El director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización de Juego (AJ), Marco Antonio Sánchez, presentó una serie de medidas dirigidas a combatir la ilegalidad y modernizar el proceso de atención al público.

Durante la Rendición Pública Inicial 2025, enfatizó la necesidad de sancionar el juego en línea y otras actividades clandestinas, como bingos y apuestas ilegales.

«Realizaremos las acciones correspondientes para sancionar el juego en línea. Para ello es importante fortalecer nuestro marco normativo, buscando que se sancione tanto a organizadores como promotores de actividades ilegales», afirmó el funcionario.

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AJ

Dentro de las iniciativas anunciadas, se destaca la implementación de un sistema de inteligencia artificial que se integrará a la aplicación AJ MÓVIL y a la página web de la institución.

Esta herramienta tecnológica permitirá atender de forma automática las consultas frecuentes de los usuarios sobre trámites, requisitos y otros temas de interés, ofreciendo respuestas más rápidas y eficaces.

Asimismo, el director detalló un plan de fiscalización en el que se llevarán a cabo 6.500 controles detectivos, 1.097 controles operativos en el desarrollo de sorteos y entrega de premios, y 727 fiscalizaciones.

Estas acciones están orientadas a garantizar que las promociones empresariales cumplan con las condiciones de legalidad, igualdad y transparencia, elementos esenciales para salvaguardar los derechos de los participantes.

En el ámbito de los sorteos de lotería, la AJ se compromete a continuar con el seguimiento de todo el proceso, desde la impresión de los billetes hasta la realización del sorteo, para asegurar que se mantengan los estándares de igualdad, aleatoriedad y transparencia.

Además, la lucha contra el lavado de activos y la legitimación de ganancias ilícitas es otra prioridad para la institución, que planea establecer acuerdos con la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para agilizar el intercambio de información y la adopción de acciones legales.

Paralelamente, se incrementarán los eventos de capacitación para empresas y negocios, con el objetivo de reducir las infracciones a la normativa y aumentar la confianza en la realización de trámites y promociones transparentes.

Concluido el plazo otorgado por los transportistas para la destitución de dos autoridades, la Confederación de Choferes de Bolivia anunció que el paro general indefinido se realizará, aunque se evitó dar la fecha exacta para la medida de presión.

“El paro continúa, no queremos decir la hora ni la fecha, por seguridad, porque guerra anunciada es guerra perdida; pero sí continúa el paro”, afirmó el secretario ejecutivo de la federación, Lucio Gómez, en conferencia de prensa.

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Choferes

El paro de transporte debía realizarse el lunes y este martes, pero los conductores y el Gobierno llegaron a un acuerdo el viernes para que la medida se suspenda. En el encuentro, cuatro ministros se comprometieron a normalizar el suministro de combustible hasta fin de mes y a atender otras demandas del sector, como ampliar los plazos de sus créditos bancarios.

Sin embargo, los choferes piden vehementemente la destitución de Marcel Claure, presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y del viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva.

El sector califica a estas autoridades como “gente inoperante que ha traicionado al país” y no soluciona sus demandas.

Gómez señaló que no recibieron ninguna respuesta formal por parte del Gobierno en el plazo establecido, por lo que, incluso en caso de recibir una respuesta positiva, la medida de presión se realizará. “Sea cual sea el resultado, el paro que se ha determinado continúa”, advirtió.

Por ello, pidió comprensión a la población e indicó que el Gobierno se hace la burla del acuerdo que se alcanzó verbalmente, pero que no se plasmó de forma escrita.

“Hemos sido una institución orgánica que queremos resolver los problemas con el diálogo, hemos dado en el ampliado un plazo de 72 horas, se ha hecho la reunión y hemos dado 48 horas para la respuesta escrita, pero no lo hay”, protestó Gómez.

Pese a que no quiso dar una respuesta a la pregunta de cuándo comienza el paro, algunos dirigentes señalaron que será la siguiente semana.

En la sesión de este miércoles, la Cámara de Senadores tratará el Proyecto de Ley 275/2024-2025, que autoriza al Estado Plurinacional de Bolivia un crédito para ‘Emergencias por Desastres Naturales y Salud Pública’ por un monto de hasta $us 250 millones.

“Se ha tomado la decisión que en la sesión va a entrar el préstamo de 250 millones de dólares que se va a debatir en la Cámara Alta”, informó el primer secretario del Senado, Roberto Padilla.

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Crédito

El crédito, que se aprobó el 23 de enero en la Cámara de Diputados, permite al Gobierno acceder a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para atender la complicada situación climática que atraviesa el país.

Originalmente, el proyecto se presentó en octubre de 2024 para hacer frente a los incendios forestales que afectaban al oriente boliviano.

Ahora el país se encuentra en emergencia por la temporada de lluvias que genera desastres y afecta a más de 200 municipios en todo el territorio nacional. Inclusive, departamentos como Cochabamba y Santa Cruz se declararon en estado de emergencia para recibir mayor atención por parte del Gobierno central.

