El cementerio de Ovejuyo, ubicado en la zona sur de La Paz, opera sin licencia ambiental ni de funcionamiento y está asentado en un terreno municipal, reveló este lunes Patricia Endara, directora de la Entidad Descentralizada de Cementerios.

La autoridad detalló que el colapso de un talud el domingo por la tarde dejó al descubierto cadáveres enterrados en este predio clandestino, administrado «por privados» sin autorización, por lo que podría ser clausurado.

«Este cementerio no cumple con ningún protocolo. No hay documentación de los cuerpos inhumados y los recursos generados por su administración irregular son desconocidos», denunció Endara desde el lugar del incidente.

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Cementerio

El derrumbe, ocurrido cerca de las 17.00 del domingo, expuso restos humanos y generó preocupación por posibles riesgos sanitarios, ya que se desconoce si los cadáveres afectados son recientes.

Endara recordó que, desde 2021, la Alcaldía de La Paz ha inspeccionado 18 cementerios clandestinos con características similares, todos sin licencias ni registros adecuados.

«En muchos casos, como en Bella Vista o Quentuni, nos recibieron con piedras y empujones. Estos sitios tienen décadas de antigüedad y quienes los administran se resisten a regularizarse», explicó.

La directora criticó la ausencia de la Policía durante la emergencia, pues pese a tratarse de un cementerio ilegal no hubo la cooperación de los efectivos.

Además, enfatizó la necesidad de seguir protocolos para retirar los cuerpos expuestos que quedaron afectados.

«Deben levantarse con documentación respectiva para evitar contaminación. Los privados que administran el lugar realizaron el retiro sin garantías», indicó.

Endara alertó que la falta de controles en Ovejuyo y otros cementerios ilegales pone en riesgo la salud pública, especialmente si hay cadáveres en descomposición. «Sin licencias, no hay garantías de manejo seguro de restos humanos», insistió.

La Alcaldía busca regularizar estos espacios, pero enfrenta resistencia de administradores y familias que, según Endara, ignoran todos los peligros que pueden generar a la zona.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) confirmó que su aplicación (app) ANH Abastecimiento ya se encuentra completamente operativa y permite a los ciudadanos verificar en tiempo real cuáles estaciones de servicio disponen de combustible.

Esta herramienta, parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para normalizar el suministro de carburantes, fue diseñada para aportar transparencia y facilitar el acceso a datos actualizados en un contexto de escasez.

Germán Jiménez, director de la ANH, afirmó el domingo que la aplicación ya estaba habilitada. Sin embargo, este medio verificó que todavía no se la podía utilizar, situación que cambió este lunes.

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Aplicación

Una vez que el usuario descarga la app, debe crear una cuenta ingresando sus datos personales, como nombre, número de cédula, correo electrónico y una contraseña. Posteriormente, se solicita el número de placa del vehículo y el chasis, lo que permite personalizar la búsqueda según la ubicación y necesidades particulares del usuario.

La aplicación despliega un mapa que inicialmente se centra en el departamento de La Paz, pero que permite buscar estaciones de servicio en otras regiones del país. Además, incluye el tarifario de precios de los combustibles, comparando los valores a nivel nacional con los internacionales, y cuenta con una ventanilla para presentar denuncias en caso de irregularidades.

Jiménez explicó que la información que ofrece la app es dinámica y depende de las declaraciones juradas que realizan los dueños de las estaciones, lo que significa que los datos se actualizan constantemente para reflejar la realidad del mercado.

Sin embargo, este punto es el que más críticas genera, pues los usuarios denuncian que se muestra un saldo, pero ya en el surtidor la cantidad disponible de combustible disminuyó.

De igual manera, cuando la app fue anunciada, el presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, cuestionó que ésa sea la solución del Gobierno, pues ya existen al menos tres aplicaciones similares para teléfonos móviles.

El colapso de la laguna Kenko, ubicada en el distrito de Catavi en Potosí, ocasionó que el 80% de las familias de la población de Andavilque quedara bajo lodo y agua tras las intensas lluvias de la madrugada del domingo.

El alcalde de Llallagua, Adalid Aguilar, detalló que el desastre afectó viviendas, cultivos parcelarios y animales, además de reportarse la desaparición de una persona de la tercera edad.

«Las imágenes evidencian viviendas enterradas, cultivos anegados y pérdida de ganado. La magnitud es grave», señaló Aguilar en contacto con Bolivia Tv este lunes.

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Laguna

El desborde de la laguna, causado por las precipitaciones continuas, arrasó con la zona, dejando a decenas de familias sin hogar y medios de subsistencia.

Ante la emergencia, más de 40 efectivos del Comando Conjunto de Respuesta ante Eventos Adversos de las Fuerzas Armadas se desplegaron para ejecutar operativos de rescate, evacuación de personas y salvamento de enseres y ganado.

A estas labores se sumaron instituciones como la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), la empresa Multiactiva y la Federación Regional de Cooperativas Mineras (Ferecomino), en coordinación con la Alcaldía de Llallagua.

Las familias afectadas están siendo atendidas en el hospital de segundo nivel de Llallagua, mientras que sedes sociales fueron habilitadas como albergues temporales.

Aguilar añadió que se gestionó el envío de maquinaria pesada con la Gobernación de Potosí para retirar escombros y rehabilitar la zona. «Trabajamos sin pausa para mitigar el impacto, pero necesitamos más apoyo», afirmó.

