Luego de que la esperada sesión para aprobar un crédito de $us 100 millones haya sido suspendida por la ausencia de 18 senadores, la vicepresidente de la Cámara de Diputados, Deysi Choque, acusó al Senado de querer “boicotear” la aprobación de proyectos de financiamiento externo en la Asamblea Legislativa.

“No hay prueba más clara de que el Senado sigue con la intención de boicotear el trabajo de la Asamblea; pero también sigue intentando boicotear que las elecciones generales se lleven como corresponde”, protestó en conferencia de prensa.

Puedes leer: Falta de quórum en la Asamblea pospone tratamiento de crédito de $us 100 millones

El crédito que se pretendía tratar este jueves era el Convenio de Préstamo 156/2023-2024 por un monto de $us 100 millones con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) para “reponer” recursos durante la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, en el Tercer Encuentro Multipartidario del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Gobierno sugirió que el crédito con JICA se puede destinar para garantizar el voto exterior, debido a que el país no cuenta con las divisas para cubrir esta parte del proceso electoral.

Senadores

Por ello, la sesión de este jueves buscaba la aprobación del proyecto de financiamiento externo para asegurar que los bolivianos en el extranjero también puedan participar.

De acuerdo con Choque, 11 legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), cuatro de Comunidad Ciudadana (CC) y cuatro de Creemos no asistieron a la sesión, por lo que ésta quedó postergada.

En criterio de la legisladora, los senadores de oposición y a fines a Evo Morales quedaron en evidencia con la actitud que mostraron este jueves. Solo justificó a una senadora de su bancada, de quien no dijo el nombre, que solicitó licencia debido a que se encuentra embarazada.

Respecto a la sesión, el presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, indicó que ésta podría retomarse durante el fin de semana o el lunes a más tardar, debido a la importancia del crédito para las próximas elecciones.

Este jueves, en un evento de la Confederación Bartolina Sisa, el presidente Luis Arce se deslindó de la responsabilidad por la caída de gas en el país, el principal recurso que generaba el ingreso de divisas.

En criterio del Mandatario, este hecho se debe a que durante la gestión de Evo Morales no se realizaron los trabajos correspondientes de exploración de nuevos pozos hidrocarburíferos. Sin embargo, él no administraba esa área, pues él era ministro de Economía.

“Siempre dicen: ‘usted era ministro de Economía’, sí, pero no era ministro de Hidrocarburos”, afirmó Arce.

Puede leer también: YPFB defiende empresa Botrading y anuncia acciones legales contra diputado Arce

Gas

De acuerdo con el Presidente, la razón de la crisis económica, de la falta de divisas y de la escasez de combustibles tienen su origen en un mismo punto: el gas.

“Nos habíamos estado comiendo el gas y ése es el principal motivo que explica todo lo que sucede en el país; el país vivía del gas, pero no se cuidó la nacionalización”, indicó.

Nuevamente, Arce reiteró que la gestión de Morales no realizó los trabajos para reponer las reservas de gas y para encontrar nuevos pozos que permitan abastecer y continuar con la producción una vez que se agoten los recursos que se estaban explotando.

El Presidente denunció que en 14 años de gestión, solo se encontraron cuatro nuevos pozos, los cuales no fueron provechosos para el Estado, pues la producción no pudo iniciarse. Por ello, el negocio del gas comenzó a caer para Bolivia a partir de 2016, según Arce.

A raíz de este hecho, Arce señala constantemente que la crisis que atraviesa el país es “heredada” de las gestiones anteriores. Sin embargo, la oposición política y otros sectores le recuerdan que él formó parte del Gobierno desde 2006.

Sin embargo, en sus declaraciones de este jueves, el Presidente parece no sentirse responsable de la nula exploración hidrocarburífera, pues su actividad y responsabilidad estaban relacionadas con la economía del país.

El Ministerio de Obras Públicas firmó este jueves un contrato de Bs 278 millones con la empresa Asociación Accidental Warnes para la construcción de la doble vía Santa Cruz-Warnes, sector este.

El titular de la cartera, Edgar Montaño, informó que la obra, que se extenderá por 27,9 kilómetros, contará con cuatro carriles, pavimento rígido, un separador central y un ancho de calzada de 10,5 metros.

“Hemos firmado el contrato para la construcción de la carretera doble vía Santa Cruz – Warnes, lado este (…). Se ha realizado ya el contrato con la Asociación Accidental Warnes por un monto de 278 millones de bolivianos”, informó la autoridad en conferencia de prensa.

También le puede interesar leer: YPFB defiende empresa Botrading y anuncia acciones legales contra diputado Arce

Warnes

Montaño detalló que el proyecto cuenta con un plazo de ejecución de 540 días a partir del momento de la firma del contrato; el mismo se dividirá en dos etapas.

La primera priorizará obras civiles como movimiento de tierras, sistema de drenaje, viaductos y puentes, respondiendo a solicitudes de transportistas y motociclistas que requieren mejoras en el sector del Cambódromo.

