En un paso clave para consolidar la integración entre Bolivia y Brasil, delegaciones técnicas y diplomáticas de ambos países participaron en la III Reunión de la Comisión Mixta destinada a definir los lineamientos para la construcción de un puente internacional sobre el río Rapirrán, que conectará las localidades fronterizas de Montevideo (Pando, Bolivia) y Plácido de Castro (Acre, Brasil).

El encuentro, celebrado en ambas márgenes del río, contó con la presencia de representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores, autoridades departamentales de Pando y Acre, así como equipos técnicos de infraestructura de Bolivia, como la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), y el Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes (DNIT), de Brasil. 

Según una nota de prensa de la Cancillería, durante la jornada, las delegaciones realizaron una inspección al puente actual sobre el Rapirrán, analizando alternativas técnicas para la nueva estructura, que garantizará el tránsito seguro de vehículos y personas.

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Puente

La obra priorizará el acceso de estudiantes de la Universidad Amazónica de Pando (filial Montevideo) y dinamizará el intercambio comercial y turístico en una zona históricamente aislada. 

El proyecto, respaldado por la Declaración Conjunta presidencial del 9 de julio de 2024, busca materializar un compromiso binacional vigente desde el Acuerdo de 2007, ratificado por Bolivia en 2010.

 «Este puente no solo mejorará la conectividad, sino que impulsará el desarrollo socioeconómico en el noreste de Pando y el estado de Acre», destacó la Cancillería, subrayando su alineación con políticas de integración regional. 

La obra permitirá facilitar el transporte de productos locales como castaña, madera y frutos amazónicos, reducir tiempos de viaje para comunidades que actualmente dependen de balsas y fortalecerá la seguridad en una ruta estratégica para el corredor bioceánico. 

Las próximas etapas incluyen estudios geotécnicos detallados y la firma de un cronograma conjunto para licitación y construcción. Este proyecto se suma a iniciativas como el puente Binacional Guayaramerín-Guajará-Mirim, consolidando a Bolivia y Brasil como socios clave en la infraestructura sudamericana. 

El cruce en el río Rapirrán permitirá integrar a más de 15.000 habitantes directos y potenciar la cooperación educativa, económica y comercial entre ambos países.

En diferentes operativos realizados durante la gestión 2024, los militares Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC) decomisaron Bs 1.097.488, $us 187.807 y 38 millones de pesos argentinos que eran ingresados de manera ilegal al país.

Durante la Rendición de Cuentas Final, el viceministro de Lucha contra el Contrabando, Luis Amílcar Velásquez, informó que se realizaron ocho decomisos para incautar bolivianos y divisas en diferentes sectores del territorio nacional. El dinero fue entregado a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen.

Señaló también que se realizó la pasada gestión una afectación al contrabando de Bs 423.266.801; en 10.269 operaciones especiales de vigilancia, control e interdicción de lucha contra el contrabando.

Respecto al contrabando a la inversa, informó que la afectación por decomiso de alimentos y combustibles sumó Bs 11.029.879 millones.

“En afectación al contrabando a la inversa de alimentos fue de 9.479.170 de bolivianos y de combustibles de 1.550.709 de bolivianos; en total, afectación al contrabando a la inversa fue de 11.029.879 de bolivianos”, detalló.

El contrabando a la inversa es la salida ilegal de productos nacionales, especialmente alimentos y combustibles, a países vecinos por su bajo precio en el mercado interna.

De acuerdo con los datos oficiales se intentó sacar de suelo boliviano 133 cabezas de res por un valor de Bs 1.236 millones, 32.300 kilos de carne de cerdo por Bs 1.130.500; y 6.000 kilos de carne de pollo por Bs 90.000.

Entre otros alimentos que intentaron sacar de Bolivia están la papa, harina de trigo, soya, azúcar, arroz, fideo, aceite, maíz, quinua, huevo, yuca, afrecho y frutas. En la alista también está el frangollo y productos varios.

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Militares

Los operativos incautaron 124.700 litros de gasolina por un valor de Bs 466.378, 317.890 litros de diésel por Bs 1.062.581 y 87 garrafas de GLP (Gas Licuado de Petróleo) por Bs 21.750.

