Economía

Tuesday 11 Feb 2025 | Actualizado a 12:56 PM

Montenegro asegura presupuesto para el voto exterior en las elecciones

Desde el TSE solicitan $us 7 millones para que los bolivianos residentes en el extranjero puedan emitir su voto.

Un conteo de votos en un recinto electoral de La Paz.

Por Daniel Zenteno

/ 2 de enero de 2025 / 16:13

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró que el Presupuesto General del Estado (PGE) contempla un monto para las elecciones generales de este año, que se realizarán en agosto, incluyendo el dinero para que los ciudadanos bolivianos residentes en el exterior puedan emitir su voto.

“En el Presupuesto hay una previsión, esa previsión contempla todo este contingente de recursos que va a ser utilizado en las elecciones generales de esta gestión”, afirmó este jueves en conferencia de prensa.

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Elecciones

Las declaraciones de Montenegro fueron para brindar tranquilidad al vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi, quien sostuvo que se necesitaba $us 7 millones para contar con el voto exterior en las próximas elecciones nacionales.

De acuerdo con el Gobierno, se tiene previsto destinar más de Bs 200 millones para que el TSE puede realizar estos comicios, informó en diciembre la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

Sin embargo, Tahuichi indicó que el presupuesto para las elecciones debería ser de Bs 310 millones, aproximadamente. Montenegro no se refirió sobre este tema, pero aseguró que todo el tema de los comicios presidenciales está previsto en el PGE que entró en vigencia a partir del miércoles.

El vocal advirtió, “con antelación”, que la no erogación de estos fondos podría poner en riesgo la elección de las máximas autoridades del Órgano Ejecutivo.

Por su parte, desde el Gobierno se asegura que las elecciones contarán con el dinero suficiente para llevarse a cabo con completa normalidad en el mes de agosto, como se tiene previsto.

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Gobierno espera que la CEPB medie con otros sectores privados la disposición séptima

El Gobierno cursó en tres oportunidades invitaciones a los sectores productores, como la Caneb, CAO y CNI, pero la respuesta siempre fue negativa.

El ministro de Desarrollo Rural, Yamil Flores, tras la reunión con la CEPB.

Por Daniel Zenteno

/ 11 de febrero de 2025 / 12:51

Luego de haber logrado la primera reunión con resultados positivos sobre la disposición de la Ley Financial que autoriza decomisos de productos, el Gobierno espera que la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) funja como intermediario con el resto de sectores productores privados movilizados contra la medida.

“Vamos a esperar que la CEPB haga el trabajo de coordinación con estos sectores. Nosotros vamos a seguir insistiendo con el diálogo, queremos que los sectores privados tengan la certeza de que no estamos en contra de sus intereses (…), vamos a esperar que haga las gestiones necesarias”, dijo el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores al concluir la reunión.

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Privados

De esta manera, la autoridad espera que por medio de la CEPB se logre el diálogo con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y otras instituciones.

Flores reiteró que el Gobierno y el sector privado comparten intereses para incrementar la producción, la exportación y los ingresos que generan, por lo que no buscará, de ninguna manera, perjudicar sus actividades. 

“Ya hemos hecho tres invitaciones, a las tres no han asistido (…), no queremos seguir desgastándonos, porque saben que seguimos invitando al diálogo, pero no quieren venir a dialogar”, fustigó el ministro.

Desde diciembre de 2024, solo la CNI asistió al diálogo con el Gobierno, pero a la reunión fue negativa, ya que la postura de los industriales era la de derogar la disposición que autoriza confiscaciones.

Por ello, el lunes se realizó un paro a nivel nacional por parte de los sectores productores, aunque, según el Gobierno, se evidenció que la medida no tuvo convocatoria y solo se presentó en algunos departamentos.

“No hay por qué tener una susceptibilidad para calentar el ambiente en este momento, en el sentido de que nosotros ya vamos a aplicar la normativa o lo vamos a hacer de forma negativa”, añadió la autoridad.

En la reunión de este martes, se acordó, una vez más, que la disposición séptima no podrá aplicarse sin el consenso de los sectores privados.

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Gobierno y CEPB acuerdan que la disposición confiscatoria no se aplique sin consenso

El presidente del empresariado, Giovanni Ortuño, dijo que respeta la posición de los sectores productivos cruceños, pero la CEPB no acatará ningún paro ni medida de presión.

La reunión entre la CEPB y ministros de Estado.

