La sesión de la Asamblea Legislativa convocada para este jueves no pudo instalarse por falta de quórum en la Cámara de Senadores.

El presidente del órgano, David Choquehuanca, confirmó que la reunión, que debía tratar cinco proyectos de ley, incluido un crédito de $us 100 millones de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), se reprogramará para este fin de semana o el lunes, tras verificar que varios legisladores solicitaron licencias o tolerancias horarias sin justificación suficiente.

Entre los proyectos pendientes destaca el Convenio de Préstamo 156/2023-2024, que busca reponer recursos usados durante la pandemia de COVID-19 y financiar servicios de salud, protección a grupos vulnerables y la organización del voto de bolivianos en el exterior para las elecciones del 17 de agosto.

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Quórum

El crédito, aprobado en la Cámara de Diputados el 1 de marzo de la gestión pasada, lleva más de un año estancado en el Senado por objeciones de parlamentarios afines al expresidente Evo Morales y la oposición.

Los legisladores cuestionan que un crédito que tiene un fin concreto se destine a un rubro totalmente distinto, como el voto en el exterior para las elecciones.

Choquehuanca advirtió que se revisarán las licencias de los senadores ausentes y se aplicarán sanciones reglamentarias si incumplen los requisitos. «La sesión se reinstalará pronto, siguiendo el reglamento», aseguró.

El proyecto de JICA fue gestionado inicialmente en marzo de 2023 para reforzar la respuesta sanitaria ante la pandemia.

Crédito

En 2025, el 17 de febrero, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) urgió su aprobación durante el Tercer Encuentro Multipartidario por la Democracia, argumentando que parte de los fondos se destinarían a garantizar el voto en el exterior, el cual requiere de recursos en dólares, de los cuales carece el Gobierno.

Sin embargo, las tensiones políticas y la desconfianza en las autoridades continúan retrasando su tratamiento.

Choquehuanca no descartó convocar la sesión en días no hábiles, como sábado o domingo, para cumplir con los plazos.

A cinco meses de las elecciones generales, el TSE advierte que si el Gobierno no garantiza los fondos, el voto en el exterior puede estar en riesgo.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) negó este jueves las acusaciones de que diésel despachado desde la Planta Senkata, El Alto, contenía agua, luego de que el alcalde de La Paz, Iván Arias, denunciara que el carburante suministrado dañó 10 maquinarias municipales.

La estatal aseguró que cuenta con actas de conformidad firmadas por los conductores de cisternas, que validan los controles de calidad previos a cada entrega.

Según YPFB, la cisterna de la Alcaldía ingresó a Senkata el miércoles 19 de marzo a las 00.45. Tras cargar combustible, se realizó una prueba con varilla para detectar agua, cuyo resultado fue negativo.

«El conductor firmó el certificado de verificación antes de retirarse a la 01.27. Todos los protocolos se cumplieron», explicó la empresa en un comunicado.

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YPFB

La estatal detalló que el mismo procedimiento se aplicó a seis cisternas más cargadas esa madrugada, incluidas las de las estaciones de servicio Charly, Cristo Autogas, Unitours, Caluyo, Cooperativa Minera 15 de Diciembre y Pérez Rocha.

«Ninguna presentó anomalías», enfatizó YPFB, que opera turnos las 24 horas del día para incrementar despachos ante la crisis de abastecimiento.

La respuesta de YPFB llega después de que Arias denunciara el miércoles que el diésel recibido contenía «una gran cantidad de agua», lo que habría afectado a 10 equipos de maquinaria pesada utilizada en obras públicas.

La autoridad edil advirtió incluso con procesos legales y formales contra la estatal petrolera, debido a que la maquinaría tenía programado operar ese mismo día, pero no pudo hacerlo a causa del diésel en mal estado.

Sin embargo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) respaldó a YPFB, rechazando la acusación y atribuyendo los posibles daños a «fallas mecánicas ajenas al combustible».

El conflicto surge en medio de tensiones por la escasez de combustibles, que obligó a YPFB a doblar turnos e incrementar los despachos, lo que según algunos sectores condiciona la calidad de los carburantes que ofrece la empresa. 

Mientras, la Alcaldía exige una investigación independiente, la estatal insiste en que sus registros demuestran transparencia.

Este miércoles, al menos cinco marchas paralizaron la sede de Gobierno en rechazo a la situación económica que atraviesa el país. Transportistas interdepartamentales, prestatarios, trabajadores campesinos y juntas vecinales coincidieron en protestas en el centro paceño pidiendo soluciones al alza de precios y falta de combustibles.

Sin embargo, desde el Gobierno aseguran que estas medidas obedecen a intereses políticos que buscan desestabilizar la gestión del presidente Luis Arce.

“Es parte de la estrategia que han venido buscando de desestabilizar al Gobierno, de todo ese tema. Lamentamos mucho; lo importante es garantizar la estabilidad del país”, señaló el ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz.

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Gobierno

La autoridad indicó que se entiende “el malestar que puede tener la población”, pero que parece que antes de querer salvar a Bolivia, como se escucha en algunos discursos, las movilizaciones “dan la impresión de primero querer destruirla”.

De acuerdo con Ruiz, el presidente Arce tuvo que enfrentar la gestión más electoralizada de la historia que ahora se agudiza ante la proximidad de los comicios del próximo mes de agosto.

