Luego de que la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) cuestionara duramente la gestión del presidente Luis Arce por haber “deteriorado” la economía del país, el Gobierno respondió a las críticas acusándolas de políticas y que persiguen un interés electoral.

“Son ellos los que hoy cuestionan, porque más allá de su cuestionamiento están electoralizando el país”, señaló el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruíz, en conferencia de prensa.

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Cainco

El presidente de la Cainco, Jean Pierre Antelo, aseguró el lunes que su cuestionamiento al Presidente no tiene un interés político, sino que busca que tenga autocrítica con un modelo económico que él mismo implementó y que llevó al país a la inflación más elevada en los últimos 15 años y a un “déficit fiscal histórico”.

El viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo, reconoció que el país atraviesa un momento complicado, pero considera que se debe a otros “factores”.

“Hay muchos sectores que están culpando fuertemente a la gestión de nuestro Gobierno nacional, criticando nuestro modelo económico, pero no están tomando en cuenta los diferentes factores que hacen que estemos en la situación en la que nos encontramos”, indicó la autoridad.

En criterio del Gobierno, la crisis económica se debe a los bloqueos del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) en 2024, a los fenómenos climáticos adversos y a la inflación importada.

Justamente, este tipo de discurso es el que critica la Cainco, pues Antelo protestó que Arce y su gabinete “apuntan a todos con el dedo, menos a sí mismos”.

Por su parte, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, calificó a las declaraciones de la institución cruceña como “políticas”.

En su criterio, debido a la proximidad de las elecciones generales, el Gobierno deberá enfrentar en los próximos meses una serie de acusaciones y difamaciones con fines netamente electorales.

Después de dos días de bloqueo, los productores interculturales del municipio de San Julián, Santa Cruz, decidieron levantar su medida de presión y dar un cuarto intermedio de una semana, con el objetivo de esperar soluciones por parte del Gobierno respecto a la dotación de diésel, su principal demanda. 

Los productores exigen a las autoridades nacionales asegurar el cupo necesario de combustible, ya que en aproximadamente mes y medio iniciará la cosecha de granos, y temen que la falta de diésel ponga en riesgo su producción, generando pérdidas económicas significativas. 

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Bloqueo

La medida de presión fue levantada durante la tarde de este martes, despejando la carretera que une a Santa Cruz y Beni, lo que permitió la reanudación del tránsito vehicular, beneficiando a quienes planeaban viajar por el feriado del miércoles.

El lunes en la noche los representantes del sector se reunieron autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para reclamar la falta de combustibles. Debido a que no hubo acuerdo, los interculturales advirtieron con radicalizar su bloqueo en los próximos días, lo que finalmente no ocurrirá.

Pese a que el Gobierno insiste en que los despachos de carburantes se realizan con normalidad, en algunos municipios, como San Julián, las estaciones de servicio no cuentan con la cantidad de combustible suficiente para hacer frente a la demanda, según los productores. 

Además del tema del diésel, los movilizados también expresaron su preocupación por la escasez de dólares, señalando que el incremento de precios en insumos agrícolas afecta su actividad productiva. 

En los próximos días, los productores esperan una respuesta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para aclarar la situación respecto a un presunto recorte del cupo de distribución de diésel, que ha generado incertidumbre en el sector.

A casi 19 años de la entrada en vigencia del modelo económico social productivo del Movimiento Al Socialismo (MAS), el Gobierno sostuvo que se trata de un modelo sólido y con fortaleza, que aguantó múltiples ‘ataques’ durante la gestión 2024.

“¿Qué modelo económico aguanta un mes y medio de bloqueos? ¿Qué modelo económico aguanta el boicot de la Asamblea? ¿Qué modelo económico aguanta la desestabilización y la electoralización del país?”, cuestionó el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, en conferencia de prensa.

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Modelo

Las declaraciones de la autoridad se deben a múltiples cuestionamientos de actores y sectores de oposición a la política económica que implementa el Gobierno.

Sin embargo, en criterio de Ruiz, el modelo logró que el país mantenga el crecimiento económico, pese a las medidas de presión del ala evista del MAS, que por 40 días cortó la transitabilidad entre departamentos y afectó a la economía por más de $us 2.200 millones.

