Debido a las fuerte temporada de lluvias y a la distribución irregular de combustibles, el sector productor se encuentra en emergencia, pues se ve impedido de realizar sus actividades con normalidad, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria del país.

En este escenario, el expresidente Evo Morales exhortó este martes al Gobierno a declararse en emergencia nacional para agotar todos los esfuerzos del Estado para normalizar la provisión de diésel, principalmente en el oriente, y realizar el mantenimiento de las carreteras. 

“Lo mínimo que el Gobierno debe hacer es declararse en emergencia, movilizar a todo el aparato del Estado y hacer llegar ayuda y combustibles al campo. Es obligación del Gobierno socorrer a nuestras hermanas y hermanos y garantizar la seguridad alimentaria”, indicó en sus redes sociales.

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Lluvias

El exmandatario atribuyó el mal estado de las carreteras en temporada de lluvias, que impide la transitabilidad de los vehículos pesados en algunas regiones, a un nulo trabajo de mantenimiento durante la gestión de Luis Arce.

Sumado a ello, la escasez de combustibles perjudica a la cosecha del sector agropecuario, que se encuentra retrasado en un 10% y tiene hasta fines de abril para concluir con el levantamiento de 1,2 millones de hectáreas de soya y otros cereales y granos.

“Por esas razones, hoy, miles de productores no sólo tienen problemas para cosechar sus productos, sino que tampoco pueden ponerlos en el mercado, a esto se suman las emergencias por las lluvias por las que muchos están perdiendo sus productos”, protestó Morales.

Por ello, el expresidente insiste en que con la declaratoria de emergencia el Estado podrá resolver estos problemas y brindar atención a los sectores afectados por la situación.

En estos momentos la situación del sector productor es crítica, pues miles de hectáreas se encuentran inundadas y sin poder ser cosechadas. De igual manera, 5.000 cabezas de ganado corren riesgo solo en el departamento de Santa Cruz.

El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) está investigando técnicas avanzadas para optimizar el cultivo de tomate en condiciones de escasez hídrica, utilizando polímeros absorbentes en el sustrato de las plantas.

Esta iniciativa, enmarcada en el Proyecto Nacional de Hortalizas, busca mitigar los efectos de la sequía, cada vez más frecuente en zonas periurbanas del país, y asegurar una producción sostenible.

Según un comunicado del INIAF, los polímeros incorporados al sustrato actúan como reservorios de agua, reduciendo el estrés hídrico en las plantas durante su trasplante y crecimiento.

«La sequía es un desafío persistente. Con estas técnicas, buscamos optimizar el recurso hídrico y mejorar el rendimiento de los cultivos», explicó Wara Onishi, investigadora del proyecto. La tecnología ya se prueba en plantineras, donde se preparan los plantines antes de su siembra definitiva.

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Tomate

Debido a la sequía de 2024, el tomate fue uno de los productos que más se encareció, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Misael Fernández, otro investigador del INIAF, destacó que, una vez validadas, estas innovaciones se compartirán con productores nacionales para reducir pérdidas causadas por la falta de agua.

«El objetivo es ofrecer estrategias que permitan cosechas sostenibles incluso en condiciones climáticas adversas», afirmó. Además, el proyecto promueve el riego tecnificado y el desarrollo de variedades de tomate más resistentes.

El Proyecto Nacional de Hortalizas no solo busca garantizar la seguridad alimentaria, sino también mejorar la nutrición de la población mediante cultivos eficientes y adaptados al cambio climático.

Las técnicas desarrolladas podrían replicarse en otras hortalizas, fortaleciendo la soberanía alimentaria en un contexto de crisis climática que cada vez es más impredecible.

El INIAF, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, lidera proyectos para modernizar la agricultura boliviana ante desafíos como la sequía y la variabilidad climática.

La innovación en cultivos estratégicos como el tomate es clave para garantizar el abastecimiento durante todo el año, reducir las importaciones y proteger a pequeños productores.

El Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando y el Comando Estratégico Operacional (CEO-LCC) entregaron este martes en el Regimiento Ingavi de El Alto un total de 5.700 litros de diésel, 118 garrafas, 78 quintales de azúcar, 8 quintales de haba seca, 2 quintales de harina y otros productos incautados en operativos realizados durante las últimas dos semanas.

Además, se reportó la comisión de 35.000 kilos de carne de res desde el 12 de marzo, según Luis Velásquez, titular de esa cartera de Estado.

Velázquez detalló que, entre los artículos decomisados, también se encuentran 15 fardos de ropa usada americana, 35 bolsas de tenis, seis paquetes de cigarrillos, 12 cajas de aceite, un minibús cargado con flor de Jamaica y un furgón.

«Estos resultados son producto de un trabajo continuo las 24 horas, los siete días de la semana», afirmó, y resaltó que el CEO-LCC mantiene operativos activos en zonas fronterizas clave.

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Contrabando

La mayoría de la mercancía se decomisó en la localidad de Quaqui, debido a su proximidad con el país vecino de Perú.