Asimismo, el Viceministerio de Defensa Civil anunció la entrega de ayuda humanitaria y efectivos militares para habilitar la zona, los camiones y las redes de aguas, además de coadyuvar en la búsqueda del adulto mayor que aún está desaparecido.

El riesgo persiste en las áreas aledañas ante la insistencia de las lluvias que continúan en todo el país.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) aún analiza una propuesta de la Alcaldía de La Paz para prohibir la venta de combustibles a vehículos cuyos dueños no hayan regularizado su registro propietario ni pagado sus impuestos, según el viceministro de Hidrocarburos, Adams Hurtado.

Pese a que el alcalde Iván Arias había anunciado la medida a partir de este lunes, el viceministro aclaró que la entidad todavía no emitió una posición formal en las próximas horas.

«La Alcaldía planteó esta medida y la ANH la está evaluando. Pronto daremos una respuesta oficial», señaló Hurtado.

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ANH

La propuesta, anunciada el sábado por Arias, si se consuma, afectará a un aproximado de 140.000 vehículos del municipio, cuyos propietarios no cumplieron con obligaciones tributarias.

«Estos autos reciben gasolina subsidiada pese a evadir impuestos. Es injusto para quienes sí regularizan», argumentó Arias durante una reunión con la ANH para coordinar la distribución de combustibles en servicios esenciales y emergencias.

Según la autoridad local, las listas de vehículos irregulares se «purificaron» en los últimos días, superando los 140.000 motorizados.

«La ANH es la responsable de aplicar o no esta medida, pero todas las propuestas son importantes en este contexto de crisis», sostuvo Hurtado, sin adelantar detalles sobre el posible mecanismo de restricción.

La Alcaldía insiste en que la medida busca combatir la evasión fiscal y el uso irregular de subsidios estatales, en un escenario donde la escasez de combustibles obligó al Gobierno a priorizar el abastecimiento.

Arias destacó que, durante la reunión con la ANH, también se coordinó garantizar el suministro al transporte público, servicios de salud y emergencias de La Paz.

Mientras la ANH define su postura, usuarios y transportistas esperan claridad sobre cómo se implementaría la restricción y qué plazos tendrían los afectados para regularizar su situación.

 El viceministro recalcó que, más allá de esta propuesta, el enfoque central sigue siendo «optimizar la distribución para evitar desabastecimiento y especulación».

La medida, de aprobarse, marcaría un precedente en el control del subsidio a combustibles que se puede replicar en otros departamentos y ciudades para aliviar la escasez de carburantes.

Bolivia ocupa el tercer lugar en el ranking de inflación en Sudamérica, con una tasa interanual del 13,22% en febrero de 2025, según un análisis del economista Fernando Romero, presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija.

Solo Venezuela (117%) y Argentina (66,9%) superan al país en este indicador, que registra su nivel más alto desde 2009.

El dato mensual de inflación en Bolivia para febrero fue del 1,26%, el mayor en ese periodo en 14 años, mientras que la acumulada en los primeros dos meses del año alcanzó el 3,24%, equivalente al 43% de la meta gubernamental anual del 7,5%.

El rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas lidera el alza de precios, con una inflación acumulada del 4,85% en 2025, frente a una deflación del -0,43% en el mismo período de 2024. A nivel interanual, este grupo alcanzó un preocupante 21,47%, la cifra más alta desde 2018.

«Los alimentos son el golpe directo a los hogares. Su inflación interanual del 17,68% es la más elevada en ocho años», señaló Romero, quien vinculó la tendencia al desabastecimiento de combustibles, que encarece la logística y reduce el poder adquisitivo de la población.

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Inflación

Mientras Bolivia enfrenta presiones inflacionarias críticas, otros países latinoamericanos reportaron cifras moderadas en febrero: El Salvador (0,06%), Costa Rica (1,24%), México (3,77%) y Honduras (4,75%).

En Sudamérica, Colombia (cuarto), Uruguay quinto) y Brasil (sexto) completan el top 10, con Chile, Paraguay, Perú y Ecuador en los últimos puestos.

Romero alertó que, de mantenerse la tendencia actual, Bolivia podría cerrar 2025 con una inflación del 20%, escalando del tercer al segundo puesto en la región.

«La combinación de desabastecimiento, incertidumbre económica y presión sobre productos básicos es una bomba de tiempo. Sin políticas efectivas, la medalla de bronce podría convertirse en plata», afirmó.

El economista destacó que el alza en alimentos y combustibles no solo refleja problemas internos, sino también un entorno regional complejo, con países vecinos como Argentina y Venezuela en crisis profundas.

El informe concluye con un llamado a las autoridades a implementar medidas para estabilizar el suministro de combustibles, controlar la especulación y reactivar mecanismos de protección social.

«Si no se actúa ahora, el costo de vida seguirá disparándose, y con él, el malestar social», advirtió Romero, subrayando que la inflación ya consume más de la mitad del salario mínimo en rubros esenciales.

Con una economía en riesgo de sobrecalentamiento y reservas internacionales en mínimos históricos, el análisis plantea un escenario desafiante para el Gobierno, que deberá equilibrar sus políticas en un año marcado por tensiones políticas y demandas internas crecientes.