A diferencia de lo que ocurre en Potosí, autoridades y sectores del departamento de Oruro respaldaron este viernes la industrialización del litio y pidieron a la Asamblea Legislativa avanzar en la aprobación de los contratos y el proyecto de Ley del Litio.

En conferencia de prensa, la presidenta de la Brigada Parlamentaria de Oruro, Mery Choque, destacó la importancia de no postergar más este proceso, considerando que Bolivia posee las mayores reservas mundiales de este recurso estratégico.

«Avancemos en los contratos que están en mesa en la Cámara de Diputados y el proyecto de la Ley del Litio, paralelamente. No nos perjudiquemos más porque realmente Bolivia necesita de inversiones», afirmó Choque.

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Oruro

Advirtió que, de no aprobarse estos acuerdos, el país perderá una oportunidad histórica para desarrollar su economía y generar empleos.

El alcalde de Coipasa, Ismael Peredo, respaldó la postura de Choque y destacó que su municipio tiene una posición «bien clara» a favor de la industrialización del litio en el salar de Coipasa.

«La industrialización del litio en el salar de Coipasa va a generar empleos, directos e indirectos, en nuestro departamento de Oruro y, por ende, en nuestro país», resaltó Peredo.

Sara Poma, autoridad de la Autonomía Indígena Originario Campesina (AIOC) de Salinas, también se sumó al llamado, señalando que su región recibió socializaciones sobre los contratos y respalda su aprobación.

«Vamos a pedir que se vaya aprobando este proyecto de Ley del Litio por el futuro de nuestros hijos, hijas y de nuestro departamento», añadió Poma.

En contraste, las autoridades orureñas lamentaron la coyuntura en Potosí, donde algunos sectores se oponen a la industrialización del litio.

Mientras Oruro avanza en la socialización y busca consensos para la aprobación de los contratos, Potosí enfrenta divisiones y movilizaciones que buscan que los acuerdos no sean aprobados por la Asamblea.

Este viernes, el Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz, rechazó el pedido de cesación de detención preventiva de Luis Fernando Camacho, por lo que continuará recluido en el penal de Chonchocoro mientras se desarrollan las investigaciones por el caso denominado Golpe de Estado I.

“Se ha rechazado la medida de cesación, por carecer de pruebas documentales”, informó el abogado Víctor Nina, defensa de la exdiputada Lidia Patty que inició la denuncia contra el gobernador electo de Santa Cruz.

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Detención

De acuerdo con Nina, Camacho se encuentra en “condición perfecta de salud”, según los informes médicas, por lo que se espera continuar con las audiencias que investigan los hechos previos a la renuncia del expresidente Evo Morales en 2019.

La defensa de Camacho había argumentado que el líder de Creemos se encontraba atravesando un momento complicado en su salud, pues padece del síndrome de Churg-Strauss.

“La solicitud se basa en la existencia de una enfermedad grave. Tenemos documentación referente al síndrome de Churg-Strauss que es la enfermedad que le aqueja al gobernador”, afirmó su abogado Martín Camacho, antes de conocer la decisión del tribunal.

Inclusive, el jurista advirtió que en última instancia la enfermedad podría causar la muerte de Camacho.

El síndrome de Churg-Strauss es una enfermedad poco frecuente que se caracteriza por la inflamación de los vasos sanguíneos. También se conoce como granulomatosis eosinofílica con poliangeítis.

Sin embargo, de acuerdo con Nina, no se pudo verificar la existencia de dicha patología.

Camacho se encuentra detenido en Chonchocoro desde diciembre de 2022, debido a su participación activa en noviembre de 2019 cuando, como él mismo reconoció, financió movilizaciones, lideró cabildos y tuvo reuniones secretas que determinaron que Jeanine Añez, entonces senadora de Beni, asuma la presidencia tras la renuncia de Morales.

El líder de Creemos es el principal acusado en el caso, por lo que el Ministerio Público pide 20 años de prisión por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, conspiración, seducción de tropas, asociación delictuosa y otros.

Tras más de dos años sin sentencia y con detención preventiva, su abogado defensor considera que se venció “el plazo razonable para la detención”, por lo que insistirá en la cesación.

Durante la entrega de una unidad educativa en el departamento de Tarija, el presidente Luis Arce dijo que durante su gestión se amplía la base de la economía, para no depender de un solo recurso, como en su momento ocurrió con el gas.

“Estamos construyendo una base ancha en la economía nacional. Eso significa que queremos que se industrialice el litio, el hierro, queremos tener turismo, queremos varias actividades para no depender de una sola actividad”, destacó el Presidente.

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Arce

En criterio del mandatario, el proceso de industrialización permitirá que el país logre ingresos de otros rubros poco convencionales o no aprovechados hasta ese momento.

Recordó que durante muchos años el país “dependió” del gas, lo que generó cierto tipo de especulación y preocupación en el país, pues debía estar atento a las variaciones de este recurso en el mercado internacional y a los cambios en las políticas de los países a los que se exportaba gas.