De igual manera, recordó que existen 16 proyectos de créditos pendientes de aprobación en la Asamblea Legislativa desde 2023. No obstante, pese a que el país no recibió el desembolso por esos créditos de financiamiento externo, el Gobierno, señala el viceministro, continuó con planes y proyectos en beneficio de toda la población.

Por ello, considera que el país atraviesa un momento de electoralización, a pocos meses de las elecciones generales, lo que lleva a declaraciones con un presunto interés económico, pero con un verdadero matiz político.

Asimismo, Ruíz destacó que el presidente Luis Arce está abierto a la posibilidad de que el modelo económico pueda ser modificado, pero para ello se necesitan propuestas.

“El Presidente ha dicho que se puede adecuar y mejorar. Eso se va a mejorar, pero con propuestas”, subrayó.

De acuerdo con el oficialismo, la oposición únicamente crítica, pero no tiene una idea real, mucho menos un proyecto, de cómo administrar la economía del país.

El Gobierno y los productores de arroz pactaron una nueva reunión el 6 de febrero en la ciudad de Trinidad, departamento de Beni, con el objetivo de definir los precios del arroz para la gestión 2025, informó el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva.

Según la autoridad, en el último encuentro se determinó ingresar en un cuarto intermedio, ya que el tema de precios requiere un análisis técnico más profundo.

“Este es un asunto complejo que necesita un debate más amplio y un conocimiento detallado de los datos técnicos para fijar los costos del producto”, indicó el viceministro. 

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Arroz

Por otro lado, en relación con el abastecimiento de combustibles para el sector arrocero, se acordó que en la siguiente reunión participará el Ministerio de Hidrocarburos, junto con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), y presentará una propuesta concreta y acorde a las demandas del sector productivo. 

Una de las demandas del sector es que se logre abastecer de combustible, particularmente de diésel, a los arroceros de las comunidades más alejadas, que en 2024 se vieron desabastecidos, lo que afectó su producción y significó un incremento en los precios del arroz al consumidor final.

Por ello, los arroceros consideran que en cuanto el abastecimiento de combustible esté garantizado, los precios no deberían variar de manera considerable en comparación con la gestión pasada.

Además, tanto el Gobierno como el sector productor de arroz consideran que en 2025 se tendrá una cosecha considerable, para abastecer toda la demanda en el mercado interno de los diferentes departamentos.

Silva también afirmó que el Gobierno garantiza la seguridad jurídica para los productores, a fin de brindar estabilidad y respaldo en sus actividades. 

Sin embargo, el viceministro advirtió que en los casos en los que se evidencie acopio del producto para realizar su venta a precios más elevados, se tomarán las acciones legales correspondientes.

El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, exhortó a la Cámara de Senadores a aprobar el crédito de $us 75 millones otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), destinado a financiar el “Programa de apoyo para la gestión de riesgos ante eventos adversos del clima para el Estado Plurinacional de Bolivia”. 

Cusicanqui realizó esta solicitud tras su participación en la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado, donde explicó en detalle el uso que se dará a estos recursos.

“Hemos tenido la oportunidad de explicar ampliamente el proyecto de ley y esperamos que pueda ser tratado en los siguientes días dentro de la Cámara de Senadores”, declaró la autoridad en contacto con RTP.

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Crédito

El crédito fue firmado el 9 de septiembre de 2024, aprobado por la Cámara de Diputados el 3 de octubre de 2024, y recibió el visto bueno de la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas del Senado el 16 de enero de 2025. 

El objetivo del programa es fortalecer la capacidad del Estado para la rehabilitación y respuesta ante eventos hidrometeorológicos adversos, cuyas consecuencias afectan a distintas regiones del país.

Cusicanqui destacó que los recursos permitirán que el Estado esté mejor preparado para hacer frente a emergencias climáticas que se atraviesan en la actualidad por el periodo de lluvias y a otras que se observaron el año pasado, como los incendios forestales.

Por su parte, la senadora Cecilia Requena, presidenta de la comisión, señaló que, si bien se recibió información valiosa sobre el proyecto, también existen preocupaciones respecto a la generación de deudas para solucionar problemas ambientales que, en algunos casos, fueron agravados por políticas estatales. 

La Comisión de Tierra y Territorio anunció que elaborará un informe técnico sobre el proyecto de ley antes de su consideración en el pleno del Senado.