El presidente en ejercicio de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, expresó su oposición a la decisión gubernamental de suspender la exportación de carne de res, calificándola de “totalmente desastrosa” para el sector ganadero.

“Es una medida que va en contrarruta, desestabilizando el esfuerzo que está haciendo el sector para exportar carne y traer las divisas que necesita el país, para que se equilibre la economía”, protestó en entrevista con Unitel.

También le puede interesar leer: Gobierno suspende exportación de carne de res hasta que baje el precio en el mercado interno

Carne

El Gobierno decidió no autorizar la exportación de carne de res hasta que se regularice el abastecimiento y se reduzca el precio en el mercado interno.

Con una producción anual de 350.000 toneladas y 50.000 toneladas de excedentes que podrían ser exportadas, Frerking subrayó que son “tomadores de precio” y no son los causantes del incremento, como denuncia el Gobierno.

“Somos tomadores de precio. El precio lo regula el mercado con la oferta y la demanda, y el Gobierno lo sabe”, señaló.

El titular en ejercicio de la CAO reiteró que esta política restringe la libre competencia y perjudica a los ganaderos, quienes dependen de la exportación para mantener la producción y generar ingresos para el país.

Agregó que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que los productos salgan de manera regular y no se desvíen para especulación o contrabando.

“El Estado es responsable de evitar que el producto salga del país vía contrabando, y los ganaderos deben enfocarse en seguir produciendo”, declaró.

Para abordar esta situación, la CAO se reunirá con la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) este jueves a las 09.00 en la capital cruceña, con el fin de analizar en conjunto las repercusiones de la suspensión y plantear soluciones que protejan los intereses del sector.

Luego de que el Gobierno suspendiera temporalmente la exportación de carne de res, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) cuestionó la medida, señalando que menos venta externa podría generar “mayor pobreza” para la población.

“La respuesta del Gobierno es clara: más Estado, menos exportaciones y más pobreza para los bolivianos. Un camino que ya sabemos cómo termina”, escribió en sus redes sociales Jean Pierre Antelo, presidente de la Cainco.

Puede leer: Gobierno suspende exportación de carne de res hasta que baje el precio en el mercado interno

Carne

Este miércoles, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, informó que no se autorizarán permisos para la exportación de carne de res hasta que los precios en el mercado interno se estabilicen.

La autoridad señaló que los costos de la carne, en todas sus variantes, incrementaron de manera exagerada en los centros de abasto. Además, el precio del ganado vivo también se encareció.

Huanca apuntó contra los ganaderos como los principales responsables, pues considera que las condiciones climáticas son favorables y no hay intransitabilidad en las carreteras, por lo que no hay motivos para que los precios se disparen.

Al respecto, Antelo señaló que, una vez más, el Gobierno pretende responsabilizar a otros sectores por el incremento de precio.

“La suspensión de exportaciones confirma lo que intuíamos: negar la crisis y apuntar a otros”, protestó el presidente de la Cainco, quien hace un par de semanas cuestionó al Gobierno la falta de autocrítica con su gestión y con la toma de decisiones.

Además de la suspensión de las exportaciones, el ministro Huanca anunció que se doblarán los esfuerzos, en coordinación con el Ministerio de Defensa, para evitar el contrabando a la inversa y los intentos por sacar ganado de a pie a los países vecinos.

Las autorizaciones para exportar carne de res se retomarán una vez el precio en el mercado interno se haya normalizado.

La Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley de Acción de Repetición Emergente del Pago de la Reparación Patrimonial de Daños y Perjuicios en el Marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La medida tiene como objetivo recuperar al menos $us 3 millones que el Estado boliviano ha pagado como consecuencia de sentencias y acuerdos de solución amistosa dictados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).

“Hubo mucho daño económico por parte de la irresponsabilidad de algunos servidores públicos de distintos niveles de Estado, en cuanto a vulneración de derechos humanos y, por estas situaciones, ha pagado unos montos cuantiosos el Estado boliviano; por esa razón, se trabajó esta ley con el objetivo de resguardar la economía del país”, explicó la presidenta de la comisión, Olivia Guachalla.

Puede leer: Senadores aprueba proyecto de ley para derogar artículos y disposiciones del PGE

Ley

El proyecto, que consta de 18 artículos, una disposición adicional única, una disposición transitoria y tres disposiciones finales, establece que una vez que el Estado sea notificado con una sentencia de la Corte-IDH o se alcance un acuerdo de solución amistosa se iniciará un procedimiento administrativo en la Procuraduría General del Estado.

Durante este proceso, se emitirá un dictamen preliminar que, posteriormente, se convertirá en un título de fuerza coactiva, permitiendo que un juez civil dicte sentencia y ordene el pago de los daños económicos al responsable.

La iniciativa fue defendida por el ministro de Justicia, Cesar Siles, y el subprocurador Gustavo Medina, quienes destacaron la importancia de garantizar que quienes vulneren derechos humanos asuman las consecuencias financieras de sus actos.

Según el Ministerio de Justicia, hasta la fecha el Estado ha desembolsado más de $us 3 millones por estos conceptos, situación que la nueva ley busca corregir.

