La diputada potosina Mónica Torres de Comunidad Ciudadana (CC), fue evacuada este martes de la Asamblea Legislativa tras cinco días de huelga de hambre, medida que adoptó para exigir la anulación de los contratos de explotación de litio firmados con empresas extranjeras y mayor transparencia en el manejo de este recurso estratégico.

La legisladora presentó un deterioro en su salud y fue trasladada en ambulancia a un centro médico para recibir atención especializada.

Torres inició la huelga el jueves pasado, denunciando irregularidades en la aprobación del proyecto de ley que avala el contrato con la empresa china Hong Kong CBC en la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados.

“Estamos instalando un primer piquete de huelga en la Asamblea con la intención de que el Gobierno reaccione y anule estos contratos”, declaró al inicio de su protesta.

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Litio

Los contratos en cuestión, firmados en 2024 con la rusa Uranium One Group y el consorcio chino CBC, suman una inversión de más de $us 2.000 millones y contemplan la construcción de tres plantas para la extracción directa de litio en el Salar de Uyuni.

Sin embargo, Torres y otros críticos aseguran que estos acuerdos no fueron consultados con la población potosina y carecen de transparencia, además de ser desfavorables para el Estado.

La diputada también cuestionó la falta de representatividad de los legisladores potosinos, señalando que, pese a que Potosí cuenta con 13 diputados y cuatro senadores, solo ella acató el mandato de las organizaciones cívicas que exigen la anulación de los contratos.

“El abuso del Gobierno intenta acelerar la explotación del litio sin haber concertado con la gente del lugar”, afirmó.

Sin embargo, el oficialismo insiste en que los contratos son favorables para el país y continuará con su socialización, para explicar a las comunidades los alcances e implicancias de los acuerdos firmados.

La dirigencia del transporte pesado anunció este martes que realizará inspecciones en varias carreteras del país, las cuales, según denuncian, se encuentran en pésimas condiciones. Además, no descartan dejar de pagar los peajes en todas las trancas como medida de presión ante la falta de mantenimiento y la opacidad en el uso de los recursos recaudados.

Oscar Reynolds, dirigente del sector, informó que ya se presentó un reclamo formal a las autoridades de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y que se llevarán a cabo inspecciones en rutas críticas, como Sucre-Monteagudo y Sucre-Santa Cruz.

“La situación es crítica. En Cochabamba, por ejemplo, no se ha hecho mantenimiento alguno”, afirmó Reynolds.

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Carreteras

El dirigente cuestionó el manejo de los Bs 720 millones que la ABC recauda anualmente para el mantenimiento de las carreteras.

“El 83% de estos recursos se destina a la ABC y el resto a gastos operativos. Queremos saber cuántas empresas están realizando los trabajos, qué tipo de mantenimientos se están haciendo y por qué las carreteras siguen en mal estado. Son nuestros recursos los que se utilizan”, señaló.

Reynolds advirtió que, de no recibir respuestas claras y soluciones concretas, los transportistas dejarán de pagar los peajes. “En caso de no tener resultados de los informes, no pagaremos peajes”, afirmó.

Los transportistas destacaron que el mal estado de las carreteras, con baches y falta de señalización, no solo provoca accidentes, sino también daños a las unidades de transporte, lo que afecta directamente su actividad económica.

Se espera que en los próximos días las autoridades de la ABC emitan un pronunciamiento sobre estas denuncias. Mientras tanto, el sector del transporte pesado mantiene su postura firme y prepara las inspecciones para evidenciar las deficiencias en las vías nacionales.

El crédito que el Gobierno pide a la Asamblea Legislativa para poder cumplir con el voto exterior en las próximas elecciones presidenciales es el préstamo con el gobierno de Japón de Apoyo de Emergencia para Respuesta a COVID-19 que está en la Cámara de Senadores.

Una de las conclusiones del Tercer Encuentro Multipartidario por la Democracia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue que el “Convenio de Préstamo NBV-C3” debe aprobarse para garantizar las elecciones.

“El Órgano Ejecutivo garantizará la provisión de los recursos económicos suficientes y oportunos para la organización y ejecución de las Elecciones Nacionales 2025, incluido el voto en el exterior y el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. Sin perjuicio de aquello se exhorta al Órgano Legislativo a la aprobación del crédito «Convenio de Préstamo Nº BV-C3», para el fin antes señalado”, señala el punto cuatro de las conclusiones.

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Préstamo

Este hecho generó amplias críticas en la oposición, pues es la cuarta vez que el Gobierno busca destinar este crédito a una actividad diferente a la que está orientado.

Según la expresidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, el Ejecutivo intenta utilizar el préstamo desde 2023 para “fortalecimiento hospitalario, inversión en alcaldías e importación de combustibles y ahora elecciones”.

El senador evista Luis Flores también mostró su preocupación, pues considera que ésta podría ser una maniobra recurrente del Gobierno.

