Editorial

sábado 28 may 2022 | Actualizado a 09:33

Impuesto a las fortunas

Aunque la norma que daría paso al impuesto todavía está en fase de diseño, el ministro (de Economía) dio algunos adelantos, comenzando por aclarar que se trata del impuesto a las fortunas millonarias

Por La Razón

/ 16 de noviembre de 2020 / 08:00

Una de las propuestas más llamativas, tal vez por polémica, en la campaña electoral del ahora presidente Luis Arce, fue el impuesto a las fortunas, iniciativa que en ese momento se calculaba produciría hasta Bs 800 millones de recaudación anual. Días atrás, el mandatario explicó que la medida afectará al “0,01% de la población”, sin embargo falta ver qué reacciones provoca.

Por su parte, el viernes, el Ministro de Economía tocó el tema en conferencia de prensa, tal vez con el ánimo de instalar un debate público conducente a identificar posibles obstáculos al tratamiento y aprobación de la norma, pero también para ratificar al Primer Mandatario en el hecho que afectará a un porcentaje verdaderamente mínimo de la población boliviana.

Tanto el Presidente como el ministro salen de esta manera al paso de versiones publicadas en algunos medios de comunicación que señalaron que afectaría incluso a la gente cuyo patrimonio consiste en una vivienda propia o un automóvil costoso; el efecto fue inquietud en gran parte de la población, especialmente entre las clases medias acomodadas.

Aunque la norma que daría paso al impuesto todavía está en fase de diseño, el ministro dio algunos adelantos, comenzando por aclarar que se trata del impuesto a las fortunas millonarias y no a la riqueza de las personas, es decir que solo tocará a personas cuya fortuna supera los $us 5 millones (o incluso más, dijo el ministro, pues aún no se ha decidido cuál es el mínimo); según los cálculos de la autoridad, afectará a “unas 150 personas” y será progresivo según la cuantía de la fortuna.

Es previsible que el proyecto de impuesto afronte críticas y resistencias, tanto como lo es que ninguno de los grandes millonarios del país se haga visible para opinar al respecto, aunque cabe esperar que lo hagan a través de sus gremios, como ya ha sucedido con la Cámara Nacional de Comercio, cuyo presidente señaló que la medida podría provocar “inseguridad jurídica” y ahuyentar posibles inversiones en el país.

Es posible que el representante de las empresas comerciales en el país esté temiendo que en el proceso de implementar el impuesto se revele quiénes son esas personas con grandes fortunas, lo cual les acarrearía vulnerabilidad, pero también es posible que sea una resistencia, muy común por otra parte, a incrementar el aporte al fisco en desmedro de la riqueza personal, por mínimo que sea.

Es evidente que la crisis que se avecina necesita medidas creativas para afrontarla, más allá de la necesaria austeridad en la gestión pública; incrementar las fuentes de recaudación es siempre una buena idea, aunque también siempre muy resistida. Habrá que ver si ese grupo de personas millonarias está a la altura del desafío y aporta al país en la medida de su fortuna y posibilidades.

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Racismo y discriminación

La persecución penal nunca ha sido la mejor manera de transformar una costumbre social.

Por La Razón

/ 4 de abril de 2022 / 01:18

Si hay hábitos que marcan de manera insoslayable la vida cotidiana de los países poscoloniales son el racismo y su hermana la discriminación. Bolivia no es la excepción, y si en 2010 el país se dotó de legislación específica para combatirlos, la falta de adecuada ejecución de la norma provocó que a fines de 2019 hubiese un desborde racista que hasta hoy no termina de manifestarse.

El racismo y las prácticas racistas son cotidianas a lo largo de la historia del país, literalmente, desde su creación como República independiente. Desde entonces, las familias criollas asociaron clase con color de piel e identidad étnica, provocando el racismo sistémico y la discriminación generalizada. Parte de este lacerante estado de cosas fue revertido luego de la Revolución Nacional de 1952, pero las diferentes traiciones también le pusieron freno al desarrollo de esas transformaciones.

