En medio de la escasez de combustibles que atraviesa el país, este medio realizó un sondeo para conocer la percepción de la población sobre la subvención de diésel y gasolina. ¿Es razonable seguir con la medida?

El 79,5% de los encuestados considera que no es razonable mantener la política de subvención de carburantes, tomando en cuenta el contexto actual; mientras que el 20,5% restante apoya la medida, según la encuesta de La Razón.

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Subvención

La subvención de carburantes se aplica desde hace 20 años en el país, manteniendo los precios del litro de gasolina en Bs 3,74 y el de diésel en Bs 3,72. De esta manera, los bolivianos pagan un precio considerablemente más bajo por los combustibles en comparación con los costos en el mercado internacional.

Sin embargo, esta medida, que mantiene los costos del transporte y de vida en general entre los más bajos de la región, representa un alto gasto para el Estado. Solo en 2024 el país destinó $us 2.381 millones para mantener la subvención de carburantes. Para 2025 se prevé un monto superior, de $us 2.900 millones, según el Presupuesto General del Estado (PGE).

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2019 el costo de la subvención de combustibles había sido de $us 1.629 millones; es decir que podría duplicarse en los próximos años.

La situación del país ha cambiado y el ingreso de dólares ya no es el mismo, como reconoce el propio Gobierno. Por ello, las limitadas divisas que genera el país se destinan a la subvención de carburantes y al pago de la deuda externa, situación que provoca la escasez de moneda extranjera que afecta a tantos sectores.

Por ello, muchos actores políticos y económicos insisten en que el Gobierno debe levantar la subvención de carburantes, ya que la consideran como la causa de muchos de los problemas que atraviesa el país actualmente.

Sin embargo, las autoridades advierten que esa posibilidad generaría un encarecimiento en el costo de vida en general, pues todo se mueve con el transporte y se deberá pagar el nuevo precio de la gasolina y diésel agregado a todos los productos y servicios.

En ese sentido, el Gobierno ratificó el pasado viernes que la subvención se mantendrá, pese a todos los pedidos de suspender la medida.

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) de Santa Cruz, Jean Pierre Antelo, lamentó este lunes que el Gobierno tardara tanto en “sincerarse” respecto a la situación del país y urgió que se suman medidas urgentes para evitar más daños a la economía.

«Hemos escuchado a varios ministros, el presidente (Luis Arce) en varios eventos públicos de que la economía está mal. Lamentablemente, ha sido muy tarde; y lo que hoy requerimos es tomar acciones para que este sinceramiento pueda causar el menor daño no solo a la economía del país, sino a las familias bolivianas”, dijo el ejecutivo a los medios de comunicación.

Antelo aseguró que la situación es producto de un modelo económico “acabado” y criticó que se priorice la inversión en empresas públicas y deficitarias.

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Cainco

Asimismo, le recordó al Gobierno que el sector productivo es el motor del desarrollo económico del país y puede ser el mayor generador de divisas, pero requiere de apoyo.

“El modelo está totalmente agotado que invirtió en empresas públicas, deficitarias que dejó de lado al sector privado y productivo. Hay inflación que siente la población y una crisis que será profunda si seguimos postergando las decisiones estructurales que requiere el país”, complementó.

Respecto a la escasez de combustible, atribuida por el Gobierno a la falta de dólares, Antelo dijo que la situación aún no se ha solucionado, pues se siguen asumiendo medidas temporales, “parches”, y no estructurales. Pidió certidumbre para el sector productivo y la población.

“Hay que dar certidumbre, que nos digan si seguiremos haciendo cola o está garantizado el combustible. El campo no espera, la gente no espera, necesitamos certidumbre. Dénse una vuelta por las ciudades y verán las familias sufriendo y eso, traerá consecuencias”.

Desde hace más de tres semanas, el país atraviesa por una escasez de combustible, que según el Gobierno es por falta de dólares y culpó a la Asamblea Legislativa por no aprobar los créditos pendientes.

Si bien, las autoridades del área subieron los volúmenes de distribución, aún persisten las filas, particularmente para conseguir diésel.

Luego de varias semanas al alza, llegando a rozar los Bs 30, el kilo de la carne de pollo redujo su precio considerablemente en los últimos días, encontrándose hasta en Bs 18 en los mercados de La Paz, según el Gobierno.

“En el caso de la carne de pollo vemos que existe una reducción en el precio del kilogramo entero. Ya hay varios puntos, en la Garita, por ejemplo, donde incluso el precio ha llegado a 18 bolivianos”, afirmó este lunes el viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles.

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Pollo

La autoridad atribuyó este hecho a vías expeditas y a mejores condiciones climatológicas para la producción.

Durante la semana anterior, el tramo entre Cochabamba y Oruro fue cortado debido a un derrumbe que fue provocado por las fuertes lluvias. De esta manera, el traslado de pollos de Santa Cruz hacia occidente se vio afectado, lo que disminuyó la oferta del producto.

Por este motivo, el kilo de carne de pollo comenzó a comercializarse a Bs 27 en ciudades como La Paz. En ese entonces, el Gobierno insistió en que se trataba de un problema coyuntural que se solucionaría paulatinamente.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) habilitó el tramo en un tiempo de 48 horas, por lo que se retomó el paso de todo tipo de vehículos. Sin embargo, aunque el producto ya llegaba a los centros de abasto el costo todavía se encontraba por encima de los Bs 20.