Por Daniel Zenteno

/ 11 de febrero de 2025 / 11:59

Tras una reunión entre autoridades del Gobierno y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), se acordó que la disposición séptima de la Ley Financial que autoriza el decomiso y confiscación de productos no se aplicará sin un consenso previo con el sector privado.

“Hemos acordado que la disposición séptima no se va a aplicar en tanto el sector privado y el Gobierno no se pongan de acuerdo en metodologías, normas o cualquier otra forma de solución al tema de especulación, contrabando ilegal, exportaciones ilegales, seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada”, informó al salir del Ministerio de Justicia.

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Disposición

La reunión se realizó este martes, debido a la susceptibilidad de que el Gobierno comience a aplicar la norma, tras la autorización de los gremiales, quienes propusieron la elaboración de un decreto supremo que establezca textualmente que la disposición no alcanza al comercio minorista.

La criticada norma del Presupuesto General del Estado (PGE) autoriza a las autoridades competentes a decomisar los productos y alimentos que se almacenen con el fin de venderse a precios más elevados. Sin embargo, diversos sectores denuncian que esta medida viola el derecho a la propiedad privada.

Por ello, el lunes se realizó un paro multisectorial nacional en rechazo a la disposición, aunque no recibió mucho apoyo, según el Gobierno.

CEPB

Al respecto, Ortuño señaló que la CEPB no se sumará a ninguna medida de presión, aunque manifestó su respeto por las decisiones de estos sectores.

“Respetamos cualquier tipo de actitud y medida de los sectores productivos de Santa Cruz, las diversas instituciones y sus estrategias para lograr sus objetivos (…); la CEPB, sin embargo, no propicia paros y no puede estar de acuerdo”, afirmó.

En los próximos días, el empresariado y el Gobierno continuarán con las reuniones para esclarecer todos los puntos necesarios sobre la disposición.

“Vamos a constituir fuerzas de trabajo para apuntar hacia soluciones concretas. No nos hemos puesto plazos, pero ya en esta semana vamos a intentar poner un cronograma”, explicó Ortuño.

Además, el presidente de la CEPB coincidió con el Gobierno en que no se puede pedir al Órgano Ejecutivo la derogación de la disposición, pues esa competencia le corresponde a la Asamblea Legislativa.

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Fiscalía investiga presunto proxenetismo y pornografía de dos adolescentes en TikTok

Las menores, ofrecidas como "novias en alquiler", habrían sido inducidas por un adulto de 30 años.

El comandante departamental de Chuquisaca da la información del caso.

Por Daniel Zenteno

/ 11 de febrero de 2025 / 11:59

La Fiscalía Departamental de Chuquisaca inició una investigación por presunto proxenetismo y pornografía tras descubrir que dos hermanas adolescentes se ofrecían como «novias en alquiler» a través de cuentas en TikTok.

Según las autoridades, el caso habría comenzado hace dos años, cuando una persona mayor de 30 años habría manejado sus redes sociales y las habría inducido a ofrecer servicios sexuales y material pornográfico a cambio de dinero.

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Proxenetismo

Mirko Sokol, comandante departamental de la Policía en Chuquisaca, señaló en una entrevista con Bolivia Tv que la falta de recursos económicos en la familia de las menores podría haber sido un factor determinante en este caso.

«Desde hace dos años habrían iniciado, probablemente por una persona mayor que manejaba sus redes sociales, ofrecía servicios sexuales y material pornográfico con diferentes montos», explicó Sokol.

El fiscal Javier Gorena, encargado de la investigación, indicó que se identificó a un individuo de 30 años como presunto responsable de inducir a las adolescentes a publicar contenido sexual en redes sociales durante 2023, cuando tenían 15 años.

Para avanzar en el caso, el Ministerio Público conformó una comisión especializada en trata y tráfico de personas, que revisará el material recolectado, incluyendo datos obtenidos de dos teléfonos celulares confiscados.

Gorena destacó que este individuo es considerado «clave» para determinar las razones detrás de la oferta de las adolescentes como «novias en alquiler». La participación del sospechoso salió a la luz a través de un informe social realizado por la Defensoría de la Niñez, luego de que las menores ingresaran a un hogar de acogida tras una denuncia de violencia familiar presentada por su abuela materna.

Hasta el momento, no se ha logrado localizar a los padres de las menores, quienes supuestamente residen en otras ciudades. Mientras tanto, las adolescentes permanecen bajo custodia en el hogar temporal, y las investigaciones continúan para esclarecer los detalles del presunto proxenetismo y la explotación sexual.

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Suben a 24 los fallecidos por la temporada de lluvias

Hay ocho personas desaparecidas, arrastradas por ríos, que podrían incrementar el número total de fallecidos.