Asimismo, se realizaron 15.444 operaciones junto con las unidades de las Fuerzas Armadas establecidas para esa labor con el empleo de 8.000 efectivos militares.

Velásquez señaló que se reforzaron los puntos fronterizos a través del despliegue de unidades militares como el CEO Amazonas en Cobija; el CEO Mamoré en el Beni; el CEO Plata en Santa Cruz (frontera con el Brasil); el CEO Chichas en Tupiza y el CEO Chaco en Tarija (frontera con la Argentina).

El domingo, La Razón informó que el contrabando a la inversa crece en Bolivia y mueve una economía criminal imparable. Las autoridades suman decomisos, pero reconocen que la lucha es “insuficiente”.

La Confederación de Panificadores de Bolivia y la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) llegaron este jueves a un acuerdo para regularizar la distribución de insumos para la elaboración del pan de batalla y que éste se mantenga a 50 centavos.

El dirigente Rubén Ríos agradeció el compromiso del Gobierno de regularizar la distribución de harina, azúcar, manteca; y levadura a precio subvencionado hasta la próxima semana.

Respecto a las observaciones sobre algunos panificadores que presentaron documentación falsificada o incompleta para beneficiarse con los insumos subvencionados, del gerente de Emapa, Franklin Flores, dijo que se dio un plazo hasta el lunes para que éstos regularicen sus documentos.

Al respecto, Ríos dijo que el acuerdo para recibir insumos llegará a todo su sector y garantizó que no existen documentos falsos ni irregularidades; y se demostrará con la presentación de los documentos requeridos.

“Hemos dialogado y aclarado todas las problemáticas, hemos llegado a un puerto, nos está dando luz blanca para seguir trabajando y mantener el precio a 50 centavos a nivel nacional; como ha tenido disponibilidad el Gobierno de escuchar nuestras demandas suspendemos nuestras medidas de presión”, dijo Ríos en conferencia de prensa.

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Emapa

Asimismo, informó que Flores indicó que los productos ya están en almacén y se regularizará la entrega hasta el lunes.

“Había observaciones a la mayoría de los afiliados, pero ya lo hemos solucionado y estamos dispuestos a seguir trabajando con el Gobierno; pedimos a la población que no se alarme”, complementó el dirigente.

A su turno, el gerente de Emapa garantizó que el Gobierno mantendrá el acuerdo con el sector para entregar a lo largo del año 2,5 millones de quintales de harina; 126.000 quintales de azúcar, 144.000 cajas de manteca de 16 kilos y 48.000 cajas de levadura, todo a precio subvencionado.

“Todos los panificadores que les faltaba requisitos para presentar como licencia de funcionamiento y otros documentos se les está dando un plazo hasta el 31 de este mes y vamos a seguir trabajando”, garantizó.

El miércoles, los panificadores anunciaron un paro de 48 horas por el incumplimiento en la entrega de harina de parte de Emapa.

Flores garantizó que a la fecha se entregó 317.931 quintales de harina, más de 17.000 cajas de manteca; 3.000 quintales de azúcar y 4.510 cajas de levadura.

La Cámara de Diputados aprobó la conformación de una comisión especial de investigación para indagar las denuncias de presuntas irregularidades en la importación de combustible por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a través de su empresa subsidiaria Botrading.

El presidente del órgano camaral, Omar Yujra, explicó la Resolución Camaral 004/2024-2025, establece que esta comisión ejercerá funciones de manera permanente por un lapso de 60 días calendario. Al término de ese plazo, deberá presentar un informe al Pleno de la Cámara de Diputados con sus conclusiones y recomendaciones.

“La formación de esta comisión hace notar de que somos los principales interesados en que se llegue a la verdad de los hechos respecto a estos rumores que están corriendo por redes sociales sobre algunos sobreprecios; o que estarían involucradas algunas personas”, explicó.

Integran la comisión los diputados titulares del Movimiento Al Socialismo (MAS) José Luis Flores (jefe de bancada), Miriam Martínez y Lidia Tupa; de Comunidad Ciudadana (CC) están Carlos Alarcón y Enrique Urquiri (jefe de bancada de CC); y de Creemos, Edwin Bazán.

