Este jueves, la Confederación de Choferes de Bolivia advirtió que nuevamente se observan filas en las estaciones de servicio de todo el territorio nacional por falta de combustibles, por lo que advirtieron con “paralizar el país” si el Gobierno no regula la distribución de la gasolina y del diésel.

“Es un compromiso del Estado para que no falte combustible (…), si están empezando estos problemas, el sector del transporte no tiene otra cosa más que hacer que paralizar el país hasta que ellos nos digan qué es lo que va a pasar”, advirtió el secretario ejecutivo de la Confederación, Lucio Gómez.

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Combustibles

De acuerdo con el dirigente, en algunos departamentos las estaciones de servicio solo reciben combustible dos veces por semana, por lo que nuevamente hay largas filas para poder cargar carburante.

Gómez señaló que, en el municipio de San Julián, en Santa Cruz, un sector de interculturales bloqueó la carretera en demanda de diésel y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se comprometió a despachar mayores volúmenes.

“Yo creo que necesitan un nuevo problema, que nosotros hagamos esta protesta para que se atienda (…), si hay paro, hay soluciones”, lamentó el dirigente.

Sin embargo, recalcó que su confederación busca el diálogo y no las medidas de presión. Por ello, pidió que se cumplan los acuerdos a los que se llegaron en octubre y noviembre de 2024, cuando el sector de transporte se declaró en emergencia por la falta de combustible y el Gobierno se comprometió a normalizar el abastecimiento.

Además, pidió a las autoridades que “sean sinceros”, porque “teóricamente, en lo numeral” parece que el combustible es normal, debido a que incrementaron los volúmenes y las cantidades. No obstante, eso no se evidencia en la realidad.

Gómez señaló que el tema de la falta de dólares, el incremento de precios de la canasta familiar y ahora la escasez de combustibles provocan que el sector del transporte deba encarecer sus servicios.

El Gobierno de Bolivia y la República Federal de Alemania presentaron este jueves tres convenios de cooperación con el objetivo de impulsar la transición energética y la protección del medio ambiente, con un enfoque especial en la Amazonía boliviana.

La presentación estuvo a cargo de la canciller Celinda Sosa y el embajador de Alemania en Bolivia, José Schulz.

“A pesar de las diferencias de los idiomas, la geografía, la cultura, nuestros vínculos siempre se han caracterizado por mantener los valores de solidaridad, cooperación, amistad y respeto. Junto a la cooperación alemana hemos enfrentado importantes desafíos en beneficio de nuestro pueblo, sobre todo para las comunidades campesinas y los pueblos indígenas”, destacó la ministra de Relaciones Exteriores.

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Alemania

El primer convenio de cooperación financiera permitirá al Gobierno de Bolivia acceder a un préstamo de hasta 34 millones de euros para el proyecto de generación de energía renovable, con el objetivo de diversificar la matriz energética del país y reducir la dependencia de fuentes fósiles.

El segundo acuerdo, de cooperación financiera, establece una subvención de hasta 15 millones de euros destinada a la protección y gestión sostenible de la Amazonía. Este proyecto busca fortalecer las políticas de conservación y el manejo responsable de los recursos naturales en esta región clave para la biodiversidad mundial.

El tercer convenio, centrado en la cooperación técnica, tiene como objetivo fortalecer la transición energética en Bolivia a través del proyecto «ProTransición», el cual contará con recursos humanos, prestaciones materiales y una posible contribución financiera de hasta 5 millones de euros.

El embajador Schulz resaltó la importancia de estos acuerdos, subrayando que la cooperación alemana compromete un total de 54 millones de euros para apoyar al gobierno boliviano en la diversificación energética y la protección del medio ambiente.

El acto de presentación de estos convenios se llevó a cabo en el Salón Samaipata del Ministerio de Relaciones Exteriores, consolidando el compromiso de ambas naciones por un desarrollo sostenible y respetuoso con la naturaleza.

Insistiendo una vez más con la importancia de la medida, el Gobierno convocó a todos los sectores que se consideran afectados por la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) a reuniones para aclarar que la norma que se pretende implantar no es en desmedro de sus actividades y no los perjudicará.

“La invitación se hace de manera pública y se la hace de manera formal a todos los sectores; (la reunión) se realizará entre el lunes y el miércoles en instalaciones del Ministerio de Justicia, en La Paz y así continuar con las reuniones”, informó el titular de la cartera de Estado donde se realizarán los diálogos, César Siles.

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Disposición

La invitación se extendió a los representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Cámara Nacional de Industrias (CNI), Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) y a los sectores gremiales. Las reuniones se realizarán de manera diferenciada entre el lunes y el miércoles de la próxima semana, debido a que los intereses de cada institución varían.

Siles explicó que hay cuatro verbos que molestan a estos sectores, que amenazaron con movilizaciones a partir de febrero.

“La disposición hace una clara diferenciación entre cuatro verbos rectores que preocupan a los sectores movilizados”, indicó el ministro.

