Tras varias horas de diálogo entre la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y autoridades del Gobierno, no se logró llegar a un acuerdo sobre la reglamentación de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) que autoriza el decomiso y confiscación de productos acopiados.

“Le hemos vuelto a transmitir al ministro la posición que es de rechazo a la disposición y creemos que la misma debe ser derogada. Hemos traído la voz de otras cámaras pares”, informó en conferencia de prensa Pablo Camacho, presidente de la CNI.

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Disposición

De acuerdo con Camacho, la convocatoria se realizó a último minuto, lo que impidió la llegada de los representes del sector agroindustrial cruceño.

Por parte del Gobierno participaron César Siles, ministro de Justicia; Néstor Huanca, titular de Desarrollo Productivo y Economía Plural; y Yamil Flores, ministro de Desarrollo Rural y Tierras.

“Nos han hecho una propuesta que la hemos recibido, pero ya la posición es clara del empresariado nacional y de todas las cámaras”, explicó Camacho.

La propuesta del Gobierno, como lo adelantó el Comité de Seguridad Alimentaria, se trataba de explicar en la disposición que los alcances de la norma no afectarán al sector productivo, con el objetivo de brindar tranquilidad a quienes se dedican a este rubro.

La criticada disposición establece que: “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

Gobierno

Por ello, el Gobierno insiste al empresariado, productores e industriales, que la medida no afectará a quienes operen en el marco de la ley, sino a quienes se dediquen al agio, al contrabando y a la especulación.

No obstante, Camacho reiteró que se trata de una norma extorsiva y que se puede utilizar de manera arbitraria por parte de las autoridades estatales.

El problema del sector radica con los conflictos y acusaciones que se generan desde la gestión pasada, cuando el presidente Luis Arce y varios ministros acusaron a los productores de ser los responsables del alza de precios de alimentos de la canasta familiar.

Rechazo

El presidente de la CNI dijo que expuso la postura de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), la Confederación Nacional de Agricultura de Bolivia (Confeagro) y las cámaras de transporte.

Además de estas instituciones, los gremiales, prestatarios, comerciantes y actores políticos de oposición también se sumaron al rechazo a la disposición, debido a que consideran que afectará al sector productivo y a la economía nacional.

Pese a todo, Camacho destacó el diálogo con los ministros de Estado y adelantó que se dejó la puerta abierta para tratar otros temas. “Ha quedado abierta la posibilidad de mayores reuniones”, afirmó, pero aclaró que la postura será la misma.

El Gobierno señaló que mientras no se realce la reglamentación correspondiente en coordinación con todos los sectores, los controles no pueden realizarse, por lo que la disposición se mantiene ‘en pausa’.

Luego de que el Comité de Seguridad Alimentaria adelantara reuniones con representantes del sector privado para debatir sobre la polémica y rechazada disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), este jueves se inicia el primer encuentro entre la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y viceministros de Estado.

Pablo Camacho, presidente de la CNI, se reunirá con el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo, y el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Amílcar Velásquez.

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Disposición

La demanda de los industriales es eliminar la disposición adicional séptima, la cual permite el decomiso y la confiscación de productos y mercancías que se acopien con el objetivo de incrementar su precio.

El Gobierno explicó que la medida busca luchar con los delitos de agio y especulación que afectaron a la economía nacional a lo largo de 2024.

Sin embargo, desde la CNI alertaron que esta medida genera preocupación e inseguridad jurídica en el sector productor, debido a que las autoridades estatales podrían intervenir con libertad en la propiedad privada y afectar la producción.

A los industriales se sumaron los productores agropecuarios, los empresarios privados, gremiales, comerciantes y transportistas. Inclusive, tras un ampliado multisectorial, se otorgó un plazo hasta fines de enero para que el Gobierno elimine la disposición.

No obstante, las autoridades gubernamentales señalaron en que la medida es necesaria para proteger la economía del país e incluso las actividades de los sectores privados, asegurándoles mayor seguridad jurídica.

Por ello, en estas reuniones el Gobierno pretende explicar los alcances y aclarar ‘el objeto’ de la norma.

En un comunicado reciente, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó su profunda preocupación por la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que autoriza el decomiso de productos y mercancías por parte del Gobierno.

El empresariado señaló que la norma causa “inseguridad y zozobra”, por lo que se la debe dejar sin efecto de manera inmediata para no generar “conflictos sociales” innecesarios.

“Pedimos al gobierno nacional que se consideren de manera urgente los ajustes normativos que corresponda para dejar sin efecto esta medida que ocasiona incertidumbre y desconfianza en las empresas y genera conflictos sociales innecesarios”, señala el comunicado de la confederación.

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Disposición

La denominada “disposición confiscatoria” es altamente criticada por el sector productor, industrial, comercial y empresarial, debido a que consideran que el Estado intervendrá en sus actividades.