Las elecciones de diciembre de 2005 y la posterior asunción de Evo Morales propiciaron una nueva oportunidad para reconstruir el tejido social, integrando de otra forma las diferentes identidades, mucho más en el marco de una Asamblea Constituyente llamada a transformar la historia del país; sin embargo, la reacción de las clases que todavía hoy se consideran criollas hicieron imposible tal propósito, hasta que se hizo evidente la necesidad de penalizar las expresiones racistas y discriminatorias que menudeaban en todos los ámbitos de la vida.

La Ley 045, Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, promulgada en octubre de 2010, estaba llamada a poner fin a las crecientes manifestaciones de odio y desprecio de unos contra otros, y las primeras en aplaudir su espíritu fueron las organizaciones de Derechos Humanos; sin embargo, afrontó tan activa resistencia de aquellos grupos y sectores privilegiados (y conscientes de su privilegio), incluyendo la de sus operadores mediáticos, que el impulso inicial pronto dio paso a la frustración.

Sin embargo, no todo se ha perdido, luego de más de una década de existencia de la ley, queda en la población una creciente cultura de la denuncia, síntoma asimismo de una conciencia ampliada de los derechos que deben cubrir a todas y todos y de los mecanismos para reclamarlos. La estadística de 2021 muestra que la mayoría de las denuncias se hicieron contra la Policía Boliviana y contra ministerios y entidades bajo tuición, recordatorio de que el Estado y sus servidores están lejos de deshacerse de estas lamentables prácticas.

La persecución penal nunca ha sido la mejor manera de transformar una costumbre social y sin embargo es necesaria como contención a los peores excesos; la amenaza implícita en las prohibiciones de la ley debe ser precedida con abundante educación en los ámbitos formal, informal y no-formal, donde todavía rige la pedagogía de la competencia, la exclusión y, muy a menudo, de la discriminación. En esas condiciones, sigue siendo difícil acabar con el racismo y sus manifestaciones.

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Sin cumbre ni rumbo

La transformación pronta e integral de la justicia requiere amplia deliberación pública.

Por La Razón

/ 2 de abril de 2022 / 23:44

Concluyó marzo y la Cumbre Nacional de Justicia, anunciada tanto por el presidente Arce como por el ministro Lima, finalmente no se realizó. Es una muestra de la dificultad de encontrar acuerdos para encaminar la imprescindible reforma judicial en el país. Cierto que el Gobierno avanza con una propuesta y algunos juristas buscan alternativas, pero el rumbo es todavía incierto.

¿Cuál es el estado de situación de la reforma judicial? Lo más destacable es la convicción ampliamente compartida de que el sistema de administración de justicia está en crisis terminal y, en consecuencia, es necesaria una transformación sustantiva. Diferentes estudios de opinión pública y otros más cualitativos como el de la FES muestran percepciones en sentido de que la justicia no es independiente, constituye un tema de preocupación y debe ser reformada. La gran pregunta es cómo hacerlo.

Luego del fallido intento del ministro Lima por impulsar un comité de notables y de promover un referéndum de reforma, el camino adoptado por el Gobierno ha sido el de reformas parciales e incrementales. En ese marco, actualmente trabaja en seis ejes. La oposición considera que tales ejes son insuficientes y no solucionan el problema de fondo, que es la subordinación del Órgano Judicial a los mandatos del Órgano Ejecutivo. Apuntan por ello a modificar la forma de elección de las altas autoridades judiciales.

Desde el oficialismo se esperaba que la anunciada Cumbre por la Justicia sería un espacio decisivo para impulsar o en su caso legitimar su propuesta de reforma. La oposición desconfió desde el principio de dicha convocatoria, dados los antecedentes. Lo evidente —como fue asumido por el propio titular del Ministerio de Justicia— es que una cumbre que no congregue a todos los actores relevantes, empezando por las organizaciones políticas, no tiene mucho sentido. Son necesarios acuerdos previos.

