El presidente Luis Arce destacó este sábado el papel de la Confederación de Interculturales de Bolivia en la defensa de la democracia y el desarrollo del país, durante la celebración del 54 aniversario de esta organización, que forma parte del bloque del Pacto de Unidad.

El acto central se llevó a cabo en la sede principal de la ciudad de Santa Cruz, con la participación de dirigentes y representantes de las diferentes regionales de la organización, presente en ocho de los nueve departamentos de Bolivia.

“Nuestra Confederación de Interculturales es el pueblo organizado para defender sus derechos y reivindicaciones, mejorar la producción en el campo, donde trabajan nuestros hermanos de la familia intercultural. Por lo tanto, es esa organización que aglutina, que plantea y defiende al pueblo boliviano, pero también nuestra democracia”, afirmó Arce durante su discurso.

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Arce

Recordó que fue fundada hace más de 50 años como la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia e históricamente se enfrentó a las dictaduras militares y todavía mantiene «un firme compromiso con la lucha por los derechos sociales y la justicia».

Además, Arce destacó que la Confederación de Interculturales estuvo en primera línea durante el intento fallido de golpe de Estado del 26 de junio de 2024, liderado por el exgeneral Juan José Zúñiga, quien actualmente se encuentra en prisión.

“Ese compromiso con la democracia hace que esta organización sea ese referente y tenga el respeto entre las organizaciones sociales de nuestro país por la capacidad de aglutinar, de coordinar, de armonizar y de acordar con nuestras organizaciones sociales esa lucha para el pueblo boliviano”, destacó el mandatario.

Asimismo, Arce entregó un vehículo a los Interculturales para facilitar su desplazamiento y gestión en las diferentes regiones del país, como una muestra de apoyo del Gobierno a la organización.

El contrato de litio firmado entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y el consorcio chino Hong Kong CBC incluirá un estudio técnico de ingeniería a detalle para definir el uso del agua, su reciclaje y la micro localización de dos plantas industriales en el Salar de Uyuni.

Así lo explicó este sábado el presidente de YLB, Omar Alarcón, quien destacó que este estudio es el primer paso para garantizar la viabilidad del proyecto y cumplir con los requisitos ambientales, incluyendo la consulta previa con las comunidades afectadas.

«El estudio a diseño final entregará los datos precisos de cuánta agua se va a utilizar, cuánta agua se va a reciclar; también la cantidad y calidad de residuos, y eso sirve para tramitar la Licencia Ambiental, que definirá dónde y cómo se realizará la consulta previa», afirmó Alarcón, citado en una nota de prensa de YLB.

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Contrato

El estudio, que tendrá un costo aproximado de entre $us 30 y 40 millones, será financiado por CBC y permitirá obtener datos precisos sobre la factibilidad del proyecto. Estos datos serán validados por el Ministerio de Medio Ambiente y, si así lo desea la población, por empresas internacionales.

Alarcón aclaró que, aunque el contrato ya fue firmado, los datos finales se obtendrán a través de este estudio, que se basa en estimaciones previas realizadas por YLB en base a trabajos de exploración y estudios hidrogeológicos.

El contrato con CBC contempla la construcción y operación de dos plantas industriales con capacidad para producir 35.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería. Ambas plantas utilizarán la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL), una tecnología más avanzada a las actuales piscinas de evaporación.

Alarcón destacó que el estudio técnico no solo garantizará la viabilidad del proyecto, sino que también servirá para cumplir con los requisitos de consulta previa y licencia ambiental.

«Nosotros tenemos un contrato con la viabilidad de un proyecto, firmamos y aprobamos el contrato para iniciar el proyecto con el estudio a diseño final, que va a garantizar los datos precisos», explicó.

El contrato con CBC se encuentra actualmente en la Asamblea Legislativa para su tratamiento, en medio de un debate sobre la industrialización del litio en el país.

Mientras el Gobierno insiste en la urgencia de aprovechar este recurso estratégico, sectores de la oposición y organizaciones sociales exigen mayor transparencia y se oponen a la aprobación.

Este sábado, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, informó que Boliviana de Aviación (BoA) cuenta oficialmente, en la actualidad, con 21 aeronaves, lo que representa una disminución de tres aeronaves en comparación con 2024, aunque la autoridad no dio mayores detalles.

“Son 21 aeronaves que tiene la aerolínea bandera, no todas están funcionando, porque se hace mantenimiento periódico por horas de vuelo”, explicó el ministro al ser consultado por el tema.

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BoA

De acuerdo con el nuevo gerente de BoA, Mario Borda, la empresa estatal opera únicamente con 14 aviones, debido a que algunos se encuentran en proceso de reparación y no están en funcionamiento.

Montaño también se refirió al tema de la nueva autoridad de la estatal, luego de que el exgerente Ronald Casso presentara su renuncia el pasado 7 de febrero, en medio de fuertes críticas al servicio de BoA.