Sin embargo, de acuerdo con el Gobierno, la medida afectará únicamente a aquellos que se dediquen al agio y la especulación, pues la norma autoriza el decomiso de productos que se acopien con el objetivo de venderse a un precio elevado más adelante.

La CEPB, por su parte, comparte la postura oficialista de luchar contra estas actividades irregulares, pero señala que se debe realizar el control donde “realmente” se presentan.

“Los empresarios hacen un llamado a fortalecer las acciones dirigidas a combatir el contrabando, el agio y la especulación en los sectores donde realmente se producen estos problemas”, indica el documento.

Coordinación y diálogo

De esta manera, el sector rechaza la postura del Gobierno sobre el rol de los productores y empresarios en el encarecimiento de precios de los alimentos y productos de primera necesidad.

Asimismo, la CEPB considera que se debe entablar una “coordinación y diálogo” previos antes de que se aplique “cualquier decisión que afecte a los sectores productivos».

El Gobierno, por su parte, explicó que la disposición no entrará en aplicación hasta que se realice la reglamentación correspondiente con todos los sectores interesados, a los cuales convocó a una mesa de diálogo para esclarecer algunos puntos.

Con el Decreto Supremo 5313, aprobado el miércoles, el Gobierno tiene el objetivo de agilizar los trámites para la importación de combustibles. La nueva normativa reduce de 10 a cinco días el tiempo requerido para obtener los permisos de importación de diésel y gasolina tanto para consumo propio como para comercialización. 

El viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, Adams Hurtado, explicó que con la entrada en vigencia de este decreto, se espera que los trámites se reduzcan significativamente. 

“Con este nuevo decreto creemos que los trámites deberían tardar entre tres y cinco días como máximo”, afirmó Hurtado en entrevista con RTP. 

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Combustibles

De acuerdo con el viceministro, actualmente existen 36 empresas autorizadas para importar diésel y dos para gasolina con fines de consumo propio, además de una empresa dedicada a la comercialización.

Por ello, se busca incentivar a más sectores para la venta de combustibles importados a través de la facilitación y reducción de trámites.

Entre los principales cambios, el decreto flexibiliza el proceso de homologación de certificados de calidad.

 Antes, era obligatorio presentar la certificación de calidad emitida por el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (Ibnorca), ahora solo será necesario presentarla ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para su validación. 

En cuanto a la calibración de tanques de almacenamiento y equipos, anteriormente este proceso era exclusivo del Instituto Boliviano de Metrología (Ibmetro).

Sin embargo, con la nueva normativa, empresas calificadas también podrán realizar estas verificaciones, lo que permitirá acelerar el proceso. 

Gracias a la agilización de trámites, una empresa privada ya obtuvo autorización para importar 22 millones de litros de combustible mensuales, y se prevé que esta cifra aumente con la implementación de la nueva normativa. 

“Lo que estamos haciendo es optimizar y agilizar los trámites para que las empresas puedan importar combustibles, tanto para su propio consumo como para su comercialización”, remarcó Hurtado. 

Esta medida busca garantizar el abastecimiento de combustibles en el país y fortalecer el sector energético, especialmente en un contexto donde el suministro de hidrocarburos se vio interrumpido a lo largo de 2024. 

Este jueves, la Federación Sindical de Trabajadores Constructores de La Paz informó que los precios de los materiales de construcción incrementaron hasta en un 80% en algunos casos, lo que dificulta el trabajo del sector.

“Ahorita se ha incrementado en un 70% hasta un 80%. Hace seis meses, por ejemplo, el fierro de media costaba 60 bolivianos, ahora cuesta 120, 50%, entonces hay otros materiales que suben más su precio”, explicó Sixto Chura, secretario ejecutivo de la federación.

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Construcción

Esto se debe principalmente a que los materiales utilizados son importados, por lo que llegan con un costo extra, debido a que, por la falta de dólares, los importadores deben pagar el excedente del tipo de cambio del mercado paralelo.

Pese a que el tipo de cambio oficial del dólar se mantiene en Bs 6,97, en el mercado paralelo la moneda internacional se vende por encima de los Bs 11, aunque llegó a costar más de Bs 15 en su momento más crítico.

Por ello, Chura también afirmó que los constructores ya no tienen mucho empleo, debido a que no hay muchas obras que estén siendo iniciadas y las que lo hacen atraviesan dificultades por los altos precios de los insumos.

“Ya no hay trabajo, no hay movimiento. Si hay algunos trabajos, algunas obritas, nos paralizan con el alza de precios de los productos de construcción”, protestó.

Por este motivo, el sector se declaró en emergencia, a la espera de que la solución se regularice.

En criterio de Chura, el precio debería ser controlado por las respectivas autoridades gubernamentales, como el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor. Sin embargo, criticó que no se tomen las medidas correspondientes.

Además, el dirigente cargó contra algunas confederaciones y organizaciones que, denunció, se “venden” a los intereses del Gobierno y callan las necesidades de su sector.