De acuerdo con la autoridad, la afectación total al contrabando asciende a aproximadamente Bs 3,4 millones. Seis personas de nacionalidad boliviana fueron aprehendidas y puestas ante el Ministerio Público.

El viceministro mencionó el despliegue de unidades militares especializadas como el CEO Amazonas en Cobija (frontera con Brasil), el CEO Mamoré en Beni, el CEO Plata en Santa Cruz, el CEO Chichas en Tupiza y el CEO Chaco en Tarija (límite con Argentina).

«Hemos reforzado los controles para desarticular redes de contrabando que afectan la economía nacional», sostuvo.

El Gobierno intensifica su estrategia contra el comercio ilegal tras reportes de pérdidas millonarias anuales por contrabando, especialmente en regiones fronterizas.

Los operativos buscan proteger la producción local y garantizar el abastecimiento legal de insumos críticos como combustibles y alimentos que es afectado por el contrabando a la inversa.

La Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) alertó este martes que más de 5.000 cabezas de ganado se encuentran en riesgo en el oriente boliviano debido a las condiciones climáticas desfavorables, con la temporada de lluvias que golpea con fuerza al sector.

De acuerdo con el presidente de la institución, Walter Ruiz, el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) realizó la verificación de las afectaciones y de la situación del ganado.

“Hay más de 5.000 animales que están en riesgo y van a tener que ser mudados a otro lugar o esperar si va a bajar el agua o dosificarles el alimento o moverlos de propiedad. Realmente son momentos difíciles para los productores”, señaló en conferencia de prensa.

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Ganado

Según el informe del COED, las precipitaciones afectaron más de 18.000 hectáreas en el municipio de Pailón, más de 1.200 en Cuatro Cañadas, 22.000 hectáreas en el municipio de Ascensión de Guarayos y San Julián con más de 30.000 hectáreas en peligro.

Ruiz explicó que las fuertes lluvias generan que no haya pastura para alimentar el ganado, debido a que los pastizales quedan bajo el agua y son totalmente inutilizables. Por ello, los productores deben recurrir a otros alimentos, que representan un costo más elevado, para asegurarse que el ganado pueda seguir con vida.

Sin embargo, en algunas comunidades esta opción no es una posibilidad, por lo que se reportó la muerte de algunos animales por falta de alimentos y otros que sufrieron el desborde de algunos ríos.

El presidente de Fegasacruz lamentó la situación, pues representa un problema extra para el sector, que ya enfrenta la escasez de dólares y la falta de combustibles. Respecto a este último punto, Ruíz indicó que la provisión comienza a normalizarse, aunque no al ritmo óptimo.

“Hay una provisión no oportuna, no constante como quisiéramos, pero efectivamente se está accediendo de a poco”, señaló.

Este martes el sector sostiene una reunión con el Gobierno para evaluar el tema de los costos de la carne de res, así como la suspensión al veto a las exportaciones de este producto.

Luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitiera una medida constitucional para suspender la aplicación de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que autorizaba el decomiso y confiscación de productos y alimentos, el Gobierno anunció que la norma queda suspendida.

“No se va a aplicar la disposición séptima hasta que el TCP en el fondo resuelva si es constitucional o no (…), el Gobierno va a cumplir, como lo ha hecho en otras oportunidades, y no va a aplicar la disposición en tanto el TCP no se pronuncie”, informó este martes el ministro de Justicia, César Siles.

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Disposición

De acuerdo con la autoridad, el Órgano Ejecutivo, como emisor de la norma, puede contestar en 15 días la postura del TCP, el cual en 45 días decidirá si la disposición en constitucional o no.

Siles explicó que la norma no puede ser derogada, pero si es declarada inconstitucional, entonces queda fuera del ordenamiento jurídico.

La polémica disposición autorizaba a las autoridades competentes a confiscar y decomisar productos que se almacenen con el objetivo de venderse a un precio más elevado. De acuerdo con el Gobierno, la norma permitiría una lucha frontal contra el agio y la especulación para proteger la economía del pueblo boliviano.

Por ello, el ministro señaló que es mejor no “adelantarse” y esperar la postura final del TCP, al cual pidió celeridad para tratar en los tiempos más cortos la constitucionalidad de la disposición.

En tanto, Siles pidió a los sectores movilizados y declarados en emergencia suspender sus medidas de presión, pues la norma está suspendida.

“No entenderíamos razón alguna para mantener la movilización o el reclamo específico en relación a la disposición, ha quedado suspendida, no se va a aplicar, no se va a reglamentar, no se puede adoptar ninguna medida administrativa o decreto”, aclaró.

Debido al rechazo a la disposición, varios sectores anunciaron con protestas y marchas hasta lograr su derogación, pues consideran que afecta al sector productor y es una violación al derecho a la propiedad privada.

Siles anunció que se continuará con el diálogo con estos sectores para informarles y reiterarles que la norma quedó congelada. Ahora las reuniones se centrarán en otros temas de preocupación, como el encarecimiento de precios de los productos de la canasta familiar.