La doble vía La Paz-Oruro está llena de baches y requiere mantenimiento urgente, pues se trata de una carretera troncal y por ella circulan diariamente miles de vehículos.

En un recorrido por esa ruta, claramente se pueden ver los daños que presenta la capa asfáltica. Los baches y huecos se encuentran a lo largo de toda la ruta; y los conductores deben realizar peripecias para esquivarlos y evitar accidentes.

Producto de las lluvias, los huecos están llenos de agua e incrementa el peligro para los transportistas.

Por esa ruta circulan, además, decenas de camiones de alto tonelaje que llevan la carga de exportación e importación hacia los puertos de Chile.

El 2024, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) comprometió una verificación técnica a la doble vía La Paz – Oruro; y anunció que se haría mantenimiento en este tramo vial; sin embargo, los daños se mantienen. En esa vía se registran continuamente accidente de tránsito.

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La Paz-Oruro

La carretera, construida con una inversión de $us 312,5 millones, fue inaugurada en febrero del año 2015 y a casi diez años de su inauguración presenta deterioros.

Con 203 kilómetros, en su momento fue duramente criticada y calificada como “la carretera más cara del mundo”; porque el Gobierno pagó 1,5 millones de dólares por kilómetro.

La carretera tiene un ancho de 10,5 metros por vía, cuenta con una capa base de 15 centímetros, una capa sub base de 25 centímetros y un concreto asfáltico con polímeros.

Además, cuenta con una berma interna de un metro y una berma externa de 2,5 metros. Tiene seis distribuidores retornos, 15 viaductos, 76 vacaductos (para la circulación de ganado), 12 puentes y un canal en Senkata.

Esa infraestructura fue concebida por el gobierno de Evo Morales para impulsar el desarrollo de los departamentos de La Paz y Oruro y representa un eje de articulación internacional porque facilita el comercio y el acceso a los puertos de los océanos Pacífico.

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara dos proyectos de créditos por $us 400 millones en total, el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, destacó la labor de los legisladores y afirmó que es una prueba de que el Órgano Ejecutivo y el Legislativo pueden trabajar en “beneficio de todo el país”.

“Queremos valorar ese compromiso que han demostrado los diputados con el país, con el progreso, con resolver los problemas de la gente y de esa manera avanzar con la aprobación de importantes leyes que van en beneficio de la población boliviana”, afirmó en conferencia de prensa.

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Créditos

El primer proyecto que se aprobó es el crédito por $us 250 millones de un contrato de préstamo para emergencias por desastres naturales y de salud pública suscrito por Bolivia con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Cusicanqui explico que de esta manera el país tendrá “un seguro” para atender fenómenos climáticos adversos como inundaciones, sequías, riadas, deslizamientos, incendios y un posible evento sísmico.

El segundo crédito es de $us 150 millones con el Banco Mundial (BM) de “Gestión resiliente de agua para riego comunitario y familia”. De acuerdo con el ministro, permitirá mejorar los ingresos de los pequeños productores que aumentarán la producción agrícola.

“Creemos que se demuestra que el poder Ejecutivo y el Legislativo podemos trabajar en beneficio de la población”, reiteró la autoridad.

Endeudamiento

Sin embargo, el ministro reconoció que existieron “algunas voces” que rechazaron los créditos, bajo el argumento de que se genera un endeudamiento excesivo del país con organismos internacionales; aunque Cusicanqui descartó esta posibilidad.

“En endeudamiento externo, en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), solamente estamos alrededor del 26,8%, ése es el dato oficial. Incluso en términos nominales esa deuda externa se ha reducido en aproximadamente 200 millones de dólares y se cae ese argumento de que el país está altamente endeudado”, explicó.

Ahora, ambos proyectos deberán recibir el visto bueno de la Cámara de Senadores para acceder a los préstamos. Cusicanqui señaló que, al igual que con la Cámara Baja, asistirá a la sesión del Senado para explicar el alcance de los créditos y evitar susceptibilidades.

Conocida la invitación formal para entablar un diálogo con los ministros de Estado sobre la disposición del Presupuesto General del Estado (PGE) que autoriza decomisos, la Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia está divida en cuanto a su participación.

Un sector confirmó que asistirán la reunión y destacaron que el Gobierno busque el diálogo.

“Estamos complacidos con esta invitación y vamos a participar en esta mesa de diálogo. Creemos que es importante participar de la reglamentación”, indicó Juan Carlos García, ejecutivo de la confederación, en contacto con Bolivia Tv.

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Gremiales

Sin embargo, otra facción de los gremiales rechazó la convocatoria y puso como condicionante que primero se elimine la norma para poder entablar cualquier tipo de diálogo.

“Esta ley ya la promulgaron y ya está en la gaceta, primero la tienen que sacar y luego vamos al diálogo”, sostuvo César Gonzáles, secretario ejecutivo de la confederación de gremiales.

