…). Esa es la razón por la que tengo este parche aquí en el ojo”, declaró Roca en entrevista con La Razón Radio.

Tras las acusaciones, Aliaga negó ser violento y sostuvo que su colega exageró un empujón que le dio para apartarlo cuando intentaba provocarlo. Aseguró que el daño en el rostro de Roca fue causado por un posible accidente con sus lentes.

El enfrentamiento surgió al salir de una sesión de la Comisión de Planificación en un contexto de tensiones políticas respecto a la Ley 1613, que Roca calificó de “abusiva y llena de artículos de contrabando”. Según el diputado, esta norma permite al Banco Central de Bolivia (BCB) otorgar créditos al Gobierno sin control legislativo y establece disposiciones que “violan” la Constitución.

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Roca denunció también que la ley fue promulgada sin el tratamiento parlamentario correspondiente, comparando esta acción con prácticas dictatoriales de gobiernos militares.

El oficialismo “no tiene” los votos para aprobar la ley financiera, así que actúan de manera “burda, ilegal e indecente”, afirmó.

El legislador anunció demandas penales contra el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, y otros funcionarios, a quienes acusa de retener el análisis del Presupuesto General del Estado (PGE). Además, indicó que presentará un recurso constitucional para impugnar la ley y un proyecto para abrogar los artículos “inconstitucionales”.

Eran las 14:30 del lunes cuando las primeras columnas de la marcha evista llegaron a la plaza Murillo, el epicentro del poder político en Bolivia. La ‘Marcha por la Vida’, que había recorrido 120 kilómetros desde Patacamaya, avanzó con determinación. Tras ellos, otras dos movilizaciones también se apostaron en el lugar: una organizada por prestatarios que exigían la condonación de intereses y otra de la Central de Trabajadores de Bolivia, entidad paralela a la Central Obrera Boliviana (COB), que rechaza el incremento de los precios del pan y los pasajes, además de disposiciones del Presupuesto General del Estado (PGE).

El cielo despejado contrastaba con el ambiente cargado de tensión. Las barricadas policiales, reforzadas en las esquinas que rodean la plaza Murillo y en las calles aledañas, marcaron el límite para los manifestantes. Al frente, líderes como el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Leonardo Loza y Pedro Llanque, dirigente campesino, representantes de la facción evista, llevaban un pliego petitorio cargado de demandas, mientras esperaban una audiencia con el presidente Luis Arce.

El pliego petitorio presentado por la marcha reflejaba la preocupación por temas económicos y sociales que, según Llanque, fueron “desatendidos” por el gobierno de Arce. Entre las principales demandas estaban:

Solución al desabastecimiento de alimentos y combustibles, cuya escasez ha elevado los precios de productos básicos como arroz, azúcar y gasolina; Garantías para la estabilidad del dólar, afectando la importación de medicamentos y repuestos; Defensa del litio, exigiendo que no se privatice ni se firmen contratos sin consenso; Anulación de decretos y leyes consideradas perjudiciales para la economía popular y la propiedad privada; Liberación de “presos políticos” y el fin de la persecución contra líderes sociales.

La marcha no avanzó más allá de las esquinas de la plaza Murillo. “Lamentablemente parece que el Gobierno se cree que la plaza Murillo es de su propiedad, su hacienda”, reclamó Loza, confirmando que instalarían una vigilia hasta que el presidente los atendiera.

Todo cambió cerca de las 16:00, cuando una funcionaria del Ministerio de la Presidencia intentó recibir el pliego en representación del mandatario. Los ánimos se caldearon: los marchistas exigían entrar a la Casa Grande del Pueblo para entregar el documento personalmente. La negativa encendió la mecha.

Botellas, cartones y chicotazos comenzaron a volar hacia la policía, que respondió con gases lacrimógenos. En cuestión de minutos, la zona se convirtió en un caos. Las nubes del gas lacrimógeno se mezclaban con los truenos de los petardos, cubriendo las calles de un gris irrespirable.

La prensa, atrapada entre el tumulto, se refugió contra las paredes de la Vicepresidencia mientras grababa la escena. Un periodista resultó herido.

Cuando el humo se disipó, quedó un silencio extraño. Los bancos y negocios cercanos cerraron sus puertas, y la calle al frente del palacio consistorial volvió a lucir vacía, con policías reforzando las barricadas y marchistas dispersos en las calles aledañas.

Minutos después, un hombre que una bandera wiphala fue arrastrado por tres uniformados. Según la policía, dos personas fueron arrestadas tras intentar robar equipo de los efectivos.

Al final del día, las barricadas seguían en pie y la vigilia evista se instaló cerca de la Vicepresidencia. La calma había regresado, pero la tensión persistía en el aire.

Luego del breve enfrentamiento, se conoció que los manifestantes aseguraron que mantendrían la vigilia hasta que sean atendidos por Luis Arce.

La marcha no solo simbolizaba el reclamo económico y político de un sector del MAS afín a Evo Morales, sino también la fractura interna en el oficialismo. Un distanciamiento que se percibió a principios de septiembre de 2022, cuando el expresidente acusó al Gobierno de propiciar un “plan negro” en su contra.

En los alrededores, la vida cotidiana intentaba retomar su curso. Los vehículos volvieron a circular por la calle Mercado tras el levantamiento parcial del bloqueo, y algunos comerciantes reabrieron sus puestos.

La jornada concluyó sin mayores enfrentamientos, pero con un mensaje claro: la tensión entre las facciones del MAS está lejos de resolverse.

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El diputado disidente de Comunidad Ciudadana (CC) Miguel Roca anunció que iniciará procesos penales contra las autoridades de la Asamblea Legislativa que, según él, retuvieron de manera irregular el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE), impidiendo su debate en los plazos establecidos.

“Se lo agarraron por más de un mes. Algunos funcionarios comenzando por el presidente de la Cámara de Diputados Omar Yujra, que se lo agarró varias semanas y luego, no sé, el secretario general, ya lo estamos investigando, pero eso va a ser objeto de una demanda penal”, aseguró.

Según Roca, estas acciones configuran delitos penales como resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, tipificados en los artículos 153 y 154 del Código Penal.

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En entrevista con La Razón Radio, Roca explicó que el proyecto de presupuesto debió ser tratado en la Asamblea dentro de los 60 días que establece la Constitución. Sin embargo, asegura que tanto Yujra, que en ese entonces era presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, así como otros funcionarios obstaculizaron su análisis, entregándolo recién el 4 de diciembre, a pesar de que fue solicitado desde noviembre.

El legislador también señaló que envió cartas al ministro de Economía, a la ministra de la Presidencia y a otras autoridades, exigiendo explicaciones por la demora en la entrega del documento, sin recibir respuesta alguna.

Además de las denuncias penales, Roca anunció la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 1613 y un proyecto para eliminar artículos del PGE que considera inconstitucionales.