El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, aseguró que la producción de carbonato de litio en el salar de Uyuni, a cargo de las empresas Uranium One Group y el consorcio Hong Kong CBC, se realizará de forma altamente eficiente y con un impacto ambiental mínimo.

“En todo el proceso productivo se utiliza la misma agua, la cual es reciclada y reinyectada una vez completado el ciclo, permitiendo un aprovechamiento altamente eficiente gracias a la tecnología implementada”, dijo Gallardo.

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Litio

La tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) adoptada en estas plantas permitirá que las emisiones de dióxido de carbono sean considerablemente bajas, lo que descarta impactos ambientales significativos, en contraste con procesos tradicionales que requieren mayores insumos de agua y generan más contaminación.

“Algunas afirmaciones previas carecen de sustento técnico; el proceso empleado minimiza las emisiones gracias al uso de tecnologías limpias que priorizan la recirculación y el reciclaje dentro del sistema productivo”, explicó el ministro.

Gallardo también destacó que la extensión del área de trabajo establecida en los contratos es reducida, lo que optimiza el proceso y permite alcanzar un volumen de producción anual considerable sin agotar las reservas.

“Con solo el 1,34% de los recursos se alcanzará un volumen de producción anual considerable, lo que demuestra la sostenibilidad del proceso y la optimización en el uso de los recursos”, añadió.

Además, el ministro subrayó la importancia de integrar la extracción de litio en un marco de desarrollo integral para las comunidades locales, destacando el potencial del ecoturismo en la región.

“Existe un potencial significativo de ecoturismo en la región, y al atraer inversiones es fundamental evaluar opciones como la utilización del agua desalinizada y su posible beneficio para las comunidades y centros ecoturísticos”, señaló.

Actualmente, el contrato con el consorcio chino, que se debatirá en el pleno de la Cámara de Diputados, genera mucho rechazo, debido a que la oposición y diversos sectores advierten que los acuerdos son desfavorables para el Estado y se estaría “vendiendo” el litio boliviano.

Luego de que la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) se reuniera con ministros de Estado para abordar la polémica disposición adicional séptima de la Ley Financial, algunos sectores privados saludaron este primer acercamiento con el Gobierno en relación a la cuestionada norma.

“Esperamos que ese consenso sea así y vamos adelante en el diálogo, porque el diálogo nos lleva a un consenso y ese consenso implica un desarrollo empresarial, un desarrollo correcto”, destacó Rolando Kempff, presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP).

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Privados

Este martes, en el Ministerio de Justicia, los representantes de la CEPB se reunieron con los ministros de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, y de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores. También estuvo presente el Comité de Seguridad Alimentaria.

Los presentes acordaron que la disposición que autoriza la confiscación y decomiso de productos no puede entrar en vigencia mientras no se logren los consensos correspondientes. Para ello, se elaborarán mesas de trabajo conjunto que analicen cada aspecto de la norma.

“Nadie está a favor del agio y la especulación, mucho menos del contrabando. Pero creemos que habría que suavizar esta situación para evitar conflictos e inclusive evitar quizás abusos de poder en alguna circunstancia”, señaló Jaime Ascarrunz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC).

Estas instituciones se muestran más abiertos con la norma que, según el Gobierno, impedirá la acumulación de productos con el objetivo de venderlos a precios más elevados.

Sin embargo, la disposición genera un marcado rechazo en otra parte del sector privado empresarial, el cual encabezó un paro multisectorial el lunes a nivel nacional (aunque, según el Gobierno, la medida de presión solo se realizó en tres departamentos).

Al momento, las cámaras que impulsaron la movilización no se expresaron al respecto. Pero en el último ampliado antes de la medida de presión se acordó que no se mantendría ninguna reunión con el Gobierno hasta que se derogue la norma.

Una misión de expertos forenses forestales de Francia sostuvo un encuentro con el procurador general del Estado, Ricardo Condori, con el objetivo de evaluar el impacto ambiental ocasionado por los incendios forestales en 2024 y formular nuevas estrategias para la gestión sostenible de los bosques en el país.

“La Procuraduría General del Estado juega un rol clave en la defensa del medio ambiente, promoviendo litigios estratégicos para la protección de los recursos naturales, impulsando normativas ambientales y garantizando el cumplimiento de tratados internacionales en materia de conservación forestal y lucha contra los delitos ambientales”, enfatizó Condori.

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Incendios

El encuentro se enmarca en el compromiso del Gobierno y la Vicepresidencia de fortalecer la justicia ambiental y climática, en línea con el Acuerdo de Escazú.

