Un total de 11.000 hectáreas de cultivos en el país han sido impactadas por eventos climáticos adversos durante la actual campaña agrícola, informó este martes Diana Rosales, directora ejecutiva del Instituto del Seguro Agrario (INSA).

La entidad realiza evaluaciones en campo para determinar la magnitud de los daños, que afectan principalmente a cultivos de papa, quinua y maíz en seis departamentos del país. 

Rosales detalló que 14.000 productores de 4.503 comunidades en 121 municipios, todos bajo cobertura del seguro agrícola, reportaron pérdidas por inundaciones, granizadas y heladas.

«Nuestros técnicos verifican si los cultivos pueden recuperarse antes de cerrar la campaña en junio. Luego, procedemos con las indemnizaciones», explicó.

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Cultivos

Actualmente, el INSA protege 124.000 hectáreas aseguradas, pertenecientes a 92.000 agricultores familiares. 

El seguro, creado en 2011 mediante la Ley 144, cubre cultivos como papa, quinua, cebada, maíz, trigo y yuca, entre otros. Las indemnizaciones ascienden a Bs 1.000 por hectárea perdida, un monto destinado a apoyar la reactivación productiva de pequeños agricultores en Potosí, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, Tarija y Santa Cruz.

«Este apoyo permite que los productores afectados vuelvan a sembrar», subrayó la directora. 

Mientras avanzan las evaluaciones, el INSA prioriza la verificación en zonas donde los cultivos están totalmente dañados. Los resultados finales se conocerán tras el cierre oficial de la campaña agrícola, previsto para junio. 

Pese a estos reportes, el martes la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) informó que la cantidad de hectáreas de cultivos afectados, tomando en cuenta todos los cereales, legumbres y granos, asciende a casi 80.000 hectáreas afectadas, solo en el departamento cruceño.

Por ello, se activó la declaratoria de emergencia departamental, ya que muchos cultivos se encuentran totalmente inundados, principalmente en los municipios de Ascensión de Guarayos, San Julián, Pailón y Cuatro Cañadas.

 Al respecto, Rosales indicó que es preferible esperar los reportes oficiales del INSA antes de emitir cualquier criterio.

El Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC) incautó 24.000 litros de diésel durante un operativo realizado en la madrugada de este miércoles en el sector de Chachacomani, departamento de La Paz.

La intervención forma parte de los esfuerzos estatales para frenar el tráfico ilegal de combustibles, informó Luis Velásquez, viceministro de Lucha Contra el Contrabando. 

Velásquez detalló que, desde enero de 2025 hasta la fecha, se han decomisado 66.600 litros de diésel y 451 garrafas de gas en operativos a nivel nacional, principalmente en operativos contra el denominado contrabando a la inversa, cuando los productos nacionales salen ilegalmente.

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Diésel

Además, destacó que se realizaron 14.000 escoltas militares a cisternas que transportan combustible legalmente, labor ejecutada por 1.600 efectivos de las Fuerzas Armadas asignados a esta misión. Esta es una estrategia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para asegurar la normal provisión de diésel y gasolina en las estaciones de servicio.

El viceministro enfatizó que el control en fronteras es prioritario para evitar la salida de carburantes que se venden a un precio más caro en los países vecinos.

«Tenemos efectivos desplegados en toda la línea fronteriza del país y en los comandos operacionales estratégicos para garantizar un riguroso monitoreo del traslado de combustibles», destacó la autoridad.

Estas acciones buscan evitar el desvío de recursos subsidiados hacia mercados ilegales, donde se venden hasta en cinco veces más que su precio regular en el territorio nacional.

Bolivia enfrenta desafíos crónicos de contrabando de diésel, especialmente en zonas fronterizas, lo que, de acuerdo con el Gobierno, genera irregularidades y problemas de desabastecimiento que afectan a todo el país.

El CEO-LCC, bajo coordinación militar, intensifica operativos para proteger recursos estratégicos y estabilizar el abastecimiento interno.

En medio de la polémica generada tras el anuncio de la Alcaldía de La Paz de iniciar procesos penales contra los concejales que buscan restituir las tarifas del transporte, la presidenta del Concejo Municipal, Lourdes Chambilla, afirmó que no se “doblegará” ante las amenazas judiciales.

El Ejecutivo edil señaló que los concejales usurparon funciones del alcalde Iván Arias y que la ley es inconstitucional e irregular.

“Tengo bien amarradas mis polleras, no me voy a doblegar. Voy a continuar; no me van a amedrentar con denuncias ni con procesos”, declaró Chambilla este miércoles en conferencia de prensa.

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Concejo

Además, aseguró que, de no recibir el apoyo necesario del alcalde Arias para promulgar la norma que restituye las tarifas a los niveles de 2016, ella misma impulsará y promulgará la ley, aun sabiendo que ello la podría llevar a cumplir condena.

El pasado 5 de marzo se aprobó la ley para congelar los pasajes, en rechazo al incremento autorizado por la Alcaldía por el cual las tarifas pasaron a Bs 2,40 en tramos cortos y Bs 3 en tramos largos.