Según el ministro, ocho días después del cambio de gerente, se notan resultados favorables en el transporte aéreo de pasajeros.

“En esta semana ha habido una mejora, ya no hay retrasos, se ha mejorado el tema del mantenimiento de las aeronaves. El nuevo gerente nos va a informar el lunes qué es lo que se va a cambiar en beneficio del país y de la población”, afirmó Montaño.

Cielos abiertos

Consultado por uno de los periodistas sobre si alguno de esos cambios contempla “abrir los cielos” del país, el ministro recalcó que actualmente operan “17 líneas áreas en Bolivia”, por lo que no existen cielos cerrados como denuncian algunos sectores.

Invitó nuevamente a cualquier interesado en ingresar una nueva aerolínea en el país a hacerlo, siempre y cuando se respete el marco normativo y se rija a las leyes vigentes.

El nuevo gerente de BoA dijo que se intentará ampliar los vuelos a destinos estratégicos, como Estados Unidos y se analizarán los convenios internacionales vigentes para que la estatal se vea favorecida en los vuelos hacia países vecinos.

El ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz, desafió a los sectores políticos y cívicos que se oponen a los contratos para la industrialización del litio a presentar propuestas concretas en lugar de limitarse a criticar y atacar.

«Si no están de acuerdo (con los contratos), ¿qué proponen? ¿Cuál es la propuesta? Si hay algo que ha caracterizado a los políticos de oposición es solamente el criticar y atacar. Algunas instituciones aprovechan este espacio para su proyección política», cuestionó este sábado.

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Rechazo

El ministro se refirió específicamente a la oposición de grupos como el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y algunos actores políticos, quienes rechazan los contratos firmados con la empresa rusa Uranium One Group y el consorcio chino Hong Kong CBC.

Estos acuerdos buscan implementar plantas de producción de carbonato de litio en el salar de Uyuni, con una inversión total que supera los $us 2.000 millones.

Ruiz recordó que el litio es un recurso estratégico para Bolivia, que posee las mayores reservas mundiales de este mineral.

«El litio es un desafío que tenemos los bolivianos para industrializar, porque lo decía bien el presidente Luis Arce: si no aprovechamos el litio, llegado el momento habrá otro tipo de energías que va a dejar que el litio pase su buen momento», advirtió.

Litio

El proceso de socialización de los contratos, iniciado el jueves en Potosí, fue interrumpido por grupos vinculados a Comcipo, quienes denunciaron que los intereses por la inversión serían del 12%, que se estarían entregando los recursos naturales y que los contratos ya están vigentes.

Sin embargo, el Gobierno aclaró que los contratos deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa para entrar en vigencia y que Bolivia retendrá el 70% de los ingresos generados por la industrialización del litio.

«Sería bueno, por eso decía, siempre tener propuestas que te permitan debatir sobre el tema, pero cuando está primero el interés político, pues es difícil avanzar por el interés del desarrollo del país», cuestionó Ruiz.

Mientras tanto, la Cámara de Diputados suspendió el tratamiento del proyecto de industrialización del litio hasta que concluya el proceso de socialización y la población esté informada sobre el contenido de los contratos.

Este sábado, el precandidato presidencial Samuel Doria Medina felicitó a Luis Fernando Camacho, detenido en el penal de Chonchocoro, por su cumpleaños. Sin embargo, dijo que no le enviaré ningún regalo ahora, pero prometió dárselo luego de ganar las próximas elecciones.

“No le enviaré un regalo hoy. Se lo daré el 17 de agosto (fecha de los comicios), en la noche, cuando la televisión diga que ganamos y él sepa que su libertad es inminente”, escribió Doria Medina en sus redes sociales.

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Camacho

El empresario y líder de Unidad Nacional (UN) añadió que es “un castigo cruel” que Camacho tenga que cumplir un año más detenido en Chonchcoro, siendo su tercer cumpleaños en el penal.

El gobernador electo de Santa Cruz fue detenido en diciembre de 2022, debido a su implicancia en el caso Golpe de Estado I, que investiga las acciones previas a la renuncia del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019.

En ese entonces, Camacho tuvo un rol protagónico en la crisis social y política que se vivió luego de que la oposición denunciara fraudulentos los comicios de ese año. El otrora presidente del Comité pro Santa Cruz financió movilizaciones, lideró cabildos e irrumpió en Palacio Quemado con biblia en mano pidiendo la renuncia de Morales.

Sin embargo, de acuerdo con Doria Medina, el único delito de Camacho fue haber protestado contra el “fraude” del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Hoy Luis Fernando Camacho cumple años en prisión y lejos de su tierra. Es un castigo cruel e inmerecido a un político que solo ha ejercitado su derecho a la protesta en contra del fraude del MAS”, afirmó.

Pese a que la defensa de Camacho intentó que se cese la detención preventiva del gobernador, alegando motivos de salud, la Justicia rechazó el pedido, por lo que deberá permanecer recluido en tanto continúa el juicio por el caso Golpe de Estado I.