La reunión, financiada por la Agencia Francesa para el Desarrollo e implementada por la Agencia de Cooperación Técnica Internacional Expertise France, pretende identificar el origen y la magnitud de los daños causados por los incendios, así como planificar una serie de capacitaciones y estudios de campo en las zonas afectadas.

Estos estudios permitirán analizar en detalle los impactos de los incendios y establecer estrategias efectivas de recuperación y prevención de futuros desastres ambientales.

En 2024, el país se declaró en desastre nacional a causa de los incendios forestales en el oriente boliviano, que causaron la pérdida de más de 10 millones de hectáreas de bosque.

Además, en la reunión se discutió la elaboración de un protocolo específico para la determinación del daño medioambiental en el ámbito forestal.

Dicho protocolo busca fortalecer las capacidades nacionales en investigaciones forenses ambientales y sentar las bases para la implementación de políticas públicas que garanticen una respuesta oportuna ante emergencias y contribuyan a la protección de los bosques en Bolivia.

Condori destacó que esta iniciativa representa un paso significativo para la consolidación de una política ambiental robusta y para la integración de criterios científicos en la toma de decisiones en materia de protección de recursos naturales.

El Banco Unión confirmó que su cuenta de X (antes Twitter) fue hackeada en las últimas horas, por lo que las publicaciones recientes en esa red social no guardan ninguna relación con la institución financiera ni con el presidente Luis Arce.

“Banco Unión S.A. denuncia el hackeo y uso malicioso de la cuenta de la red social X @BancoUnionSA por parte de hackers internacionales, cuyas publicaciones utilizan indebidamente la imagen del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y no guarda ninguna relación con esta institución o cualquier estamento del Estado”, señala un comunicado del Banco Unión en su nueva cuenta.

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Cuenta

El nombre de la institución en la red social cambió de Banco Unión S.A. a Banco UniónBo.

Este martes, la cuenta hackeada del banco comenzó a anunciar el lanzamiento de una criptomoneda utilizando la imagen del presidente Arce. El hecho generó confusión en la población y en los seguidores de la página, debido a que está cuenta con la verificación oficial y con más de 60.000 seguidores.

“Adicionalmente, se informa a la opinión pública que se está procediendo con la denuncia y debida diligencia para la eliminación de la cuenta @BancoUnionSA ante los administradores de la red social X”, informa el comunicado de la institución.

Aparentemente, la cuenta es irrecuperable, por lo que la apuesta del Banco Unión es el cierre de la página hackeada, antes de que continúe generando más desinformación. Al momento de cerrar la nota, la ahora excuenta de la institución continúa promoviendo una moneda virtual.

“Banco Unión S.A. recuerda que no solicita ningún tipo de información sensible o personal a sus clientes desde ninguna de sus redes sociales”, aclara el pronunciamiento.

En ninguna de las publicaciones de la página hackeada, al menos en las que todavía están visibles, se pide el pago de algún monto o se pide información personal, simplemente se promocionaba una moneda virtual.

El municipio de Tipuani, ubicado al norte de La Paz, enfrenta una grave situación tras la crecida del río que inundó parte de su zona urbana. Según la asambleísta departamental de La Paz, María Esther Góngora, más de 200 familias han quedado damnificadas y se ven obligadas a vivir en condiciones precarias.

«Sé que son más de 200 (familias) damnificadas, en sí, es medio pueblo. En toda la parte de abajo, el agua ha llegado hasta las tiendas de comercio», declaró la representante en entrevista con Red Uno.

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Tipuani

La riada provocada por las intensas lluvias causó que el río Tipuani se desborde, dejando numerosas viviendas sumergidas y afectando infraestructuras básicas. Los damnificados, que han perdido sus hogares, se ven forzados a refugiarse en la iglesia, mientras claman por asistencia para cubrir necesidades urgentes como material escolar, colchones y apoyo para la reparación de viviendas dañadas.

Además, la falta de un sistema de alcantarillado adecuado y la utilización de agua del río generan temores de posibles brotes epidémicos en la zona.

La asambleísta también criticó la falta de respuesta por parte de las autoridades. Indicó que, a pesar de haberse realizado dos fiscalizaciones en el municipio para documentar el impacto de la inundación, los informes correspondientes «se pierden, no llegan a ejecutarse», lo que agrava la situación para una comunidad que aporta regalías a la gobernación y que depende de inversiones públicas para proteger sus bienes.

Góngora hizo un llamado para que se implementen obras de contención y se repare el puente de Cangalli, considerado un acceso vital para Tipuani.

En este contexto, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, insistió recientemente a la Cámara de Senadores en la aprobación urgente de créditos externos destinados a la atención de emergencias por desastres naturales.