El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, fue más crítico y señaló a Evo Morales como el articulador de estos movimientos, principalmente del de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari.

“¿El ganador de este conflicto quién sería? Evo Morales, porque todos estos movimientos piden la renuncia del Presidente”, afirmó en conferencia de prensa y dijo que la oposición “tontamente” cayó en el juego del exmandatario.

Asimismo, criticó las movilizaciones anunciadas para la próxima semana y las calificó como un “pretexto” para buscar la desestabilidad.

“Los paros indefinidos nunca son indefinidos, porque de algo tienes que vivir; y si ellos se quejan que no tienen ni para comer, ¿por qué entran a paro?”, cuestionó el viceministro en referencia a la medida de presión anunciada por transportistas.

Torrico indicó que el país está entrando en un escenario de conflictividad que, en su criterio, pone en riesgo la realización de las elecciones generales del 17 de agosto.

En plena crisis por la escasez de dólares en el país, el exvicepresidente Álvaro García Linera sugirió al Gobierno “agarrar por el cuello” a los empresarios privados que exportan recursos naturales, a quienes acusó de mantener el 90% de las divisas fuera del territorio nacional.

“¿Qué haces como Gobierno? Lo agarras del cuello y les dices ‘o me das tus dólares o te quito tu empresa’”, afirmó en el seminario ‘Qué es el Estado. Lo ideal y lo material de la política’, que se realizó el martes en Argentina.

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Dólares

García Linera recordó que, durante el tiempo que acompañó al expresidente Evo Morales (2006-2019), el Estado tenía el “monopolio de los dólares” debido a que participaba activamente en la generación de divisas, gracias al sector de hidrocarburos.

“Antes producía el Estado el 50%, teníamos el monopolio de los dólares. Nunca faltaban, podíamos regularizar el precio y estabilizarlo”, dijo la exautoridad.

Sin embargo, criticó que ahora el Estado solo genera el 25% de los dólares que circulan en el país, por lo que se observan los problemas como la falta de recursos para la importación de combustibles y la escasez de divisas.

”¿Quiénes tienen los dólares? El privado”, aseguró García Linera, que acusó a este sector de mantener el 90% de las divisas que generan fuera del país, en “paraísos fiscales”.

De acuerdo con el exvicepresidente, estos privados representan a 25 empresas que se encargan de la exportación de productos en el país y representan a un porcentaje bastante bajo de la población total.

Por ello, consideró que, aunque su postura sea radical, es mejor perjudicar los intereses de unos pocos en beneficio de la mayoría de la población.

“Tienes que pelearte con alguien. Uno tiene que decidir, ‘me peleo con el 5% de la población o con el 90% (sic)’”, respondió a los cuestionamientos de uno de los presentes.

Las reacciones a las declaraciones de García Linera no se dejaron esperar y el exministro de Economía y excandidato presidencial Branko Marinkovic lo acusó de “vivir del esfuerzo ajeno” y dijo que su postura es un reflejo de la ideología del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Una facción de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari cercó la plaza Murillo y entregó su pliego petitorio en Casa Grande del Pueblo para que el Gobierno solucione la crisis económica que atraviesa el país.

Cientos de campesinos protestaron en la sede de Gobierno, mientras la Policía instaló un anillo de seguridad con al menos 200 efectivos policiales que impidieron el paso. Pese a amagues de enfrentamientos, el comandante departamental de La Paz, Gunter Agudo, calmó a los movilizados y una funcionaria del Ministerio de la Presidencia recibió a una comisión que entregó el documento.

“Lamentablemente, nos han llevado a la miseria, hambre, pobreza, con crisis energética, crisis alimentaria”, protestó David Mamani, secretario ejecutivo de esa facción de la Federación.

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Pliego

La principal demanda de los movilizados es la “destitución inmediata” de las máximas autoridades del Ministerio de Economía, Obras Públicas, Desarrollo Productivo y Economía Plural, Planificación del Desarrollo y de Hidrocarburos.

Asimismo, exigen la renuncia del gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, y del viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva.

Mamani dio lectura a otros puntos del pliego petitorio, entre los cuales se exige una reducción salarial del 50% para los funcionarios y el rechazo a la aprobación de créditos de financiamiento externo, pues consideran que las autoridades no inyectarán los recursos, sino que planean escapar del país.

Además, el documento enfatiza en la necesidad de garantizar el normal abastecimiento de diésel y gasolina en los próximos tres días y regular el alza de precios de productos de la canasta familiar, cuyos precios se dispararon en las últimas semanas.

Los campesinos otorgaron un plazo de 72 horas para que estas demandas sean atendidas; caso contrario, advirtieron con radicalizar las medidas de presión a partir de la próxima semana.

El ejecutivo de los Túpac Katari aseguró que la protesta y los pedidos no son políticos, sino que buscan mejorar la situación económica que, en su criterio, es consecuencia de una mala administración por parte de las autoridades.

“No han dado solución a las demandas del pueblo, no han estado a la altura”, protestó Mamani.

El dirigente señaló que, una vez entregado el pliego, los movilizados se retirarían de la sede de Gobierno; pero otros de los presentes indicaron que se quedarán en plaza Murillo.