Montenegro insta al sector productivo e industrial a participar de reglamentación del PGE
El ministro de Economía exhortó a la CAO, Caniob y otros sectores a consensuar la reglamentación.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro
Imagen: DTV
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, invitó este viernes a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob) y otros sectores a participar de la reglamentación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025; para obtener un documento consensuado.
“Se ha ofrecido la reglamentación a la CAO, a Caniob; y a todas las entidades que están ligadas con la producción de alimentos (…). Se justifica el artículo; y se ofrece la reglamentación consensuada con los sectores de interés”; explicó a los medios de comunicación.
El miércoles, las cámaras agropecuarias, industriales; y exportadoras descartaron participar en la reglamentación del PGE 2025; particularmente de la disposición adicional séptima del proyecto; y solicitan la eliminación total de ese texto.
La disposición en cuestión establece: “Con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales”; las entidades competentes podrán activar acciones de control, fiscalización; confiscación y/o decomiso de productos; “a los actores de comercialización de alimentos; que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer; los precios de los mismos”.
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PGE
Asimismo, Montenegro invitó también a la Cámara Nacional de Industrias (CNI); a ser parte de la explicación que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; ofrece sobre la disposición del Presupuesto 2025.
En pasados días, indicó que la inclusión de esa disposición responde a una demanda ciudadana; que exige un esquema de control contra el agio y la especulación de precios; en los productos de la canasta familiar.
El Proyecto de Ley del PGE 2025, actualmente, se encuentra en la comisión de Economía de la Cámara de Diputados; para su tratamiento y aprobación; y luego será remitido a Senadores. En caso de no ser analizado y aprobado hasta el 31 de diciembre; el Gobierno lo aprobará mediante un decreto; y entrará en vigencia en enero de 2025.