Concluyó marzo y la Cumbre Nacional de Justicia, anunciada tanto por el presidente Arce como por el ministro Lima, finalmente no se realizó. Es una muestra de la dificultad de encontrar acuerdos para encaminar la imprescindible reforma judicial en el país. Cierto que el Gobierno avanza con una propuesta y algunos juristas buscan alternativas, pero el rumbo es todavía incierto.
¿Cuál es el estado de situación de la reforma judicial? Lo más destacable es la convicción ampliamente compartida de que el sistema de administración de justicia está en crisis terminal y, en consecuencia, es necesaria una transformación sustantiva. Diferentes estudios de opinión pública y otros más cualitativos como el de la FES muestran percepciones en sentido de que la justicia no es independiente, constituye un tema de preocupación y debe ser reformada. La gran pregunta es cómo hacerlo.
Luego del fallido intento del ministro Lima por impulsar un comité de notables y de promover un referéndum de reforma, el camino adoptado por el Gobierno ha sido el de reformas parciales e incrementales. En ese marco, actualmente trabaja en seis ejes. La oposición considera que tales ejes son insuficientes y no solucionan el problema de fondo, que es la subordinación del Órgano Judicial a los mandatos del Órgano Ejecutivo. Apuntan por ello a modificar la forma de elección de las altas autoridades judiciales.
Desde el oficialismo se esperaba que la anunciada Cumbre por la Justicia sería un espacio decisivo para impulsar o en su caso legitimar su propuesta de reforma. La oposición desconfió desde el principio de dicha convocatoria, dados los antecedentes. Lo evidente —como fue asumido por el propio titular del Ministerio de Justicia— es que una cumbre que no congregue a todos los actores relevantes, empezando por las organizaciones políticas, no tiene mucho sentido. Son necesarios acuerdos previos.
Postergada sin fecha, la cumbre ha quedado en segundo plano y persiste la sensación de incertidumbre sobre el itinerario de la reforma. Mientras tanto, son ineludibles las recomendaciones para avanzar hacia un nuevo sistema de administración de justicia en Bolivia. Ahí están el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la agenda para un gran acuerdo nacional planteada por el relator especial de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán.
¿Qué sigue? ¿Cuál es hoy el rumbo de la reforma judicial, con qué alcance, en qué tiempos? No basta decir que no habrá cumbre mientras no participen Comunidad Ciudadana y Creemos, que tampoco parecen muy interesados en un espacio de concertación. Son dudosos asimismo los intentos aislados de juristas no independientes por impulsar una reforma vía consulta popular. La transformación pronta e integral de la justicia requiere amplia deliberación pública. Haríamos bien en impulsarla sin más demora.