Un río en La Paz aumentó su cauce tras la lluvia del martes. Foto: AMUN

/ 11 de febrero de 2025 / 10:59

Este martes, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que la cantidad de familias afectadas y personas fallecidas por la temporada de lluvias continúa en ascenso.

“Tenemos 27 municipios declarados en desastre municipal y 79 municipios afectados. Las familias afectadas son 85.318, familias damnificadas 28.692 y el total de familias 114.010. Tenemos 333 viviendas completamente destruidas y 24 personas fallecidas”, detalló la autoridad en entrevista con Bolivia Tv.

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Lluvias

Adicionalmente, Calvimontes informó que hay ocho personas desaparecidas que podrían incrementar el dato de personas fallecidas en todo el territorio nacional.

El viceministro informó que el lunes se reportó la desaparición de tres pescadores en el municipio de Bulo Bulo, en Cochabamba, tras la crecida del río Ichilo. Los tres jóvenes están siendo buscados por el equipo de riesgo y se espera encontrarlos con vida.

Asimismo, en el municipio de Tipuani, en La Paz, cuatro mineros fueron arrastrados tras el sorpresivo incremento en el caudal de un río cerca de donde intentaban encontrar oro. Se encontraron a dos personas, pero se reporta que al menos cuatro se encuentran todavía desaparecidas.

En este caso, algunos comunarios reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida; sin embargo, el Viceministerio de Defensa Civil no puedo constatar la información. En caso de oficializarse, los fallecidos ascenderían a 25.

Además, también informó que, en Chuquisaca, una persona fue arrastrada por el río Chico. Este caso es el que menos probabilidades de resultado positivo se tiene, pues el hombre desapareció hace dos semanas.

Calvimontes destacó que se realizan todos los operativos necesarios para poder encontrar a la brevedad posible a todos los desaparecidos y evitar que se presenten incidentes similares.

Además, señaló que se realiza la entrega de ayuda humanitaria, sin escatimar en gastos, a todos los municipios que se declararon en desastre. Esta semana se tiene previsto enviar los insumos necesarios a los municipios paceños de Tipuani y Apolo, que se encuentran bastante afectados.

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En medio de controversia, YLB convoca socialización en Potosí sobre contrato de litio

El encuentro en la Cámara de Minería busca explicar la Ley de Litio y el acuerdo con Hong Kong CBC, en un contexto de protestas de instituciones locales.

Trabajos de extracción de litio del salar de Uyuni, Potosí.

Por Daniel Zenteno

/ 11 de febrero de 2025 / 10:59

El Ministerio de Hidrocarburos, en conjunto con Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), invitó a la sociedad y a actores del sector a participar en una sesión de socialización sobre la Ley de Litio y el contrato firmado con la empresa china Hong Kong CBC.

El evento se llevará a cabo el miércoles en la Cámara Departamental de Minería de Potosí, a partir de las 11.00.

La sesión pretende esclarecer los términos del contrato, que fue suscrito en noviembre de 2024 para la instalación de dos plantas de producción de carbonato de litio en el salar de Uyuni, utilizando tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) y con capacidades de producción de 10.000 y 25.000 toneladas anuales, respectivamente, con una inversión de $us 1.030 millones.

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Contrato

Además, se recuerda que otro contrato similar, suscrito con la empresa rusa Uranium One Group, también fue remitido a la Asamblea Legislativa para su tratamiento. Según los datos oficiales, Bolivia cuenta con 23 millones de toneladas de litio cuantificadas en sus salares, lo que la posiciona como el mayor reservorio de este recurso estratégico a nivel mundial.

Sin embargo, esta medida generó un clima de controversia y protestas en la región. El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y otras instituciones de Potosí han anunciado movilizaciones en contra de los contratos, argumentando que estos acuerdos podrían perjudicar la economía local y favorecer intereses extranjeros en detrimento de la soberanía nacional.

Dichos sectores sostienen que la transparencia y la rentabilidad de los proyectos aún no quedan suficientemente claras y exigen mayor información y diálogo antes de dar su aprobación definitiva.

En respuesta a estas inquietudes, el Gobierno enfatizó en la importancia de estos proyectos para el desarrollo del sector hidrocarburífero y la atracción de inversiones que generen empleo y fortalezcan la economía del país.

Por ello, la socialización tiene como objetivo ofrecer un espacio para el debate y la presentación de datos técnicos que respalden la viabilidad del contrato, buscando disipar las dudas de la sociedad y de los actores críticos que se oponen a los acuerdos.

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