La corrupción, que es asociada con el mal gobierno y con la pérdida de valores en la sociedad, parece haberse convertido en cosa cotidiana en Bolivia, con el previsible costo que eso tiene en la credibilidad de autoridades, líderes e instituciones. Quien crea que es un asunto que solo afecta a autoridades y servidores públicos, puede mirar el caso del banco cruceño intervenido hace poco.
La renuncia, arresto e imputación del exministro de Medio Ambiente y Agua, acusado por una de sus colaboradoras de haber cobrado millonarios sobornos a su paso por esa cartera del Estado, es el más reciente escándalo, pero ciertamente no el primero, aunque sí sea la primera vez que el acusado, en lugar de defenderse apelando a discursos partidarios e ideológicos, tuvo la iniciativa de presentarse ante el Ministerio Público.
Una larga lista de denuncias, la mayoría difundidas sin presentar evidencia y mucho menos formalizadas ante la Fiscalía, inevitablemente echa sombra sobre el Gobierno, que una y otra vez anuncia “tolerancia cero”, pero parece no encontrar los mecanismos para identificar, sancionar y expulsar a quienes cometen actos ilícitos amparados en el cargo o los contactos con quienes tienen poder.
Junto con el caso del ahora exministro está la denuncia hecha por dos exministros de la última gestión de Evo Morales, quienes presentaron denuncia ante la Fiscalía afirmando que en YPFB hubo un millonario sobreprecio en la compra de diésel durante más de un año; las declaraciones del titular de la petrolera estatal parecen no ser suficientes para demostrar la falsedad de la acusación y solo queda esperar a que el Ministerio Público haga su trabajo con eficacia y transparencia.
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Pero no solo en el Gobierno hay acusaciones de corrupción: la caída, intervención y liquidación del banco Fassil es evidencia de que en el sector privado, particularmente entre algunas élites económicas, la honestidad tampoco es moneda común. La diferencia está en que muchos medios de comunicación, siempre afectos a la denuncia y el escándalo opositor, prefieren no tocar ni investigar el tema, ayudando de esta manera a mantener el caso en las sombras, lo cual también puede ser visto como evidencia de la pérdida de valores, esta vez entre periodistas.
Previsiblemente, el ala opositora, incluyendo al expresidente y sus afines, se regodea acusando al oficialismo por sus errores, defectos y hasta delitos, pero es incapaz de reconocer que en su vereda las cosas no están mucho mejor. Una parte importante de la sociedad, que no se inclina ni justifica a uno u otro bando, mira azorada cómo se van perdiendo las certezas y desapareciendo las instituciones confiables.
Del lado del Gobierno urge pasar de las promesas heroicas a las acciones eficaces, aunque sean modestas al principio, pues es la única manera de dotarse de legitimidad para afrontar la lucha contra un flagelo que no por extendido o común a todos los gobiernos es menos intolerable, especialmente en tiempos de crisis económica.