El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó que Bolivia enfrenta un problema de liquidez y no de solvencia, a pesar de tener un nivel de endeudamiento bajo del 26,8% del Producto Interno Bruto (PIB). Según la autoridad, el país atraviesa dificultades debido a factores como el bloqueo legislativo de créditos por más de $us 1.667 millones.

“Tenemos un nivel de endeudamiento bajo. También lo han manifestado las calificadoras de riesgo cuando hablamos con ellas; el problema no es insolvencia o endeudamiento externo per se, sino que hay un problema de liquidez, no un problema de solvencia”, sostuvo Montenegro este viernes durante la rendición pública de cuentas de su cartera de Estado.

Liquidez

Montenegro explicó que, a diferencia de un problema de insolvencia que implicaría una deuda insostenible del 80% o 90% del PIB, la situación actual de Bolivia se debe a la falta de flujo de divisas.

“No haber cuidado la nacionalización de los hidrocarburos y los bloqueos en la Asamblea impiden que haya una transferencia neta de divisas”, puntualizó.

El ministro detalló que actualmente hay 16 créditos paralizados en la Asamblea Legislativa, por un monto exacto de $us 1.667.340 millones, de los cuales cuatro datan de 2023 y 12 de 2024.

“Si solamente hay un flujo de salidas por el pago del servicio de la deuda externa, es un despropósito que no podamos desembolsar créditos”, advirtió.

Créditos

De acuerdo con Montenegro, el flujo de divisas disminuyó drásticamente en los últimos años. En 2017, Bolivia recibió $us 2.395 millones en desembolsos de créditos, mientras que el servicio de la deuda sumaba $us 580 millones, generando un saldo positivo de $us 1.815 millones.

Sin embargo, en 2023 los desembolsos cayeron a $us 1.126 millones, mientras que los pagos por la deuda ascendieron a $us 1.491 millones. A noviembre de 2024, los desembolsos fueron de $us 578 millones, mientras que el servicio de la deuda alcanzó $us 1.434 millones.

El ministro defendió la contratación de nuevos créditos, asegurando que fueron gestionados con anticipación y que los organismos multilaterales otorgan financiamiento tras evaluar la capacidad de pago del país.

Además, destacó que otros países tienen niveles de endeudamiento mucho más altos en relación con su PIB, como algunas naciones europeas y Estados Unidos.

Por ello, Montenegro insistió en la importancia de destrabar los créditos congelados en la Asamblea Legislativa para mejorar la liquidez del país y asegurar el financiamiento de nuevos proyectos de inversión.

Ante las filas en las estaciones de servicio, bloqueos en algunas regiones y un reclamo de varios sectores por falta de combustibles, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aseguró que los despachos son regulares, pero la desinformación genera una “falsa sensación de escasez”.

“Es importante mencionar que algunos medios de comunicación y políticos se encuentran difundiendo información tendenciosa que está generando inquietud innecesaria entre la población. A pesar de los esfuerzos por parte de las autoridades nacionales, estos rumores crean una falsa sensación de escasez, lo cual no refleja la realidad del abastecimiento”, señaló Joel Callaú, Gerente de Comercialización de YPFB, citado en un comunicado de la estatal.

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YPFB

De acuerdo con el documento, los volúmenes son absolutamente normales, inclusive se despachan mayores cantidades en los últimos días para evitar que se presenten filas en los surtidores.

“Se trabaja estrechamente con las autoridades locales y sectores sociales en las distintas regiones, especialmente en Santa Cruz, para garantizar el abastecimiento de combustibles de manera adecuada y sin interrupciones. La coordinación ha sido clave para mantener la distribución eficiente de combustibles, asegurando que no haya reducción en los volúmenes programados en comparación con la gestión pasada”, aseguró Callaú.

Sin embargo, el desabastecimiento se genera en algunas estaciones de servicio debido a que en redes sociales circula información de que no hay combustible, lo que provoca que las personas realicen carguíos irregulares, de mayor cantidad.

Este hecho se define como una sobredemanda que, en algunos casos, supera los volúmenes que los surtidores contienen.

“Esta desinformación genera pánico entre la ciudadanía, lo que afecta negativamente el consumo y distorsiona el comportamiento del mercado”, explicó Callaú.

El funcionario explicó que YPFB trabaja de manera transparente, por lo que pidió calma a la población.

De manera similar, hace unos días, el presidente de la estatal petrolera, Armin Dorgathen, aseguró que si por algún motivo YPFB no puede descargar combustible y tiene problemas en la distribución, se lo comunicará inmediatamente a la población para que tomen sus previsiones.

La Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), celebró la reciente promulgación del Decreto Supremo 5321, que autoriza el ajuste de precios unitarios de materiales de construcción, maquinaria y equipos importados en los contratos de obra en ejecución suscritos por entidades públicas.

En un comunicado, la Cámara señaló que la norma responde a la necesidad de enfrentar los elevados costos de insumos, equipos y materiales, así como la escasez de combustibles y divisas que han afectado el desarrollo de los proyectos de construcción en todo el país.

