Renta Dignidad: jubilados deberán notificar el cese laboral para recibir nuevamente el beneficio
“Es importante aclarar que no se está eliminando el derecho, sino que se suspende mientras las personas sigan en actividad laboral remunerada”, detalló el gerente de Prestaciones de la Gestora Pública.
Las mujeres gozan de algunos beneficios a la hora de la jubilación. Foto: Archivo
El gerente nacional de Prestaciones de la Gestora Pública, Javier Molina, explicó que la suspensión de la Renta Dignidad afectará exclusivamente a un grupo minoritario de entre 10.000 y 13.000 personas mayores de 60 años que continúan trabajando en actividades remuneradas.
“Es importante aclarar que no se está eliminando el derecho, sino que se suspende mientras las personas sigan en actividad laboral remunerada”, destacó en entrevista con La Razón Radio.
Una vez que las personas afectadas dejen de trabajar, podrán reactivar automáticamente su derecho a recibir la Renta Dignidad, siempre y cuando notifiquen formalmente la conclusión de su actividad laboral. Dicho procedimiento es similar al que ya aplican algunos jubilados para evitar doble percepción de ingresos (renta y salario).
Molina enfatizó que esta medida es parte del proyecto normativo del Presupuesto General del Estado (PGE) que aún está siendo tratado en la Asamblea Legislativa. “El objetivo no es ahorrar, sino transferir los recursos a quienes más lo necesitan, como las personas que no tienen pensión”.
En el marco del PGE 2025, el sistema de jubilación y los beneficiarios de la Renta Dignidad enfrentarán importantes ajustes normativos. Estas medidas buscan garantizar la sostenibilidad del beneficio, pero también implican modificaciones que han generado debate.
La Renta Dignidad, que beneficia a más de 1,2 millones de personas en Bolivia, se enfrenta a retos financieros derivados de la caída de ingresos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y otras fuentes.
Sin embargo, Molina aseguró que los recursos están garantizados para el próximo año, debido a una programación anual que incluye aportes de empresas estatales y utilidades generadas por dividendos.
“Estamos viendo un crecimiento de aproximadamente 40.000 nuevos beneficiarios anuales, y este ajuste permite que los recursos puedan redistribuirse de forma equitativa entre quienes ya no cuentan con ingresos adicionales”, explicó Molina.
El Proyecto de Ley PGE 2025 se encuentra en la Cámara de Diputados, esperando que la Comisión de Planificación inicie su tratamiento y posteriormente lo remita al pleno para su aprobación. Una vez aprobado, debe remitirse a la Cámara de Senadores para que sea sancionado.