La semana pasada, el Senado sancionó otro proyecto de crédito también destinado a desastres climáticos por un monto de $us 75 millones. Al respecto, Padilla indicó que se pedirá en la sesión de este miércoles a los ministros proyectistas informar si ya se realizó el desembolso inmediato que se había acordado.

“Se está solicitando a los ministros que estén presentes en la sesión y nos expliquen cómo va a ser destinado (el crédito). La anterior vez, hemos hechos hecho comprometer a que en dos días tenían que desembolsar a los municipios; vamos a pedir que nos aclaren si realmente han desembolsado. Si no han hecho eso, ¿para qué nuevamente nos piden el tema de los créditos?”, señaló el secretario.

En caso de aprobarse, en la Asamblea Legislativa se habrá dado el visto bueno a un total de 36 proyectos de créditos por un monto superior a $us 4.000 millones durante esta gestión de gobierno.

Este miércoles, el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor y la Intendencia Municipal realizaron un operativo de control de salubridad y precios en algunos mercados de la ciudad de La Paz. De acuerdo con Patricia Álvarez, representante de ese viceministerio en el departamento paceño, se logró identificar que el kilo de la carne de res cruceña rebajó hasta Bs 45 el kilo.

“Nos han entregado las hojas de venta, la carne cruceña se está vendiendo en 48 bolivianos, hasta 45 bolivianos, en esos precios; está bajando (el precio), paulatinamente”, afirmó en conferencia de prensa.

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Carne

De acuerdo con la funcionaria, el precio del producto, que llegó a comercializarse en más de Bs 60, tiene una rebaja lenta de Bs 2 cada semana, aunque recordó que algunos conflictos sociales o problemas climatológicos pueden generar nuevamente el alza de los costos.

No realizó ninguna declaración sobre el precio de la carne beniana, pero señaló que, al ser de menor calidad, el precio debería ser inclusive menor.

Asimismo, Álvarez destacó que el precio de la carne de pollo también comenzó a rebajar a partir de esta semana.

“El kilo de pollo está llegando a 17 bolivianos, lo venden a 18 bolivianos o a 19”, informó la funcionaria. Sin embargo, recordó que en otras épocas el producto se comercializaba en Bs 12, por lo que el objetivo del Gobierno es acercarse a ese costo.

Sin embargo, en el operativo también se identificó que algunos de los comerciantes venden a precios más bajos el producto debido a que no cuentan con los requerimientos sanitarios correspondientes y los alimentos se encontraban en descomposición. Las autoridades procedieron al decomiso de estos productos e iniciaron procesos por riesgo sanitario.

Por ello, se procedió al cierre de tres actividades comerciales y se denunció la agresión a los trabajadores de la Intendencia que realizaban el verificativo.

El Gobierno boliviano gestiona la habilitación de exportaciones de carne bovina y de ave a Egipto, así como de carne bovina, leche fluida y bebidas lácteas a Chile, según el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Huáscar Ajata.

Los avances forman parte de los resultados presentados en la Rendición de Cuentas Final 2024 del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Ajata detalló que las negociaciones con Egipto incluyen también despojos de bovino y carne para China, mientras que con Chile se priorizan lácteos, huevos, miel y otros productos.

«La próxima semana recibiremos una delegación del Servicio Agrícola Ganadero de Chile para inspeccionar plantas exportadoras de leche fluida», anunció.

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Exportaciones

Estas gestiones se enmarcan en el trabajo de la Comisión Administradora del AC22, que busca agilizar el acceso de productos bolivianos al mercado chileno. 

El acercamiento con Egipto se consolidó tras la IV Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas en El Cairo, realizada en noviembre de 2024, donde la canciller Celinda Sosa presentó la oferta exportable boliviana.

«Pronto recibiremos a empresarios egipcios interesados en productos cárnicos y granos», afirmó Sosa durante el encuentro. 

Chile, por su parte, reconoció mediante la Resolución 2965 Exenta a la macro-región del Altiplano (La Paz, Oruro, Potosí, Pando y Beni) como «zona libre de fiebre aftosa sin vacunación», un requisito clave para las exportaciones de carne y lácteos.

A mediano plazo, se proyecta enviar palta, subproductos de llama, frutos amazónicos y maní que generarán el ingreso de divisas al país. 

Estas gestiones responden a la estrategia boliviana de diversificar mercados internacionales para productos agropecuarios, reduciendo la dependencia de mercados tradicionales y aprovechando acuerdos binacionales.

La apertura de Egipto y Chile podría dinamizar sectores clave como la ganadería y la industria láctea; aunque el veto a las exportaciones de carne de res sigue vigente, debido a que el Gobierno espera que se reduzca el precio del producto en el mercado interno para retomar las ventas externas.