Postergada sin fecha, la cumbre ha quedado en segundo plano y persiste la sensación de incertidumbre sobre el itinerario de la reforma. Mientras tanto, son ineludibles las recomendaciones para avanzar hacia un nuevo sistema de administración de justicia en Bolivia. Ahí están el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la agenda para un gran acuerdo nacional planteada por el relator especial de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán.

¿Qué sigue? ¿Cuál es hoy el rumbo de la reforma judicial, con qué alcance, en qué tiempos? No basta decir que no habrá cumbre mientras no participen Comunidad Ciudadana y Creemos, que tampoco parecen muy interesados en un espacio de concertación. Son dudosos asimismo los intentos aislados de juristas no independientes por impulsar una reforma vía consulta popular. La transformación pronta e integral de la justicia requiere amplia deliberación pública. Haríamos bien en impulsarla sin más demora.

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Una bomba de tiempo

Urge, pues, una nueva mirada sobre el problema de la basura, que no solo contemple la necesidad de industrializar los residuos sólidos, sino sobre todo una gestión metropolitana del asunto.

Por La Razón

/ 18 de enero de 2021 / 01:55

Luego de varios días se levantó una protesta movilizada, que en este caso consistió de un bloqueo en el camino que une El Alto con Villa Ingenio, donde se emplaza el relleno sanitario de esa ciudad, que hace tiempo debería haber sido cerrado pues ya concluyó su vida útil. La protesta no es la primera y dista mucho de ser la última, pues aparentemente no hay muchas alternativas.

La situación es de una urgencia que no condice con la respuesta de las autoridades municipales, ni de la gestión que está a punto de concluir, ni de las anteriores, que en aquel momento eran aliadas del gobierno de turno. Se trata no solo de los derechos de las y los vecinos de la zona, no todos dedicados a actividades relacionadas con el reciclado de basura, sino también de un asunto de salud pública, como se hace evidente en días de bloqueo, cuando la basura se acumula en las calles con todo el riesgo sanitario que ello implica.

Esta vez se habló de 4.100 toneladas de basura acumuladas luego de seis días de bloqueo, lo cual da cuenta de la cantidad de residuos sólidos que esa ciudad, la segunda más poblada de Bolivia, produce cotidianamente. Súmese a eso iguales cantidades de basura que se producen diariamente en las ciudades vecinas de El Alto, comenzando por La Paz y Viacha, para tener una idea de la magnitud de la necesidad de encontrar nuevas formas de tratar los desechos sólidos, diferentes de simplemente enterrarlos.

La respuesta del gobierno local alteño al conflicto de los últimos días, lo mismo que al de hace semanas, ha sido de negar la gravedad del problema, probablemente por simple incapacidad de darle una respuesta siquiera aceptable, ya que no solo requiere de grandes cantidades de dinero, sino también voluntad política, pues el asunto demanda toda clase de acuerdos.

Entre esos acuerdos está el de la necesaria gestión metropolitana de los residuos sólidos, pues La Paz atraviesa un problema similar y los otros municipios vecinos en algunos casos ni siquiera cuentan con planes de gestión de residuos y, por ahora, se arriesgan administrando simples botaderos que no cumplen con las mínimas condiciones de gestión de la basura y sus derivados.

Súmese a ello la experiencia de la ruptura de uno de los diques en el relleno sanitario de Alpacoma, hace ya dos años, cuando los alcaldes de municipios vecinos vieron su oportunidad para hacer política a costa del Alcalde paceño y sus crisis, cuando no negocios sospechosamente acelerados, en lugar de aprovechar la circunstancia para plantear la necesidad de un gran acuerdo.

Urge, pues, una nueva mirada sobre el problema de la basura, que no solo contemple la necesidad de industrializar los residuos sólidos, sino sobre todo una gestión metropolitana del asunto, pues así como el agua, este es un asunto que ya no puede ni debe ser gestionado por cada gobierno local sin contemplar a los demás.

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