En tanto, los suplentes son Freddy Velázquez, Blanca Magalí López y Vicente Condori, del MAS; Samantha Nogales y María Elena Pachacute, de CC, y Rosa Tatiana Áñez, de Creemos.

Según la resolución, en caso de sesiones paralelas en la Cámara de Diputados, los miembros de la comisión podrán obtener los permisos correspondientes para cumplir con sus funciones investigativas; sin afectar sus obligaciones legislativas.

Combustible

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“Durante este tiempo tendrán que trabajar de forma permanente 24/7 y de esta manera reunirse con las personas, las empresas, las instancias y realizar absolutamente todas las actividades pertinentes para llegar a esa verdad material de los hechos”, precisó Yujra.

Al respecto, el diputado de Creemos Erwin Bazán dijo que la comisión ayudará a tener resultados que determinen si hubo o no irregularidades en los contratos.

“En este momento el pueblo boliviano está haciendo cola en los surtidores y resulta que había habido una empresa que resultó una empresa estatal; primero lo negaron y luego, por declaraciones de los mismos ejecutivos de YPFB, dijeron que es una empresa subsidiaria de YPFB”, explicó el legislador.

En las últimas semanas, opositores y actores políticos cuestionaron a la empresa Botrading; y señalaron que estaría siendo beneficiada por YPFB con contratos para la importación de combustibles, incluso con precios más altos.

Sin embargo, el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, defendió el domingo a la empresa Botrading y aseguró que fue creada para romper el monopolio de las intermediarias para la provisión de combustible al país; y que actualmente provee del 15% de diésel que consume Bolivia. Descartó cualquier favorecimiento y dijo que participó en 13 de 40 procesos de adjudicación; y generó un ahorro a la estatal de $us 20 millones.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) negó este jueves que exista sobreprecio en la importación de combustibles y garantizó que la calidad del producto es internacional, por lo que no descarta asumir acciones legales contra quienes dañan la imagen de la estatal y sus proveedores.

El vicepresidente de Operaciones de YPFB, Ariel Montaño, informó este jueves que el costo de importación de carburantes está en los rangos de la región; y en el caso boliviano llega a $us 0,68 litro desde Arica, Chile.

Según los datos oficiales, Perú y Chile tienen un costo de importación de diésel CIF (costo, seguro y flete) de 0,65 dólares y 0,70 dólares el litro, respectivamente.

“Estamos importando dentro del rango de referencia de la región, no existe un sobreprecio como tal; sino lo que existe es una suerte de desconocimiento total y bastante imaginación por parte de algunas personas que están denunciando este tipo de hechos”, aseguró Montaño.

Y agregó: “Las últimas semanas se han realizado bastantes denuncias infundadas, faltando a la verdad; no solo respecto a la calidad del producto, sino a los precios de referencia; mellando y afectando la imagen de la empresa a nivel nacional e internacional con nuestros proveedores”.

Asimismo, defendió la transparencia de estos procesos y anunció que se evalúa las “acciones correspondientes contra estas personas que constantemente están faltando a la verdad en relación a la importación de combustibles”.

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Combustibles

Explicó, además, que los procesos de contratación para la importación de combustibles son realizados mediante cotización e invitación a las empresas, a través del portal web de YPFB, y éstas están registradas en la base de datos oficial.

Montaño atribuyó las observaciones al trabajo de YPFB a un “desconocimiento total y a bastante imaginación”.

La explicación del ejecutivo de la empresa estatal responde a los dirigentes de la Confederación Nacional Hidrocarburífera, Energética y Petroquímica; que denunciaron que el Gobierno adquiere combustible con sobreprecio y de baja calidad.

Respecto a la calidad, Montaño aseguró que todos los procesos de contratación de YPFB tienen la documentación y los certificados de calidad correspondiente.

“Tenemos la certeza de que la calidad del producto que estamos importando es una calidad internacional; con esto queremos decir a la población que pueda estar tranquila respecto a la transparencia a los precios de las importaciones de combustible”, afirmó.

Aseguró, por ejemplo, que la gasolina es UNL87 y el diésel es ULSD, ambos de mejor calidad bajo el criterio de Argus Media, una empresa líder de inteligencia para los mercados globales de energía y materias primas. Aseguró, que todos los documentos están disponibles en la página web de YPFB.