La controversia radica en que la Alcaldía acusa a los concejales de usurpar las funciones del alcalde, quien es el único facultado para establecer el precio de los pasajes, mientras que Chambilla sostiene que su propuesta se limita únicamente a congelar las tarifas vigentes en 2016, sin realizar ningún ajuste.

En este contexto, la presidenta del Concejo critica la lentitud del trámite, responsabilizando a la Secretaría del Concejo por la falta de avance y claridad en el proceso legislativo. La Alcaldía realizó las observaciones a la ley el pasado viernes y recién se pronunció oficialmente el martes.

“Si tengo que ir a la cárcel a dormir con mi familia, lo voy a hacer por defender a la ciudad de La Paz”, afirmó Chambilla.

La concejal remarcó que su compromiso es con el bienestar de la población y la defensa de una política de transporte justo y asequible.

Cuando se conoció la ley aprobada por el Concejo, los transportistas advirtieron con movilizaciones y con defender las nuevas tarifas que se acordaron tras varios meses de trabajo con la Alcaldía y la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve).

El director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización de Juego (AJ), Marco Antonio Sánchez, presentó una serie de medidas dirigidas a combatir la ilegalidad y modernizar el proceso de atención al público.

Durante la Rendición Pública Inicial 2025, enfatizó la necesidad de sancionar el juego en línea y otras actividades clandestinas, como bingos y apuestas ilegales.

«Realizaremos las acciones correspondientes para sancionar el juego en línea. Para ello es importante fortalecer nuestro marco normativo, buscando que se sancione tanto a organizadores como promotores de actividades ilegales», afirmó el funcionario.

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AJ

Dentro de las iniciativas anunciadas, se destaca la implementación de un sistema de inteligencia artificial que se integrará a la aplicación AJ MÓVIL y a la página web de la institución.

Esta herramienta tecnológica permitirá atender de forma automática las consultas frecuentes de los usuarios sobre trámites, requisitos y otros temas de interés, ofreciendo respuestas más rápidas y eficaces.

Asimismo, el director detalló un plan de fiscalización en el que se llevarán a cabo 6.500 controles detectivos, 1.097 controles operativos en el desarrollo de sorteos y entrega de premios, y 727 fiscalizaciones.

Estas acciones están orientadas a garantizar que las promociones empresariales cumplan con las condiciones de legalidad, igualdad y transparencia, elementos esenciales para salvaguardar los derechos de los participantes.

En el ámbito de los sorteos de lotería, la AJ se compromete a continuar con el seguimiento de todo el proceso, desde la impresión de los billetes hasta la realización del sorteo, para asegurar que se mantengan los estándares de igualdad, aleatoriedad y transparencia.

Además, la lucha contra el lavado de activos y la legitimación de ganancias ilícitas es otra prioridad para la institución, que planea establecer acuerdos con la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para agilizar el intercambio de información y la adopción de acciones legales.

Paralelamente, se incrementarán los eventos de capacitación para empresas y negocios, con el objetivo de reducir las infracciones a la normativa y aumentar la confianza en la realización de trámites y promociones transparentes.

La Intendencia Municipal de La Paz realizó un operativo este miércoles en la calle Tarapacá de la zona Garita de Lima, decomisando 35 pollos que se encontraban expuestos directamente en el piso y sin el carnet de manipulación de alimentos.

Las autoridades señalaron que el producto presentaba signos de «contaminación física» y posible descomposición, aunque los comerciantes negaron que la carne estuviera en mal estado. 

Miguel Rivero, secretario general de la Asociación de Comerciantes de Pollo de La Paz, reconoció que los animales no cumplían con las normas de higiene al estar en contacto con el suelo.

«Ningún pollo puede estar así; debe tener una base. Por eso se procedió al decomiso, pero el producto no estaba descompuesto», aclaró. 

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Intendencia

El operativo se realizó en conjunto con el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, además del Control Social. Durante el verificativo también se evidenciaron que, de los 25 puestos revisados, tres contaban con balanzas en mal estado y modificadas.

De acuerdo con la Intendencia, al momento del decomiso y del cierre de uno de los puntos de venta el personal fue agredido físicamente, por lo que se iniciarán los procesos legales correspondientes.

El operativo también incluyó la verificación de listas de precios para evitar especulación. Según los vendedores, el kilo de pollo bajó a Bs 18, y el abastecimiento se normalizó tras restablecerse las vías afectadas por las lluvias entre Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. 

El viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, destacó que la reducción en los precios de pollo, res y otros alimentos responde a la mejora climática, la disminución de conflictos y el diálogo promovido por el Gobierno para que los comerciantes no intenten ganar más a costa de la población.

La Paz se abastece principalmente de pollo producido en Cochabamba y Santa Cruz. La intervención municipal señaló que estos esfuerzos por garantizar salubridad y control de precios en mercados son clave para el acceso a costos justos y productos seguros para los consumidores.