La norma se remitió al pleno de la Cámara de Diputados para su tratamiento y su posible remisión a la Cámara de Senadores antes de su entrada en vigencia.

Este miércoles, la Cámara de Senadores aprobó en grande y en detalle un proyecto de ley para derogar once artículos y cinco disposiciones de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE).

“En resguardo de la economía nacional y los intereses de la sociedad (…), correspondiendo al Órgano Ejecutivo la aprobación del presupuesto, limitándose a su objeto y fin (…), no así estableciendo previsiones que sobrepasan temporal, temáticamente, finalísticamente (sic) su materia propia, ajenas al presupuesto en materia económica”, justifica el proyecto de ley.

Puede leer: Gobierno suspende exportación de carne de res hasta que baje el precio en el mercado interno

PGE

Los artículos derogados son el 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 21. Mientras que las disposiciones que quedarían eliminadas son la tercera, cuarta, quinta, sexta y la séptima, que generó grandes controversias.

Todas las normas están relacionadas principalmente con materia económica, tema que los legisladores consideran que fueron incluidos en el PGE con el objetivo de favorecer al Gobierno sin tomar en cuenta a los diferentes sectores o instituciones.

Por ejemplo, el artículo 19 que autoriza “al Banco Central de Bolivia (BCB), en su calidad de Agente Financiero del Gobierno, a poner en garantía sin desplazamiento las reservas de oro” para acceder a préstamos. Los senadores denunciaron que se trata de hipotecar las reservas, por lo que pretenden eliminar la norma.

De igual manera, otros artículos que autorizan al Estado a acceder a financiamiento externo con organismos internacionales fueron eliminados.

Otros, como el 8, 9, 21, se eliminaron debido a que los legisladores consideran que se tiene un trato preferencial con algunas actividades que están exentas de pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En la sesión, los senadores recordaron que el PGE se aprobó por fuerza de ley, debido a que la Asamblea Legislativa no cumplió con el plazo de 60 días para su tratamiento, ya que el proyecto quedó «estancado» en la Cámara de Diputados.

Disposición

Respecto a las disposiciones, los asambleístas coincidieron en que la séptima atenta contra varios derechos constitucionales, puesto que autoriza el control y decomiso de productos que se acumulen con el objetivo de venderse a precios más elevados.

A causa de esta disposición, múltiples sectores marcharán el próximo lunes en todo el territorio nacional, exigiendo su eliminación.

El proyecto de ley fue remitido a la Cámara de Diputados donde también deberá ser aprobado para que el Gobierno cumpla con la derogación de las normas mencionadas.

Debido al incremento “injustificado” del precio de la carne de res, el Gobierno tomó como medida la suspensión temporal de las exportaciones de este producto, con el objetivo de generar una mayor oferta en el mercado interno para que los costos se normalicen.

“Hemos determinado, como Gobierno, no autorizar las exportaciones de carne de res hasta que se regularice el abastecimiento y se reduzca su precio en el mercado local”, informó el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, en conferencia de prensa.

Puede leer: Gobierno acuerda con avicultores un costo diferenciado del maíz subvencionado

Carne

La autoridad señaló que los ganaderos, durante finales de 2024 e inicios de 2025 argumentaron que el incremento en el costo de la carne de res se debía principalmente a la sequía, puesto que no podían alimentar al ganado con pasturas.

Esta situación llevaba a recurrir a un alimento balanceado, maíz y sorgo, que requería un costo de producción adicional para el engorde del ganado.

Sin embargo, ahora el país atraviesa un periodo de lluvias, por lo que, según Huanca, los pastizales ya están en condiciones de alimentar al ganado.

No obstante, pese a este hecho, el ministro señaló que los precios de la carne de res, en todas sus variantes, continúan al alza. Indicó que el ganado vivo pasó a costar de Bs 12 a Bs 21, mientras que el kilo de carne llegó a costar más de Bs 60 en departamentos como La Paz.

Huanca dijo que el “pueblo debe saber” que son los ganaderos quienes están incrementando el costo del producto, puesto que los costos para sus insumos se mantuvieron fijos y las condiciones climáticas y la transitabilidad de carreteras ahora son normales.

Contrabando

Además, el ministro informó que junto con el Ministerio de Defensa se reforzarán los controles para evitar la salida de ganado de contrabando.

“El Gobierno va a extremar todos los esfuerzos para controlar no solo los puntos fronterizos, sino el tránsito del ganado en pie”, señaló, recordando que esa actividad se evidenció durante toda la gestión pasada, debido a que se vende a precios más elevados en países vecinos.

En 2024, se asignó un cupo de 37.000 toneladas para la exportación de carne. Sin embargo, a noviembre de ese año el número de toneladas exportadas llegaba a más de 43.000.

Por ello, la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol) empezó a exigir que se suspendan las exportaciones, debido a que consideran que es la causa de que los precios en el mercado interno se disparen.

Huanca pidió a los gobiernos municipales coadyuvar en el control de costos en los centros de abasto para que la población acceda a un producto de primera necesidad como la carne a precios justos.