Sin embargo, al tener una economía ancha, ésta servirá como “un pilar de sostén” en los momentos de incertidumbre económica.

El mandatario también reiteró que el país no atraviesa su mejor momento económico, pero, una vez más, señaló que esta situación no la generó el Gobierno, sino que se heredó.

“No es nuestro mejor momento económico por lo que hemos heredado, pero el pueblo tiene que estar seguro que hemos construido la base económica para salir de ese problema, van a madurar esas inversiones”, afirmó Arce.

De acuerdo con el presidente, el plan de reactivación hidrocarburífera permitirá que el país aproveche mejor sus reservas de gas y vuelva a incrementar su producción en los próximos años.

Dijo que esta acción traerá beneficios no solo para el departamento de Tarija, en regalías, sino para todo el país.

Este domingo, la Alcaldía de La Paz tomará una «decisión final» sobre el costo del pasaje en la ciudad, tras una serie de socializaciones con juntas vecinales, transportistas y organizaciones de control social. Así lo anunció este viernes el alcalde Iván Arias, quien destacó que el proceso busca un acuerdo integral que beneficie a todos los actores involucrados.

«Hasta el domingo se planteará una decisión, desde las 10.00. Nosotros no estamos aprobando tarifas, este es un estudio integral que vela por el punto de vista de los choferes y de los ciudadanos, además de considerar el trameaje y la calidad del servicio, incluyendo rutas abandonadas», explicó Arias.

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Alcaldía

El jueves, la Alcaldía entregó un estudio técnico sobre tarifas a los transportistas, quienes plantearon un posible incremento del pasaje basado en parámetros establecidos en gestiones anteriores, el aumento de la canasta familiar y los costos de repuestos.

Mario Silva, representante del sector del transporte, señaló que la propuesta inicial superaría los Bs 3.

«Nosotros vamos a dar la propuesta de más de 3 bolivianos. Ahí vamos a entrar seguramente en consenso con la Alcaldía, transportistas y usuarios. A partir de eso, se podrá llegar a un acuerdo», expresó Silva.

El sector transportista rechaza la tarifa de Bs 2,17 que determinó el estudio para los “tramos cortos”.

Arias informó que las socializaciones continuaron este viernes con juntas vecinales, control social y transportistas, a quienes se les entregó el documento técnico.

«Anoche lo hicimos con los que habíamos acordado, y hoy (viernes) lo estamos socializando con otros sectores», indicó el alcalde.

El estudio presentado por la Alcaldía incluye un análisis de los costos operativos del transporte, que según los transportistas superan los Bs 3 por pasajero, según reportes de años anteriores.

Arias explicó que la decisión final que se tomará el domingo buscará equilibrar las necesidades económicas de los transportistas con el derecho de los ciudadanos a un servicio de calidad y tarifas justas.

Tras una reunión accidentada en Potosí sobre el convenio de industrialización del litio, el Gobierno decidió realizar la socialización, para explicar los alcances y aspectos del contrato, de manera sectorial y particular.

“Vamos a ir sectorializando la socialización, de tal manera que en algún momento de lo que es este camino volvamos a la audiencia pública como ha ocurrido hoy, pero ya esperamos que más del 80% ya haya sido un interlocutor válido en un escenario de diálogo que se puede generar en función a estos contratos”, informó el viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnez.

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Socialización

La socialización que se realizó el jueves no terminó como lo esperaba Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y el Ministerio de Hidrocarburos, debido a que ni siquiera se pudo leer las conclusiones, a causa del rechazo y las interrupciones de varios sectores potosinos.

El Gobierno, como medida, hizo público el contrato para que todos los ciudadanos puedan acceder al documento y verificar que no es entreguista ni desfavorable para el país, como se denuncia.

Sin embargo, pese a ello, el rechazo se intensificó, por lo que la Cámara de Diputados suspenderá el tratamiento de los contratos hasta que concluya la socialización.

El plan contempla que, a partir de estos encuentros, se socialice un cronograma detallado con las distintas instituciones y sectores involucrados.

“A partir de estos escenarios que se va a coordinar con cada uno de ellos se va a poder ir avanzando en la información”, explicó Arnez, destacando la importancia de la transparencia y la participación en el proceso.

Además, señaló que la realidad de cada sector es diferente. Por ejemplo, para los técnicos e ingenieros, explicarán que se intentará que el 85% de los empleados sean nacionales y no llegan con la empresa china.

Además, el viceministro dijo que en las reuniones se han abordado aspectos técnicos, tales como las proyecciones sobre el uso del agua y los estudios de impacto ambiental, necesarios para el desarrollo de la industria en el salar.

“No se puede mover un centímetro el salar sin tener estos estudios aprobados”, precisó, enfatizando que estos procedimientos se llevarán a cabo una vez que el contrato sea formalmente aprobado.