Dos de ellos son ‘controlar y fiscalizar’. Sin embargo, estas dos acciones ya son competencia de las autoridades municipales y del Gobierno, para verificar los precios en los centros de abasto y multar a aquellos que tiendan a cobrar un costo excesivo.

Los otros dos verbos son ‘confiscar y decomisar’. Siles explicó que esta facultad ya le corresponde al Ministerio Público, sobre todo con la mercadería de contrabando.

Por ello, la autoridad considera que la disposición contempla aspectos que ya están vigentes y se aplican actualmente, pero se debe trabajar de manera conjunta en su reglamentación.

“La disposición solo recoge, así lo han señalado muchos sectores, fundamentos, mandatos de otras disposiciones legales actualmente vigentes”, señaló.

Diálogo

Por ello, criticó la postura radical de los sectores movilizados, debido a que se niegan a asistir a las reuniones y solo piden la derogación de la norma.

“Estamos abiertos al diálogo constructivo, estamos abiertos a escuchar comentarios, sugerencias. Y en su momento también nosotros realizar propuestas, planes de implementación”, añadió Siles.

El ministro reiteró que en ningún momento la intención del Gobierno es afectar a los gremiales, al comercio minorista o a los productores, sino proteger la economía nacional frente a los delitos del agio, especulación y contrabando.

En nueve años, desde 2014 a 2023, Bolivia importó teléfonos celulares por un valor de $us 367 millones, según un informe del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

Asimismo, indica que a noviembre de 2024, el valor de las importaciones alcanzó $us 16 millones.

De un total de 29 países, los principales proveedores de teléfonos celulares son China (52%), Vietnam (37%) y Hong Kong (8%). Además, las importaciones se realizan desde Estados Unidos con 2%, Corea del sur con 0,6% y de otros países con 0,4%.

Según el informe presentado este jueves por el IBCE, el 2015 se reportó la cifra más alta de importaciones, por un valor de $us 60 millones por la compra de 183 toneladas de celulares.

Los años 2022 y 2023 se reportan las importaciones más bajas con $us 24 millones por la compra de 84 y 67 toneladas respectivamente.

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Celulares

A noviembre del año pasado se reporta la importación de 45 toneladas de los aparatos telefónicos. Restando el informe sobre la importación del mes de diciembre, se proyecta que el 2024 será el año con menor cantidad de importaciones de este producto.

Asimismo, el informe detalla que, a noviembre de 2024, el departamento de Santa Cruz se consolidó como el principal importador de celulares con el 83%, seguido de La Paz con el 15%. Le sigue Oruro y el resto de los departamentos con 1% respectivamente.

El IBCE, que toma como referencia los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y las cifras de la Aduana Nacional.

Según datos de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), hasta diciembre de 2023 se registraron 12.600.000 líneas móviles en todo el país. El 75,8% está en el eje troncal: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

La Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados decidió este jueves suspender el tratamiento de los contratos de explotación de litio que el Gobierno firmó con las empresas Uranium One Group de Rusia y Hong Kong CBC de China, debido a la falta de documentación completa y legalizada.

“Por unanimidad se ha aprobado que no se va a tratar ningún contrato concerniente al litio, tanto lo de la empresa china como de la empresa rusa, hasta que el Ejecutivo no remita documentación completa de los contratos legalizada, para cada uno de los diputados”, informó el presidente en ejercicio de la Comisión, Walthy Egüez, de Creemos.

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Contratos

Egüez criticó la actitud del Gobierno al enviar información incompleta y calificó la acción como una irresponsabilidad que impide un análisis y fiscalización adecuados.

“Falta información. El Ejecutivo tomó con total irresponsabilidad, ocultando datos a la comisión y a los parlamentarios, lo que impide un análisis y fiscalización coherente”, sostuvo.

Los contratos en cuestión contemplan una inversión superior a los $us 2.000 millones para la construcción de plantas de producción de carbonato de litio.

La empresa Hong Kong CBC proyecta invertir $us 1.030 millones para dos plantas con capacidades de 10.000 y 25.000 toneladas anuales, mientras que Uranium One Group busca destinar $us 975 millones en una planta con capacidad de 14.000 toneladas anuales.

Entre las principales observaciones identificadas se encuentra la ausencia de anexos financieros, esenciales para evaluar los compromisos asumidos por el país.

Por ello, Egüez reiteró que no se tratarán los contratos hasta que se tengan “documentos legales completos”.

Litio

Este hecho es contrario con lo que pidió el presidente Luis Arce el miércoles, durante su discurso por el Día del Estado Plurinacional.

El mandatario pidió a la Asamblea no bloquear el desarrollo de Bolivia y no retrasar más la inserción del país en el mercado mundial de litio. 

Por su parte, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Lissa Claros llamó a la población de Potosí y al resto del país a movilizarse contra estos acuerdos, argumentando que los contratos conceden derechos de explotación del litio por 50 años sin asegurar beneficios reales para Bolivia.

Sin embargo, el Gobierno insiste en que Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) recibirá el 51% de las utilidades generadas, además de regalías ajustables a futuras normativas tributarias. No obstante, los legisladores consideran que estas promesas no son suficientes y que persisten riesgos significativos.