En criterio del dirigente, el Gobierno debería haber realizado las reuniones antes, en la recta final de 2024, y no imponer la norma de manera unilateral y buscar consensuar sobre un punto que se les está imponiendo. 

Las autoridades buscan entablar un diálogo con los gremiales y los representantes del sector privado para explicar y aclarar las inquietudes que puedan tener en relación a la disposición confiscatoria.

La norma autoriza el decomiso de productos, alimentos y mercaderías en general que se acopien con el objetivo de incrementar su precio más adelante, para frenar los delitos de agio, especulación y el contrabando.

Sin embargo, el sector productor y comercial considera que se afectará y violará la propiedad privada, además que las autoridades pueden interpretar la norma de manera arbitraria.

El ministro de Justicia, César Siles, por su parte, explicó este jueves que las acciones que se autorizan en la disposición ya están vigentes y se aplican en la actualidad; reiteró que no afectará a quienes operen dentro del marco legal.

En la sesión de este jueves de la Cámara de Diputados los legisladores aprobaron un segundo crédito por hasta $us 150 millones. Se trata del Proyecto de Ley 276/2024-2025 de Gestión Resiliente de Agua para Riego Comunitario y Familiar, que autoriza un préstamo con el Banco Mundial (BM).

“Habiéndose aprobado el proyecto de ley en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo cámara de origen, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión”, leyó el titular de la Cámara Baja, Omar Yujra.

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Crédito

En su estación en detalle, 63 diputados votaron a favor y 37 en contra, por lo que el proyecto fue aprobado.

Algunos asambleístas de oposición pidieron que el proyecto se reconsidere, pero no lograron su objetivo, a falta de apoyo de los otros legisladores.

En criterio de los opositores, al igual que con el otro crédito por $us 250 millones que se había aprobado con anterioridad, para atender desastres naturales, denunciaron que existió fraude, debido a que la votación se realizó de manera electrónica, sin manera de “corroborar” los resultados.

Sin embargo, Yujra descartó esta posibilidad, pues el equipo técnico se encontraba supervisando los votos de los diputados.

De acuerdo con una publicación de la Cámara Baja, el proyecto de ley “busca el apoyo a programas como Mi Riego y otros de producción agropecuaria, que beneficiarán a 256 municipios del país, categorizados como vulnerables”.

Según el Gobierno, este crédito beneficiará a 30.000 familias rurales con proyectos de recursos hídricos y de riego en 15 cuencas. El objetivo es enfrentar los impactos del cambio climático y potenciar su productividad mediante un mejor uso del agua para riego.

El proyecto deberá ser aprobado también por la Cámara de Senadores para entrar en vigencia y realizar el desembolso del crédito que, como explicó el ministro de Planificación del Desarrollo, no se realizará de manera inmediata, sino conforme las condiciones que se presenten.

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Velásquez, informó que en los últimos seis días el Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO – LCC) realizó incautaciones por un valor aproximado de Bs 1.203.256, en el marco de un trabajo constante las 24 horas del día, los siete días de la semana.

De acuerdo con un reporte del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, entre el 17 y el 22 de enero se llevaron a cabo comisos en diferentes regiones del territorio nacional.

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Contrabando

El 17 de enero, el Grupo de Reacción Inmediata Aduanera en Potosí incautó un camión F-12 que transportaba 500 quintales de harina en inmediaciones de la capital potosina, generando una afectación al contrabando de aproximadamente Bs 160.000.

Además, el 19 de enero, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) Bravo – «Huachacalla» interceptó un camión con mercadería ilegal en Oruro, el cual fue entregado a la Aduana Nacional para su correspondiente aforo, con un valor de Bs 600.000.

Posteriormente, el 21 de enero, la FTC «Charly» – Llica, en el sector de Bella Vista, confiscó dos vehículos indocumentados, un Nissan Note y un Nissan March, con una afectación estimada en Bs 42.000.

Los últimos operativos datan del 22 de enero, cuando la FTC «Villamontes» intervino un camión F-12 tipo tráiler en el sector de Caigua, el cual transportaba aproximadamente 700 quintales de harina valuados en Bs 252.000.

Ese mismo día, la FTC «Agropecuaria» realizó múltiples operativos en el departamento de La Paz. En Puerto Acosta, incautó un minibús con 400 litros de diésel, valorados en Bs 1.496. En Santiago de Machaca, confiscó un camión F-12 con 350 quintales de maíz, con un valor de Bs 126.000. En Kasani, interceptó nueve cajas de aceite y dos garrafas de gas, con un costo de Bs 2.560. En Viacha – Santiago de Machaca, se incautó un camión F-12 con ganado ovino, con una afectación aproximada de Bs 19.200.

Las autoridades ratificaron su compromiso de intensificar los controles para frenar el contrabando en todo el país, evitando el ingreso y salida de productos, alimentos y mercancía de manera ilegal.