“Los transportistas y motoqueros son los que nos han solicitado que en el sector del Cambódromo se puedan terminar estas obras”, explicó Montaño.

La segunda fase incluirá la construcción de peajes, accesos urbanos y medidas de seguridad vial.

El ministro indicó que, tras la firma del contrato, se emitirá la orden de procedimiento en las próximas semanas. La doble vía conectará la variante Santa Cruz-Warnes, ampliando la capacidad de la red vial en una de las regiones con mayor flujo vehicular del país.

De acuerdo con Montaño, el anuncio de este jueves es el “reflejo” de los esfuerzos gubernamentales por modernizar la infraestructura caminera en el oriente boliviano y fortalecer la economía de la región.

La sesión de la Asamblea Legislativa convocada para este jueves no pudo instalarse por falta de quórum en la Cámara de Senadores.

El presidente del órgano, David Choquehuanca, confirmó que la reunión, que debía tratar cinco proyectos de ley, incluido un crédito de $us 100 millones de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), se reprogramará para este fin de semana o el lunes, tras verificar que varios legisladores solicitaron licencias o tolerancias horarias sin justificación suficiente.

Entre los proyectos pendientes destaca el Convenio de Préstamo 156/2023-2024, que busca reponer recursos usados durante la pandemia de COVID-19 y financiar servicios de salud, protección a grupos vulnerables y la organización del voto de bolivianos en el exterior para las elecciones del 17 de agosto.

Puede leer: YPFB rechaza denuncia de agua en diésel y asegura cumplimiento de protocolos

Quórum

El crédito, aprobado en la Cámara de Diputados el 1 de marzo de la gestión pasada, lleva más de un año estancado en el Senado por objeciones de parlamentarios afines al expresidente Evo Morales y la oposición.

Los legisladores cuestionan que un crédito que tiene un fin concreto se destine a un rubro totalmente distinto, como el voto en el exterior para las elecciones.

Choquehuanca advirtió que se revisarán las licencias de los senadores ausentes y se aplicarán sanciones reglamentarias si incumplen los requisitos. «La sesión se reinstalará pronto, siguiendo el reglamento», aseguró.

El proyecto de JICA fue gestionado inicialmente en marzo de 2023 para reforzar la respuesta sanitaria ante la pandemia.

Crédito

En 2025, el 17 de febrero, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) urgió su aprobación durante el Tercer Encuentro Multipartidario por la Democracia, argumentando que parte de los fondos se destinarían a garantizar el voto en el exterior, el cual requiere de recursos en dólares, de los cuales carece el Gobierno.

Sin embargo, las tensiones políticas y la desconfianza en las autoridades continúan retrasando su tratamiento.

Choquehuanca no descartó convocar la sesión en días no hábiles, como sábado o domingo, para cumplir con los plazos.

A cinco meses de las elecciones generales, el TSE advierte que si el Gobierno no garantiza los fondos, el voto en el exterior puede estar en riesgo.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) negó este jueves las acusaciones de que diésel despachado desde la Planta Senkata, El Alto, contenía agua, luego de que el alcalde de La Paz, Iván Arias, denunciara que el carburante suministrado dañó 10 maquinarias municipales.

La estatal aseguró que cuenta con actas de conformidad firmadas por los conductores de cisternas, que validan los controles de calidad previos a cada entrega.

Según YPFB, la cisterna de la Alcaldía ingresó a Senkata el miércoles 19 de marzo a las 00.45. Tras cargar combustible, se realizó una prueba con varilla para detectar agua, cuyo resultado fue negativo.

«El conductor firmó el certificado de verificación antes de retirarse a la 01.27. Todos los protocolos se cumplieron», explicó la empresa en un comunicado.

Puede leer: Bolivia firma protocolo de requisitos fitosanitarios para exportar sorgo a China

YPFB

La estatal detalló que el mismo procedimiento se aplicó a seis cisternas más cargadas esa madrugada, incluidas las de las estaciones de servicio Charly, Cristo Autogas, Unitours, Caluyo, Cooperativa Minera 15 de Diciembre y Pérez Rocha.

«Ninguna presentó anomalías», enfatizó YPFB, que opera turnos las 24 horas del día para incrementar despachos ante la crisis de abastecimiento.

La respuesta de YPFB llega después de que Arias denunciara el miércoles que el diésel recibido contenía «una gran cantidad de agua», lo que habría afectado a 10 equipos de maquinaria pesada utilizada en obras públicas.

La autoridad edil advirtió incluso con procesos legales y formales contra la estatal petrolera, debido a que la maquinaría tenía programado operar ese mismo día, pero no pudo hacerlo a causa del diésel en mal estado.

Sin embargo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) respaldó a YPFB, rechazando la acusación y atribuyendo los posibles daños a «fallas mecánicas ajenas al combustible».

El conflicto surge en medio de tensiones por la escasez de combustibles, que obligó a YPFB a doblar turnos e incrementar los despachos, lo que según algunos sectores condiciona la calidad de los carburantes que ofrece la empresa. 

Mientras, la Alcaldía exige una investigación independiente, la estatal insiste en que sus registros demuestran transparencia.