“Ya me llega la duda de saber que hay contratos de préstamo que nos piden autorización para una cosa, pero la gastan en otra. Mi pregunta es, ¿cuántos préstamos nos han hecho aprobar que nos piden para una cosa y la gastan en otra? Seguro ésta no es la primera”, cuestionó el legislador.

El Gobierno, por su parte, instó este martes a la Asamblea Legislativa a cumplir todos los acuerdos del encuentro del TSE, en el que participaron los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, Omar Yujra y Andrónico Rodríguez, respectivamente.

“Pedimos que el Órgano Legislativo ayude al Ejecutivo para cumplir especialmente el voto en el exterior y esta falta de divisas que estamos atravesando, aprobando el crédito convenio de préstamo número BV-C3 para el fin antes señalado”, indicó el ministro de Justicia, César Siles.

Actualmente, hay 16 proyectos de créditos pendientes de aprobación en la Asamblea. El rechazo a los préstamos es, justamente, que se destinen a un rubro diferente al que estaban originalmente previstos.

El diputado evista Héctor Arce reafirmó este martes la desconfianza de su facción hacia el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los acuerdos alcanzados entre organizaciones políticas y el Gobierno para “blindar” los comicios presidenciales del 17 de agosto. El legislador dejó en claro que no aprobarán leyes adicionales, argumentando que la Ley 026 del Régimen Electoral es suficiente para garantizar el proceso.

“Nosotros desconfiamos con absoluta firmeza en el TSE. Esto es simplemente un show, y no se va a aprobar ninguna ley. No necesitamos aprobar ninguna ley, ni garantizar una ley, ni aprobar garantías a nadie”, declaró el legislador.

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Leyes

Arce insistió en que el TSE debe cumplir su trabajo conforme a la Constitución Política y la Ley 026, sin necesidad de nuevas normativas.

En el Tercer Encuentro Multipartidario por la Democracia del TSE, realizado el lunes, se aprobó un acuerdo que incluye varios puntos clave para asegurar las elecciones. Entre ellos, se insta a la Asamblea Legislativa a aprobar un crédito para financiar los comicios, la obligatoriedad de debates entre candidatos y la modificación de la Ley 044 para someter a los vocales del TSE a un juicio de responsabilidad y no a un proceso ordinario.

Sin embargo, estas propuestas no cuentan con el respaldo de los evistas, quienes adelantaron que no aprobarán esos acuerdos.

El senador Luis Flores cuestionó las intenciones detrás del llamado “blindaje” electoral.

“Ese blindaje me parece que es con la intención de cometer algunas irregularidades, algunos delitos. Si van a actuar conforme a la ley y la Constitución, no tendrían problema con defenderse en la justicia ordinaria”, afirmó Flores.

En criterio del legislador, el TSE podría inhabilitar al expresidente Evo Morales y luego no enfrentar ninguna responsabilidad legal. Por ello, dijo que no aprobará las leyes pactadas.

Este martes, el Gobierno pidió a la Asamblea Legislativa a cumplir con lo acordado en un corto plazo para tener todos los acuerdos cumplidos para cuando el TSE emita la convocatoria a las elecciones.

El Régimen Penitenciario informó este martes sobre el cambio del director y los jefes de seguridad del penal de San Pedro en La Paz, como parte de las medidas adoptadas tras la denuncia de un caso de violencia sexual y la posible realización de una fiesta al interior del recinto.

El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, confirmó que los funcionarios removidos están siendo sometidos a una investigación disciplinaria.

El caso que motivó estas acciones involucra a una joven de 25 años, quien habría sido víctima de abuso sexual por parte de tres reclusos durante una visita a su marido, interno en el penal.

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San Pedro

Según las investigaciones preliminares, la mujer fue dopada y agredida en un contexto donde se consumieron bebidas alcohólicas. Aunque la víctima presentó la denuncia, no accedió a realizarse los exámenes médicos correspondientes.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, Gabriel Neme, detalló que los hechos ocurrieron durante una fiesta al interior de la cárcel, donde supuestamente se permitió el ingreso de alcohol. Los tres reclusos implicados fueron aislados temporalmente en San Pedro y serán trasladados al penal de máxima seguridad de Chonchocoro en las próximas horas.

Por su parte, el director nacional de Seguridad Penitenciaria, coronel Rodolfo Machicado, explicó que el relevo del director y los jefes de seguridad se debe a que son responsables del control del penal y, pese a ello, habrían permitido la realización de la fiesta y el ingreso de sustancias prohibidas.

“Estos policías ya están siendo sometidos a procesos disciplinarios, y no se descarta ampliar la investigación contra otros custodios”, afirmó Machicado.

Además, las autoridades investigan imágenes que circulan en redes sociales, donde se observa una fiesta en el penal, para determinar si son recientes y bajo qué autorizaciones se realizó el evento.

Limpias enfatizó que lo prioritario es esclarecer los hechos y garantizar que no se repitan este tipo de situaciones.

El caso ha generado indignación y pone en evidencia las fallas en el control y la seguridad al interior del penal de San Pedro, uno de los más emblemáticos del país.