«Es un alivio para las empresas que han venido trabajando en un contexto extremadamente difícil, y permitirá encarar la crisis con mejores condiciones», afirmaron.

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Decreto

La Cámara Boliviana de la Construcción, por su parte, destacó que esta medida es resultado de prolongadas gestiones y constituye un reconocimiento a los graves problemas que enfrenta el sector.

Cadecocruz, una de las cámaras regionales que más participó en las gestiones, resaltó su compromiso en insistir de manera unánime en el reajuste y en aportar con propuestas consistentes y realistas.

«Fueron varios meses de trabajo para lograr la atención de una necesidad largamente postergada, que afecta a uno de los pilares de la economía nacional», puntualizaron.

De acuerdo con el comunicado, el sector constructor ha sido golpeado por la volatilidad de precios internacionales y la falta de acceso a divisas, lo que generó dificultades para la adquisición de materiales importados esenciales para la continuidad de las obras.

Según los empresarios, la promulgación del decreto permitirá garantizar la calidad y la continuidad de los proyectos en marcha.

En nombre de las cámaras de construcción, Cadecocruz recalcó la importancia de que las entidades públicas agilicen la aplicación de la normativa para que las empresas puedan acceder rápidamente a los beneficios del reajuste de precios y los anticipos adicionales establecidos en la norma.

«Esperamos que el Gobierno continúe apoyando al sector, que es generador de miles de empleos y motor del desarrollo nacional», indica el comunicado.

Este viernes, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, explicó los mecanismos de financiamiento para la importación de combustibles, un gasto que crece cada año debido a la disminución de las reservas de hidrocarburos y a que no son producidos en el país.

Montenegro señaló que la compra de crudo, diésel y gasolina para el mercado interno se cubre principalmente con los ingresos generados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y otras empresas estatales, aunque no especificó cuáles.

“En 2024 hemos ido generando una serie de mecanismos aparte de los ingresos de YPFB. También están los aportes de otras empresas públicas que contribuyen a este tema de la importación”, sostuvo el ministro.

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Importación

A finales de 2024, el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, informó que el Estado destina semanalmente $us 56 millones para mantener la subvención de combustibles.

La subvención de combustible en Bolivia es una política del Gobierno que permite abastecer al mercado interno con gasolina y diésel a precios más bajos.

Por ello, el litro de gasolina se comercializa a Bs 3,74, mientras que el litro de diésel cuesta Bs 3,72, siendo bastante más bajos en comparación con otros países.

Sin embargo, le representa un costo extra al Gobierno. Pese a ello, en el Presupuesto General del Estado (PGE) se establece que para la presente gestión se destinarán los fondos necesarios para mantener la subvención.

Para ese fin, algunos sectores de oposición consideran que el oficialismo recurrirá a préstamos internacionales o financiamiento externo, aumentando la deuda del país.

Al respecto, Montenegro aseguró que el país ha cumplido con todas las obligaciones financieras, tanto de intereses como de capital, sin retrasos.

«Hemos servido fielmente todas las amortizaciones de interés y capital de la deuda externa. Al momento, no debe el país un pago rezagado ni nada por el estilo porque tomamos las previsiones para aquello», afirmó.

El ministro también mencionó que espera que en la presente gestión se obtenga financiamiento externo mediante la emisión de bonos y préstamos de organismos multilaterales, a la espera de su aprobación en la Asamblea Legislativa.

Debido a que algunos sectores productores y exportadores ratificaron que no cambiarán su postura de derogar la disposición séptima de Presupuesto General del Estado (PGE), ante la invitación al diálogo por parte del Gobierno, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, considera que se trata de un “golpe blando empresarial”.

“Al parecer están organizando y planificando un golpe bando empresarial, que tiene otro tipo de connotaciones. A nosotros nos importa dialogar y discutir en el ámbito económico con propuestas y con actores que realmente quieran debatir”, protestó este viernes en conferencia de prensa.

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Gobierno

En criterio de la autoridad, con ese tipo de actitud, los sectores demuestran su interés político, debido a que no están abiertos a las explicaciones del Gobierno y buscan su desestabilización a través de marchas y otras medidas de presión.

La disposición cuestionada autoriza la confiscación y decomiso de productos y alimentos que se acopien con el objetivo de venderse a un precio más elevado en un futuro cercano.

Los productores, gremiales, empresarios e industriales consideran que se trata de una norma abusiva y que puede usarse de manera arbitraria, violando los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Silva reiteró que esta disposición no afecta a esos sectores, sino a quienes practican agio y especulación o se dedican al contrabando. Por ello, cuestionó que estos grupos utilicen un pretexto económico para hacer política.

“La población tiene que saber que hay gente que utilizando el pretexto de una normativa que está orientada a proteger la economía del país hoy quieren hacer política”, fustigó.

El Gobierno extendió el jueves una invitación al diálogo a todos los sectores que se consideran afectados; pero muchos de ellos condicionaron su asistencia, señalando que antes de cualquier reunión la norma debe ser eliminada.

De acuerdo con Silva, hasta la fecha, ningún sector confirmó su asistencia oficialmente, aunque algunos manifestaron su predisposición.