Ante ello, el Gobierno, a través del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor anunció procesos legales contra los vendedores, pues consideraron que el alza de precios se debía a fenómenos como la especulación.

El viceministro Siles también destacó que hubo una baja en los precios del kilo gancho de la carne de res, que pasó de Bs 40 a Bs 34,5 en la ciudad de La Paz y El Alto este lunes.

Tras más de dos horas de reunión, el Gobierno y el denominado Comité Multisectorial acordaron que se deben establecer mesas técnicas para acelerar la importación de combustibles por parte de los sectores privados y eliminar todas las barreras burocráticas que impiden la llegada de carburantes al país.

“El Ministerio de Gobierno, a través del Viceministerio de Sustancias Controladas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), se compromete a continuar con los procesos de simplificación de los trámites para viabilizar la importación”, leyó uno de los puntos del acta Marcelo Montenegro, ministro de Economía.

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Combustibles

Para acelerar los trámites, acordaron la formación de mesas técnicas donde se evaluará qué aspectos mejorar, tomando en cuenta la propuesta del sector privado. Justamente, en estas mesas se establecerá el precio del combustible importado.

El pasado viernes, el Comité Multisectorial, que aglomera a productores, industriales, exportadores, transportistas y gremiales, presentó una propuesta de decreto supremo para la libre importación de carburantes.

En la reunión de este lunes, Montenegro les hizo ver que muchas de sus propuestas ya están vigentes en los decretos supremos 5218 (septiembre 2024) y 5271 (noviembre 2024), por lo que quedaron ratificados.

“Los artículos II y III ya están previstos en la normativa vigente, por tanto, se ratifica la vigencia de la exención al Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las importaciones y del gravamen arancelario al 0% a la importación de diésel y gasolina”, leyó el titular de Economía.

Otros de los acuerdos arribados este lunes son mantener las ventanillas únicas y “establecer puntos focales” que permitan viabilizar puntos estratégicos para la importación de carburantes.

De igual manera, el Comité Multisectorial “recomienda” que la vigencia de la importación, comercialización y transporte de gasolina y diésel se mantenga vigente por cinco años, pero Montenegro no indicó si se aceptó esta posibilidad. En su momento, el Gobierno indicó que esta posibilidad es una medida coyuntural debido a la situación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que no cuenta con los dólares para la compra de carburantes.

Acuerdo

Por su parte, Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), destacó la “pronta respuesta” del Gobierno y afirmó que ése es el camino para la reactivación económica y disposición de combustibles.

“Ése es el camino por el cual vamos a poder aliviar la demanda, lograr que nuestras empresas, industrias, el sector agropecuario recupere su capacidad de producción”, afirmó.

Dijo que se trabajará en eliminar la burocracia en los trámites a través de la digitalización de la misma.

Sin embargo, no se llegó a un acuerdo en todos los puntos. El Comité Multisectorial había propuesto eliminar al diésel y la gasolina de la lista de estupefacientes y sustancias controladas, factor que, consideran, impide que las 49 empresas autorizadas aún no puedan importar.

Pero el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, explicó que ésta no es una posibilidad, debido a que los carburantes son precursores en la elaboración de narcóticos.

“No podemos sacar esta sustancia de la lista, eso ha sido entendido por todos los miembros de la mesa”, indicó la autoridad.

No obstante, debido a que la mayoría de puntos es favorable, el Comité anunció que se suspenden todas las medidas de presión que habían anunciado.

Este lunes, tras varias horas de marcha, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto llegó a sede de Gobierno para entregar su pliego petitorio. Pese al resguardo policial y a los amagues de enfrentamiento, los movilizados lograron entregar su documento a una funcionaria en Casa Grande del Pueblo.

“El pueblo alteño está en las calles, hemos bajado con una gran marcha porque en la ciudad de El Alto ya no hay productos de la canasta familiar y si hay, los precios son muy elevados”, denunció Juan Saucedo, presidente de la Fejuve.

El pliego petitorio se compone de 17 puntos en los que se exigen “soluciones estructurales” para la crisis económica que atraviesa el país.

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Fejuve

Las principales demandas son exigir a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) prolongar los plazos para el pago de créditos, debido a que muchos alteños no logran generar ingresos para cumplir con los compromisos con los bancos. Asimismo, piden reducción del gasto público, el cierre de algunos de los ministerios y la reducción salarial de los funcionarios públicos.

Entre otros de los pedidos se encuentra la destitución de Franklin Flores, gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), y de Marcelo Montenegro, ministro de Economía, y Jorge Silva, viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor.

De acuerdo con Saucedo, estas autoridades “se han hecho la burla” del pueblo boliviano y no han dado respuesta a las demandas de la ciudadanía. En su criterio, deben dar un paso al costado para que nuevas autoridades tomen medidas para mejorar la situación.

Saucedo indicó que la respuesta y atención del Gobierno “no puede pasar de esta semana”, por lo que espera que en las próximas 72 horas. Caso contrario, se realizará un nuevo ampliado en el que determinarán “salir a las calles”.